Varias huelgas espontáneas recientes y emplazamientos “legales” a huelga anuncian un nuevo resurgimiento de las luchas obreras en las fábricas maquiladoras de autopartes, electrónicos y otros productos en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros.

El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), el más numeroso de la ciudad, está renegociando los contratos de 46 plantas y emitió un anuncio (emplazamiento) a huelga para el 1 de enero exigiendo un aumento salarial de 30 por ciento, la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas y un bono correspondiendo a cualquier aumento federal del salario mínimo para 2020.

El 28 de noviembre, los trabajadores de dos maquiladoras que producen maquinaria industrial, Ballinger Manufactures y Mexican Ensambly, realizaron paros espontáneos contra el cobro automático de cuotas para el Sindicato Industrial de Trabajadores de Plantas Maquiladoras y Ensambladoras (SITPME), el cual envió a matones para hostigar a los paristas. En Mexican Ensambly, donde la gerencia amenazó con cerrar la planta, los trabajadores han realizado otras huelgas espontáneas durante los últimos meses contra los despidos arbitrarios.

En medio de advertencias nerviosas, los Gobiernos de México y EE. UU. están apresurándose para encadenar a los trabajadores a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a la cual pertenecen el SJOIIM y SITPME, o a sindicatos llamados “independientes” después de que los trabajadores matamorenses se rebelaron contra los sindicatos a principios de este año y realizaron la huelga más grande en América del Norte en tres décadas.

Entre enero y abril, aproximadamente 70.000 trabajadores matamorenses organizaron independientemente una ola de huelgas espontáneas en oposición a 80 corporaciones transnacionales. Desatadas por noticias de que el SJOIIM, las empresas y el Gobierno conspiraron para eliminar sus bonos existentes y pasar por alto un bono extra y aumento salarial de 100 por ciento estipulados en su contrato como resultado de un aumento en el salario mínimo, las huelgas ganaron un aumento salarial de 20 por ciento y un bono de 32.000 pesos (US$1.700).

La fragilidad del intento de utilizar los emplazamientos a huelga para recuperar credibilidad e imponer un acuerdo entreguista fue expresada por el mismo líder del SJOIIM, Juan Villafuerte a Expreso, “el llamado es a que solo se informen a través de los gerentes, los jefes de Recursos Humanos o sus delegados en cada empresa sobre las negociaciones, avances y los pormenores del contrato colectivo”.

El presidente local de la Confederación Patronal de México (COPARMEX) declaró después de una reunión con el SJOIIM que “ya no podemos permitir que se presente lo que vivimos a principios del año pues Matamoros ya no aguantaría algo así y confiamos que la autoridad cumpla”.

Si el SJOIIM y SITPME están en una posición para intentar tal traición y hostigar a los huelguistas es porque los comités de base que formaron los trabajadores durante las huelgas fueron marginados por la intervención de los sindicatos mexicanos, la confederación sindical AFL-CIO de EE. UU. y el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta intervención fue protagonizada por la abogada laboral y políticamente conectada Susana Prieto, quien atacó directamente al World Socialist Web Site y el socialismo en sus intervenciones durante las huelgas. Insistiendo en que los trabajadores debían subordinar sus luchas a AMLO, alimentó las ilusiones en el Gobierno federal de Morena. Más recientemente, formó el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) en colaboración con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) —socio por años de Morena y la AFL-CIO— para competir con la CTM en Matamoros.

De esta manera, se bloqueó la lucha contra los 6.500 despidos, el boletineo (listas negras) y otras represalias contra los trabajadores más militantes después de las huelgas. Más allá, la semana pasada, Prieto afirmó que oficiales del SNITIS fueron atacados por matones de la CTM, pero cuando los obreros llamaron a “formar un grupo civil armado”, ella insistió oportunistamente que “se necesita librarse del jefe”, refiriéndose al líder del SITPME.

Más allá de los cientos de millones de dólares perdidos en ganancias durante la huelga, la clase gobernante se vio particularmente estremecida por la creación de comités de base elementales, los llamados a los trabajadores estadounidenses a que se “despierten” y se unan a la huelga y los cierres de plantas de ensamble de autos en EE. UU. y Canadá por la falta de partes. La revuelta también desató una ola de huelgas en todo México e intersectó con un resurgimiento de la lucha de clases internacionalmente marcada por las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia y los paros espontáneos docentes en EE. UU.

Al mismo tiempo en que desafiaban el apagón mediático de las huelgas, los llamados del WSWS a consolidar los comités de base y ampliar los llamados a los trabajadores de EE. UU. e internacionalmente recibieron una gran audiencia.

En una entrevista reciente con Automotive News, Ricardo Castro, encargado de temas laborales en México para la firma Baker McKenzie, sacó la conclusión de la huelga en Matamoros de que, “el riesgo de no tener sindicatos con la estructura necesaria y con la madurez para representar a los trabajadores, puede abrir la puerta a que otras organizaciones ‘hostiles’ tengan la iniciativa de crear su propio gremio”.

Los esfuerzos para socavar la iniciativa independiente de clase de los obreros y la influencia de una perspectiva internacionalista y socialista expone la mentira avanzada por los oficiales estadounidenses y mexicanos de que la promoción de supuestos “sindicatos independientes” busca mejorar los salarios y condiciones de los trabajadores en México y otros países.

Durante las negociaciones comerciales para el Tratado Comercial México, EE. UU., Canadá (T-MEC), los oficiales estadounidenses presionaron a las autoridades mexicanas a que promovieran “sindicatos independientes”. Conforme el imperialismo estadounidense intensifica sus medidas de guerra económica contra China y reorganiza la producción en América del Norte, busca poder confiar en que sindicatos que no estén tan desacreditados como la CTM prevengan huelgas y mantengan los salarios “competitivos”. El cabildeo en México para esto fue encabezado por la AFL-CIO y sus socios locales, incluyendo el SME.

De hecho, en una audiencia ante el Congreso de EE. UU. el 25 de junio, Gladys Cisneros, la directora del programa en México del Solidarity Center, el programa de subversión internacional de la AFL-CIO, se refirió al hecho de que los trabajadores mexicanos han perdido 80 por ciento de su poder de compra en los últimos 30 años. “El ejemplo reciente de Matamoros”, dijo, “ejemplifica lo que puede ocurrir cuando los trabajadores comienzan a tener mayores expectativas sobre su trato, sus ingresos y el comportamiento de sus sindicatos. La ola de huelgas obreras resultó en beneficios concretos para los trabajadores, que recibieron bonos y aumentos salariales, y desencadenó un movimiento que ha inspirado el país”.

La promoción de estos sindicatos es una parte integral de la promesa hecha este mes por Mike Pompeo, quien encabeza el Departamento de Estado de EE. UU. —el principal patrocinador del Solidarity Center— en respuesta a las protestas de masas en América Latina, de “trabajar con Gobiernos legítimos para prevenir que las protestas se conviertan en rebeliones y violencia que no refleje la voluntad democrática del pueblo”.

Como lo explicó en un testimonio ante el Congreso el 10 de marzo de 2010 la administradora adjunta de USAID, Susan G. Reichle, la agencia le estaba dedicando $7,25 millones anualmente para los programas del Solidarity Center en 20 países, incluyendo Brasil, Bolivia, Honduras, México y Nicaragua para crear “sindicatos libres e independientes”.

“Los trabajadores mexicanos han sido lentos en confiar en los actores de derechos laborales mientras presionan por tener más democracia en los lugares de trabajo”, se quejó Reichle, así que “algunos socios han comenzado campañas de presión públicas” para generar apoyo a los “sindicatos independientes y basados en los trabajadores” alineados con EE. UU. Estos programas procuran “construir una cultura de compromiso”, “sistemas predecibles de derechos y reglas” y “el desarrollo de democracia”. Añadió que, “al mismo tiempo en que la necesidad de competir internacionalmente tiene una presión negativa en los salarios, hay una mayor posibilidad de que los trabajadores contribuyan a manifestaciones más amplias de malestar político, a medida que los ciudadanos tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas”.

Lejos de promover una democracia auténtica en los lugares de trabajo y a nivel estatal, el predecesor del Solidarity Center, el AIFLD, cultivó los sindicatos que respaldaron el golpe de Estado de Chile en 1973 que instalaron la dictadura de Augusto Pinochet, así como los sindicatos que respaldaron el golpe fallido en Venezuela en 2002.

Más recientemente, como lo revela un cable publicado por WikiLeaks en abril de 2009, de la Embajada de EE. UU. en Siria a la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, y los Gobiernos de Francia y Reino Unido, una de las “ocho principales iniciativas específicas para Siria” con un presupuesto de $12 millones para “promover un ‘cambio de régimen’ y “aislar políticamente” al Gobierno electo sirio fue un financiamiento al Solidarity Center llamado “Construyendo capacidad sindical”.

Otro cable de 2009 publicado por Wikileaks señala que Gladys Cisneros del Solidarity Center facilitó negociaciones ese noviembre entre el sindicato de la Confederación General de Trabajadores (CGT) de Honduras, la cual había respaldado el golpe de Estado apoyado por EE. UU. cinco meses antes, y la empresa textilera Fruit of the Loom para reabrir una fábrica cerrada. “Le solicitó asistencia a la Embajada [de EE. UU.] para el registro expedito del sindicato bajo el nuevo nombre de la fábrica. El oficial político le explicó la política de no contacto por el golpe de Estado pero dijo que estaríamos dispuestos a ayudar en lo posible dentro de esas normas”, indica el cable.

Durante el derrocamiento respaldado por EE. UU. del presidente boliviano Evo Morales el mes pasado, la Central Obrera Boliviana (COB), que había sido un aliado clave de Morales y suprimió las luchas de clases durante sus 14 años en el poder, exigió que renunciara el mismo día que el ejército, rehusándose a convocar alguna acción industrial con el golpe de Estado y encabezando los llamados para nuevas elecciones para legitimar el régimen golpista de extrema derecha.

Independientemente de que fuera complotado directamente con las agencias estadounidenses o fue meramente una respuesta derivada de la orientación nacionalista y procapitalista propia de la COB que caracteriza todos los sindicatos no está claro. Sin embargo, la oligarquía financiera estadounidense y su Estado imperialista están promoviendo conscientemente los sindicatos en México e internacionalmente para sofocar la resistencia en la clase obrera a campaña para intensificar la explotación, el gobierno autoritario y el neocolonialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 12 de diciembre de 2019)