El fiscal general de México anunció el 7 de julio que los restos humanos que se encontraron en Barranca Carnicería, un barranco en la ciudad de Cocula, en el Estado de Guerrero, fueron identificados en junio por la Universidad Innsbruck de Viena como pertenecientes a Christian Adolfo Rodríguez Telumbre. La identificación fue confirmada por un equipo independiente de antropólogos forenses argentinos.

Hace casi seis años, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 57 estudiantes de una facultad de docencia en Ayotzinapa fueron apresados después de un enfrentamiento con la policía de Iguala y el ejército mexicano. En el enfrentamiento, seis otros fueron asesinados y 25 resultaron heridos. De los que fueron secuestrados, 43 fueron dados por desaparecidos.

Christian tenía 19 años cuando desapareció. Como muchos de sus compañeros de estudios, había escogido la facultad de docencia de Ayotzinapa porque era asequible, dados los limitados recursos de su familia. La mayoría de los egresados de esa facultad luego van a enseñar en escuelas de áreas rurales pobres.

Aquel día fatídico de septiembre de 2014, Christian se había unido a un grupo de 100 estudiantes de Ayotzinapa que estaban en camino hacia Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco de 1968 de estudiantes y civiles por parte de las fuerzas de seguridad y militares mexicanas. Cincuenta y siete estudiantes de profesorado (conocidos como normalistas ) fueron arrestados en la ciudad de Iguala, después de requisar algunos de los autobuses para el viaje, una práctica que no es rara entre los estudiantes que viajan a manifestaciones. Christian era uno de los 43 que nunca volvieron.

No se responsabilizó nunca a nadie de la muerte de cientos de personas en Tlatelolco. En junio de 1971, mataron a 120 estudiantes durante una manifestación, también en Ciudad de México. Estos dos acontecimientos formaban parte de la llamada Guerra Sucia llevada a cabo por el gobierno mexicano contra los trabajadores y los jóvenes en los '70. Esa represión también iba dirigida contra las escuelas rurales normalistas .

Los acontecimientos de Iguala no habían sido el primer ataque a estudiantes en Ayotzinapa. En mayo de 2013, la policía del Estado de Guerrero atacó a estudiantes de Ayotzinapa que recaudaban fondos para un festival. Arrestaron y golpearon duramente a 26 de ellos. En diciembre de 2011, dispararon y mataron a tres estudiantes de Ayotzinapa durante una manifestación que exigía una reunión con el gobernador de Guerrero. Ni que decir tiene que los responsables de esos y otros actos de represión nunca fueron castigados de ninguna manera.

La desaparición de los 43 de Ayotzinapa desencadenó protestas masivas en todo México. Decenas de miles de personas marcharon en Ciudad de México menos de dos semanas después del secuestro y los asesinatos. Miles de estudiantes y docentes protestaron a lo largo del sur de México, incluyendo a 50.000 personas en Chilpancingo, la capital estatal de Guerrero.

En un intento de controlar los daños, en enero de 2015 el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció que los 43 estudiantes habían sido asesinados a manos de un cartel criminal local de narcotraficantes, Guerreros Unidos, que sus cuerpos habían sido quemados en un vertedero de basura y sus restos fueron puestos en bolsas de plástico y arrojados al río San Juan en Cocula, una ciudad cerca de Iguala.

Las autoridades federales insistieron en que no se podía dudar de sus hallazgos, y los llamó la "verdad histórica", una frase pronunciada por el entonces fiscal general Jesús Murillo Karam. Con ese mantra, la investigación de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa quedó efectivamente congelada, y el papel del ejército aquella noche quedó sin demostrar.

En realidad, esta "verdad histórica" encubrió el papel del ejército mexicano y las fuerzas de seguridad. El gobierno de Peña Nieto negó categóricamente que las fuerzas armadas hubieran desempeñado cualquier papel en la violencia contra los normalistas aquella noche, y específicamente negó que estuvieran implicados los batallones 27 y 41 de infantería del ejército, que comparten una base militar en Iguala.

Lejos de ser el resultado de una supuesta "investigación chapucera", como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando convocó una "comisión de la verdad" al asumir el cargo en diciembre de 2018, la supuesta "verdad histórica" fue un encubrimiento total, al que adhirieron los tres principales partidos con representación parlamentaria en México, el gobernante PRI, el centro-"izquierdista" PRD, y el derechista PAN.

Según una noticia publicada el 11 de julio de 2020 en el diario Proceso de Ciudad de México, personal del ejército estuvo de hecho muy implicado. Transportaron a los estudiantes a la sede del batallón de infantería de Iguala, los interrogaron, y luego se los entregaron al cártel de la droga Guerreros Unidos para que se deshicieran de ellos. Al poco, miembros del cártel mataron a los estudiantes y sumergieron sus cuerpos en contenedores de ácido, luego los metieron en bolsas y quemaron los restos.

La noticia de Proceso se basa en nuevos testimonios, que incluyen el de miembros del cártel de la droga, que detallan los vínculos que datan de mucho tiempo atrás entre el cártel, la policía de Iguala y las fuerzas armadas de Guerrero, que eran todos cómplices en el transporte de drogas, armas y dinero.

En un encuentro con padres de los 43 estudiantes, el presidente López Obrador declaró que la identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez jalonaba el "principio de una nueva y auténtica investigación", según los portavoces de los padres. Un abogado de los padres le dijo a la prensa que López Obrador se había comprometido a seguir la investigación hasta que se esclareciera qué les pasó a las víctimas y se apresara a todos los responsables .

Muchos padres siguen siendo escépticos con toda razón acerca de estas afirmaciones. López Obrador se ha estado apoyando cada vez más en el ejército, ha expandido su papel en hacer frente a la actividad criminal y las supuestas amenazas de seguridad, incluso creando una Guardia Nacional.

López Obrador ha usado al ejército y a la Guardia Nacional para reprimir a inmigrantes, luchas independientes por parte de trabajadores industriales, y docentes que protestaban. Se puede descartar que se ponga en contra de los jefes militares, quienes casi con seguridad dirigieron el encubrimiento anterior.

Hace menos de un mes, el coche de López Obrador fue rodeado por manifestantes en la ciudad portuaria de Veracruz, adonde había ido a hablar a una base militar. Los manifestantes exigían que el gobierno resolviera el asunto del destino de los 43 normalistas, y que saliera de su vehículo para hablar con ellos. "Ayúdanos a traerlos a casa", decía una de las pancartas.

López Obrador se negó a hablar con los manifestantes, citando la necesidad de "una distancia saludable" debido a la pandemia del coronavirus, una consideración que él repetidamente desestimó e ignoró. Según el diario Mazatlán Post, “una mujer que protestaba dijo: ‘Te reúnes con la madre del Chapo, bastardo, pero no con nosotros’”, refiriéndose a que López Obrador le diera la mano a la madre del encarcelado señor de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán en marzo al visitar el Estado de Sinaloa.

Vidulfo Rosales, el abogado de los padres, insistió en que además de apresar a todos los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, también hay que hacer que se responsabilicen todos los que colaboraron en esconder la verdad. Si ello se tomara literalmente, ello incluiría al anterior presidente y al anterior fiscal general, así como a las más altas esferas del ejército.

Mientras tanto, más fragmentos de posibles partes de cuerpos han sido enviados a la Universidad de Innsbruck para hacerles más pruebas.

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Los 43: Una masacre estatal y un encubrimiento en México
[13 de mayo de 2019]

(Publicado originalmente en inglés el 25 de julio de 2020)