El viernes, la policía española atacó a los trabajadores del acero del País Vasco que protestaban por ser obligados a volver a sus trabajos inseguros y no esenciales en medio de la pandemia de COVID-19. Uno de los países más golpeados, con 80.031 enfermos y 6.802 muertos —más del doble del total de fallecidos en China— España ha impuesto órdenes de estricto confinamiento a su población. Sin embargo, grandes empresas siguen exigiendo que millones de trabajadores vayan a trabajar sin necesidad para seguir produciendo ganancias para la clase gobernante.

Bajo estas condiciones, el gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el partido pequeñoburgués Podemos envió a la policía para atacar a trabajadores que luchaban por defender su salud y su vida contra el dictado de los bancos.

El viernes, los trabajadores de Sidenor, una empresa acerera establecida en el País Vasco español, fueron a la huelga después de que los sindicatos nacionalistas vascos convocaran una protesta "Haserre Gaude" ("estamos enfadados" en euskera). El llamamiento anunciaba que tenía por objetivo "asegurar que la salud pública prime sobre la decisión de empleadores y gobiernos de dar prioridad a los intereses económicos". Los trabajadores habían sido llamados para organizar un paro el mediodía del viernes.

Cuando los trabajadores empezaron la protesta, la Ertzaintza, la polcía regional vasca, intervino para evitarla y luego para dispersarla. Los trabajadores les gritaban a los policías, exigiéndoles que comprobaran "las falsas medidas de salud y seguridad que existen en la empresa" contra el COVID-19, en vez de reprimir la protesta.

Un trabajador presente en la protesta le dijo al diario vasco Naiz: "Después de que terminara la intervención de los medios, una patrulla de la Ertzaintza fue hacia los miembros del comité y les prohibió seguir con la protesta, aunque estaba teniendo lugar dentro del recinto de la empresa".

Esta protesta se produce una semana después de que se hiciera viral en las redes sociales un vídeo que muestra a un trabajador parado por la policía y al que amenazan con una multa por ir a trabajar en bicicleta. El policía decía que ir en bicicleta era ilegal y violaba el estado de alarma, que requiere que todo el mundo se quede en casa a no ser que esté yendo al trabajo o saliendo para comprar bienes esenciales como medicamentos o comida. El trabajador replicó que estaba yendo a trabajar y que en vez de multarlo a él debería ir a su fábrica a inspeccionar las condiciones en las que los obligan a trabajar.

Para proteger su vida e imponer medidas de salud pública apropiadas, los trabajadores se están enfrentando a una lucha política contra el gobierno del PSOE y Podemos y gobiernos similares en todo el mundo. Para llevar adelante esta lucha contra la represión policial, los trabajadores necesitan sus propias organizaciones: comités de acción independientes de los sindicatos y sus partidos políticos aliados como Podemos.

Estos comités pueden luchar por demandas críticas como el cierre de la producción no esencial y paga plena para los trabajadores inactivos, y asegurar el bienestar de los trabajadores que están enfermos o en cuarentena obligatoria.

A nivel internacional, la clase trabajadora ha surgido como la principal fuerza que está luchando por una respuesta humana y científica a la pandemia del COVID-19. Una oleada inicial de paros espontáneos en Italia, que surgieron independientemente de los sindicatos, dejó pasmado al gobierno italiano, obligándolo a implementar llamamientos a las autoridades sanitarias para políticas de confinamiento masivo para enlentecer y parar la propagación del COVID-19.

En los EEUU, los trabajadores de la industria del automóvil, sanitarios, armadores, transportistas, trabajadores de almacenes de comida, criadores de aves y trabajadores de Amazon han cerrado fábricas para protestar contra las condiciones inseguras de trabajo. Han estallado huelgas también entre los trabajadores postales británicos, chóferes de autobús y trabajadores automotores en Francia, y los trabajadores de la Fiat-Chrysler en Canadá. En España, fabricantes como Airbus, Mercedes-Benz, Michelin, Seat, Renault y Nissan cerraron solo cuando los trabajadores dejaron de ir a trabajar.

La feroz represión policial desatada bajo la autoridad de los socialdemócratas y del partido pseudoizquierdista Podemos es una advertencia a la clase trabajadora no solamente de España sino de todo el mundo. Se enfrenta a una lucha despiadada no solo contra los empleadores individuales, sino también contra partidos del establishment político capitalista que la élite gobernante lleva décadas promocionando engañosamente como "izquierdistas".

La pandemia del COVID-19 ha dejado al desnudo que Podemos es un defensor de las ganancias capitalistas y despiadadamente hostil a la clase trabajadora, y exige que los trabajadores se jueguen la vida en trabajos no esenciales para hacer crecer las fortunas de los súper ricos.

No solo Podemos, sino también las corruptas burocracias sindicales están contra los trabajadores. La estalinista Comisiones Obreras (CCOO) y la pro-PSOE Unión General del Trabajo (UGT) han guardado un silencio ensordecedor acerca del ataque policial a los trabajadores de Sidenor. En cambio, están ocupados trabajando con los grandes negocios, el PSOE y Podemos para imponer despidos masivos (expedientes de regulación temporal de empleo, o ERTE), que permiten que las empresas suspendan contratos de trabajo "por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, o por fuerza mayor".

Cientos de miles de trabajadores han sido afectados por ERTEs, y varios miles lo serán en las semanas que se aproximan. Los empleados afectados por un ERTE pueden acceder a subvenciones de desempleo, pero solo bajo condiciones estrictas, como ser el haber pagado las tasas a la seguridad social durante más de 360 días.

El sábado, poco después del enfrentamiento en Sidenor y después de que las autoridades sanitarias españolas reportaran que el viernes se había roto otro récord de muertes en un solo día con 832 fallecimientos, el gobierno ordenó a todos aquellos en trabajos no esenciales que se queden en casa hasta el 9 de abril, exigiendo medidas "extraordinariamente duras". "Esta medida reducirá la movilidad de la gente todavía más [pero] reducirá el riesgo del contagio y nos permitirá descongestionar unidades de cuidados intensivos", dijo Sánchez.

Esto fue un giro de 180° después de que Sánchez, haciéndose eco de la política del "hay que volver al trabajo" del presidente estadounidense Donald Trump, desestimara llamamientos crecientes por parte de trabajadores y una carta abierta de 70 destacados científicos, para implementar un confinamiento total en las regiones más afectadas. La semana pasada, Sánchez se mofó de esas políticas, diciendo: "Cuando dicen que hay que incrementar las medidas de confinamiento total, ¿qué quieren decir? ¿Que la gente no pueda salir a comprar pan? ¿El que tenga un hijo autista que no pueda sacarlo a pasear?".

Se obligó a millones de trabajadores a acudir a sus empleos no esenciales en autobuses, metros y trenes atiborrados, y luego a trabajar en condiciones antihigiénicas en sus lugares de trabajo, propagando el COVID-19 y probablemente cobrándose miles de vidas más.

El vicepresidente del gobierno y dirigente de Podemos Pablo Iglesias, que ha estado guardando un perfil bajo durante la pandemia, intervino el sábado para apoyar el anuncio de Sánchez. En Twitter, citó el Artículo 128 de la Constitución española que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".

Iglesias adjuntó un vídeo de la ministra de trabajo y miembro de Podemos, Yolanda Díaz, diciendo en la rueda de prensa de ayer que el gobierno dará prioridad al interés nacional "por encima de los intereses privados" y que no "aceptará presiones de ninguna clase para alterar el confinamiento". Prometió que después de la pandemia, habrá "más derechos para los trabajadores, un tejido productivo más fuerte y sin dudas más cuidado a nuestro pueblo".

¿A quién cree Iglesias que le está tomando el pelo? El gobierno del PSOE y Podemos no es amigo de los trabajadores, sino un despiadado Estado policial que implementa los dictados de los bancos.

Se ha comprometido a "movilizar hasta €200 mil millones" para rescatar a los bancos y a las grandes corporaciones, al tiempo que reserva apenas €17 mil millones para prestaciones por desempleo. La orden de confinamiento del domingo, elogiada por Iglesias, estipula que los trabajadores confinados "tendrán que recuperar las horas de trabajo perdidas" perdiendo días de vacaciones, perdiendo fines de semana o alargando la jornada laboral. Si el confinamiento sigue vigente hasta el 9 de abril, esto obligaría a millones de trabajadores de España a trabajar al menos 80 horas no remuneradas.

La lucha por las demandas económicas y sanitarias legítimas y esenciales de la clase trabajadora la llevará inevitablemente a una confrontación frontal con Podemos y el PSOE, y hacia una lucha por el poder estatal y la implementación de políticas socialistas.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de marzo de 2020)