En los últimos días, los trabajadores de entrega de alimentos han llevado a cabo huelgas en varios países para exigir condiciones de trabajo seguras ante la pandemia del coronavirus y un aumento en las tasas de delivery para garantizar a los trabajadores un ingreso habitable.

En São Paulo, la ciudad más grande de Brasil, los trabajadores se declararon en huelga el viernes 17 de abril y reanudaron sus acciones el lunes. También el 17 de abril, cientos de trabajadores de reparto en Teresina, Piauí, en el noreste del país, protestaron por la seguridad, contra los robos constantes que sufren durante el trabajo por los que no reciben compensación de las empresas.

Estas acciones tuvieron lugar solo un día después de que los trabajadores protestaron en España, denunciando las mismas condiciones precarias que enfrentan los brasileños. Al igual que los españoles, los trabajadores brasileños recorrieron las principales avenidas de sus ciudades, tocando las bocinas de sus motocicletas.

El miércoles, se realizaron nuevas manifestaciones en otros países, luego de que se distribuyera una huelga internacional de trabajadores de reparto. En Argentina hubo protestas en Buenos Aires y Córdoba. En Quito, Ecuador, docenas de empleados de Glovo se manifestaron en las calles y frente a la oficina de la empresa con sede en España.

En todas partes, estos trabajadores están sujetos a una brutal explotación por las mismas empresas transnacionales, como Uber, Rappi, iFood y Glovo. Los gobiernos de varios países han definido su trabajo como un servicio esencial durante la pandemia, sin que las empresas se vean obligadas a proporcionar las condiciones básicas para la preservación de la salud de los trabajadores.

Los trabajadores que protestaban en la avenida Paulista, en el centro de São Paulo, denunciaron las condiciones a las que se enfrentan: "Estamos en la línea del frente y no tenemos el apoyo de un desinfectante de manos, no recibimos una máscara. No recibes nada”, dijo uno de ellos.

Otro declaró: “Nadie nos defiende en los medios. iFood no nos defiende... No hay un representante de nuestra clase. Estamos aquí, trabajando duro todos los días y si un motociclista se cae, está solo. Queremos una defensa [de la empresa]".

Los trabajadores dicen que las tasas de entrega dadas por las empresas son cada vez más bajas. “Arriesgo mi vida para ganar 2, 3, 4 reales (menos de un dólar). Se hace imposible trabajar así”, dijo un trabajador discapacitado, que entrega comida en su silla de ruedas.

Mientras que los trabajadores tienen sus ingresos cada vez más reducidos y se ven obligados a trabajar horas interminables para garantizar salarios de hambre, las corporaciones transnacionales compiten ferozmente entre ellas, ansiosas por sectores cada vez más grandes del mercado global.

iFood, con sede en São Paulo, con operaciones en otros países latinoamericanos, anunció este mes que se fusionará con Domicilios.com para crear una de las compañías de entrega más grandes de Colombia. Controlado por accionistas como Jorge Paulo Lemann, el hombre más rico de Brasil, iFood está luchando por el mercado latinoamericano directamente contra Rappi, con sede en Colombia, y el año pasado recibió una inversión de US $1 mil millones del conglomerado japonés SoftBank.

En medio de la pandemia de coronavirus, el número de pedidos de las aplicaciones de entrega de alimentos ha aumentado en Brasil, ya que los restaurantes se han cerrado en las principales ciudades del país. Pero el número de trabajadores de entrega ha crecido aún más abruptamente. Rappi registró un crecimiento del 300 por ciento en el número de registros y iFood recibió 175,000 nuevos registros en marzo, en comparación con 85,000 en febrero.

Detrás de esta explosión en el número de trabajadores de reparto está la creciente desesperación social de las masas de desempleados y subempleados en Brasil, así como de aquellos a quienes se les redujo su salario o fueron despedidos durante la pandemia. La mayoría de estos trabajadores no pueden acceder a los escasos R $600, aproximadamente la mitad del salario mínimo, decretado como ayuda de emergencia por el gobierno brasileño.

Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha de Brasil, está llevando a cabo una campaña para sabotear cualquier medida para contener el coronavirus, y ha anunciado que reabrirá sus escuelas cívico-militares a principios de la próxima semana, como un medio para forzar la reapertura general de escuelas y lugares de trabajo en el país. Cuando se le preguntó sobre la explosión de muertes por COVID-19 en Brasil, respondió: "No soy un sepulturero".

Con la misma indiferencia a la acumulación de cadáveres, los jefes de los estados y municipios brasileños ya están anunciando una reapertura de la economía. El estado de São Paulo es el principal epicentro de la enfermedad en el país, representa más de un tercio de todas las muertes y tiene una tasa de mortalidad creciente. A pesar de esto, el gobernador João Doria del Partido Socialdemócrata brasileño (PSDB), que ha sido exaltado por los medios y la pseudoizquierda como político "razonable" en comparación con Bolsonaro, anunció que una reanudación "gradual" de las actividades en el estado comenzará el 11 de mayo.

Los políticos brasileños están siguiendo el mismo curso que los gobiernos burgueses en todo el planeta, forzando un retorno prematuro al trabajo para garantizar los flujos de ganancias a la oligarquía capitalista.

Por otro lado, las huelgas de los trabajadores de reparto de alimentos expresan la creciente resistencia de la clase trabajadora mundial a la respuesta de la clase capitalista a la pandemia del coronavirus. En Brasil, se unen a una ola de huelgas y protestas contra las condiciones laborales inseguras, desde la rebelión de los trabajadores del centro de llamadas en marzo hasta las recientes huelgas y protestas de las enfermeras, que comenzaron la semana pasada.

Este movimiento debe desarrollar una coordinación cada vez más estrecha entre las luchas de los trabajadores de diferentes países, adoptando un programa socialista e internacionalista. Las fortunas de las empresas transnacionales y sus accionistas deben ser expropiadas y redirigidas para beneficiar los intereses de la mayoría de la población mundial, en primer lugar, para combatir la pandemia, garantizar los ingresos de la clase trabajadora y salvar vidas.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de abril de 2020)