Bolivia, la nación sudamericana más empobrecida, se tambalea al borde de una guerra civil después de que un golpe de Estado respaldado por EE. UU. llevara a la renuncia el domingo del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y varios ministros, gobernadores y otros oficiales.

Mientras Morales, García Linera y otros escapan el país asilándose en México, los trabajadores, campesinos y la mayoría indígena en Bolivia a quienes supuestamente representaban fueron dejados atrás para enfrentarse a tropas fuertemente armadas y turbas fascistas en las calles.

La amarga lección de que la clase obrera latinoamericana no puede avanzar sus intereses por medio de regímenes burgueses nacionalistas de “izquierda”, sino solo a través de su propia lucha revolucionaria independiente, se vuelve a escribir con sangre.

Miles de trabajadores y jóvenes han resistido valientemente al golpe, tomando las calles de La Paz y el distrito vecino de clase obrera en El Alto, donde quemaron estaciones de policía y enfrentaron a las fuerzas de seguridad. En otros sectores, los mineros y campesinos han bloqueado carreteras y manifestantes antigolpistas se han enfrentado a tropas fuertemente armadas que han disparado municiones reales y granadas con gases lacrimógenos. En Cochabamba, el ejército envió a un helicóptero para dispararles a las multitudes. El número de muertos y heridos sigue aumentando.

La violencia policial-militar ha sido acompañada por un reino de terror por parte de los opositores fascistizantes de Morales, quienes han quemado hogares de aquellos vinculados al Gobierno, secuestrado a parientes de oficiales y atacado violentamente a simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), así como a personas indígenas, especialmente mujeres. Las sedes de varias organizaciones sociales han sido atacadas, se han invadido estaciones de radio y puestas fuera del aire.

Después de tres semanas de protestas tras la disputada elección presidencial del 20 de octubre, el golpe de Estado fue consumado el domingo con la intervención televisada del general Williams Kaliman, el jefe de las fuerzas armadas, rodeado de todo el mando militar, “sugiriéndole” al “presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Morales y García Linera aceptaron la “sugerencia” y dijeron que para “evitar un baño de sangre” y “asegurar la paz”. Si ese era su objetivo, su capitulación al ejército y la derecha boliviana han fracasado miserablemente.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró el derrocamiento como “un momento importante para la democracia en el hemisferio occidental”, advirtiendo que Venezuela y Nicaragua son los próximos.

Pero, no solo fue Trump. Tanto el New York Times como el Washington Post publicaron editoriales el martes en apoyo al golpe de Estado, sugiriendo que fue un avance para la “democracia” y que el papel del ejército en deponer a Morales fue meramente accidental.

Esto refleja la continuidad fundamental de la política imperialista de Washington en América Latina bajo demócratas y republicanos por igual, desde el golpe fallido de 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela bajo George W. Bush ( celebrado prematuramente por el Times ) al derrocamiento respaldado por EE. UU. en 2009 del presidente Manuel Zelaya en Honduras bajo Barack Obama, y la expulsión hoy de Morales bajo Trump.

Detrás de esta continuidad, está la marcha del imperialismo estadounidense para revertir el declive de su hegemonía global económica por medio de la fuerza militar y violencia, particularmente en la región que ha considerado por mucho tiempo su “patio trasero”. Esto está siendo impulsado por el deseo de las transnacionales estadounidenses de controlar de forma irrestricta los recursos y mercados latinoamericanos —incluyendo las vastas reservas energéticas y minerales bolivianas, como el 70 por ciento del litio mundial— y el enfrentamiento estratégico entre el imperialismo estadounidense y China, cuyo comercio con la región aumentó a $306 mil millones el año pasado.

El Gobierno de Morales fue parte de la llamada “marea rosa” o Gobiernos nacionalistas burgueses que llegaron al poder en América Latina afirmando ser izquierdistas, comenzando por Hugo Chávez en 1998.

Así como Chávez, Morales se declaró partidario de la “revolución bolivariana” y el socialismo. Él y el MAS surgieron al poder sobre una ola de levantamientos revolucionarios que convulsionaron Bolivia y tumbaron una serie de Gobiernos durante las llamadas “guerras” contra la privatización del agua y por la nacionalización del gas entre 2000 y 2005.

Como líder del sindicato de agricultores de coca y el primer presidente de la históricamente oprimida población indígena de Bolivia, Morales ganó un amplio apoyo popular para formar un Gobierno que sirvió como el vehículo para contener las luchas revolucionarias de las masas bolivianas.

Sin embargo, este Gobierno pronto reconoció que su objetivo no era el socialismo, sino el “capitalismo andino-amazónico” que consistía en “nacionalizaciones” que imponían nuevos impuestos a las corporaciones transnacionales permitiéndoles un acceso aún mayor a la explotación del gas y los otros recursos nacionales de Bolivia.

Además de su alianza con el capital transnacional, el Gobierno de Morales cementó un pacto con la oligarquía agrícola. Ambos fueron concedidos derechos para explotar las tierras previamente asignadas como parques nacionales para proteger a sus poblaciones indígenas.

El Gobierno también se basó en lo describió como la “alianza militar-campesina” por medio de la cual buscó consolidar el apoyo a la cúpula militar, ofreciéndole controlar secciones de la economía y recursos para crear sus propios negocios y prestaciones generosas. Creó la “Escuela Militar Antiimperialista” e hizo que los soldados saludaran a sus oficiales con la consigna guevarista “Hasta la victoria siempre”. Al fin, el ejército burgués que Morales nunca desmanteló demostró ser leal a sus raíces en las dictaduras fascistas-militares de los generales Hugo Banzer y Luis García Meza y a la doctrina estatal de seguridad nacional de la Escuela de las Américas del Pentágono.

Las políticas derechistas del Gobierno de Morales llevaron a enfrentamientos continuos con la clase obrera y el campesinado y erosionaron gradualmente su apoyo. Sus oponentes derechistas en la oligarquía tradicional boliviana pudieron explotar los esfuerzos de Morales de obtener otro término como presidente —en violación a la Constitución a los resultados de un referéndum en 2016— para establecer una base popular de apoyo para sus objetivos contrarrevolucionarios.

Morales y la dirección del MAS son criminalmente responsables del golpe que ahora denuncian. Sus principales víctimas no serán ni Morales y sus socios políticos, sino las masas de trabajadores, campesinos y oprimidos en Bolivia.

Los otros culpables de los graves peligros que ahora enfrentan las masas obreras y oprimidas en Bolivia son los varios grupos pseudoizquierdistas que promovieron las pretensiones revolucionarias bolivarianas del Gobierno de Morales y pidieron que la clase obrera se subordinara a la dirección de los nacionalistas burgueses. Sus principales exponentes fueron las distintas tendencias revisionistas que se separaron del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) en rechazo a su lucha por la unidad internacional y la independencia política de la clase obrera con base en un programa socialista revolucionario. En cambio, estas tendencias se adaptaron al estalinismo y variaciones del nacionalismo burgués, ante todo, el castrismo.

El periodo en que estos partidos pudieron suprimir la lucha de clases ha llegado a su fin, no solo en América Latina, sino que internacionalmente. Los eventos en Bolivia, junto a los levantamientos masivos de trabajadores y jóvenes en Chile y el resto del continente latinoamericano, están demostrando que la clase gobernante ya no es capaz de gobernar de la misma manera y que es imposible para la clase obrera vivir de la misma manera, creando las condiciones para un nuevo periodo de levantamientos revolucionarios.

La tarea política más urgente es la formación de una nueva dirección revolucionaria en la clase obrera con base en una asimilación de la larga lucha del trotskismo contra el revisionismo. Esto significa construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional por toda América Latina.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de noviembre de 2019)