El presidente peruano Martin Vizcarra está gobernando por decreto después de lograr disolver al congreso del país. El cuerpo legislativo reanudará sus funciones solo después de las nuevas elecciones programadas para el 20 de enero.

Vizcarra había anunciado la disolución del Congreso el 30 de septiembre, horas después de que sus miembros se negaran a debatir un voto de confianza, otorgando al presidente el poder constitucional para disolver al Congreso y convocar nuevas elecciones.

La dirección del Congreso denunció de inmediato la disolución como un golpe de estado y una acción "inconstitucional", negándose a reconocer su validez. Mientras tanto, en las calles de Lima y otras ciudades importantes, multitudes salieron a defender la decisión del presidente.

La disolución del Congreso fue la culminación explosiva de una lucha prolongada dentro del estado peruano, un conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo. Esta batalla se había desatado desde que el predecesor de Vizcarra, el ex financista derechista de Wall Street Pedro Pablo Kuczynski, derrotara por un estrecho margen a Keiko Fujimori, la lideresa populista de derecha del fujimorista Fuerza Popular (FP), en las elecciones de 2016.

Tanto Kuczynski como Keiko Fujimori están ahora bajo “detención preventiva” mientras los fiscales reúnen evidencia relacionada con sobornos que ambos recibieron del conglomerado de construcción brasileño Odebrecht (parte de la llamada investigación “Lava Jato”).

Kuczynski asumió el cargo en julio de 2016, con Vizcarra y la tecnócrata derechista Mercedes Araoz como su primer y segunda vicepresidentes, respectivamente. No tenía una base real de apoyo dentro de la población, ganando las elecciones en el último minuto gracias al apoyo de los líderes pseudoizquierdistas Veronika Mendoza y Marco Arana, quienes se alinearon detrás de él como el "mal menor".

Sin embargo, 83 legisladores FP fueron elegidos para el Congreso, dando a los fujimoristas un control prácticamente total sobre el poder legislativo. Fujimori, amargada después de perder una elección que creía tener en su bolsillo, ordenó a los miembros de su partido obstruir y socavar el gobierno de Kuczynski.

Desde entonces, FP transformó al Congreso en su propia plataforma política reaccionaria. Puso a sus aliados y militantes en posiciones estatales clave, al tiempo que protegía a jueces, fiscales y sus propios congresistas de investigaciones. Votó en contra de medidas anticorrupción, socavando el gobierno de Kuczynski, mientras atacaba y derribaba a sus ministros.

Entre otras cosas, utilizó una comisión del Congreso formada para investigar a los presidentes y otros altos funcionarios públicos que recibieron los sobornos de Odebrecht como un instrumento para limpiar a Fujimori y Alan García del partido APRA, su aliado del Congreso, mientras trataba de enviar a sus rivales políticos, como el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y el propio Kuczynski, a la cárcel.

Pero este abuso de poder tuvo un alto precio: a mediados de 2018, las encuestas de opinión indicaron que FP había perdido apoyo dentro de sus bases en la clase trabajadora y la clase media baja. El partido se había basado en el legado populista del original gobierno fujimorista de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko, quien fue encarcelado por las masacres llevadas a cabo por su régimen autoritario. En respuesta a los métodos dictatoriales y violentos del FP, surgieron protestas espontáneas que comenzaron a exigir la disolución del Congreso, principalmente dirigido por jóvenes.

Kuczynski renunció en marzo de 2018 en medio de un escándalo por la compra de votos para evitar una vacancia establecida por los congresistas de FP. Vizcarra asumió el cargo, y él y su gabinete decidieron no entablar una confrontación con Fujimori ni cuestionar su control del Congreso, a fin de implementar mejor las políticas derechistas y neoliberales exigidas por las grandes empresas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, las cosas cambiaron a fines de octubre cuando un juez aprobó la demanda de los abogados anticorrupción de encarcelar preventivamente a Fujimori para evitar que obstruya la investigación de Lava Jato. La teoría de los abogados es que Fujimori era el líder de una "organización criminal" que utilizaba el FP como un aparato para lavar el dinero del soborno de Odebrecht. Fujimori ha sido encarcelado en la prisión de mujeres de Santa Mónica en Chorrillos, Lima. Ella ordenó a sus subordinados en el Congreso que presionen al poder judicial y a los tribunales por su liberación y que obstruyan nuevamente el poder ejecutivo.

Mientras tanto, Vizcarra disfrutaba de un índice de aprobación relativamente alto. Esto se debió principalmente a que no había sido acusado de corrupción ni de aceptar sobornos de Odebrecht, como los últimos cuatro presidentes. Explotó esta percepción al anunciar un conjunto de reformas del poder judicial después de un escándalo de corrupción que involucraba jueces y abogados.

Uno de los principales apoyos que sostienen al gobierno de Vizcarra ha sido la negativa de la pseudoizquierda en confrontar sus políticas de derecha. La administración de Vizcarra está defendiendo y expandiendo el marco proempresarial neoliberal establecido por Alberto Fujimori en la década de 1990, después de que él mismo disolviera el parlamento en lo que equivalía a un golpe parlamentario. El gobierno continúa entregando los ricos recursos minerales del país a los inversionistas internacionales, sin tener en cuenta el medio ambiente y la población. Las fuerzas de la pseudoizquierda como Nuevo Perú de Mendoza y el Frente Amplio de Arana se niegan a luchar contra estas políticas por temor a que amenace el colapso de todo el estado capitalista, que ellos apoyan. En cambio, canalizan la ira de la clase obrera y la juventud exclusivamente contra los fujimoristas de derecha en el Congreso.

El 28 de julio, durante su discurso del Día de la Independencia, Vizcarra anunció su sorpresiva propuesta para elecciones anticipadas. Invocó la "voz del pueblo" para su decisión, pero también la presentó como una forma de sacar al país de la crisis provocada por la enemistad entre los poderes ejecutivo y legislativo. La medida fue bien recibida por la población con casi el 70 por ciento de aprobación, expresando disgusto generalizado con el Congreso liderado por FP.

Con docenas de congresistas enfrentando cargos de corrupción una vez que su inmunidad constitucional como legisladores termina, la propuesta de Vizcarra fue naturalmente opuesta por los grupos de oposición de derecha, principalmente entre ellos el FP. A esta oposición se unió la vicepresidente Araoz, un representante de las grandes empresas en Perú.

El 26 de septiembre, la Comisión del Congreso sobre la Constitución, dominada por firmes fujimoristas, votó para archivar la propuesta de Vizcarra de elecciones anticipadas, alimentando la ira de la población e inmediatamente provocando nuevas protestas callejeras que exigían la disolución del Congreso dominado por los fujimoristas.

Mientras tanto, Keiko Fujimori, desde la cárcel, decidió jugar su última carta para su liberación de la prisión, ordenando a los congresistas de FP adelantar la elección de seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), un cuerpo de 10 jueces que podrían votar para liberarla.

Tener un TC dirigido por jueces amigables también era una cuestión de vida o muerte para los legisladores de FP y APRA, ya que es la única institución que puede privar a los congresistas de su inmunidad legal. Con nueva información proveniente de Odebrecht en Brasil sobre los sobornos otorgados a los congresistas, el FP y otros partidos de oposición se unieron en una carrera frenética para la elección de jueces en cuestión de días, un proceso que generalmente había llevado meses bajo gobiernos anteriores. Para desacreditar aún más estas elecciones, la vicepresidenta titular del TC, Maria Ledezma, reveló que un congresista no identificado había ofrecido reelegirla si ella votaba por la liberación de Fujimori.

Después de negociaciones fallidas con la oposición, Vizcarra respondió el 27 de septiembre anunciando un voto de confianza para la implementación de un nuevo proyecto de ley que reformaría y haría "más transparente" el mecanismo electoral del TC. El domingo, declaró durante una entrevista televisiva que disolvería el Congreso si rechazaba este voto de confianza. Según la constitución, el presidente puede disolver el Congreso si rechaza dos votos de confianza. El Congreso ya había rechazado un voto de confianza bajo Kuczynski hace dos años, por lo que la disolución de Vizcarra sería técnicamente constitucional.

El lunes 30 de septiembre, durante una sesión plenaria del Congreso, se exhibió toda la agresión del FP cuando sus miembros se negaron a permitir que el Primer Ministro Salvador del Solar, quien debía presentar el voto de confianza, entrara al piso de la legislatura. Del Solar solo logró ingresar después de que algunos congresistas pro-Vizcarra se apresuraron a abrir las puertas para él, mientras que algunos congresistas de FP se burlaron y lo insultaron. Después de que Del Solar presentó su caso para el voto de confianza, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, simpatizante de FP, decidió ignorarlo y procedió a la elección del TC. Con 88 votos lograron elegir un juez para el TC, Gustavo Ortiz de Zevallos, quien era nada menos que el primo hermano de Olaechea.

Cuando llegó la noticia al palacio presidencial de que el Congreso había ignorado el voto de confianza, Vizcarra apareció en televisión en vivo y anunció la disolución del Congreso con el argumento de que ignorar su voto de confianza propuesto significaba su "negación táctica". Después de denunciar al Congreso por rechazar su voto, las reformas y su desprecio por la opinión pública, convocó a nuevas elecciones parlamentarias, como lo exige la ley, en cuatro meses. El Congreso respondió votando en el último minuto a favor de la resolución de confianza, pero ya era demasiado tarde.

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país para celebrar la decisión de disolver el Congreso, llevando banderas peruanas y pancartas improvisadas denunciando a los fujimoristas. Se informó que incluso los alcaldes y los gobernadores regionales que llegaron al poder en la lista de FP apoyaron la disolución y declararon que los legisladores fujimoristas no habían hecho nada por su pueblo y habían perdido el apoyo en sus ciudades.

Si bien los trabajadores y los jóvenes sintieron una verdadera satisfacción al ver que se desalojaba a FP de los pasillos del Congreso, lo que seguirá no es un fortalecimiento de la democracia, sino la implementación de las políticas de derecha que el gobierno no pudo ejecutar debido al conflicto entre el ejecutivo y poderes legislativos. Como comentó un analista de derecha después de la disolución: "Para tener inversiones, debe haber una garantía de estabilidad".

Después de que Vizcarra anunció la disolución, algunos congresistas que apoyaron la decisión comenzaron a abandonar el edificio llevando sus pertenencias. Sin embargo, el FP restante y otros legisladores de la oposición decidieron desafiar la decisión del presidente y votaron a favor de su "suspensión" bajo el argumento de "incapacidad temporal". Después de que esta suspensión ficticia fue llevada a cabo por un Congreso ahora suspendido, en un espectáculo ridículo "juraron" a la vicepresidenta Mercedes Araoz como la nueva y "oficial" presidenta del país.

En su "discurso de aceptación", Araoz argumentó que la disolución del Congreso por parte de Vizcarra fue inconstitucional e ilegal. Según los informes, aceptó el nombramiento después de que los congresistas le aseguraron que las fuerzas armadas se alinearían detrás de ella.

Una vez que se conoció la noticia de esta maniobra, las multitudes que habían salido a la calle para celebrar la disolución del Congreso comenzaron a protestar y a cantar consignas contra Araoz. En las redes sociales, fue ridiculizada como usurpadora y "presidenta de unas pocas docenas de congresistas". Vizcarra convocó a los jefes de las fuerzas armadas y la policía, y firmaron un documento confirmando su apoyo a él.

Al día siguiente, los medios internacionales informaron que Perú tenía "dos presidentes en competencia". Pero el carácter ficticio e inútil de la juramentación de Araoz se hizo cada vez más claro. En una incómoda entrevista con CNN el mismo día, Araoz, mientras seguía denunciando la disolución del Congreso por parte de Vizcarra, declaró que su juramentación era, de hecho, un "acto político" y que las condiciones para establecer un gabinete propio no existe.

Después de otra entrevista en la que reconoció que la gente la "detestaba", anunció su renuncia como vicepresidenta, terminando efectivamente cualquier pretensión que tuviera ante cualquier cargo estatal.

Detrás de la negativa de los fujimoristas a reconocer la disolución y la desastrosa "metida de pata" política de Araoz se encuentra la hostilidad y la desconfianza de una sección de la clase gobernante corporativa peruana en Vizcarra y la forma en que dirige al ejecutivo.

A diferencia de Araoz, Vizcarra, un exgobernador regional, no pertenece a los estratos gobernantes tradicionales de Lima vinculados a las finanzas, las grandes empresas y los inversores internacionales. Ya se había ganado su ira después de conceder parcialmente a los trabajadores y campesinos opuestos al proyecto minero Tia María en Arequipa. Es probable que haya futuros intentos de socavar su gobierno y pueden ser liderados por la propia Araoz.

Hildebrandt en sus trece, un semanario popular de izquierda que apoyó la disolución del Congreso, publicó un artículo basado en entrevistas con líderes sindicales y de organizaciones sociales sobre el tema. Para sorpresa de los editores, no todos apoyaban a Vizcarra, y un líder minero dijo que Vizcarra no luchó con los fujimoristas cuando todos aprobaron el proyecto de ley antitrabajador "Plan de Competitividad y Productividad" a fines del año pasado.

Al final, la crisis constitucional en Perú refleja la profunda crisis de gobierno de toda la burguesía peruana, revolcándose en la corrupción, presidiendo la desigualdad social extrema y temiendo una erupción de la lucha de clases.

En otra manifestación de las fuertes tensiones sociales que azotan a Perú, una fuerza de seguridad desplegada por una compañía de extracción de oro en el distrito norte de Huamachuco masacró a cuatro campesinos, tres adultos y un niño de 14 años, el domingo después de las protestas por el despliegue de la compañía de los agentes armados. Otros siete campesinos resultaron heridos en el incidente.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de octubre de 2019)