El Tribunal Supremo de España ha emitido un fallo que legitima el golpe fascista de 1936 dirigido por el generalísimo Francisco Franco. El golpe condujo a la Guerra Civil española que duró tres años, en la que la victoria de las fuerzas franquistas respaldadas por Hitler y Mussolini establecieron una dictadura fascista que duró hasta 1978.

El Tribunal Supremo ordenó detener los planes del gobierno en funciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de exhumar los restos de Franco de un monumento en la cima de una montaña gestionado por el Estado, el “Valle de los Caídos”. Argumentó que trasladar los restos de Franco a un lugar menos destacado sería “extraordinariamente perjudicial” no solo para la familia del general sino también para el “interés público”. Añadió que el interés público requería comprender la “importancia de don Francisco Franco”, usando el tratamiento honorífico español, don.

Al explicar por qué había decidido suspender la exhumación prevista para darle a la familia de Franco más tiempo para apelar, el tribunal se refirió a él como el “jefe de Estado desde el primero de octubre de 1936 hasta su muerte en noviembre de 1975”. Fuentes del tribunal dijeron a los medios que pedían confirmación, que no había ningún error en el documento, y que el tribunal no tiene intención de rectificar el fallo.

Tradicionalmente, Franco era tratado como el jefe del Estado a partir del primero de abril de 1939, en medio de su victoria final en la guerra civil y el ulterior asesinato en masa de sus opositores políticos. La redacción sin precedentes del fallo significa que el más alto tribunal español considera legítima la proclamación de Franco como generalísimo y jefe de Estado por una pandilla de generales fascistas y conspiradores golpistas el primero de octubre de 1936. La resistencia masiva de millones de trabajadores y campesinos en la guerra civil y las cuatro décadas siguientes de dictadura sería entonces ilegítima, incluso criminal.

La proclamación de Franco llegó solo unos meses después de su golpe del 17 y 18 de julio contra el gobierno elegido del Frente Popular y el jefe de Estado Manuel Azaña. La guerra civil resultante destruyó ciudades en toda España y llevó al asesinato de 200.000 opositores políticos, intelectuales de izquierdas y trabajadores militantes, y la detención de 400.000 personas en campos de concentración. Durante cuatro décadas a partir de ese momento, el régimen franquista y su policía secreta arrestó, torturó y asesinó a miles de personas, ilegalizó huelgas, partidos políticos y sindicatos, y censuró periódicos y libros.

En el tribunal internacional de la opinión obrera, Franco nunca fue aceptado como jefe de Estado, a pesar de la represión salvaje de su régimen. Fue un criminal odiado y manchado de sangre. Las únicas potencias que reconocieron a Franco como “jefe del Estado” en octubre de 1936 fueron la Italia fascista y la Alemania nazi, dirigidas por Benito Mussolini y Adolf Hitler, respectivamente —además del Papa del Vaticano, que describió el levantamiento fascista como una “cruzada” contra el comunismo.

El hecho de que el tribunal español más alto defienda públicamente una de las contrarrevoluciones más brutales del siglo XX es una advertencia. Después de casi tres décadas de un aumento de la guerra y del militarismo desde la disolución de la Unión Soviética por parte del estalinismo, y de una década de profunda austeridad desde la crisis económica global de 2008, los círculos gobernantes de todo el mundo están barajando de nuevo tales políticas.

La clase gobernante está reaccionando al surgimiento de las protestas masivas de los “chalecos amarillos” en Francia, huelgas masivas en Portugal y Polonia, y movimientos de masas que exigen el derrocamiento de dictaduras militares en Argelia y Sudán con un agudo desplazamiento a la derecha.

El carácter internacional del desplazamiento a la extrema derecha por parte de la élite gobernante subraya su importancia política. Es una advertencia a la clase trabajadora. El presidente francés Emmanuel Macron ha hecho declaraciones elogiando al jefe del régimen de Vichy, Pétain, y un esfuerzo renovado, dirigido por el profesor de la Universidad Humboldt Jörg Baberowski, está en marcha en Alemania para encubrir los crímenes del régimen nazi. Partidos y políticos ultraderechistas ya están en el gobierno en Italia, Hungría, Polonia, Austria, Brasil y en otros lugares.

Aterrorizada por el crecimiento del sentimiento anticapitalista y socialista, la clase gobernante está reviviendo toda la suciedad política del siglo XX. Como el WSWS advirtió repetidamente, el fascismo no fue un accidente del siglo XX, sino la consecuencia política inevitable del capitalismo. Si se rehabilita a Franco, es porque facciones poderosas de la clase gobernante están considerando de nuevo una ruptura con la legalidad y las formas democráticas de gobierno.

En España, un partido fascista que defiende abiertamente el legado del franquismo, Vox, ha entrado en el parlamento por primera vez desde la época de Franco y está apoyando coaliciones de derechas en comunidades autónomas y ciudades de toda España. Promocionado por los medios, ha reclutado a seis antiguos generales. Dos firmaron el manifiesto franquista firmado por más de 1000 oficiales, incluyendo a 70 antiguos generales y almirantes, aproximadamente un tercio del número total activo de oficiales generales en las fuerzas armadas españolas.

El apoyo al franquismo por parte del Tribunal Supremo da fe de la criminalización del Estado burgués español tras la represión brutal del referéndum independentista catalán de 2017. El establishment político se mostró a favor de la brutal represión policial y el juicio farsa en desarrollo de los nacionalistas burgueses catalanes que lo organizaron. Esto iba de la mano con la convocatoria de manifestaciones franquistas y antiindependentistas que legitimaban el fascismo y al partido Vox.

El mismo tribunal le ha negado al dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras —quien está acusado en el juicio farsa— autorización para ausentarse de la prisión para jurar como miembro del parlamento europeo. Esto despoja a los millones de personas que votaron a Junqueras de su voto, ya que Junqueras no podrá asumir su cargo como parlamentario europeo. Esto goza del apoyo total de Bruselas, y de la aquiesencia del gobierno del PSOE y su aliado, el partido pseudoizquierdista Podemos.

La única manera de oponerse al impulso de la burguesía de rehabilitar el fascismo es movilizar a la clase trabajadora en lucha política independientemente de estos partidos. Hay una oposición poderosa en la clase trabajadora al franquismo, del que hay un recuerdo vivo en la población española. Pero esta oposición al fascismo históricamente arraigada no encuentra expresión a través de Podemos ni del PSOE. La única razón por la que el tribunal se siente libre para revelar su naturaleza fascista es que la oposición popular es suprimida por Podemos y sus varias confluencias pseudoizquierdistas.

Podemos actualmente está tratando de formar un gobierno de coalición de austeridad y militarista con el PSOE, y reaccionó al fallo del Tribunal Supremo con unas pocas protestas menores e impotentes. El dirigente de Podemos Pablo Iglesias tuiteó que la redacción del tribunal era “una verdadera parodia”. El dirigente del estalinista Partido Comunista de España, Alberto Garzón, dijo que ello “dice mucho, demasiado, sobre los altos cuerpos judiciales que tenemos en este país”.

El propio PSOE, que dirige un gobierno en funciones desde las elecciones del mes pasado, no ha comentado el fallo.

Que la propia clase gobernante aclame a Franco justifica la defensa del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) de la herencia de León Trotsky, que luchó contra los estalinistas y los centristas para llevar una perspectiva revolucionaria a las luchas de la clase trabajadora durante la Guerra Civil Española. La “transición a la democracia” en España durante los '70, aclamada por las fuerzas estalinistas y pablistas que construyeron Podemos, está demostrando haber sido solo un episodio pasajero. En medio de una nueva era de crisis capitalista, la Unión Europea otra vez está incubando regímenes fascistas.

La cuestión crítica hoy es la intersección de la radicalización de la clase trabajadora con una perspectiva elaborada para oponerse al impulso de las clases gobernantes a la guerra y el gobierno fascista. Esto requiere la construcción de una vanguardia revolucionaria en la clase trabajadora. Destaca la urgencia de construir secciones del CICI en España y en todo el mundo, para vincular el crecimiento de las luchas obreras con un movimiento político socialista, internacionalista y antiimperialista con el objetivo de transferir el poder estatal a la clase trabajadora.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de junio de 2019)