En vísperas del referéndum sobre la independencia del 1 de octubre en Cataluña, España se encuentra en la crisis política más profunda desde la caída del régimen franquista del generalísimo Francisco Franco, que se derrumbó en medio de las luchas obreras de los años setenta. Después de una década de profunda crisis económica, medidas de austeridad y un desempleo masivo en toda Europa, España está a punto de quebrarse. Mientras Madrid desencadena una represión policial draconiana para bloquear el referéndum, con el apoyo de los gobiernos de Europa y América, España se tambalea al borde de la dictadura y la guerra civil.
El gobierno minoritario del Partido Popular (PP), que depende del apoyo del Partido Socialista Español (PSOE) y del partido derechista Ciudadanos, se ha comprometido a impedir el referéndum y movilizar a la Guardia Civil, una policía militarizada, a los colegios electorales. De hecho, el gobierno ha impuesto un estado de emergencia de facto en Cataluña, movilizando a 16.000 policías y guardias civiles e intentando apoderarse de las finanzas y la policía de Cataluña. En las comisarías fuera de la región, se han reunido manifestantes de extrema derecha, agitando banderas españolas y despidiendo a las unidades policías que se han destinado a Cataluña con gritos de "viva España" y "a por ellos".
De momento, catorce miembros del gobierno catalán han sido detenidos, más de 144 páginas web cerradas, millones de carteles y folletos incautados, imprentas y medios de comunicación registradas, conferencias prohibidas y más de 700 alcaldes amenazados de ser procesados por apoyar el referéndum. La sede del partido independentista Candidatura d'Unitat Popular (CUP) fue registrada sin orden judicial y asediada por la policía.
La Audiencia Nacional, descendiente del Tribunal de Orden Público creado bajo el franquismo para perseguir "crímenes políticos", ha presentado cargos de sedición contra dirigentes independentistas que pueden conllevar penas de hasta 15 años de prisión. En el ejército, el sentimiento por una intervención militar está aumentando. El general retirado Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre ha calificado el referéndum como "un acto de alta traición que impondría la aplicación del Estado de Guerra”.
La represión del PP goza del apoyo de las principales potencias europeas y de los Estados Unidos que temen la disgregación de un miembro de la Unión Europea y la OTAN —pese a los temores de que las medidas del presidente español Mariano Rajoy estén exaltando el sentimiento independentista. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró junto a Rajoy: “[s]ólo conozco un socio y un amigo, que es España, España toda entera … El resto no me concierne". Durante la visita de Rajoy a Washington esta semana, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que “España es un gran, gran país y debe permanecer unido".
Tras la sangrienta experiencia del golpe de Estado fascista de 1936 y de la subsiguiente Guerra Civil de tres años en la que Franco llegó al poder, hay una profunda e histórica oposición en la clase obrera a una recaída a la guerra y a un gobierno autoritario. Los estibadores se han negado a dar servicio a los buques amarrados en los puertos para alojar a agentes de la policía enviados a detener a políticos y votantes independentistas catalanes, y los bomberos de Barcelona han prometido proteger los colegios electorales de la policía. Sin embargo, la oposición contra estas medidas no puede estar bajo el control de los partidos gobernantes de Madrid ni de los nacionalistas catalanes, que son vigorosamente hostiles a la clase obrera.
El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) insiste en que la única política viable contra el peligro de la guerra y la dictadura es luchar para unificar a la clase obrera en España y Europa en una lucha contra el capitalismo y para la reorganización socialista de la sociedad. Esto sólo puede llevarse a cabo en la lucha revolucionaria contra todas las facciones de la burguesía española.
La oposición del CICI a la UE, a los socialdemócratas y al partido postfranquista del PP no disminuye nuestra oposición a los nacionalistas catalanes: el Partit Demòcrata Europeu Català, Esquerra Republicana de Catalunya y el partido pequeñoburgués de la CUP. La división de la clase obrera española por la construcción de un nuevo Estado capitalista en Cataluña, gobernado por partidos con un largo historial de apoyo a la guerra y la austeridad, no ofrece nada a los trabajadores. Separaría a los trabajadores catalanes de su mayor aliado contra la embestida de Madrid: toda la clase trabajadora española y europea.
Muchos trabajadores reconocen esto y no participarán en el referéndum. Otros muchos elegirán votar y registrar su malestar social. Para ellos, el CICI insta a que voten “No” contra una ruptura que amenace consecuencias catastróficas.
Los problemas a los que se enfrentan los trabajadores en Cataluña están fundamentalmente arraigados en la clase social y no en la opresión nacional. La clase obrera catalana sólo puede responder a la amenaza del poder policial-militar estableciendo una unidad de lucha con sus hermanos y hermanas de clase.
La convocatoria de este último referéndum y la declaración de que un "Sí" conduciría a la separación es una maniobra podrida. El año pasado, Madrid estuvo sin gobierno durante ocho meses después de que dos elecciones generales no produjeran una mayoría parlamentaria. Mientras tanto, en Barcelona, la CUP apoyó los presupuestos de austeridad de 2016 y 2017 en Cataluña, y para dar un brillo falso y "radical" a sus políticas contrarias a la clase trabajadora, la CUP avanzó entonces la demanda de separación, tratando de culpar a Madrid de su propio papel reaccionario.
Propugnado por la CUP, la demanda de separación fue retomada por los otros partidos nacionalistas catalanes. Su objetivo era canalizar el creciente descontento social causado por el desempleo y la austeridad hacia vías nacionalistas, mientras que la clase capitalista española se enfrentaba a una crisis de gobierno sin precedentes.
El referéndum ayudó a la clase dominante a enterrar las preocupaciones socioeconómicas de los trabajadores y jóvenes, tanto españoles como catalanes, bajo un torrente de retórica nacionalista. Esto fue promovido como una estrategia consciente y deliberada. El actual conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Santi Vila, comentó cínicamente en una reunión de políticos y empresarios que “¿Si este país [Cataluña] no hubiera hecho un relato en clave nacionalista cómo hubiera resistido unos ajustes de más de 6.000 millones de euros?
La crisis catalana ha vuelto a exponer el papel reaccionario de Podemos. Tras apoyar a Syriza en 2015 cuando asumió el poder en Grecia e impuso medidas de austeridad dictadas por la Unión Europea (UE), Podemos sigue emplazando al PSOE a una alianza, incluso cuando éste apoya la represión del PP en Cataluña. Sin embargo, con sus críticas de ley y orden al PP por dejar España sin vigilancia al enviar demasiados efectivos policiales a Cataluña, Podemos demuestra a la clase dominante que también está disponible para formar un gobierno alternativo para tratar de apaciguar la crisis y llegar a un acuerdo con los nacionalistas catalanes.
Tal gobierno, si se formara, no ofrecería alternativa al impulso hacia la dictadura y la austeridad que actualmente persigue el PP.
De hecho, su propio historial demuestra que usarían el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado para intensificar los ataques contra los trabajadores. En 2010, el gobierno del PSOE bajo José Luis Rodríguez Zapatero movilizó al ejército para aplastar la huelga de los controladores aéreos en 2010. Ada Colau, alcaldesa de la capital catalana Barcelona, destruyó una huelga del metro y respaldó la movilización de la Guardia Civil el mes pasado para aplastar una huelga de los trabajadores de seguridad aeroportuaria. Si Podemos llegara al poder, respondería a las huelgas y la oposición popular igual que Syriza en Grecia, es decir, con medidas de un Estado policial.
El referéndum catalán y la crisis del capitalismo
Detrás del asalto a la clase obrera en España hay una crisis europea e incluso global del capitalismo. Un cuarto de siglo de recortes sociales y escaladas de guerras imperialistas en Oriente Medio desde que la burocracia estalinista disolvió la Unión Soviética en 1991, el capitalismo europeo está en un estado avanzado de colapso. Este proceso se ha intensificado desde el colapso de Wall Street en 2008 y la sucesiva crisis económica mundial. La reacción de las élites gobernantes de Europa y América ha sido la de fortalecer las agencias militares y policiales, mientras imponían una austeridad devastadora a los trabajadores.
Esto ha dejado España —como Grecia, Portugal, Italia y gran parte de Europa del Este— en ruinas. El capitalismo español está económicamente moribundo. La tasa de desempleo de España se sitúa en un masivo 17,8 por ciento y en 38,6 por ciento para los menores de 25 años. Uno de cada cuatro desempleados no ha tenido trabajo durante al menos cuatro años, y 2,5 millones de trabajadores desaparecieron de las listas del paro, y no porque hayan encontrado trabajo en España, sino porque emigraron para buscarlo en otro lugar.
Como resultado, la desigualdad social ha aumentado. La mitad de todos los hogares tienen ahora ingresos inferiores al nivel oficial de pobreza (sólo 8.010€ para los hogares de una sola persona y 16.823€ para los hogares compuestos por dos adultos y dos menores) o están en riesgo de pobreza. Por el contrario, los ricos —los que tienen al menos 700.000€ en activos— han aumentado en más de un 44 por ciento. En la actualidad, alrededor del 0,4 por ciento de la población posee la mitad de la riqueza en España, esto incluye a 28 de los 100 multimillonarios más ricos de España que son catalanes o han basado su fortuna en Cataluña, frente a los 25 multimillonarios de Madrid.
En toda Europa y América, la desigualdad social está llegando a niveles incompatibles con las formas democráticas de gobierno. Frente al descontento de las masas, la élite gobernante gira su mirada hacia la guerra y las medidas de un Estado policial. Mientras Trump emite amenazas genocidas de guerra de "destrucción total" contra Corea del Norte, su gobierno incita y agita sentimientos fascistas, aplaudiendo a los neonazis responsables del asesinato de Heather Heyer, una manifestante de izquierdas en Charlottesville del Estado de Virginia.
Basta con mirar al vecino francés para saber hacia dónde conducen las políticas autoritarias de Madrid. La suspensión indefinida de los derechos democráticos básicos bajo el estado de emergencia se está utilizando para imponer "reformas" laborales que, a pesar de la abrumadora oposición popular, desmantelan los derechos y protecciones legales de los trabajadores e imponen recortes en la sanidad, educación y las ayudas al desempleo.
En España, la crisis social ha cobrado la vida del orden político establecido en 1978 tras la muerte de Franco. El PSOE y el estalinista Partido Comunista Español (PCE) elogiaron la "Transición" como un giro pacífico a la democracia parlamentaria. Acompañado por un "pacto de olvido" y la Ley de Amnistía de 1977 para los crímenes fascistas, permitieron al régimen franquista evitar cualquier rendición de sus crímenes al incorporar al PSOE y al PCE en el establishment gobernante.
Durante la Transición, el antiguo régimen franquista cedió importantes concesiones a las burguesías periféricas para garantizar su lealtad a la maquinaria estatal. Se permitió que el catalán fuera utilizado de forma amplia y pública, y desde entonces, se ha convertido en la novena lengua más hablada en la UE, con más de 80 canales de televisión, 100 emisoras de radio que emiten diariamente y 400 revistas, y, además, 150 universidades del mundo enseñan cursos de catalán.
Mientras la burguesía catalana de Barcelona coqueteaba con las demandas de autonomía y separación a lo largo de la era postfranquista, se acordó tácitamente que la burguesía catalana no buscaría la separación y que Madrid no atacaría agresivamente el sentimiento nacional catalán.
Ahora, este régimen de la Transición se está desmoronado, y una lucha intensamente violenta está surgiendo entre las facciones de la clase dominante. En un país donde muchos trabajadores todavía recuerdan el régimen franquista de hace apenas 40 años, la represión severa de Madrid debe servir como una advertencia. En medio de la crisis más profunda del capitalismo desde los años treinta, el régimen de la Transición está recurriendo cada vez más a las medidas autoritarias del régimen franquista de las que surgió.
El papel reaccionario del independentismo catalán y sus partidarios pseudoizquierdistas
Los independentistas catalanes representan los intereses, no de las fuerzas de izquierda que luchan contra la aristocracia financiera española, sino de facciones de la clase dominante que promueven sus intereses contra la clase obrera y el gobierno central en Madrid.
No hubieran sido capaces de capitalizar el descontento social, gran parte creado por sus propias políticas, y de beneficiarse de la hostilidad hacia la UE y Madrid, si no hubiera sido por la multitud de agrupaciones de "izquierdas" pequeñoburguesas. Estos partidos, que tras la Transición se adaptaron al PSOE y a las fuerzas estalinistas del PCE y Podemos, han promovido el nacionalismo durante décadas como una alternativa a la lucha de clases.
Estos grupos pseudoizquierdistas han proclamado una y otra vez el apoyo a la "autodeterminación" para justificar alianzas con los movimientos burgueses de derecha y suprimir la lucha independiente de la clase obrera, incluso utilizando esto para justificar su apoyo a las guerras imperialistas en Libia y Siria.
Nuevamente estas fuerzas políticas están interviniendo para apoyar el independentismo y dividir a los trabajadores. Punto de Vista Internacional, la página web central de los pablistas del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional sostiene que “[u]na victoria en Catalunya es una victoria para todas las fuerzas populares, revolucionarias y democráticas de Europa y el mundo".
Los morenistas de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) pide una movilización masiva en el referéndum: "sería un gran golpe para el Régimen del 78, y por lo tanto un paso de gigante por poder abrir procesos constituyentes en Catalunya y el resto del Estado sobre sus ruinas, donde poder debatir y resolver las grandes demandas democráticas y sociales”.
La balcanización de España no sería una "victoria" para la clase trabajadora. Abriría el paso para que el capital global enfrentara a los trabajadores unos contra otros en una competición a la baja en términos de empleos, salarios y condiciones,
El ejemplo más revelador de nuevos Estados emergiendo sobre las “ruinas" de una más grande es la antigua República Federativa de Yugoslavia, donde los grupos pseudoizquierdistas invocaron falsamente el "derecho a la autodeterminación" para respaldar una campaña imperialista de desmembramiento y restauración capitalista que terminó en un baño de sangre. En una serie de guerras étnicas que duraron una década, de 1991 a 2001, se calcula que 140.000 personas fueron asesinadas y cuatro millones desplazadas. Esto culminó en la guerra de la OTAN de 1999 contra Serbia. Casi dos décadas después, toda la región sigue diezmada.
La política reaccionaria y anti-obrera de los nacionalistas catalanes es una confirmación de la valoración del nacionalismo burgués formulada por el CICI durante las guerras de Yugoslavia.
Examinando las implicaciones de la integración global sin precedentes de los procesos de producción que objetivamente estaban fortaleciendo la unidad internacional de la clase obrera y creando así las bases para una economía socialista mundial, el CICI advirtió hace casi dos décadas que estos mismos desarrollos constituían "un impulso objetivo para un nuevo tipo de movimiento nacionalista que busca el desmembramiento de los Estados existentes. El capital global-móvil ha dado lugar a que territorios pequeños tengan la capacidad de vincularse directamente con el mercado mundial. [...] Un pequeño enclave costero, con suficientes conexiones de transporte, infraestructura y mano de obra barata, puede ser una base más atractiva para el capital multinacional que un país más grande con un vasto territorio menos productivo".
Cataluña es la región más rica de España, que representa una quinta parte del PIB del país. Los partidos independentistas pretenden crear un nuevo mini Estado mediante el cual puedan recuperar los impuestos que actualmente transfieren al gobierno central, estableciendo relaciones directas con los bancos globales, las corporaciones transnacionales y la Unión Europea. Esperan transformar Cataluña en una zona de libre comercio con impuestos bajos, basado en la explotación intensificada de la clase trabajadora.
Los nacionalistas catalanes y sus seguidores pseudoizquierdistas se visten como progresistas. Sin embargo, nada fundamental distingue el independentismo catalán de partidos nacionalistas similares en toda Europa el Partido Nacionalista Escocés en el Reino Unido, o aquellos de carácter explícitamente derechista como la Liga del Norte de Italia y el belga Vlaams Belang. En todos estos casos, el secesionismo ha surgido en aquellas regiones que gozan de alguna ventaja económica sobre el resto del país, la cual trata de explotar la burguesía local en beneficio propio.
Una república catalana "independiente", si se estableciera, no sería nada de eso. Sería aún más dependiente de las grandes potencias, tanto en Europa como internacionalmente. En alianza con la UE, seguiría con las políticas que los partidos independentistas catalanes han mantenido en su alianza con Madrid: austeridad brutal, recortes a los presupuestos para la educación, la sanidad y otras necesidades sociales y la utilización de la policía para aplastar huelgas y protestas. Sería, en fin, un callejón sin salida para los trabajadores.
Contra la guerra y la dictadura, por los Estados Socialistas Unidos de Europa
La represión policial emprendida por Madrid y el impulso de los nacionalistas catalanes hacia la separación son respuestas de facciones de la clase dirigente a una crisis mortal del capitalismo. La élite gobernante está aterrorizada por el creciente sentimiento revolucionario de la población. La propia encuesta de la UE, "Generation What", de 2017, reveló que más de la mitad de los jóvenes europeos menores de 34 años —más del 60 por ciento en España, Italia, Francia y Gran Bretaña— se sumarían a un "levantamiento masivo" contra el orden existente.
En el centenario de la revolución de octubre de 1917 y el derrocamiento del capitalismo en Rusia por el Partido Bolchevique liderado por Vladimir Lenin y León Trotsky, la UE avanza hacia un aumento masivo de las luchas de la clase trabajadora en toda Europa. Sin embargo, esta tendencia objetiva que se está desarrollando debe, sin embargo, tener una estrategia política consciente.
Las amenazas intercambiadas por Madrid y Barcelona son una gran advertencia. La clase trabajadora, incluso antes de que haya entrado en una lucha de masas, se enfrenta al peligro de un conflicto civil y de una erupción de guerra en el corazón de Europa. Los trabajadores deben oponerse a las amenazas de violencia y los intentos cada vez mayores de agudizar los conflictos nacionalistas, pero las acciones individuales espontáneas no bastan para resolver la crisis en España.
El conflicto de Cataluña confirma una vez más la insistencia del CICI: la defensa de los derechos sociales y democráticos básicos implica construir un movimiento internacional consciente y revolucionario de la clase obrera por el socialismo y en contra la guerra y la dictadura.
Esto requiere, ante todo, la construcción de un nuevo partido político socialista para dirigir las luchas de la clase obrera. Es necesario volver a las tradiciones de lucha intransigente del Partido Bolchevique y el movimiento trotskista, representado por el CICI.
La necesidad de unir las luchas contra todos los males sociales engendradas por el capitalismo con una lucha política en contra de la austeridad, las guerras y el capitalismo, deben ser discutidas en las fábricas, los puestos de trabajo, los barrios, las escuelas y las universidades en toda España y Europa. Esto sentará las bases para construir una red de comités vecinales y de trabajadores, independientes y en oposición a los partidos y sindicatos capitalistas, y el desarrollo de un movimiento socialista para tomar el poder estatal y reorganizar la vida económica sobre la base de la necesidad social, y no del beneficio privado.
Contra la España capitalista y la creación de una Cataluña capitalista, el CICI hace un llamamiento a la construcción de los Estados Socialistas Unidos de Europa. Sólo la formación de gobiernos obreros en todos los países y la unificación de Europa sobre una base socialista pueden impedir un descenso a la reacción social y la guerra, permitiendo así el desarrollo armonioso de la economía europea para satisfacer las necesidades de su población. El CICI hace un llamamiento a todos los trabajadores y jóvenes que estén de acuerdo con esta declaración para leer y distribuir sus materiales, ponerse en contacto con el WSWS y unirse a la lucha por construir una sección del ICFI en España.