La Casa Blanca es el centro neurálgico político de una conspiración para establecer una dictadura militar, derrocar la Constitución, abolir los derechos democráticos y suprimir violentamente las protestas contra la brutalidad policial que se han expandido por todo Estados Unidos.

La crisis política desencadenada el lunes por la noche —cuando Donald Trump ordenó a la policía militar atacar a manifestantes pacíficos y amenazó con invocar la Ley de Insurrecciones de 1807 y desplegar tropas federales a los estados para imponer ley marcial— está intensificándose rápido.

La democracia en Estados Unidos se tambalea al borde del colapso. El intento de Trump de llevar a cabo un golpe militar está en marcha.

No hay otra interpretación posible para la secuencia de eventos de las últimas 24 horas. En una serie de declaraciones públicas extraordinarias, varias figuras políticas y militares de alto nivel no dejaron lugar a dudas de que consideran que Trump pretende establecer una dictadura militar.

El secretario de Defensa, Mark Espero declaró en una rueda de prensa que se oponía a la amenaza de Trump de aplicar la Ley de Insurrecciones y desplegar a las fuerzas armadas por todo el país. El uso de soldados en servicio activo para patrullar ciudades estadounidenses, indicó Esper, debería ser un “último recurso y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora”.

Según un oficial que conversó con el New York Times, Trump “se enojó por los comentarios del Sr. Esper y lo regañó luego en la Casa Blanca…”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany señaló que es posible que Esper sea despedido del gabinete presidencial.

En respuesta a las amenazas de Trump, Esper echó marcha atrás y ordenó que 750 soldados de la 82ª División Aerotransportada en Washington DC no fueran enviados de vuelta al fuerte Bragg, como se anunció previamente.

Los comentarios de Esper fueron seguidos por una denuncia extraordinaria de Trump con el exgeneral del Cuerpo de Marines, James Mattis, el primer secretario de Defensa de Trump. No citamos los comentarios de Mattis en algo de detalle porque le damos cualquier apoyo político al “perro rabioso Mattis”, quien protagonizó la invasión de Irak en 2003, sino porque ofrece una evaluación franca de alguien íntimamente familiar con lo que ocurre dentro del ejército.

Mattis acusó a Trump de intentar derrocar la Constitución. “Cuando me uní al ejército hace unos 50 años”, escribió, “juré apoyar y defender la Constitución. Nunca soñé que las tropas que prestaron el mismo juramento serían ordenadas en ninguna circunstancia violar los derechos constitucionales de sus conciudadanos, ni mucho menos darle al comandante en jefe electo un extraño ardid fotográfico con dirigentes militares a su lado”.

Mattis continuó:

Debemos rechazar cualquier idea de nuestras ciudades como un “espacio de batalla” que nuestros militares uniformados son ordenados a “dominar”. En casa, solo debemos utilizar a nuestros militares cuando lo soliciten, en ocasiones sumamente excepcionales, los gobernadores estatales. Militarizar nuestra respuesta, como evidenciamos en Washington DC, prepara un conflicto —un falso conflicto— entre las fuerzas armadas y la sociedad civil. Corroe las bases morales que garantizan un lazo de confianza entre los hombres y mujeres uniformados y la sociedad que juraron proteger y de la cuál forman parte. Mantener el orden público recae en los líderes estatales y locales civiles que entienden más que nadie sus comunidades y que rinden cuentas a ellas.

Mattis concluyó su declaración comparando implícitamente el concepto de Trump del ejército con aquel del régimen militar.

El almirante Sandy Winnefeld, un vicepresidente retirado del Estado Mayor Conjunto, escribió en un correo publicado en el New York Times: “Estamos en el momento más peligroso para las relaciones civiles-militares que he visto en mi vida. Es particularmente importante reservar el uso de las fuerzas federales únicamente para las circunstancias más graves que realmente amenacen la supervivencia de la nación. Nuestros líderes militares de mayor rango necesitan asegurar que su cadena política de mando entienda estas cosas”.

Ninguna de estas figuras militares es un devoto defensor de la democracia. Sus declaraciones están motivadas por temor a que las acciones de Trump se enfrenten a una oposición popular masiva, con consecuencias políticas desastrosas.

“Los líderes de alto rango del Pentágono”, reporta el Times, “están ahora tan preocupados sobre perder apoyo público—y el de su personal en servicio activo y de reserva, 40 por ciento del cual son personas de color— que el general Mark A. Miley, el presidente del Estado Mayor Conjunto les envió un mensaje a los altos comandantes militares el miércoles afirmando que todos los miembros de las fuerzas armadas juran defender la Constitución, la cual, dijo, ‘les da a los estadounidenses el derecho a la libertad de expresión y reunión en forma pacífica’”.

Todos los expresidentes vivos —Obama, Clinton, Bush y Carter— también publicaron declaraciones, que fueron mucho más cautelosas y no advirtieron explícitamente de un golpe. No pidieron ninguna acción específica contra Trump. Fue mucho menos un llamamiento al pueblo que un esfuerzo cuidadoso de disuadir a los líderes militares de respaldar a Trump.

De parte de la camarilla fascistizante en torno a Trump, el Times publicó un comentario del senador Tom Cotton intitulado “Envíen las tropas”. Este conspirador político declaró, “Por sobre todas las cosas, hay algo que restaurará el orden en nuestras calles: una muestra abrumadora de fuerza para dispersar, detener y por último desalentar a los infractores de la ley”. Dado que los “políticos ilusos” se rehúsan a hacer lo que sea necesario, escribe Cotton, es necesario que Trump invoque “la Ley de Insurrecciones [que] autoriza que el presidente emplee a las fuerzas armadas ‘o cualquier otro medio’ en ‘casos de insurrecciones u obstrucción al estado de derecho’”.

La situación política se encuentra al filo de la navaja. Estados Unidos nunca ha estado en su historia tan cerca de un golpe militar. Aún están en marcha despliegues militares amenazantes. El Times reportó el miércoles por la noche: “A pesar de los llamados a la calma de líderes del Pentágono de alto rango, las tropas en el terreno en Washington parecieron estar preparando el miércoles por la noche una muestra de fuerza más militarizada. Las unidades de la Guardia Nacional avanzaron significativamente más adelante que la policía en la cercanía de la Casa Blanca, convirtiéndose casi en el rostro público de la presencia de seguridad. También bloquearon las calles con camiones de transporte del Ejército y expandieron el perímetro contra los manifestantes”.

Ante esta conspiración política en curso, el Partido Demócrata está actuando con su mezcla habitual de cobardía y complicidad. Ningún político prominente del Partido Demócrata ha denunciado abiertamente las acciones dictatoriales del Gobierno de Trump. Están haciendo todo lo posible para mantener el conflicto existente dentro del Estado fuera de la atención pública. La línea de los dirigentes demócratas es que la “retórica” de Trump “no ayuda” y está sirviendo para “exacerbar la situación”. Una de las respuestas más patéticas a la crisis ha sido la del senador Bernie Sanders, quien recientemente retuiteó la declaración de Mattis, y añadió el comentario: “Lectura interesante”.

Durante el juicio político hace tanto olvidado que ocurrió en enero, los demócratas insistieron en que era necesario deponer inmediatamente a Trump porque retuvo presuntamente ayuda militar de Ucrania en su conflicto con Rusia. Promovieron la destitución de Trump porque consideraban que no era lo suficientemente agresivo en sus relaciones con Rusia.

Pero ahora, cuando Trump intenta llevar a cabo un golpe militar y derrocar el gobierno constitucional en Estados Unidos, los demócratas no ofrecen ninguna oposición seria a Trump, ni hablar de exigir que sea depuesto de su cargo. Cuando se trata de defender los intereses globales del imperialismo estadounidense, los líderes demócratas van con todo. Pero, ante la amenaza directa de una dictadura, son tan dóciles como ratones de iglesia.

Su cobardía deriva de intereses de clase básicos. Independientemente de las diferencias tácticas con Trump, los demócratas representan los mismos intereses de clase. Lo que temen más que nada es que la oposición a Trump asuma dimensiones revolucionarias que amenacen los intereses de la oligarquía corporativo-financiera capitalista.

El blanco de la conspiración en la Casa Blanca es la clase obrera. La oligarquía corporativo-financiera está aterrada de que el estallido de manifestaciones de masas contra la violencia policial se cruce con el inmenso enojo social de los trabajadores por la desigualdad social, que se ha intensificado inmensamente como resultado de la respuesta de la clase gobernante a la pandemia de coronavirus y la campaña homicida de regreso al trabajo.

No hay nada más peligroso que pensar que la crisis ya pasó. Por el contrario, apenas comienza. La clase obrera necesita intervenir en esta crisis sin precedente como una fuerza social y política independiente. Debe oponerse a la conspiración de la Casa Blanca por medio de los métodos de la lucha de clases y la revolución socialista.

Las manifestaciones que han ocurrido durante la última semana se cuentan entre los eventos más importantes de la historia estadounidense. En cada región y estado, decenas y cientos de miles de trabajadores y jóvenes han tomado las calles en una muestra extraordinaria de unidad y solidaridad multirraciales y multiétnicas para oponerse al racismo y brutalidad institucionalizados de la policía. El sur del país —el antiguo bastión de la Confederación, las leyes de Jim Crow y los linchamientos racistas— ha sido testigo de algunas de las manifestaciones más grandes. Los manifestantes están dando voz a sentimientos democráticos e igualitarios profundamente arraigados, que son la herencia noble de la gran Revolución estadounidense del siglo dieciocho y de la Guerra Civil del siglo diecinueve.

La única respuesta viable a la conspiración criminal que sale de la Casa Blanca es plantear la demanda de la destitución de Trump, Pence y los conspiradores de sus cargos.

Esto solo se puede lograr a través de la intervención de la clase obrera, que necesita unirse a las protestas en masa e iniciar una huelga política nacional.

¡No a la dictadura!

¡Trump y Pence necesitan irse!

El Partido Socialista por la Igualdad y los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social llaman a todos los lectores del World Socialist Web Site a involucrarse activamente en esta lucha.

(Publicado originalmente en inglés el 4 de junio de 2020)