El viernes pasado, la policía del estado de Jalisco, México, llevó a cabo la desaparición forzada de decenas de jóvenes en la ciudad de Guadalajara, en el contexto de manifestaciones en las que participaron miles y que se centraron en los asesinatos policiales del mes pasado de George Floyd en Estados Unidos y Giovanni López en Jalisco.

Hombres con ropa particular, algunos con chalecos antibalas, descendieron de camionetas sin identificaciones e incluso una camioneta de panadería falsa, armados con rifles, garrotes, bates y pistolas paralizantes, e interceptaron, taparon las caras y secuestraron a grupos de jóvenes cuando se acercaban a la manifestación contra la violencia policial frente a la Fiscalía General.

El visitante de derechos humanos de Jalisco, Eduardo Sosa Márquez, le dijo el lunes a Aristegui Noticias que su oficina recibió 35 denuncias relacionadas con la represión, incluyendo “casos registrados de desaparición forzada en agravio a personas que pretendían manifestarse pacíficamente, gente que iba pasando que iba a su domicilio”.

Luego, describió los secuestros: “El estado les priva de la libertad, niega haberlos detenido, no hay una lista oficial de detenidos, los llevaron y los soltaron lejos a 6, a 7, a 10 kilómetros, los despojaron de sus pertenencias para que no se pudieran regresar y no pudieran comunicarse con sus familiares”.

Afirmó que todos los desaparecidos reportados ya fueron localizados, basándose en varias visitas a domicilio y publicaciones en redes sociales por parte de los propios desaparecidos, sus familiares y amigos.

La operación y el silencio cómplice del Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador son una violenta amenaza contra la creciente oposición social en todo México. Como lo demuestran las protestas militantes contra la brutalidad policial en México y a nivel internacional, las tensiones de clases están en un punto álgido debido a los niveles extremos de desigualdad social y la respuesta criminal de los Gobiernos a la pandemia de COVID-19, que ya ha desbordado hospitales y morgues y ha provocado la pérdida de 12 millones de puestos de trabajo en México.

El incidente ha recordado la desaparición forzada y el asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron secuestrados cuando se dirigían a una protesta en la Ciudad de México contra una regresiva reforma educativa en 2014, involucrando a la policía local y federal, los militares y un cártel de drogas.

La magnitud de la operación fue mucho mayor que la reconocida por Sosa. Una víctima, David Mendoza, relató cómo “nos tenían en corralones y cuartos separados, fácil 6, y en cada uno 30 personas. Constantemente metían y sacaban gente, lo que yo vi no era el total de personas secuestradas”. Añadió que hubo al menos 50 oficiales de policía allí, además de los que hacían las rondas. The Guardian contabilizó en los informes unas 80 personas que fueron “mantenidas incomunicadas” en la operación.

Se ha establecido que fueron encerrados dentro de la Fiscalía estatal a cinco kilómetros de distancia.

Según las publicaciones de redes sociales y las entrevistas de las víctimas, los secuestradores anunciaron repetidamente que serían “desaparecidos”. Mendoza cita la amenaza: “Mira lo que les hiciste a tus papás, ahora van a tener que andar de cuerpo en cuerpo a ver si te encuentran”. Los manifestantes eran constantemente golpeados.

Los oficiales policiales les exigieron a los detenidos las contraseñas a sus teléfonos celulares, grupos de mensajes y redes sociales. También les confiscaron medicamentos que llevaban.

Una joven, Violeta, le dijo a Animal Político que la policía le preguntó si pertenecían a “alguna asociación, a algún grupo o movimiento, y si estábamos en coordinación con alguna persona para atacarlos”. Un periodista independiente que también fue secuestrado, Luis Antonio Maldonado, también describió interrogantes similares.

Una vez que fueron liberados gradualmente, la policía los amenazó con “desaparecerlos” en definitiva si los veían protestando de nuevo y que encontrarían sus casas para vigilarlos. Un detenido describió que les habían dado “diez segundos para correr” cuando los dejaron, mientras que los informes en redes sociales indican que los funcionarios utilizaron los celulares confiscados para llamar a los contactos de las víctimas pidiendo sus direcciones.

Aunque los secuestros ocurrieron el viernes, las autoridades estatales confirmaron que habían arrestado a 26 manifestantes durante las protestas el día anterior. Los policías utilizaron golpes y gases lacrimógenos contra los manifestantes, mientras que varios fueron grabados dentro de la comisaría en un teléfono celular gritando “vamos a matarlos”.

El sábado, cientos de personas marcharon pacíficamente por el centro de Guadalajara para protestar contra la represión policial y exigir la liberación de los secuestrados. Seis manifestantes fueron detenidos arbitrariamente y trasladados cerca de la medianoche del lunes a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande sin que sus abogados o familiares fueran informados. Estos manifestantes fueron liberados cuando las manifestaciones crecieron en la mañana del martes.

El domingo por la noche, una manifestación pacífica en Torreón, Coahuila, contra los asesinatos de Giovanni López y George Floyd, fue disuelta por la policía, que detuvo a siete jóvenes, incluidos dos menores que han sido liberados desde entonces.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México denunció en Twitter los incidentes en Jalisco. “Las desapariciones forzadas y la desaparición de personas son delitos en MX [México]”, declaró la agencia.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha aprovechado las acusaciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de que el partido gobernante Morena está detrás de las manifestaciones espontáneas a fin de justificar la negligencia del Gobierno federal y su aprobación efectiva del encubrimiento durante un mes del asesinato de Giovanni López, así como la violencia y los secuestros de la semana pasada. “No participo en cuestiones partidistas. No tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales. ...no tenemos ningún interés en perjudicar al Gobierno de Jalisco”, dijo.

Alfaro también ha sugerido que los secuestros están vinculados al crimen organizado y que la policía desafió sus órdenes de no actuar violentamente. Sin embargo, se sospecha que el propio Alfaro ha facilitado el ascenso del Cártel de Jalisco Nueva Generación en convertirse en el más grande del país. La especialista y periodista Anabel Hernández confirmó documentos en 2018 que muestran que tanto el Departamento del Tesoro de EE.UU. como la Marina de México habían llevado a cabo investigaciones sobre los vínculos entre Alfaro y el Cártel.

López Obrador se dirigió de nuevo a las protestas el martes, pero continuó desestimando las desapariciones en Tijuana, insistiendo en que “no somos represivos”. Luego culpó a los manifestantes de “abusos” y de conformar grupos que “agreden hasta a reporteros” y “provocan, provocan y provocan”, aunque estas afirmaciones no estén fundamentadas por hechos.

La oposición a las medidas de la policía de Jalisco en el partido Morena se ha limitado al siguiente tuit frívolo del expresidente del Senado, Martí Batres, en la noche del sábado: “Por cierto, hablando de sótanos: ¿a qué sótanos de Guadalajara se llevaron a los jóvenes desaparecidos ayer?”.

El carácter internacional de las protestas contra la brutalidad policial es un indicio de que los trabajadores y la juventud se están viendo empujados por la lógica de los acontecimientos a encontrar un terreno más firme sobre el cual luchar contra la desigualdad social y las formas de gobierno cada vez más dictatoriales, utilizadas para proteger a la oligarquía mexicana y el imperialismo estadounidense.

Los trabajadores y la juventud deben unir sus fuerzas con sus hermanos y hermanas de clase en los Estados Unidos y más allá. Sin embargo, esta lucha también requiere el desarrollo de una nueva conducción en la clase trabajadora bajo un programa socialista e internacionalista contra el capitalismo, la fuente de la desigualdad y la violencia policial.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de junio de 2020)