Un extraordinario documento filtrado del Ministerio de Trabajo español, dirigido por la ministra de Podemos, Yolanda Díaz, afirma que el gobierno español acepta que el 70 por ciento de la población se infectará con el COVID-19, dejando infectado a un tercio de los empleados en cada lugar de trabajo. Es decir, el gobierno español está basando sus políticas, incluida la obligatoriedad de volver a trabajar para millones de trabajadores no esenciales, en su disposición a aceptar millones de infecciones y cientos de miles de muertes en España.

El miércoles, la agencia privada de noticias española Europa Press informó sobre un contrato filtrado del Servicio Público de Empleo del Estado, una agencia del Ministerio de Trabajo, con Quirón Prevención, una empresa de prevención de riesgos laborales. El servicio estatal estaba contratando a Quirón Prevención para evaluar a sus empleados haciendo un trabajo esencial relacionado con el impacto económico del COVID-19, como el procesamiento de solicitudes de desempleo y despidos temporales. El departamento ha experimentado varias bajas por enfermedad debido al COVID-19 en el último mes.

Para justificar la solicitud del contrato de emergencia, la agencia declaró: “La experiencia acumulada en las últimas semanas muestra que la aparición de un caso entre el personal que brinda servicios mínimos puede indicar contagio a otros trabajadores. Esto hace que sea necesario tomar medidas para averiguar, de forma voluntaria, si los que están en contacto con nuestro personal están infectados o no para evitar su regreso al trabajo, o hacerlo de manera segura para que no transmitan el virus".

Continuó destacando que las pruebas del COVID-19 son necesarias "dado que casi todos los lugares de trabajo presentarán un caso, la relación de transmisión es de aproximadamente de 1 a 3 y el pronóstico de las autoridades sanitarias es que alrededor del 70 por ciento de la población se infectará en los meses venideros".

Este es el primer reconocimiento público de las previsiones de infección realizadas por el gobierno español del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos. Estas estimaciones significan que alrededor del 70 por ciento de la población española de 47 millones, o 33 millones de personas, estará infectado. Basado en la tasa de letalidad del 3,4 por ciento para COVID-19 estimada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto significa que el PSOE y Podemos aceptan que mueran alrededor de 1,1 millones de personas.

A modo de comparación histórica, las estimaciones actuales indican que la Guerra Civil española (1936-1939) provocó aproximadamente 500.000 muertes por todas las causas: muertes en combate, bombardeos y ejecuciones, así como enfermedades, hambruna y otras causas. Alrededor del 3,3 por ciento de la población española murió en la guerra, y otro 7,5 por ciento resultó herido.

Una cifra de muertes tan masiva y horrible marcó irrevocablemente la conciencia de la clase trabajadora. Ochenta años después, España todavía recuerda el sufrimiento provocado por el golpe militar fascista que desencadenó la guerra. Innumerables pinturas, estatuas, memoriales y canciones conmemoran este evento histórico. Se estima que se han escrito 20.000 libros sobre la guerra civil.

Ahora, sin embargo, el gobierno español está aceptando, en la letra pequeña de un contrato para una agencia de la que la mayoría de los españoles nunca han oído hablar, que más del doble de víctimas de la Guerra Civil española podría morir.

Esta respuesta expone la bancarrota y la criminalidad del sistema capitalista. Las medidas clave para detener la propagación del virus son el encierro, las pruebas masivas y el aislamiento y tratamiento de los enfermos. Los trabajadores de industrias esenciales que deban continuar trabajando necesitan equipo de protección personal como protección facial (máscaras, gafas y protectores faciales), guantes, batas u otras prendas. Sin embargo, la clase dominante se esfuerza sistemáticamente por hacer negocios como de costumbre, arriesgando millones de vidas para obligar a los trabajadores a volver a trabajar para generar ganancias para los bancos y las grandes corporaciones.

En particular, las revelaciones del Ministerio de trabajo sobre las proyecciones de infecciones del gobierno del PSOE y Podemos dejan clara la criminalidad política de la orden de volver al trabajo dada el 13 de abril. Millones de obreros de la construcción, metalúrgicos, albañiles, limpiadores, trabajadores de fábricas y astilleros, empleados de saneamiento y seguridad, trabajadores de la industria del automóvil y otros obreros de trabajos no esenciales volvieron al trabajo, después de que fábricas y obras hubieran permanecido cerradas durante el período de dos semanas de quedarse en casa.

Esta política, propuesta por el gobierno en colaboración con los sindicatos —la socialdemócrata Unión General del Trabajo (UGT) y la estalinista Comisiones Obreras (CCOO)— está exponiendo a millones de personas de manera innecesaria y temeraria a la infección. Ahora queda claro que el gobierno basa esta política en una asombrosa indiferencia ante la vida humana: está dispuesto a aceptar la muerte de cientos de miles de trabajadores.

En una enorme medida, esta noticia explosiva ha sido enterrada en los medios españoles. Apenas si ha habido cobertura, exceptuando a unos pocos diarios derechistas — La Razón, El Confidencial y ABC — que publicaron la noticia en la última página, enterrada en medio de sus críticas derechistas al gobierno por la pandemia. Mientras estos diarios minimizan la noticia, diarios progubernamentales como El País y eldiario.org guardaron silencio, porque todos ellos apoyan la política del gobierno de volver al trabajo. Todos están de acuerdo en que hay que obligar a los trabajadores a volver a trabajar para que se puedan extraer ganancias, colocando las ganancias por encima de la vida.

El hecho de que esta política sea reconocida por el Ministerio de Trabajo, que depende de un ministro de Podemos, subraya la hostilidad feroz de los partidos populistas antimarxistas hacia la clase trabajadora. El aliado griego de Podemos, Syriza, asumió el poder e impuso miles de millones de euros en recortes al gasto en programas sociales básicos que incluyen pensiones, atención médica y educación, destruyendo los derechos laborales básicos y construyendo campos de concentración para refugiados. Podemos, ahora que está en el gobierno, está enviando deliberadamente a millones de trabajadores a ser infectados por un virus mortal.

El miércoles por la noche, el ministerio dijo que el porcentaje que había citado en su contrato era "inexacto" y un "malentendido". Tratando de explicar la "inexactitud", dijo que no tenía un pronóstico para el número de infecciones en España. En cambio, "las tasas de transmisión y también la incidencia de casos en la población española serán determinadas por las autoridades sanitarias españolas como resultado de los estudios epidemiológicos que se están realizando", y que de hecho están programados para comenzar el lunes.

Esta respuesta es asombrosa y no puede creerse. Sin embargo, para creerle al Ministerio de Trabajo, tres meses después de que la misión de la OMS a China informara de la transmisión de persona a persona, y siete semanas después de que la OMS declarara pandemia al COVID-19, uno de los países más afectados por el virus, con más de 22.000 muertes, todavía no ha pronosticado cómo se desarrollaría la pandemia. Tal argumento no se lo traga nadie, y sugiere fuertemente que los altos cargos estatales simplemente le están mintiendo al público.

Sin embargo, si fuera cierto, subrayaría que la política del regreso al trabajo del gobierno no se basó en ninguna evaluación científica ni en ningún intento de proteger a la fuerza laboral, sino simplemente en una demanda ciega de que los trabajadores vuelvan a trabajar y se jueguen la vida para generar ganancias para la clase capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de abril de 2020)