La asunción de un gobierno en minoría del Partido Socialista Obrero Español y Podemos en España la semana pasada plantea temas políticos esenciales a los trabajadores de Europa y el mundo. Aunque sus arquitectos lo consideran el gobierno más progresista de España desde la Segunda República (1931-1939), está de hecho comprometido a imponer la austeridad, atacar los derechos democráticos y con el militarismo.

Tendrá lugar en una retórica del tipo anterior a la guerra civil de los partidos derechistas —el Partido Popular (PP), Ciudadanos y el ultraderechista Vox— que están procurando derrocar al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Durante el debate de investidura acusaron a Sánchez de ser un "traidor" y un "sociópata" por aceptar el apoyo de los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco. Vox exigió que el Estado interviniera para parar la investidura de Sánchez, después de que España pasara por cuatro golpes en el siglo XX, de los cuales el de 1936 llevó a una guerra civil de tres años y una dictadura fascista de 39 años bajo Francisco Franco.

El carácter del nuevo gobierno, sin embargo, no se puede medir en base a los ataques de la derecha, sino por su programa político y la historia de los partidos que lo conforman.

La vicepresidenta de economía será Nadia Calviño, conocida por su defensa de políticas neoliberales en la Unión Europea. Estará encargada de implementar recortes y subidas de impuestos para cumplir la promesa del gobierno a la UE de €8 mil millones en medidas de austeridad este año. Podemos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han prometido "respetar los mecanismos de la disciplina presupuestaria".

El gobierno del PSOE y Podemos será el primero en ser afectado por la enmienda del Artículo 135 de la Constitución, para "asegurar la estabilidad presupuestaria", aprobada por el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, con el respaldo del PP. Esta enmienda hace del reembolso de la deuda pública una prioridad por encima del gasto social a todos los niveles del gobierno. La ley permitió un lapso de nueve años hasta entrar plenamente en vigor. La enmienda ahora requiere que el gobierno del PSOE y Podemos recorte €25 mil millones y reduzca la deuda nacional en quinientos millones de euros.

Según el acuerdo entre el PSOE y Podemos, el impuesto a la renta de los que ganen más de €130.000 al año subirá un 2 por ciento (4 por ciento para los que ganen más de €300.000). Esto quiere decir que el 0,5 por ciento más rico de la población pagará el 49 por ciento, todavía por debajo de otros países como Bélgica (60 por ciento) o Francia (55 por ciento). Hasta el predecesor derechista de Sánchez tenía un impuesto a la renta más alto para la categoría más rica (el 52 por ciento) entre 2012 y 2014.

El impuesto al capital también subirá cuatro puntos porcentuales para aquellos con ingresos por encima de los €140.000, y el impuesto a la renta tendrá una nueva tasa mínima del 15 por ciento, mientras que los bancos y las compañías energéticas tendrán que pagar un 18 por ciento. Todos estos todavía son más bajos que la media europea.

Los trabajadores se llevarán la peor parte de los nuevos impuestos mediante aumentos en impuestos al diesel, el billete de tren, peajes y contribuciones de los autónomos a la seguridad social. Debido a la creciente precariedad, muchos trabajadores son "falsos" autónomos, dado que las compañías los declaran como contratistas aunque hacen un trabajo regular.

Los tan esperados límites a los precios del alquiler en el mercado inmobiliario han quedado reducidos a la promesa de dejar a las autoridades municipales imponer techos "temporales" a los alquileres si descubren aumentos de los alquileres "abusivos" no definidos. En los últimos cinco años, sin embargo, los alquileres han subido cerca de un 50 por ciento en ciudades como Madrid o Barcelona.

La coalición también ha prometido revertir algunas de las provisiones de la reforma laboral del PP de 2012, aunque no de la que aprobó el PSOE en 2010. Ambas medidas ayudaron a recortar los niveles de los salarios aumentando el número de contratos temporales y parciales, promocionando períodos de prácticas o formación sin paga, facilitando el despido, y dejando que las empresas hagan recortes salariales unilaterales en caso de prever pérdidas.

Las estadísticas más recientes muestran los efectos desastroso de estas políticas. Los ingresos medios de los trabajadores por debajo de los 35 años de edad cayeron más del 23 por ciento, de €35.600 en 2011 a €27.300 en 2017. Más del 90 por ciento de los nuevos contratos son a tiempo parcial o temporales, de días o semanas. De aproximadamente 17 millones de asalariados en España, casi 6 millones, o el 35 por ciento, son trabajadores precarios.

La nueva ministra de trabajo, la estalinista Yolanda Díaz, no revocará la mayoría de los ataques a los trabajadores. En cambio, el gobierno se compromete a modificar partes más polémicas de la reforma laboral, como la autorización para despedir trabajadores o la baja por enfermedad o cambiar unilateralmente los contratos de trabajo.

El gobierno también afirma que aumentará el salario mínimo de €1.050 al 60 por ciento del salario mensual medio de España, €1.970 —es decir, €1.182— para finales de 2024. Este es un aumento de menos del 2,4 por ciento al año.

José Luis Escrivá estará a cargo del ministerio de seguridad social, inclusión e inmigración. Exempleado del Banco de España, del Banco Central Europeo, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España y el banco BBVA, presidirá los centros de detención de inmigrantes, donde se los mantiene en condiciones carcelarias. El último gobierno del PSOE reprimió violentamente a los inmigrantes, en estrecha colaboración con Marruecos para bloquear las pateras con inmigrantes para que no lleguen a costas españolas.

Escrivá también estará encargado de hacer recortes en el sistema de las jubilaciones para hacerlo "sostenible". En años recientes, se han estado haciendo llamamientos desde el interior del establishment político para hacer recortes profundos al gasto público en las pensiones.

El sociólogo Manuel Castells (Podemos) será el ministro de las universidades. Castelles ha defendido abiertamente el sistema universitario estadounidense, donde cada universidad tiene estructuras "independientes" y puede atraer inversiones del sector privado —y donde los estudiantes pagan decenas de miles de euros en el coste anual de la matrícula.

Arancha González Laya presidirá la política exterior imperialista española. El nuevo gobierno también tendrá que responder a una petición de Washington para aumentar la presencia naval estadounidense en la base naval de Rota en España en un 50 por ciento, lo que la convertiría en la mayor base naval estadounidense en el sur de Europa. Esto es parte de un impulso global hacia la guerra, incluyendo el actual fortalecimiento militar contra Irán en el Golfo Pérsico.

En derechos democráticos, el nuevo gobierno ha dicho que cambiará la Ley de Seguridad Ciudadana (la "ley mordaza") que restringe severamente el derecho a reunirse libremente y a manifestarse. Sin embargo, el anterior gobierno del PSOE no cambió esto, y el año pasado aprobó una ley de censura del internet, llamada "ley de seguridad digital". Podemos se abstuvo en la votación para permitir que se aprobara esa ley de censura. Esta permite al Estado cerrar comunicaciones digitales, sitios web y aplicaciones a su discreción, sin orden judicial.

Seguirá adelante la campaña anticatalana, el principal marco que ha estado utilizando la clase gobernante para justificar su agenda derechista. El nuevo gobierno ha señalado que no se opondrá a la campaña de los tribunales contra los nacionalistas catalanes y no liberará a los nueve políticos catalanes encarcelados tras un fraudulento juicio espectáculo supervisado por el PSOE.

La semana pasada la Junta Electoral de Barcelona destituyó al presidente regional catalán Quim Torra como diputado del parlamento catalán, lo que lo inhabilita efectivamente para seguir siendo el presidente de la Generalitat. Ello sucede tras una decisión del Tribunal Supremo español en apoyo de la orden de la Junta Electoral Central que lo suspende como miembro del parlamento. El mismo órgano dictaminó que el dirigente catalán encarcelado Oriol Junqueras, que recibió 1,7 millón de votos, no puede abandonar la custodia para ocupar su escaño como miembro del parlamento europeo. El gobierno del PSOE y Podemos ni comentó.

El dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, dijo durante el debate de investidura de la semana pasada, "El próximo gobierno necesitará críticas y presión de los movimientos sociales para hacer las cosas bien". Esto suena a cómo el aliado griego de Podemos, Syriza, convocó huelgas y manifestaciones contra sus propias medidas de austeridad mientras era el partido de gobierno. Sin embargo, esto no hizo nada por detener los ataques violentos de Syriza contra los trabajadores y los inmigrantes en Grecia.

Ahora se reconoce de manera generalizada, hasta en los medios de comunicación burgueses, que la agenda derechista del gobierno del PSOE y Podemos allana el camino para que el partido fascista Vox y su líder Santiago Abascal tomen el poder.

Estefania Molina de El Confidencial esribió que Podemos es "ahora parte del sistema, y prueba de ello es que su líder ya no habla del 'régimen del 78', o evita hablar de 'presos políticos' ... Bueno, si Podemos es parte del sistema, el partido que cosechará los beneficios de la desafección de los ciudadanos con la política, de ahora en adelante, será Vox ... Abascal está mirando a la precaria clase media y trabajadora, los desilusionados con la política".

(Publicado originalmente en inglés el 13 de enero de 2020)