La decisión políticamente criminal del gobierno español de reabrir las escuelas en medio de una ola masiva de infecciones de COVID-19 llevará a incontables muertes innecesarias. Los dos partidos gobernantes, el "populista de izquierdas" Podemos y el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE), están actuando con completa indiferencia respecto a la salud y la vida de millones de docentes, niños y sus familias.

España sigue siendo el epicentro del resurgimiento del coronavirus en Europa Occidental. Este fin de semana, el país alcanzó un hito tétrico, al superar el medio millón de infecciones tras registrar 26.560 nuevos casos entre el viernes y el domingo. La cifra oficial ahora está en 543.379. El viernes también se produjeron 184 nuevas muertes, el mayor número de fallecimientos diarios desde finales de mayo. Aunque la cifra oficial manipulada de muertes está en 29.516, los análisis que han hecho los grandes periódicos indican que por lo menos 45.000 personas han muerto en España a causa del virus.

La clase gobernante se jacta, sin embargo, de que la reapertura de las escuelas le permitirá implementar su política fascistizante de la "inmunidad de grupo" —que permite que el virus circule por la población sin importar la muerte y destrucción que ocurra.

El miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Ayuso, le dijo a Es Radio: "Es probable que prácticamente todos los niños, de una u otra manera, se infecten de coronavirus".

Ayuso dejó claro su desprecio por la suerte de los niños de escuela y sus familias. "Quizás se infecten el fin de semana en una reunión familiar", dijo despectivamente, "o en la tarde en el parque o quizás lo pillen de un compañero de clase. No lo sabemos, porque el virus puede estar en cualquier parte". Sin embargo, enfatizó que "los niños deben volver a la escuela", para "estar con niños de su misma edad", volver a "sus rutinas", y "socializarse".

Consciente de la oposición explosiva entre docentes y padres, Ayuso demandó con arrogancia que no haya "huelgas ni amenazas", afirmando que "No es el momento del 'yo, yo, yo'" de los trabajadores.

La diatriba de tipo fascista de Ayuso es, sin embargo, la clave para entender la política del gobierno del PSOE y Podemos. Hablándole al diario El País, la ministra de educación del PSOE Isabel Celáa repitió como loro afirmaciones anticientíficas y desacreditadas según las cuales abrir las escuelas no llevará a un aumento de las infecciones. "Hoy se está estableciendo en el ámbito de la ciencia que cerrar las escuelas no aporta ningún beneficio a la evolución de la pandemia en términos de la reducción de casos", declaró. "Y los beneficios de la escuela son mucho mayores que los riesgos. ..."

En una entrevista separada con Radio Nacional de España (RNE), Celáa declaró que para los niños, "el lugar más seguro es la escuela", insistiendo en que la reapertura de las escuelas proseguirá como estaba previsto contra toda evidencia científica y oposición popular.

"Mientras no haya una transmisión incontrolada", dijo, "que tendrá que ser determinada por el ministerio de sanidad, las escuelas deberán permanecer abiertas porque todos estamos viviendo con la pandemia."

Sobre esta base, el gobierno del PSOE y Podemos está amenazando con querellarse con todos los padres que no envíen a sus hijos a la escuela para ser infectados con el COVID-19. La fiscalía general anunció el jueves que iniciaría "procedimientos criminales" contra cualquier padre de un menor de entre 6 y 16 años que no vaya a la escuela. Declaró que la asistencia a la escuela de manera presencial es una "obligación ineludible", acusando de negligencia a los padres que quieran mantener a sus hijos en casa.

Amenazó con que la "negligencia voluntaria, injustificada y persistente" de los padres "llevará a consecuencias legales por no cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad".

El gobierno del PSOE y Podemos está actuando con un desprecio abierto por la vida y la salud de los docentes así como de los estudiantes y sus familias.

La predicción de Ayuso de que casi todos los niños españoles contraerán el COVID-19 da fe del desprecio alarmante por la salud y la vida de no solo sus padres y parientes de edad, quienes contraen más a menudo formas mortales de la enfermedad, sino también por los propios niños. Ahora está documentado científicamente que el COVID-19 puede causar a menudo daño al corazón grave y persistente y enfermedades como el síndrome de Kawasaki en niños.

Es más, España tiene una de las mayores proporciones de docentes de edad de Europa Occidental, con un 38,2 por ciento de docentes de más de 50 años de edad y un promedio de 46. Hay 22.127 docentes de más de 60 años de edad en España (casi el 5 por ciento de todos los trabajadores de la enseñanza); casi 2.000 de estos tienen más de 65. Miles de docentes están por lo tanto siendo puestos en severo riesgo, ya que las personas de más de 60 se saben que son uno de los grupos más vulnerables a morir de coronavirus.

El virus se está extendiendo rápidamente por España. En una indicación de la difundida transmisión comunitaria en España, entre 2.000 y 2.500 de los 67.000 educadores a los que se les hicieron pruebas (más del 3,5 por ciento) volvieron con un test de anticuerpos positivo. Los que dieron positivo ahora tienen que ser chequeados para determinar si siguen siendo infecciosos.

Se han anunciado medidas limitadas en algunas de las 17 Comunidades Autónomas españolas, tales como reducir el tamaño de las clases, requerir que los niños de más de seis años lleven mascarilla, e implementar medidas de distancia social; son medidas irrisorias por lo que parece, y en muchos casos ni siquiera se han implementado.

La semana pasada, Ayuso anunció a última hora que todos los docentes de la Comunidad de Madrid tenían que hacerse un test de anticuerpos de coronavirus antes de empezar el año escolar. Se instó a los docentes por e-mail con menos de 24 horas de antelación a que se hicieran el test, lo que llevó a escenas caóticas de miles de personas haciendo cola en las calles de Madrid, que prácticamente imposibilitaron las medidas de distanciamiento social.

El sábado, se anunció que el 30 por ciento de las aulas en las escuelas primarias catalanas no cumplían todavía con las políticas de reducción del tamaño de las clases, a menos de una semana para que reabran las escuelas. El gobierno de Cataluña se comprometió a no permitir más de 20 alumnos por aula, pero esta ratio, en sí misma insuficiente para prevenir la expansión del virus, todavía no se ha cumplido en muchas escuelas públicas. No hay ningún límite de alumnos para las aulas de los institutos de secundaria.

La Asociación de Familias por la Elección de una Educación Segura, un grupo de padres basado en Cataluña, condenó al gobierno catalán por la falta de medidas de seguridad en las escuelas, denunciándolo por "convertir en mataderos los centros educativos". Las escuelas, dijo la Asociación, "son un medio ideal para un nuevo brote general en términos de salud pública", y "llevar mascarilla no sirve para nada en espacios cerrados, restringidos y sin ventilación ni equipo de limpieza".

Se necesitarán unos 39.000 docentes más en todo el país para mantener las recomendaciones del ministerio de educación de que el tamaño de las clases no sobrepase los 20 niños, según los gobiernos regionales de España. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) estima que esta cifra es de alrededor de 70.000. Muchas regiones están lejos de cumplir con estos requisitos de contratación.

En una indicación temprana del desastre que está por barrer a España al reabrirse las escuelas, una guardería en Sevilla, en la región de Andalucía, ya se ha visto obligada a cerrar después de que un miembro del personal diera positivo. Sesenta niños de entre cero y tres años que iban a la guardería ahora tienen que autoaislarse en casa.

Los padres que no pueden trabajar ni aportar ingresos mientras sus hijos están en cuarentena no recibirán nada del Estado. A pesar de que antes se comprometiera a cubrir los costes por baja médica de los padres que se queden en casa a cuidar a niños en cuarentena o infectados, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, ahora ha dado marcha atrás, declarando que los padres tendrán que basarse en los programas existentes de baja médica no remunerada.

El viernes, Sánchez declaró que "no existe el riesgo cero" con la apertura de las escuelas, pero quería transmitir un mensaje de "seguridad razonable" a los docentes. Las 17 comunidades autónomas españolas no deben cerrar las escuelas "unilateralmente", declaró, cualesquiera que sean los riesgos a la salud pública.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de septiembre de 2020)