En un acto sin precedentes en la historia estadounidense, Donald Trump ha repudiado la Constitución y está intentando establecer una dictadura presidencial apoyada por el ejército, la policía y milicias fascistizantes y ultraderechistas bajo su mando. El Partido Socialista por la Igualdad llama a la clase obrera y a todos aquellos comprometidos con la defensa de los derechos democráticos a oponerse a esta acción criminal.

En televisión nacional, Trump proclamó: “Soy su presidente de ley y orden… Nuestra nación ha sido tomada por anarquistas profesionales, pirómanos, saqueadores, criminales, Antifa y otros”.

La diatriba fascistizante de Trump se produjo minutos después de ordenar que la policía militar masivamente armada lanzara un ataque violento contra ciudadanos involucrados en una reunión legal y pacífica fuera de la Casa Blanca para protestar el asesinato policial de George Floyd.

El atroz y cobarde ataque de las fuerzas militares contra civiles desarmados ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda a la Constitución en Washington DC quedará registrado en la infamia como el comienzo de un golpe de Estado por parte de un Gobierno criminal.

“Estos no son actos de protestas pacíficas”, dijo Trump. “Estos son actos de terrorismo nacional”.

Trump está molesto por la importante muestra de unidad multirracial y multiétnica de los trabajadores y jóvenes en oposición a la violencia racista policial en la historia de Estados Unidos.

Trump declaró que desplegará a los militares en violación a la Constitución para suprimir las protestas. Refiriéndose a la llamada de conferencia con los gobernadores que celebró el día anterior, Trump dijo que “un número de Gobiernos estatales y locales no han tomado las acciones necesarias” y que él mismo “había recomendado fuertemente” que “desplegaran la Guardia Nacional en cantidades suficientes para dominar las calles”.

Luego realizó la siguiente amenaza criminal: “Si una ciudad o un estado se rehusara a tomar las acciones necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré el ejército estadounidense y resolveré rápido el problema rápido por ellos”.

Trump también anunció que estaba utilizando la capital de la nación como una base para un despliegue militar nacional. “También estoy tomando acciones prontas y decisivas para proteger nuestra gran capital, Washington D.C. Mientras hablamos, estoy despachando a miles y miles de soldados, personal militar y policial fuertemente armados para detener los disturbios”.

Trump declaró que los manifestantes “serán arrestados, detenidos y enjuiciados con todo el peso de la ley. Quiero que los organizadores de este terrorismo sepan que enfrentarán penas criminales severas y largas sentencias en la cárcel. Esto incluye a Antifa y otros encabezando a los instigadores de esta violencia. Un estado de derecho es lo que es. Un estado de derecho, tenemos un hermoso estado de derecho”.

Estas son las amenazas de un dictador militar de pacotilla en potencia. Trump no ofreció ninguna base legal ni constitucional para sus acciones sin precedentes. Su invocación de la Ley de Insurrecciones de 1807 es históricamente fraudulenta y legalmente inválida. La ley no le permite desplegar a los militares cuando los gobernadores de los estados se rehúsen a solicitar una intervención.

En su llamada más temprano con los gobernadores estatales, Trump exigió que suprimieran violentamente las protestas contra la violencia policial. “Este es un movimiento y, si no lo apagan, tan solo se emporará más y más. Tienen que dominar y, si no dominan, están perdiendo el tiempo. Los abrumarán y ustedes se verán como un montón de idiotas”.

Trump llamó a los gobernadores “débiles” por no movilizar a decenas de miles de efectivos de la Guardia Nacional contra los manifestantes, afirmando que necesitan “eliminar” a los manifestantes.

Anunció que la respuesta del Gobierno, el despliegue nacional de los militares, estaría a cargo del general Mark Milley, titular del Estado Mayor Conjunto. Trump no explicó las justificaciones legales de esta decisión, la cual viola la prohibición de Posse Comitatus sobre el uso interno de las fuerzas armadas.

En la llamada con los gobernadores, el fiscal general William Barr también explicó que el enjuiciamiento federal de los manifestantes había sido puesto en manos del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Terrorismo, una agencia militar y de inteligencia de varios departamentos a cargo de procesar a combatientes capturados en las guerras de Oriente Próximo y Asia central. Trump exigió que el Departamento de Justicia “los encarcele por 10 años”.

El aliado del presidente en el Congreso, Matt Gaetz, un republicano de Florida, solicitó el asesinato generalizado de oponentes políticos: “Ahora que vemos claramente a Antifa como terroristas, ¿podremos cazarlos como hacemos con los de Oriente Próximo?”.

La historia de EE.UU. ha alcanzado un punto de inflexión. Los esfuerzos de Trump de establecer una dictadura personal a partir de un régimen militar es producto de una crisis prolongada de la democracia estadounidense, bajo el impacto de la desigualdad social extrema y las guerras interminables.

La derrota del intento de golpe de Estado de Trump depende de la intervención de la clase obrera, la cual necesita liderar la defensa de los derechos democráticos.

No se puede esperar ninguna oposición seria a las acciones de Trump desde el Partido Demócrata. Ha respondido a la proclamación de Trump con su característica indolencia. La respuesta favorita de los demócratas a las acciones ilegales de Trump es que “el presidente no está ayudando” al azuzar las tensiones sociales. ¡Cómo si “ayudar” fuera parte de la agenda política de Trump!

Después de la llamada de conferencia de Trump con los gobernadores, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, pidió mansamente deponer a Trump en las urnas en noviembre, mientras la excandidata presidencial Hillary Clinton urgió a la población a “votar”. Pero Trump quizás ni siquiera planee celebrar una elección del todo. Si se realizarán comicios, podría ser en condiciones de ley marcial, bajo la intimidación masiva de los militares, la policía y los paramilitares derechistas. Tales fueron las condiciones en las que los nazis presidieron la última elección legal en Alemania en marzo de 1933, seis semanas después de que Hitler fuera nombrado canciller.

Durante los últimos tres años y medio, los demócratas se han dedicado a suprimir la oposición de masas al régimen de Trump y encarrilarlo detrás de su propia campaña reaccionaria antirrusa que avanza las demandas de los sectores dominantes de las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia. Los demócratas no están menos atemorizados que Trump ante el surgimiento de un movimiento de masas de la clase obrera.

Las maniobras autoritarias de Trump no pueden ser vistas como separadas de la crisis más amplia de toda la clase gobernante. Con el apoyo de ambos partidos, la oligarquía corporativa y financiera ha utilizado la pandemia de coronavirus para entregarse a sí misma varios billones de dólares. Ahora está implementando una política homicida de regreso al trabajo que garantiza un aumento masivo de casos y muertes.

Más de 100.000 personas han fallecido en Estados Unidos por la pandemia, mientras que más de 30 millones de trabajadores se encuentran desempleados. La pandemia ha desencadenado un incremento en la oposición de la clase obrera a la desigualdad social. Las protestas contra el asesinato de George Floyd son una manifestación inicial de esto.

Si las protestas por el asesinato de George Floyd son ilegales, ¿cómo responderá el Gobierno a huelgas y manifestaciones de decenas de millones de trabajadores que amenace la supervivencia misma del capitalismo? Trump tenía en mente el crecimiento de la lucha de clases cuando les dijo a los gobernadores que los movimientos de protesta deben ser suprimidos antes de que “se empeoren más y más”.

No hay peor error que creer que las amenazas de Trump no son serias, que la crisis se desvanecerá calladamente y que todo volverá a la normalidad. De hecho, la crisis apenas comienza.

La democracia estadounidense se ha consumido. No puede ser reconstituida con base en la estructura social capitalista existente.

Las amenazas de Trump necesitan ser opuestas por un movimiento de masas de la clase obrera. Queda claro que la lucha contra la brutalidad policial, la desigualdad y el autoritarismo es inseparable de la lucha de la clase obrera contra el Gobierno. Como escribió el WSWS en su declaración del 1 de junio, “Trump incita violencia desenfrenada contra manifestantes”,

La clase obrera, sobre la cual depende el funcionamiento de la sociedad, tiene el poder de detener el ataque a los derechos democráticos, crear un movimiento político masivo para sacar a Trump del poder, derrotar a la oligarquía corporativo-financiera y comenzar la reestructuración de la vida económica sobre una base socialista.

Más allá, el poder de la clase obrera en Estados Unidos se ve enormemente aumentado por la oposición de la clase obrera internacional al Gobierno de Trump, que es visto como una expresión sin maquillaje de la brutalidad del capitalismo estadounidense. Durante la última semana, ha habido protestas de masas en todo el mundo por el asesinato de George Floyd. El intento de Trump de establecer una dictadura en Estados Unidos hará crecer muchísimo la magnitud de las protestas de la clase obrera internacional.

El Partido Socialista por la Igualdad y los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social tienen una confianza inmensa en el poder de la clase obrera estadounidense. Seguiremos ofreciendo al pueblo trabajador la información, el análisis y la perspectiva que necesita para desarrollar una estrategia para derrotar el impulso de Trump hacia la dictadura y para avanzar la lucha por el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de junio de 2020)