Los trabajadores mineros chilenos se ven obligados a cargar con el peso de la crisis sanitaria, social y económica que afecta al país desde el estallido de COVID-19 el pasado mes de marzo. Con 280.000 infecciones confirmadas y 5.688 muertes en Chile, los trabajadores mineros en particular se enfrentan a una grave amenaza de contraer el coronavirus, ya que éste se está propagando por los pueblos y ciudades mineras desde mayo, ya que el gobierno de ultraderecha del multimillonario presidente Sebastián Piñera se ha negado a cerrar las industrias no esenciales.

Tres mineros han muerto en la gigantesca empresa minera estatal Codelco, y unos 2.528 están infectados, según el Ministerio de Minería. Incluso los sindicatos corporativos, que se han empeñado en apaciguar a los consorcios mineros, cuestionan la veracidad de estas cifras. El Ministerio de Salud reveló que en la región exclusivamente minera de Antofagasta se ha producido un aumento exponencial de los contagios en los últimos dos meses: de 39 casos a principios de abril a 8.308 casos el 27 de junio. La tasa de infección se ha disparado de manera similar en otras regiones mineras durante el mismo período: O'Higgins pasó de 26 casos a 5.606, Valparaíso de 136 a 11.307 y Tarapacá de 10 casos a 5.893.

Tanto para el capital nacional como para el internacional, que han sobreexplotado los recursos naturales del país y la mano de obra superexplotada durante más de un siglo, la minería constituye una industria demasiado grande para cerrarla. Con una producción anual de unos 5,8 millones de toneladas, Chile produce alrededor de un tercio de la oferta mundial de cobre. La industria en su conjunto es responsable de entre el 10 y el 15 por ciento del PIB de Chile. Codelco, la empresa estatal, produce el 11% del cobre mundial y sólo su mina de Chuquicamata produce 385.000 toneladas del metal.

Los principales consorcios mineros, BHP Billiton, Anglo American, Tech, Glencore, Antofagasta Minerals, junto con el gigante estatal, han cosechado miles de millones en lucro de una mano de obra que en condiciones ordinarias asciende a 240.000 trabajadores, contratistas y subcontratistas. Otros 900.000 trabajadores dependen de las industrias auxiliares para su empleo.

Con el brote del coronavirus en China, el principal destino del cobre, el precio del metal cayó bruscamente en el primer trimestre de 2020. Desde marzo, más del 40 por ciento de la mano de obra ha sido "desmobilisada" y 11.700 fueron despedidos al cerrarse los proyectos de construcción. El personal restante se ha visto obligado a realizar onerosos turnos de 14 días de duración, aparentemente como medida de "distanciamiento social". Una fracción trabaja desde casa. Sin embargo, con una fuerza de trabajo muy reducida, los consorcios mineros han extraído más mineral de cobre durante el primer trimestre de este año que en el mismo período de 2019.

El desacreditado exministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, antes de renunciar el 12 de junio, trató de culpar del pico en los casos al "desorden en las medidas de distanciamiento social, como fiestas clandestinas, reuniones sociales, que lamentablemente se han mantenido en esta comuna, en forma muy intensa". Pero los medios de comunicación social han desmentido estas afirmaciones con vídeos de calles vacías y de la población practicando, de la mejor manera posible, medidas de distanciamiento social en barrios superpoblados.

La realidad es que el Ministerio de Salud retrasó la colocación de Antofagasta en cuarentena total hasta que se produjo una explosión en la tasa de infección y luego eliminó la cuarentena para permitir que la industria minera siguiera funcionando sin obstáculos. El nuevo ministro de salud esperó entonces otras tres semanas antes de reordenar las medidas de cuarentena, después de otro fuerte aumento de las infecciones por coronavirus.

Las actuales cuarentenas en las comunas de la zona regional de Antofagasta --Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones-- sólo se aplican al radio urbano y excluyen las operaciones mineras y las empresas situadas fuera de los centros de las ciudades.

Una de las principales fuentes del brote en Antofagasta es el traslado interno de los trabajadores mineros, que suelen venir de Santiago o de otras zonas. Si bien el tráfico aéreo ha disminuido en un 90% a nivel nacional, la región de Antofagasta tiene el mayor número de vuelos después de Santiago. El terminal de Calama ha sido cerrado temporalmente, pero compañías como BHP están enviando personal al aeropuerto de Antofagasta donde se les proporcionan autobuses fletados a su destino final.

Otro factor que contribuye a ello es la propagación del virus en los barrios de clase trabajadora que carecen de un suministro regular de agua. El acceso al sistema de agua privatizado se realiza mediante cisternas de camiones y las familias reciben una cantidad insignificante, insuficiente para ducharse a diario, y mucho menos para lavarse las manos con regularidad. Otras 7.600 familias viven en campamentos superpoblados en la región, también sin acceso a agua potable, electricidad o sistemas de alcantarillado.

En otras palabras, las regiones mineras de Antofagasta, Tarapacá, Valparaíso y O'Higgins están registrando brotes masivos de COVID-19 que superan los promedios nacionales como resultado de la insensible indiferencia ante las condiciones de la clase obrera y anteponiendo los beneficios a las vidas.

Un rastreador utilizado para determinar la propagación del virus es la "tasa positiva" en referencia a la proporción de pruebas que dan un resultado positivo, donde cuanto menor es el número, más amplia es la prueba. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado una tasa positiva de entre el 3 y el 12 por ciento como punto de referencia general de las pruebas adecuadas. Según el rastreador en línea Our World in Data, Italia tiene una tasa de pruebas positivas del 0,5 por ciento, Inglaterra del 1,5 por ciento y los EE.UU. del 5,8 por ciento. México, por otro lado, tiene una tasa superior al 50 por ciento y Brasil tiene registros que terminan en abril, lo que sugiere que el gobierno del presidente fascistoide Jair Bolsonaro ha dejado de publicar cifras.

Chile tiene una tasa promedio de pruebas positivas del 30,9 por ciento para el 21 de junio, lo que indica que COVID-19 está siendo severamente subestimado en medio de una explosión de casos. El desglose regional revela un panorama aún más aterrador. En un estudio realizado por la revista de investigación CIPER, los investigadores mostraron que las regiones mineras están registrando hasta el doble del promedio nacional.

La zona regional de O'Higgins registró una tasa positiva de 62,4 por ciento; la región de Valparaíso registró 36,5 por ciento; Tarapacá 32,8 por ciento. La región de Antofagasta, corazón de la industria minera y que representa más de la mitad de la producción minera de Chile de cobre, nitrato de potasio, oro, yodo y litio, registró una tasa positiva de 46,1 por ciento.

Pero incluso en estas condiciones catastróficas, todo el gobierno chileno, con la ayuda de los sindicatos corporativistas, se ha negado a cerrar esta vaca lechera minera. La clase obrera de la industria minera está apoyando a todo el Estado, que a su vez ha proporcionado desde marzo una gran cantidad de incentivos fiscales y financieros a la élite financiera y corporativa. La riqueza total, incluidos los activos líquidos, financieros y reales, de los 31 grupos económicos más poderosos alcanzó los 490.000 millones de dólares el año pasado.

A principios de marzo, la Federación de Trabajadores Mineros del Cobre, la CTC, hizo un llamamiento tímido al gobierno para que cerrara los servicios no esenciales. Más recientemente, dijeron que querían "solicitar, como la organización minera más grande de Chile, una mesa de diálogo tripartita, capaz de unificar criterios en cuanto a protocolos de salud, medidas de control y prevención para evitar que se infecten aún más trabajadores mineros".

Pero fue su cínico consejo a los mineros el que debería ser inscrito en el epitafio de la organización corporativista. La CTC dijo que los trabajadores deberían usar el Código Laboral para "que interrumpen o abandonan sus labores debido a que no existen las condiciones para proteger la vida y salud de los trabajadores. Para ello, las y los trabajadores despedidos en represalia por haber cautelado su derecho a la vida y la salud, podrán acudir a la Inspección del Trabajo y los Tribunales Laborales a entablar las acciones correspondientes".

Este lanzamiento de los trabajadores a los lobos revela con los colores más crudos el carácter corporativista del aparato sindical en bancarrota. Desde finales de los años setenta y principios de los ochenta, con el desarrollo de la producción globalizada, que no por casualidad coincidió con las medidas de choque económico del dictador chileno Augusto Pinochet, los sindicatos reformistas nacionales se transformaron en instrumentos de vigilancia de la fuerza de trabajo y de aplicación de la agenda corporativa del capital móvil internacional.

Estos profundos cambios económicos en el modo de producción capitalista transformaron también a los partidos políticos nacionalistas económicos como el Partido Socialista Chileno que se preparó en este período para su reinserción en el estado capitalista a través de la llamada Concertación de Partidos por la Democracia. Si el estalinista Partido Comunista Chileno no pudo entrar en la coalición de centro-izquierda que mantuvo el poder durante los primeros 20 años de gobierno civil, no fue por falta de intentos.

El ejecutivo y el parlamento, en medio de la pandemia, han introducido leyes para facilitar el despido de trabajadores sin tener que pagar ningún derecho bajo la "Ley de Protección al Empleo". Han puesto en práctica "Acuerdos Electrónicos" que permiten despidos masivos sin que los trabajadores tengan derecho a reclamar, y han suspendido las Negociaciones Colectivas durante el Estado de Excepción decretado el 18 de marzo de 2020 y prorrogado por otros 90 días en junio.

La clase obrera está pagando esta crisis con sus vidas y medios de vida. Sólo puede poner fin a esta carnicería mediante el avance de una perspectiva política internacionalista socialista independiente. Con este fin, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, que publica el World Socialist Web Site, se ha comprometido a ayudar a la clase obrera proporcionándole una dirección táctica, estratégica y programática esencial. Esto requiere sobre todo la construcción de una sección de la Cuarta Internacional en Chile. Hacemos un llamamiento a los trabajadores, estudiantes y a todos aquellos que reconocen la necesidad de la reorganización socialista del mundo para asegurar el futuro de la humanidad, para que se unan a nosotros en esta lucha.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1º de julio de 2020)