Mientras manifestaciones masivas continuaban en la capital La Paz y por todo el país, los dirigentes del partido Movimiento al Socialismo (MAS) del depuesto presidente bolviano Evo Morales han entrado en conversaciones sobre la crisis con representantes del régimen golpista que lo derrocó.

El objetivo declarado de estas conversaciones —que están siendo mediadas por la jerarquía católica, que apoyó el golpe, el embajador de la Unión Europea, que se ha negado a condenarlo, y un recientemente nombrado enviado de las Naciones Unidas— es producir la “pacificación” de Bolivia.

No es tarea fácil cuando decenas de miles de trabajadores, campesinos, indígenas y jóvenes seguían llegando a La Paz por quinto día consecutivo el viernes, sitiando las sedes del ejecutivo y del legislativo del gobierno boliviano. Las manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad también han continuado en Cochabamba y otras áreas de Bolivia, el país más empobrecido de Sudamérica.

Las protestas empezaron después de que Morales, su vicepresidente y la presidenta del Senado boliviano, miembro del MAS que era la tercera en la línea de sucesión, renunciaran el domingo pasado tras una oleada de violencia fascista contra simpatizantes del MAS y un pronunciamiento televisado de los mandos militares del país “sugiriendo” que Morales renunciara. Al día siguiente, Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otros se asilaron en México.

La derecha boliviana, respaldada por la Embajada estadounidense, lanzó una campaña para derrocar a Morales tras las elecciones del 20 de octubre en las que según ellos el gobierno organizó un pucherazo. No hay dudas de que Morales ganó la mayoría de los votos, pero la derecha, apoyada por representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que los resultados estaban manipulados para darle a Morales el porcentaje que necesitaba sobre su competidor derechista, Carlos Mesa, para evitar una segunda vuelta. No se aportaron pruebas de tal manipulación.

El enfado por la invalidación por parte de Morales del referéndum de 2016 que le negaba el derecho a postularse para otro mandato —después de casi 14 años en el poder— le dio a la campaña golpista una cierta base popular, particularmente entre las capas de la clase media en Bolivia.

Según las noticias de la prensa, el supuesto “diálogo” entre el MAS y el régimen golpista ha contado con la participación de Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado que renunció bajo presión, y fue luego apartada por la policía y los matones derechistas cuando intentaba volver a la legislatura, junto con otros legisladores del partido.

En el otro lado, está Jerjes Justiniano, el ministro de la presidencia del gobierno “interino”. También es el abogado de Luis Fernando Camacho, un hombre de negocios fascista y cristiano evangélico que supervisó gran parte de la violencia derechista y que ha presentado el golpe como una cruzada santa contra las tradiciones “satánicas” de la mayoría indígena del país. Carlos Mesa se ha uido como “observador” junto a otras figuras de la derecha boliviana.

El principal objetivo de las conversaciones es aplacar el descontento de las masas y preparar el escenario para nuevas elecciones en 90 días. Los representantes del MAS también abogaron por garantías de que los funcionarios del gobierno de Morales no sean perseguidos y que al partido se le permita postular candidatos.

La exigencia de que se le permita a Morales volver a Bolivia y presentarse a la reelección aparentemente fue retirada ante el veto de la derecha. El propio Morales le dijo a Reuters en México, “Por el bien de la democracia, si no quieren que yo participe, no tengo problemas en no presentarme en nuevas elecciones”.

Jeanine Áñez, la poco conocida senadora derechista opositora y ruidosa racista antiindigenista, que fue nombrada inconstitucionalmente como “presidenta interina” tras el derrocamiento de Morales, dijo el viernes que si él regresara a Bolivia se enfrentaría a cargos criminales por fraude electoral. Añadió en relación con el MAS que dependería de los tribunales si el partido podría participar en nuevas elecciones.

La declaración fue una de varias amenazas ultraderechistas lanzadas por el régimen golpista, que ha advertido de que los periodistas pueden ser arrestados por “sedición” y ha lanzado una caza de brujas contra los cubanos y los venezolanos en Bolivia, incluyendo la orden de expulsión de cientos de médicos cubanos que brindan servicios médicos a los sectores más pobres de la población.

En agudo contraste con la reacción combativa de la población boliviana al régimen golpista, el MAS en gran medida ha capitulado al arrebato del poder. Después de que se les prohibiera entrar en la legislatura, a los senadores y congresistas del MAS —que tienen dos tercios de los escaños— se les dejó volver el jueves. Votaron un nuevo presidente del Senado, en vez de confirmar a Salvatierra, quien sucedería constitucionalmente a Morales como presidente. También, no votaron sobre la renuncia del propio Morales, que tenían la potestad constitucional de rechazar y revertir.

El autojuramento de Áñez como “presidenta interina” fue llevado a cabo en presencia de una minoría de legisladores de derecha, la oposición fascista dirigida por Camacho y el comando militar, sin base legal. El MAS le ha concedido a esta presidenta ilegítima y pelele del imperialismo estadounidense su reconocimiento de facto.

La aceptación de un golpe derechista, respaldado por los EEUU, no es cuestión de cobardía personal, sino más bien una expresión de los intereses de clase reales que el MAS representa. A pesar de su retórica “socialista”, el gobierno del MAS de Morales ha forjado una alianza estratégica con las corporaciones transnacionales implicadas en la extracción de la riqueza energética y mineral del país, así como la oligarquía agrícola, usando una pequeña porción de la riqueza creada por el boom de mercaderías para brindar una asistencia social mínima a las masas empobrecidas de Bolivia.

El levantamiento de masas actual contra el golpe en Bolivia está amenazando cada vez más los intereses capitalistas. Habiendo dejado al menos a más de doce muertos, más de 500 heridos y cientos más arrestados, las protestas solo siguen creciendo.

Bloqueos de protesta casi hacen parar el tráfico de vehículos en Bolivia, dejando tirados a miles de camiones que llevan bienes a las ciudades. Campesinos prometieron que dejarían de enviar comida a La Paz y otros centros urbanos. Y, lo que causa más daño, la distribución de gasolina, combustible diesel y gas natural, que es utilizado para generar la energía de gran parte del sector industrial del país, ha sido interrumpida: la principal planta de la corporación energética estatal, la YPFB, en Senkata, a las afueras de El Alto, fue bloqueada por manifestantes. El gasoducto entre Carrasco y Cochabamba también ha sido cortado.

La Cámara Nacional de Industria de Bolivia (CNI) lanzó un llamamiento frenético el viernes para que la YPFB “atendiera con la mayor urgencia la reparación del gasoducto Carrasco-Cochabamba para impedir la parálisis de las actividades productivas industriales”.

La Paz se está quedando sin gas y diesel, y también sin abastecimiento de alimentos.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) lanzó una declaración aclamando la asunción de Áñez como “presidenta interina”, al tiempo que exigía que el gobierno creara “condiciones para la pacificación y la normalización de actividades en el país”. Añadía que era vital que se restaurara la “seguridad” para que Bolivia proyectara “la imagen de un país que es un buen destino de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras”.

Estos elementos capitalistas están exigiendo que las protestas de masas sean ahogadas en sangre. Por el momento, las fuerzas de seguridad no se han mostrado capaces de cumplir este objetivo. En muchos casos, las tropas se han negado a llevar a cabo órdenes de reprimir las manifestaciones.

La postración de Morales a los dictados del régimen golpista y las negociaciones de su partido, el MAS, en los términos de una “transición ordenada” están ayudando a allanar el camino al tipo de baño de sangre que requieren la oligarquía boliviana y el imperialismo estadounidense.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de noviembre de 2019)