La huelga de 1.800 mineros del cobre en las instalaciones de Asarco en Arizona y Texas ha llegado a su cuarto mes. Los mineros y sus familias siguen oponiéndose valientemente a las demandas de la gigante minera de cobre de duplicar los costos de salud, extender un congelamiento salarial de una década para la mayoría de los trabajadores y atacar las pensiones. La huelga inició el 13 de octubre, dos días después de que los trabajadores votaran por un margen de tres a uno en contra de la oferta “última, mejor y final” de la empresa.
Los sindicatos United Steelworkers (USW, todas las siglas en inglés), Teamsters y otros seis activos en la empresa han seguido aislando la huelga. Mientras tanto, los oficiales sindicales les están diciendo a los trabajadores que volteen en busca de apoyo hacia la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) de Trump, el gobernador de Arizona, Doug Ducey y el Partido Demócrata.
Todo esto es peor que inútil. Incluso si la NLRB falla que el paro se debe a prácticas laborales injustas, esto no detendrá las demandas de la empresa de concesiones sin precedentes, sino que solo le ofrecerá una oportunidad al USW para acabar la huelga según los términos de la gerencia.
Ducey tampoco ayudará. Este multimillonario extitular de las heladerías Cold Stone Creamery sirve a los intereses corporativos del estado, cuya hostilidad a la educación pública provocó un paro espontáneo a nivel estatal 2018. En lo que concierne a los demócratas, los mineros del cobre veteranos nunca olvidarán que fue el gobernador “protrabajador” demócrata Bruce Babbitt (apodado Bruce “Scabbitt” por los mineros [del inglés scab; rompehuelgas]) que despachó a cientos de soldados de la Guardia Nacional para aplastar la huelga de mineros del cobre en Phelps Dodge de 1983.
Los oficiales sindicales, incluyendo el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, el presidente de los Teamsters, James P. Hoffa, y el presidente del USW, Tom Conway, han concentrado sus críticas en los propietarios mexicanos de Asarco, alegando que el conglomerado Grupo México, la cuarta mayor minera de cobre del mundo, es un empleador deshonesto que necesita ser presionado para que acate las leyes laborales de EE. UU. Los sindicatos están ocultando varios hechos básicos.
En primer lugar, algunos de los principales accionistas de esta “empresa mexicana” son las firmas basadas en Wall Street. En segundo lugar, las leyes laborales estadounidenses no han prevenido que las corporaciones controladas por estadounidenses libraran por cuatro décadas una guerra contra la clase obrera en EE. UU. y todo el mundo. En tercer lugar, toda la industria minera de cobre y metales está dominada por corporaciones globales gigantes, incluyendo Freeport-McMoRan, con sede en Phoenix, Arizona, que compró Phelps Dodge en 2007, la británica-australiana Rio Tinto, que compró Kennecott Copper en 1989, BHP Billiton basada en Australia y la estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo.
No es posible librar una lucha aislada contra corporaciones transnacionales gigantes. Los mineros de Asarco deben romper con la camisa de fuerza impuesta a su lucha por el USW y los otros sindicatos. Deben formar comités de huelga de las propias bases para expandir la huelga al resto de la industria minera del cobre y otros metales, tanto en EE. UU. como internacionalmente. Esto incluye huelgas y otras acciones con los trabajadores de Grupo México al sur de la frontera.
En las líneas de huelga de Asarco en Arizona y Texas existe un apoyo generalizado a la solidaridad internacional y acciones transfronterizas con los mineros mexicanos y de América del Sur. En un esfuerzo por retener la credibilidad entre los mineros en huelga, el USW y los otros sindicatos han apuntado a su estrecha colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgico y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), conocido como Los Mineros.
Sin embargo, a pesar de la antigua relación entre los sindicatos, que se remonta al menos dos décadas, ni el USW ni Los Mineros jamás han convocado a huelgas transfronterizas o ninguna otra acción internacional importante cuando mineros en México o EE. UU. hicieron huelgas contra el Grupo México o cualquier otra minera gigante. Por el contrario, la “solidaridad internacional” ha estado en gran medida limitada a declaraciones de prensa.
Vale la pena mirar de cerca al antiguo líder de Los Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, que el USW y la AFL-CIO aclaman como el heroico líder de un “sindicato independiente”. Gómez, un economista educado en Oxford que nunca trabajó un día en las minas, heredó su posición de su padre —Napoleón Gómez Sada— quien gobernó el sindicato por cuatro décadas hasta que se lo legó a su hijo en 2001. Gómez padre fue uno de los charros (jefes sindicales corruptos) instalados por el exoficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la tarea de suprimir la oposición izquierdista de la clase obrera al PRI y los gánsteres que controlaban la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
La oposición obrera al aparato sindical mexicano y, en particular, contra Napoleón Gómez Urrutia, estalló después de una explosión de metano el 19 de febrero de 2006 que mató a 65 trabajadores en la mina Pasta de los Conchos de Grupo México en el estado de Coahuila, cerca de la frontera con Texas. Menos de dos semanas antes, el sindicato había firmado un reporte gubernamental que declaraba que la mina Pasta de los Conchos era segura.
Después de la explosión, los parientes de los mineros asesinados llamaron a Gómez una “rata” por rehusarse a visitar la mina durante una semana tras la explosión, luego lo expulsaron de la mina hasta las oficinas de la gerencia. La colaboración del sindicato con los inspectores del Gobierno y las empresas quedó expuesta cuando Gómez no pudo explicar por qué el sindicato no había intentado cerrar la mina antes de la explosión, después de que los inspectores hallaran violaciones críticas de seguridad en la mina dos semanas antes, incluyendo altos niveles del explosivo gas metano.
Después de que los mineros de cobre y zinc de Grupo México realizaron huelgas espontáneas por el cruel menosprecio de la empresa en cuanto a la seguridad, Gómez no tuvo otra opción más que denunciar a la empresa por un “homicidio industrial” y convocar una huelga de un día por parte de los 250.000 miembros del sindicato. Poco después, la secretaria de Trabajo bajo Fox decidió deponer a Gómez de la dirección del sindicato tras ser acusado de malversar $55 millones de un fondo sindical.
A pesar de que él había servido fielmente el Gobierno capitalista en México por décadas —coludiendo en los ataques a los beneficios, pensiones y salarios de los mineros y trabajadores siderúrgicos— el Gobierno de Fox emprendió contra Gómez porque perdió confianza en su capacidad para suprimir la creciente militancia de la clase obrera. Gómez también enojo a Fox por oponerse a los esfuerzos del Gobierno para reformar las antiguas relaciones corporativistas entre las empresas, los sindicatos y el Gobierno, que ayudaron a enriquecer a la inflada burocracia sindical.
Con la ayuda de la burocracia del USW en EE. UU. y Canadá, Gómez escapó a Vancouver, Canadá, con su familia, y el Gobierno canadiense lo protegió en contra de las solicitudes de extradición del Gobierno de México y la Interpol. Según el expresidente del USW, Leo Gerard, el sindicato estadounidense llevó a Gómez a EE. UU., donde lo refugió Terry Bonds, el entonces director distrital del USW en Albuquerque, Nueva México. Poco después, fue a Vancouver, Canadá, donde trabajó en la oficina del distrito 3 del USW por 12 años.
En 2005, el USW y Los Mineros firmaron una Alianza Estratégica, la cual fue expandida luego a una Alianza de Solidaridad entre ambos sindicatos durante la Convención Internacional del USW en 2011. Entre 2006 y 2014, mientras los mineros de cobre en México y EE. UU. emprendían varias huelgas, ambos sindicatos hicieron todo lo posible para separar a los mineros en cada lado de la frontera y prevenir una lucha común. “Sabemos perfectamente que los sindicatos necesitamos suficiente flexibilidad para adaptarnos a los ciclos de producción. Queremos ser un sindicato responsable”, le dijo Gómez al Wall Street Journal en enero de 2014, dejando en claro que el sindicato continuaría permitiendo recortes de empleos y salarios durante las recesiones económicas. “Pero los salarios también tienen que aumentar significativamente cuando el precio de la libra de cobre sube 600 por ciento, como ha ocurrido en los últimos cinco años”.
Las acusaciones de malversación de fondos provienen de la administración de un fondo establecido a fines de los años ochenta, cuando el padre de Gómez facilitó la privatización de varias mineras estatales. El fondo asignaba 5 por ciento de las acciones vendidas de esas empresas para los trabajadores en esas minas. En 2005, Gómez y otros líderes sindicales disolvieron el fondo y enviaron el dinero a una cuenta bancaria del sindicato. Según el Wall Street Journal, una investigación legislativa mexicana en 2006 descubrió que muchos de los trabajadores no recibieron los fondos. Denunciaron a Gómez por fraude, acusándolo de utilizar el dinero para financiar un estilo de vida extravagante, de viajes en jets privados y otros lujos. Gómez argumentó que el dinero era para el sindicato, no para trabajadores individuales.
En agosto de 2014, un panel de jueces federales mexicanos falló que el sindicato se había apropiado legalmente del dinero del fondo y anuló los cargos criminales contra Gómez. Los jueces no fallaron sobre si el dinero fue utilizado o no ilegalmente, y los trabajadores siguen exigiendo su dinero.
El fallo fue parte de una decisión para rehabilitar a Gómez ya que se requería nuevamente de sus servicios cuando resurgieron las luchas de los trabajadores. En 2017, Los Mineros respaldaron la campaña presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, un defensor del capitalismo que utiliza retórica izquierdista, prometiéndoles a los trabajadores mejoras. Con el respaldo del partido Morena de AMLO, Gómez obtuvo un escaño en el Senado en agosto de 2018 y regresó a México tras 10 años en el exilio.
El principal interés del USW, la AFL-CIO y Los Mineros no es unir a los trabajadores a través de la frontera. Por el contrario, se han unido para prevenir que la rebelión cada vez mayor de los trabajadores mexicanos contra la corrupta y gansteril CTM asuma una forma izquierdista y anticapitalista, amenazando los intereses de las multinacionales estadounidenses y apeligrando con propagar la “infección” del socialismo y el internacionalismo a los trabajadores estadounidenses que están avanzando sus propias luchas como en Asarco.
Esto fue demostrado cuando 70.000 trabajadores de autopartes y electrónicos en las maquilas de Matamoros, México, se rebelaron contra la CTM en enero y febrero de 2019, cargaron pancartas que decían “Sindicatos y empresas matan a la clase obrera” y marcharon a la frontera para apelar a que los trabajadores estadounidenses se unieran a sus huelgas. Gómez anunció la fundación de la “Confederación Internacional de los Trabajadores” (CIT) junto al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el 13 de febrero de 2019, un día después de que los trabajadores en huelga de Fisher Dynamics en Matamoros le enviaron un video al World Socialist Web Siteexpresando su solidaridad con los trabajadores de General Motors que luchaban contra los cierres de planta en EE. UU. y Canadá.
Ante una rebelión de los trabajadores, la sección local de Los Mineros, que supuestamente es independiente de la CTM, intervino en las asambleas democráticas masivas de los trabajadores para insistir en que los trabajadores “den la confianza a nuestro presidente [municipal]”, un miembro de Morena, y que permanecieran atados a “nuestras autoridades”, incluyendo los sindicatos de la CTM.
Gómez pertenece al Comité Ejecutivo de IndustriAll, un supuesto “sindicato global” compuesto por las burocracias sindicales de Norteamérica y Europa que comenzó a construir lo que llamó “sindicatos libres e independientes” en México, basados en los lazos entre la gerencia y los sindicatos establecidos por los sindicatos en Norteamérica y Europa, así como un rechazo explícito de la solidaridad internacional auténtica de la clase obrera y su lucha hacia el socialismo.
Estos dizques “sindicatos independientes” fueron un factor clave en la redacción del nuevo Tratado de México, EE. UU. y Canadá (T-MEC) del presidente Donald Trump, cuyo propósito es fortalecer a las corporaciones transnacionales estadounidenses contra China y otros competidores. Bajo el T-MEC, el Gobierno mexicano ha de promover los “sindicatos independientes”, es decir, sindicatos controlados por títeres corporativos como Gómez.
El sindicato minero mexicano también es un socio del Solidarity Center, una institución financiada por el Gobierno de EE. UU que pertenece a la confederación AFL-CIO y trabaja junto a las operaciones del Departamento de Estado de EE. UU. para desestabilizar y derrocar cualquier Gobierno, como en Venezuela, que se considere hostil a los intereses globales del imperialismo estadounidense. El predecesor del Solidarity Center era el Instituto Estadounidense por el Desarrollo de la Libertad Laboral (AIFLD), un frente “sindical” de la CIA involucrado en un golpe de Estado militar respaldado por EE. UU. tras otro. Esto incluyó el derrocamiento en 1973 del Gobierno chileno de Salvador Allende, que había nacionalizado la propiedad de las enormes mineras estadounidenses Anaconda y Kennecott. La dictadura del general Augusto Pinochet instalada por EE. UU. con el respaldo completo del AIFLD llevó a cabo una campaña brutal de asesinatos, tortura y represión contra los trabajadores, estudiantes y mineros izquierdistas, la vanguardia de la clase obrera chilena.
Los trabajadores en huelga en Asarco necesitan unirse con los trabajadores de todo EE. UU., México y más allá. Pero lograr esto requiere que tomen el control de la lucha fuera de las manos del USW, los Teamsters y todos los sindicatos patronales que están preparando otra derrota. Los trabajadores necesitan construir comités de huelga de las propias bases para extender la huelga al resto de la industria minera de cobre y otros metales y unir a los trabajadores de EE. UU. y México en una batalla común contra Grupo México y sus inversores de Wall Street.
Esto debe ser acompañado por una lucha política contra ambos partidos corporativos y el desarrollo de un movimiento político poderoso para luchar por el socialismo, incluyendo la transformación de las gigantes transnacionales mineras en utilidades públicas, bajo propiedad colectiva y el control democrático de los trabajadores, como parte de la reorganización de la economía mundial para atender las necesidades humanas y no el lucro corporativo.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de enero de 2020)