Los sindicatos en West Virginia anunciaron el martes que pondrán fin a la huelga a nivel estatal de maestros y trabajadores escolares y les ordenará volver a trabajar el jueves. Los ejecutivos sindicales celebraron un acuerdo insignificante con los oficiales estatales que incluye un aumento salarial inadecuado que podría nunca ser adoptado y deja los elevados costos de salud intactos que han significado una deterioración continua en el ingreso real de los educadores.

Los intentos para acabar con la huelga de esta forma, pese a estar ganando apoyo de maestros y otros trabajadores alrededor del país, es la más reciente de una muy larga lista de traiciones similares. Confirma además las advertencias hechas por el World Socialist Web Site a lo largo del paro de que los maestros no solo se enfrentan a enemigos acérrimos entre los funcionarios republicanos y demócratas, sino también en las organizaciones que toman dinero de los trabajadores y dicen representar sus intereses.

Esta función esencial de los sindicatos, de suprimir la resistencia obrera a los ataques de las corporaciones y el Gobierno, fue articulada explícitamente justo un día antes en un argumento hecho ante la Corte Suprema de EUA en el caso Janus vs. AFSCME (Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condado y Municipales, siglas en inglés). El juicio concierne la constitucionalidad de las “tarifas de agencia” sindicales —el requisito a todos los empleados públicos en algunos estados a pagar el equivalente a cuotas sindicales si deciden no unirse a los sindicatos—.

En su planteamiento ante el tribunal, David Frederick, representante del Consejo 31 de la AFSCME en el estado de Illinois, declaró: “El aspecto clave por el que se negoció en este contrato de tarifas de agencia es una limitación en las huelgas. Y eso es cierto en muchos acuerdos colectivos”.

Continuó: “Estas tarifas son la compensación. La seguridad a los sindicatos es la compensación por no tener huelgas”. Si la Corte Suprema decidiera cambiar el precedente que permitía a los estados obligar el cobro de dichas tarifas, advirtió Frederick, “despertarían a un espectro inefable de inestabilidad laboral por todo el país”.

El argumento no podría ser más claro: la estabilidad financiera del aparato sindical es esencial para prevenir el crecimiento de la oposición de la clase obrera. Esta franqueza tan extraordinaria fue expresada hacia uno de los instrumentos estatales más importantes de la burguesía, la Corte Suprema. Esto demuestra lo conscientes que están los sindicatos acerca del papel que desempeñan como una fuerza policial industrial para la élite corporativa estadounidense y sus instituciones estatales.

La postura de la AFSCME frente a la corte fue apoyada por el estado de Illinois, uno de los veinte que permite contratos con tarifas de agencia obligatorias. El fiscal general de Illinois, David Franklin, argumenta que el estado “tiene el interés… de poder trabajar con una contraparte estable, responsable, independiente que tenga los suficientes recursos para poder ser un socio nuestro”. El propósito de esta asociación “responsable” es subrayada por la situación en Illinois, donde el Gobierno estatal ha implementado medidas despiadadas de austeridad y dependido en los sindicatos para imponer recortas a la educación pública, a la salud y a los salarios de los trabajadores públicos.

La relación entre los sindicatos y el estado descrita por Frederick y Franklin es válida para la AFL-CIO en su conjunto. Durante las últimas cuatro décadas, los sindicatos se han dedicado sistemáticamente a estrangular cualquier oposición organizada a la contrarrevolución social que ha emprendido la burguesía estadounidense.

En el 2017, hubo tan solo siete paros laborales involucrando a más de 1.000 trabajadores, la segunda menor cifra desde 1947. La menor fue en el 2009, el primer año del Gobierno de Obama que siguió el colapso financiero del 2008 y el rescate estatal a Wall Street. El número de obreros que participaron en paros de gran tamaño cayó de un promedio de 1,5 millones por año en la década de 1970 a 70.000 en esta década (y solo 25.000 el año pasado) —un declive de más de 95 por ciento—.

El mismo periodo, desde los años ochenta al día de hoy, ha sido testigo de una concentración enorme de ingresos y riqueza en manos de la élite gobernante. La porción del ingreso nacional yendo a la mitad más pobre de la población cayó de 20 por ciento en 1980 a 12 por ciento en el 2014, mientras que aquella del uno por ciento más rico pasó del 12 por ciento en 1980 a 20 por ciento en el 2014. La riqueza y los ingresos se concentran aún más en el 0,1 y 0,01 por ciento en la cima.

Los sindicatos han sido indispensables para efectuar esta enorme transferencia de riqueza de la clase trabajadora a los ricos. El factor principal no es la corrupción de este o aquel funcionario sindical. Hay muchos de ellos, como lo evidenció el escándalo en el sindicato automotor UAW, involucrando el pago de las empresas a los ejecutivos del UAW a cargo de las negociaciones contractuales. Esta corrupción es en sí una expresión de la naturaleza y función de estas organizaciones.

En los años ochenta, después del despido de y la lista negra creada por Reagan contra los controladores de tráfico aéreo de PATCO, fue una década de inmensa resistencia obrera a los cierres de planta, a los despidos masivos, a los recortes salariales y a los ataques contra los sindicatos. No obstante, los sindicatos garantizaron la derrota de cada uno de los cientos de batallas en las minas, en las plantas automotrices, metalúrgicas, frigoríficas, en el transporte, entre los maestros y en el sector público en general. Sabotearon todas estas luchas para destruir la militancia de la clase obrera y facilitar la transformación de los sindicatos en accesorios corporativistas de la patronal y el Estado.

Durante las importantes luchas de clases en los años ochenta, la Workers League (Liga de los Trabajadores; predecesora del Partido Socialista por la Igualdad) desempeñó un papel central en organizar la oposición a las traiciones de los sindicatos. Buscó movilizar a las bases contra la dirigencia sindical procapitalista como parte de una lucha por una dirección política independiente y socialista de la clase obrera.

Como resultado de estas luchas, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) extrajo conclusiones de gran alcance sobre la naturaleza de los sindicatos. La respuesta a estas organizaciones nacionales a la globalización de la producción y el declive del capitalismo estadounidense fue integrarse en la estructura administrativa de la patronal y el Estado, convirtiéndose en socios “responsables” en la intensificación de la explotación de los trabajadores. Como compensación, los ejecutivos sindicales recibieron mayores remuneraciones en forma de acciones corporativas, la gestión de fondos de salud y el acceso a los fondos de gestión “obrero-patronal”, además de sobornos directos.

Los sindicatos, concluyó el CICI, ya no podían ser calificados de “organizaciones obreras”. En un periodo anterior, pese a que sus líderes igual eran procapitalistas y subordinaban a los trabajadores al Partido Demócrata, los sindicatos servían como medios para aumentar los ingresos de los trabajadores y protegerlos de los recortes de puestos, por lo cual todavía era certero llamarlas “organizaciones obreras”. Sin embargo, como lo explicó en 1937 León Trotsky, el fundador de la Cuarta Internacional, si estas organizaciones “defendieran los ingresos de la burguesía de los ataques por parte de los trabajadores, si condujeran una lucha contra las huelgas, contra los aumentos salariales, contra la ayuda a los desempleados; entonces lo que tendríamos serían organizaciones de esquiroles, no un sindicato”.

Este es precisamente el papel que cumplen los sindicatos hoy día, no solo en Estados Unidos sino internacionalmente. Todas las tendencias políticas pseudoizquierdistas que insisten en defender el control organizacional de los sindicatos sobre la clase obrera funcionan como cómplices de su agenda antiobrera.

La huelga de los maestros en West Virginia es una expresión de un desarrollo mucho más profundo. Existe un enojo generalizado en todas las secciones de la clase obrera hacia la desigualdad social, los recortes salariales, los aumentos en los costos de salud y todas las múltiples y diversas manifestaciones de crisis social. El “espectro de inestabilidad laboral” que aterra tanto a los sindicatos como a la burguesía se está comenzando a materializar.

El desarrollo del incipiente movimiento de la clase obrera exige la formación de nuevas organizaciones: comités de base en las fábricas, lugares de trabajo y comunidades obreras, independientes de los sindicatos y los partidos proempresariales, controladas democráticamente por y sujetas a rendir cuentas a los trabajadores. La formación de dichos comités significará un avance inmenso en la iniciativa de los trabajadores de aunar sus luchas en EUA e internacionalmente para forjar una ofensiva en común contra la clase capitalista y sus instrumentos políticos.

La formación de dichas organizaciones es una con la lucha por construir una dirección política en la clase obrera para ganar estas luchas a un programa socialista dirigido contra el sistema capitalista junto con la desigualdad social, la represión y la guerra que éste origina.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de febrero de 2018)