El despliegue inconstitucional de fuerzas paramilitares en ciudades de todo el país por parte del Gobierno de Trump equivale a una declaratoria de guerra contra el pueblo. Infringiendo explícitamente la Carta de Derechos y amenazando con derrocar la Constitución, los conspiradores en la Casa Blanca están intentando llevar a cabo un golpe de Estado. En violación de su juramento a “desempeñar legalmente el cargo de presidente de los Estados Unidos”, Trump está complotando para encarcelar y ejecutar a sus oponentes políticos.

En las últimas dos semanas, se ha movilizado a agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional en las calles de Portland, Oregón. La Casa Blanca ha desplegado a estas fuerzas desafiando las objeciones de los Gobiernos estatales y locales, utilizándolas para librar una campaña cada vez más violenta de represión dirigida contra las protestas en marcha en oposición a la violencia policial.

Agentes sin identificación y en equipo militar han detenido a manifestantes desarmados, arrojándolos a carros particulares para ser transferidos a locaciones desconocidas sin ninguna causa probable. Equipos SWAT con rifles de asalto han emprendido contra manifestantes pacíficos, golpeándolos con porras y disparando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Un protestante fue sometido a un disparo en la cabeza con una bala de goma que le fracturó el cráneo.

Las tropas de choque de Trump han salido del aparato de represión que fue construido para atacar a los trabajadores inmigrantes y librar guerras. Este incluye a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ambos encabezados por directores “en funciones” que nunca fueron confirmados por el Senado y, consecuentemente, solo rinden cuentas al presidente. El papel central desempeñado por el equipo SWAT interno de la CBP conocido como BORTAC es particularmente ominoso. Es una organización brutal y con experiencia en el campo de batalla que ha estado involucrada en importantes operaciones del ejército estadounidense en el exterior, incluyendo en las guerras de Irak y Afganistán.

La semana pasada, Trump declaró que otras ciudades también serán objeto de intervenciones, incluyendo Nueva York, Chicago, Cleveland, Milwaukee, Filadelfia, Detroit, Baltimore, Oakland y Albuquerque.

En una rueda de prensa el 22 de julio, Trump atacó a lo que llamó un movimiento “de extrema izquierda” y “radical” que busca “desfinanciar, desmantelar y disolver nuestros departamentos policiales”, así como envilecer a “nuestros héroes policiales”.

El pretexto de Trump para la movilización consiste en las protestas que sacudieron el país desde el asesinato policial el 25 de mayo de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. No obstante, las acciones de Trump están siendo impulsadas por una amplia gama de preocupaciones.

Estados Unidos es un polvorín social y político. La pandemia ha expuesto el estado disfuncional de la sociedad estadounidense y sus instituciones políticas. La subordinación absoluta de todas las necesidades sociales a la marcha intransigente de la oligarquía capitalista en busca de ganancias y riqueza ha creado las condiciones que propiciaron la catástrofe en curso.

Más de 150.000 personas en Estados Unidos han fallecido por el COVID-19 y más de 1.100 son añadidas a esta horrenda cifra cada día. El jueves, Estados Unidos registro los cuatro millones de casos, tan solo catorce días tras superar los tres millones de contagios. Los hospitales están colapsando en Texas, Florida, California, Arizona y otros estados.

Pero, aun cuando el virus se sigue propagando y el ritmo de muertes aumenta, el Gobierno de Trump insiste en que los trabajadores deben volver a sus trabajos y las escuelas deben reabrirse sin importar las consecuencias para sus docentes y estudiantes.

A fin de maximizar la presión económica sobre los trabajadores, la asistencia social limitada que fue promulgada en virtud de la Ley Cares de marzo está a punto de ser severamente recortada o eliminada completamente. La semana pasada, el Congreso permitió que expirarán los beneficios federales por desempleo. Incluso cuando los nuevos reclamos de beneficios por desempleo superaron los 1,4 millones la semana pasada, se expiró la moratoria federal sobre evicciones, poniendo a millones en riesgo de ser expulsados de sus hogares.

En cuestión de semanas, millones de familias obreras se verán amenazadas con la miseria, la falta de vivienda y el hambre. El Gobierno de Trump espera un estallido de protestas sociales y está preparando una represión masiva.

Al mismo tiempo, Estados Unidos está involucrado en una serie de amenazas provocadoras contra China, empujando al mundo al borde de una guerra mundial. El jueves, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pronunció una diatriba militarista contra China mientras agentes estadounidenses irrumpían en la Embajada china en Houston, después de que el Gobierno de Trump tomara la decisión sin precedentes de cerrarla. Antes del discurso de Pompeo, dos portaaviones estadounidenses y sus grupos de ataque fueron ordenados realizar ejercicios de guerra de “alto perfil” junto a buques australianos y japoneses en el mar de China Meridional.

El despliegue de la policía federal es una continuación de los esfuerzos de Trump de establecer una dictadura presidencial, que anunció hace ocho semanas en su discurso nacional el 1 de junio en la Rosaleda. Mientras la policía militar atacaba violentamente a manifestantes pacíficos fuera de la Casa Blanca, Trump se declaró el presidente de “la ley y el orden”, y amenazó con invocar la Ley de Insurrecciones de 1807 para calificar a los protestantes contra la violencia policial como “terroristas nacionales”.

El golpe de Estado inicial de Trump se topó con resistencia dentro de las fuerzas armadas, incluso por parte del exsecretario de Defensa de Trump, el general James Mattis, por considerar no hubo una preparación adecuada para tan drástica acción. Pero sería peligrosamente ingenuo pensar que las fuerzas armadas defenderán la democracia. Las últimas acciones de la Casa Blanca sin duda fueron realizadas tras consultar con los generales, quienes le dijeron a Trump que él cuenta contras fuerzas bajo su mando y que debería utilizarlas antes de llamar a los militares directamente. Pero las fuerzas paramilitares de BORTAC y ICE serán complementadas por otras.

El viejo refrán de que “No podría suceder aquí”, de que jamás podría haber una dictadura en Estados Unidos, está siendo refutado. No solo podría suceder; está sucediendo.

En una columna de opinión publicada el viernes, Roger Cohen del New York Times comparó los acontecimientos en Estados Unidos con la situación en Alemania antes de la conquista nazi del poder. En su columna del 24 de julio intitulada “La catástrofe estadounidense a través de ojos alemanes”, Cohen cita un comentario de Michael Steinberg, un profesor de historia de la Universidad Brown y expresidente de la Academia Estadounidense en Berlín:

La catástrofe parece emporarse cada día, pero en particular los eventos en Portland me han alarmado como un tipo de experimento estratégico de fascismo. El libro de jugadas del colapso alemán de la democracia en 1933 parece estar bien vigente, incluyendo facciones militares rebeldes, la desestabilización de ciudades, etc.

Pero a diferencia de Hitler, Trump no cuenta con un movimiento fascista de masas. Si bien intenta agitar a fuerzas ultraderechistas, su principal instrumento es el aparato del Estado, de una manera parecida a la dictadura del general Abdelfatah el Sisi o las dictaduras militares latinoamericanas. El propio Cohen lo compara directamente con la experiencia en Argentina, la cual fue gobernada por una sangrienta dictadura militar a fines de los años setenta y principios de los años ochenta.

Quizás los años que pasé cubriendo Argentina en los años ochenta, después de la junta militar, me sensibilizaron especialmente sobre el uso de carros particulares —en el caso argentino, Ford Falcon— para agarrar a oponentes políticos izquierdistas de la calle. Los “desaparecían”, una palabra cuya devastación psicológica prolongada evalué en incontables cuartos llenos de lágrimas.

La respuesta del Partido Demócrata es una combinación de cobardía y debilidad. Los alcaldes demócratas han variado entre desafíos endebles en las cortes y llamados a que las fuerzas paramilitares sean utilizadas contra el “crimen”, no contra los manifestantes. En el único caso importante desafiando la autoridad de la policía federal para detener a los manifestantes, un juez en Portland falló el viernes que los arrestos podían continuar.

Tras el discurso de Trump el 1 de junio, los demócratas cedieron cualquier oposición a Trump a los generales, defendiéndolos como los árbitros del poder político. El nominado presidencial demócrata Joe Biden ha dicho que su “mayor pesadilla” es que Trump se rehúse a dejar el cargo después de noviembre, pero su respuesta a tal situación es confiar en que los militares intervendrán para deponerlo.

A inicios del año, los demócratas concluyeron su fiasco del juicio político, que se basó en su propia campaña derechista contra Rusia. Mientras Trump viola descaradamente la Constitución y prepara una dictadura presidencial, no ha habido ninguna sugerencia de otro juicio político, ni hablar de llamados a protestas masivas para sacar a Trump del poder.

La Casa Blanca es la cabina de control de una conspiración política para establecer una dictadura presidencial.

Esta situación ha sido preparada a lo largo de un periodo prolongado. Han pasado dos décadas desde el robo de las elecciones presidenciales de 2000, cuando la Corte Suprema de EE.UU. intervino para detener el conteo de votos en Florida y le entregó la victoria electoral a George W. Bush, mientras los demócratas no presentaron ninguna resistencia.

Menos de un año después, los atentados terroristas del 11 de septiembre fueron utilizados por la clase gobernante para declarar una “guerra contra el terrorismo” como pretexto para emprender guerras interminables y una escalada masiva de las medidas de Estado policial. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el cual operan ICE y la CBP, fue creado con un apoyo bipartidista en noviembre de 2002. Fue parte de una avalancha de acciones —la Ley Patriota, el Comando Norte de EE.UU., la construcción de la prisión en la bahía de Guantánamo, la tortura de la CIA y el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)—.

Estos poderes fueron expandidos durante el Gobierno de Obama, el cual proclamó el derecho del presidente de asesinar a ciudadanos estadounidenses sin un debido proceso, encabezó la persecución de Julian Assange de WikiLeaks y creó el marco legal para una red de campos de concentración para detener a los inmigrantes huyendo a EE.UU.

Trump personifica la criminalidad de la élite corporativa. Pero el colapso de la democracia y el peligro de una dictadura no son los productos de su personalidad sociopática.

Como con todo lo demás, la pandemia ha acelerado e intensificado esta tendencia subyacente hacia la dictadura. Mientras que los milmillonarios han aprovechado la crisis para enriquecerse masivamente, la gran masa de la población se enfrenta a una situación absolutamente desesperada. La determinación de esta oligarquía para hacer valer sus intereses, a expensas de miles y miles de vidas, no es compatible con la democracia. Las formas políticas se están alineando con la realidad social.

Pese a su crueldad, las acciones de Trump son las de un hombre desesperado y atemorizado. Está consciente de que él y su Gobierno son odiados. Su amenaza repetida seguir en el cargo independientemente del resultado de los comicios es una admisión de que su Gobierno carece de apoyo popular y solo puede permanecer en el poder a través de violencia.

Los trabajadores deben estar atentos ante ataques y provocaciones. En todos los lugares de trabajo y barrios obreros, las acciones de las fuerzas paramilitares deben ser monitoreadas de cerca.

Pero, ante todo, los trabajadores y jóvenes deben entender que la defensa de los derechos democráticos es, esencialmente, una lucha contra el sistema capitalista y su Estado. Los métodos que se deben emplear en esta lucha son los métodos de la lucha de clases. Las conspiraciones del Gobierno de Trump y las élites gobernantes deben ser opuestas a través del desarrollo de una estrategia para transferir el poder político a la clase obrera y establecer el socialismo.

Los trabajadores deben resistir todos los intentos de encarrilar su enojo detrás de cualquier partido capitalista. Deben oponerse despiadadamente a cualquier esfuerzo para romper su unidad, sea a través de la promoción de las guerras o la política de las divisiones raciales-comunales. La afirmación promovida por el Partido Demócrata de que el conflicto fundamental es uno entre “los EE.UU. blancos” y “los EE.UU. negros” es tan falsa como reaccionaria. No, el conflicto es uno entre la clase obrera y la oligarquía corporativo-financiera.

Los acontecimientos hablan por sí solos y se deben sacar las conclusiones. En vez de esperar y ver qué es lo próximo que hará Trump, la clase obrera necesita actuar. Si la lucha de la clase obrera contra el capitalismo avanza más rápido que la implementación de una dictadura militar-policial no será algo determinado en lo abstracto. Será determinado en la lucha.

El Partido Socialista por la Igualdad hace un llamado urgente a todos los lectores del World Socialist Web Site: ¡Es hora de no quedarse al margen de los acontecimientos! ¡Es hora de luchar! Únanse al Partido Socialista por la Igualdad y sus partidos hermanos en el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de julio de 2020)