Estados Unidos se encuentra en medio de un resurgimiento devastador de la pandemia del COVID-19. El martes, se alcanzó el récord de 50.701 personas que dieron positivo al coronavirus. Han pasado siete días consecutivos en que EE.UU. reporta más de 40.000 casos nuevos, mientras los casos nuevos esta semana han sido dos veces mayores a los de principios del mes.

La cifra de muertes es de 130.000. Esto es aproximadamente equivalente al total de las bajas de combate estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Al paso actual, EE.UU. bien podría alcanzar los 100.000 casos nuevos diarios para fines del mes. Al final del verano, las muertes podrían llegar al cuarto del millón.

En las innumerables horas de comentarios televisivos e incontables columnas de periódico dedicadas a la pandemia, no ha habido ningún examen de los intereses económicos detrás del desastre.

La realidad es que el resurgimiento de la pandemia es el resultado de una política consciente, encabezada por el Gobierno de Trump pero apoyada por toda la élite política y la prensa, de subordinar las necesidades de la sociedad a los intereses económicos de la oligarquía financiera.

Durante los últimos tres meses, más de 115.000 estadounidenses han fallecido del COVID-19 y 45,5 millones han quedado desempleados en medio de un desastre sanitario, social y económico sin precedentes.

Pero la historia ha transcurrido de manera muy distinta para la bolsa de valores y la oligarquía financiera estadounidense. En medio de lo que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos llama la peor crisis económica en tiempo de paz en un siglo, el índice bursátil Dow Jones Industrial Average ha visto su mayor alza en tres décadas.

El Dow aumentó 18 por ciento en el segundo trimestre del año, su salto más grande desde 1987. El índice Nasdaq creció aún más rápido, incrementando 30,6 por ciento en el trimestre y 12 por ciento desde inicios del año.

El auge masivo en los precios de las acciones ha llevado a una expansión en la riqueza de la oligarquía financiera estadounidense. Desde el 18 de marzo, la riqueza de los milmillonarios estadounidenses aumentó 20 por ciento o 484 mil millones de dólares, según el Institute for Policy Studies. Entre el 18 de marzo y el 17 de junio, el patrimonio neto de los más de 640 milmillonarios estadounidenses brincó de 2,948 billones de dólares a 3,531 billones de dólares.

Ante la racha alcista de la bolsa de valores, la riqueza de los cinco hombres más ricos del país —Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett y Larry Ellison— vio un incremento de 101,7 mil millones o del 26 por ciento.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, el mejor pagado del mundo, ha visto su fortuna personal duplicarse en el último año.

Esta semana, Tesla superó a Toyota al convertirse en la empresa automotriz de mayor valor en el mercado. Las acciones de Tesla se han multiplicado por cinco en los últimos 12 meses, pasando de 230 dólares a 1,100 dólares esta semana.

Comentando sobre esta noticia, el Financial Times escribió:

Si la compañía mantiene su equilibrio en el trimestre que termina en junio, será la primera vez que la empresa mantiene un balance positivo por cuatro trimestres consecutivos.

Mientras que las acciones de Toyota se venden a un múltiple de 16 veces los ingresos de la empresa, las acciones de Tesla se venden a un múltiple de casi 220 veces las ganancias de la empresa, mucho más que cualquier otra empresa automotriz y casi el doble de los múltiples vistos por gigantes tecnológicos como Amazon.

Los precios tan obscenos de las acciones son el resultado de una intervención masiva del Gobierno en los mercados financieros que ha elevado los precios bursátiles a alturas astronómicas, incluso cuando la economía real se viene para abajo.

Desde el primer brote del COVID-19, todas las acciones del Gobierno estadounidense han ido dirigidas a proteger y expandir la riqueza de la oligarquía financiera. En enero y febrero, cuando los expertos de la salud tanto dentro como fuera del Gobierno intentaban sonar la alarma, la Administración de Trump minimizó los peligros presentados por la pandemia, mientras que la prensa simplemente la ignoraba.

En marzo, cuando la inundación de los hospitales hacía imposible seguir ignorando la pandemia, la clase gobernante no respondió con un aumento de emergencia en el gasto de salud pública, sino con un rescate masivo para la oligarquía financiera.

La Reserva Federal respondió a la crisis económica desatada por la pandemia con la entrega de 4 billones de dólares en préstamos de emergencia para los bancos y las principales instituciones financieras, lo cual fue respaldado por la aprobación casi unánime en el Congreso de la llamada Ley CARES.

Como lo señaló un artículo en Foreign Affairs: “A lo largo de marzo y la primera mitad de abril, la Reserva Federal inyectó más de 2 billones de dólares en la economía, una intervención casi dos veces tan vigorosa como la que emprendió en las seis semanas tras el derrumbe de Lehman Brothers. Al mismo tiempo, los economistas de mercado proyectan que el banco central comprará más de 5 billones de deudas adicionales para fines de 2021, eclipsando sus compras acumuladas entre 2008 y 2015”.

Otro artículo en el mismo número de la revista indicó: “Este nivel de gasto no tiene precedente en la historia —ni siquiera cerca—. Ni en la guerra. Ni en tiempo de paz. Jamás”.

Apenas se aseguró el rescate de Wall Street, toda la élite política y la prensa pasaron a exigir un retorno al trabajo. La proclamación del columnista del New York Times, Thomas Friedman —de que la “cura” de cerrar negocios para prevenir la propagación del COVID-19 era “peor que la enfermedad”— se convirtió en la política del Gobierno, encabezada por Trump e implementada tanto por los demócratas como los republicanos en todo el país.

Cualquier medida sustancial para contener la pandemia ha sido abandonada, según los trabajadores en todas las industrias y en todos los estados se han visto obligados a elegir entre regresar a centros laborales, cual focos de contagio, o perder sus beneficios por desempleo.

Durante el periodo de restricciones a las actividades económicas, nada ocurrió para fortalecer la infraestructura sanitaria. El financiamiento federal para pruebas y rastreo de contactos, las únicas medidas conocidas que pueden contener la pandemia, siguen siendo menos del uno por ciento del gasto federal total en la respuesta a la pandemia. Y los resultados lo demuestran. A nivel nacional, hay menos de 28.000 rastreadores de contactos, menos de una décima parte de la cifra solicitada por el exdirector de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Tom Frieden.

La situación en cuanto a pruebas es aún peor. Según una encuesta del National Public Radio y Harvard, el país necesita el doble de su capacidad actual de pruebas solo para mantener la pandemia estable y ocho veces su capacidad actual para suprimir y erradicar la enfermedad.

Se ha permitido que las empresas les oculten tanto a los trabajadores como a los oficiales sanitarios federales cuando hay brotes de COVID-19, mientras la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales tan solo ha citado a un caso relacionado al COVID-19 a pesar de recibir miles de denuncias.

Para empeorar las cosas, en apenas tres semanas, el suplemento federal de $600 semanales a los beneficios por desempleo aprobado como parte de la Ley CARES expirará, dejando a decenas de millones de trabajadores desempleados en la pobreza de la noche a la mañana.

En semanas recientes, la prensa ha estado incansablemente ocupada en promover divisiones raciales. Mientras el Gobierno de Trump, con el apoyo de los demócratas, se ha concentrado en culpar a China, los demócratas están intensificando su retórica militarista contra Rusia.

Sin embargo, en el mundo real, la política social es definida por intereses de clase. El fracaso de EE.UU. en contener el COVID-19 es el producto directo de que es gobernado por una oligarquía financiera que subordina todas las políticas a sus intereses.

Si bien los primeros seis meses del año han sido dominados por las políticas de la clase gobernante y la propagación sin mitigar de la pandemia, hay muchas señales de que la clase obrera está comenzando a responder a la crisis con sus propias demandas.

Los trabajadores de Fiat Chrysler en Detroit han llevado a cabo paros laborales y han formado comités de base de seguridad para defender sus intereses, mientras que cientos de enfermeros en Riverside, California, han salido a huelga. Se les han unido los trabajadores de Amazon en Alemania, quienes exigen que sus lugares de trabajo sean seguros, los enfermeros en Zimbabue exigiendo un salario digno y los trabajadores en Turquía que se oponen al ataque del Gobierno de Erdoĝan contra sus prestaciones por desempleo.

La lucha contra la pandemia no puede ser librada solo en el frente médico, sino también en el político. El aumento en las luchas globales de la clase obrera necesita unificarse y armarse con el programa político de reorganizar la sociedad sobre una base socialista.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de julio de 2020)