Se produjeron protestas y manifestaciones durante el fin de semana en Chile después de que apareciera un video que mostraba a un policía de las Fuerzas Especiales de Carabineros empujando a un joven de 16 años por el puente Pio Nono en Santiago.

Al final de la tarde del viernes, a los TENS, que llevan un mes protestandopor el reconocimiento profesional, la mejora de las condiciones de trabajo y los aumentos salariales, se les unió una manifestación espontánea de cientos de jóvenes, indígenas y otros grupos sociales en la preparación de un referéndum para descartar la constitución de la dictadura militar, previsto para el 25 de octubre.

A las 7 de la tarde, los carabineros y un cuadro de fuerzas especiales atacaron a los manifestantes con camiones lanzaagua y gases lacrimógenos, y realizaron decenas de detenciones. Alrededor de las 7:30 p.m., mientras las Fuerzas Especiales perseguían a una sección de los manifestantes por el puente, un oficial corrió a Anthony Araya, de 16 años, con tal fuerza que lo empujó por encima de la barandilla del puente. El joven cayó de cabeza en el río Mapocho, 5 metros más abajo. Sufriendo un severo traumatismo craneal, permanece en estado crítico pero estable.

Durante minutos los oficiales miraron al cuerpo aparentemente sin vida que yacía boca abajo en el lecho del río, pero no hicieron ningún intento de prestar ayuda al joven gravemente herido. Incluso mientras la brigada de salud, los bomberos y los servicios de emergencia iniciaban un rescate, la policía siguió disparando gases lacrimógenos, obstaculizando su trabajo.

A medida que la noticia del incidente comenzó a circular por Internet y en los medios de comunicación, Carabineros emitió una declaración inicial en la que negaba toda responsabilidad por lo que denominaba un "lamentable accidente". La prensa y las cadenas nacionales reiteraron el mensaje oficial afirmando que el joven "perdió el equilibrio en la barandilla" después de que un agente de policía "tratara de detenerlo".

Mientras el cuestionamiento de la línea oficial seguía extendiéndose en las redes, el Teniente Coronel Rodrigo Soto de la Prefectura de Santiago Oriental emitió un desmentido mucho más calificado a la prensa: "Lo que Carabineros desmintió y vuelve a desmentir absolutamente es que se haya tomado de los pies a esta persona o que haya sido botado al río por un chorro del carro lanzaagua como lo inventaron testigos en redes sociales. Afortunadamente hay un video que muestra que este lamentable accidente se produjo en un contexto intenso de detención de personas que causaban desórdenes...".

En cuestión de minutos, el video tomado por el medio estatal venezolano Telesur, mostrando en cámara lenta el momento en que Carabineros empujó al joven del puente, se hizo viral en los medios sociales, lo que enfureció aún más a la población. Los cacerolazos (el golpeteo de las ollas y sartenes) continuaron hasta el viernes por la noche. Las imágenes de los cuerpos de las víctimas de la dictadura militar arrojados al río Mapocho en los años 70 fueron colocadas junto a la imagen del cuerpo inmóvil y ensangrentado de Anthony Araya yaciendo en el mismo río.

En los días siguientes, se organizaron protestas en varias comunas obreras de la capital, así como en el centro de la ciudad. Los padres del chico fueron recibidos con una manifestación fuera del hospital donde estaba siendo operado. La vigilia, al igual que las demás protestas, se dispersó con camiones lanzaagua.

Ni el presidente multimillonario de Chile, Sebastián Piñera, ni su ministro del Interior, Víctor Pérez--que ejerció en la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet--ni el director de Carabineros, Mario Rozas, pronunciaron el viernes una palabra de apoyo al joven o a su familia, ni condenaron las acciones de la policía paramilitar. El contraste entre su hostilidad desenfrenada hacia cualquier expresión de oposición de la clase obrera, por un lado, y su apoyo entusiasta a las acciones de la ultraderecha, por el otro, es tan agudo como el blanco y el negro.

Hace poco más de un mes, los gremios camioneros bloquearon las carreteras arteriales en lugares estratégicos cortando el suministro de mercancías y perecederos, en un intento de obligar al congreso a aprobar medidas draconianas de estado policial. Los gremios camioneros, con un historial de actividad golpista--la más infame fue la huelga de camioneros de 1972, apoyada por la CIA, que pretendía derrocar al gobierno de Salvador Allende--fueron ayudados en sus acciones sediciosas por Carabineros, que reguló el flujo de tráfico para ellos. De igual manera, lejos de reprimir las pequeñas marchas convocadas por el "Rechazo" en defensa de la constitución de Pinochet, la policía ha proporcionado escoltas a estas bandas de reaccionarios de clase media y fascistas descarados.

Los partidos de centro-izquierda, sin embargo, se han puesto en marcha, intentando hacer heno de una crisis política inminente para el gobierno de ultraderecha. Comenzaron a exigir la dimisión de Mario Rozas, director general de Carabineros, y del ministro del Interior Pérez, en un cínico intento de ganarse el favor de las masas.

El diputado Pablo Vidal (Revolución Democrática) pidió a la Cámara Baja que negara las asignaciones para el presupuesto de Carabineros hasta que Rozas y Pérez renunciaran. A él le siguieron una docena de otros, todos los cuales trataron de superarse al condenar las acciones de la policía y amenazar con llevar el asunto a los tribunales.

Estas cínicas maniobras deben ser tratadas con el desprecio que merecen.

Están diseñadas para canalizar la creciente ira hacia los desdentados llamados a una reforma institucional. La eliminación de Rozas y Pérez demostrará la responsabilidad. Los tribunales deben ser vistos como funcionando sobre la base del estado de derecho, por lo que algunas "manzanas podridas" descubiertas cometiendo crímenes de derechos humanos deben ser sacrificadas. Deben cumplirse los llamamientos tentativos para que se capacite a la policía, al ejército y a los demás cuerpos de hombres armados en las doctrinas de derechos humanos. En otras palabras, la función principal de la "izquierda" chilena es sembrar ilusiones en la democracia parlamentaria y salvaguardar el Estado capitalista para que no se vea amenazado desde abajo por la clase obrera.

Esta ha sido su función histórica. Están unidos por una ideología común que afirma que Chile es una nación con tradiciones democráticas y que se adhiere a las normas constitucionales. Esta engañosa teoría del excepcionalismo nacional fue utilizada a lo largo del siglo XX, y especialmente por el Partido Comunista Estalinista (PCCh), para negar la necesidad de que la clase obrera emprendiera una lucha revolucionaria socialista e internacionalista contra el capitalismo. Esta cuestión se convirtió en un factor crucial en la derrota de las masas en 1973, cuando Allende vendió este dogma nacionalista incluso cuando los militares bombardeaban el palacio presidencial.

Hoy toda la llamada "izquierda"--desde el PCCh, el Partido Socialista (PS), los Humanistas y el Partido por la Democracia (PPD), hasta las coaliciones del movimiento estudiantil surgidas en la década de 2000 como el Frente Amplio, Revolución Democráctica, Convergencia Social, hasta las últimas permutaciones electorales de todos los anteriores, como Fuerza Común y Nueva Mayoría-- pertenece a una casta burocrática que ha buscado dominar a la clase obrera en Chile con una política reformista de clase media.

De una forma u otra, durante tres décadas desde el retorno de los civiles al poder, han derivado su existencia privilegiada de cargos en el aparato ejecutivo o legislativo, en la administración pública o en los sindicatos y otras organizaciones sociales. Mientras tanto, las condiciones de la clase obrera y la juventud han empeorado a niveles no vistos desde los días más oscuros de la dictadura.

El Estado chileno, sin embargo, está atravesando una verdadera crisis de dominio burgués. El policía que empujó a Anthony Araya por las barandillas está en custodia después de que un tribunal de garantía escuchó el caso presentado por la fiscalía durante el fin de semana. Esto no tiene precedentes. En dos de las violaciones de derechos humanos más emblemáticas que surgieron de la represión policial desenfrenada del año pasado, se necesitaron nueve meses para arrestar al policía responsable de cegar a Gustavo Gatica y diez meses para la detención preventiva del policía que casi mató a Fabiola Campillai.

Ominosamente, el 28 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 14 recursos de protección contra el uso de armas antidisturbios, sosteniendo su uso para hacer cumplir el orden público. Las querellas penales pretendían que los tribunales "declararan la ilegalidad y/o arbitrariedad del hecho atribuible a funcionarios de Carabineros de Chile, consistente en disparar arbitrariamente balas y/o perdigones... causando gravísimas lesiones" y que amenazaba "el derecho a la integridad física y psicológica de las personas, la libertad de reunión y la libertad de expresión".

Los recursos representaban a más de 100 estudiantes que sufrieron lesiones y mutilaciones como resultado del disparo desproporcionado e indiscriminado de municiones "no letales" por parte de Carabineros en octubre y noviembre del año pasado.

El tribunal desestimó los casos, argumentando que el gobierno y la policía se enfrentaban a una "actividad ilegal excesiva" de "violencia inusual" y, por lo tanto, el grado de contención requerido era imprevisible.

"El lamentable resultado de los actos violentos de algunos ciudadanos no puede ser una justificación para impedir el uso de armas pertenecientes a los órganos policiales, especialmente cuando estos órganos policiales han regulado y ajustado sus protocolos de acuerdo con las normas internacionales de policía, respetando las garantías fundamentales de todos los sujetos de derecho", dictaminó el tribunal. Este fallo debe tomarse como una verdadera advertencia.

La violencia policial asesina demuestra que todas las tensiones que dieron lugar a convulsiones sociales masivas el pasado mes de octubre sólo se han visto exacerbadas por la pandemia COVID-19. La juventud y los trabajadores chilenos están recurriendo cada vez más a la acción de clase militante contra la desigualdad social, la falta de vivienda, el desempleo masivo, la extrema pobreza, la represión del Estado policial y la amenaza de la dictadura.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de octubre de 2020)