El coronavirus está devastando la vida y el sustento de los trabajadores y los casos van aumentando rápidamente en toda España. El miércoles pasado, España superó el umbral de los 900.000 casos, registrando medio millón de infecciones en menos de dos meses. Esto pone a España séptima en el mundo por el número total de casos. Según España registra oficialmente entre 12.000 y 15.000 nuevos tests positivos por día, alcamzará el tenebroso hito del millón de infecciones totales en cuestión de días.

La cifra oficial de muertos sobrepasa los 30.000, aunque nuevas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que algo menos de 59.000 fallecimientos excedentes se han producido desde que empezó la pandemia. Cerca de 11.000 han muerto solo desde julio según el INE, más del doble de las cifras oficiales del ministerio de sanidad, que registró 5.400 muertes. Las muertes diarias oscilan entre 100 y 250.

La Comunidad de Madrid, la región más golpeada por el rebrote del virus, está escondiendo el verdadero alcance de este resurgimiento, manipulando sus cifras diarias para minimizar la amenaza a la vida. A lo largo de los meses pasados, ha estado omitiendo miles de casos de sus conteos diarios, antes de modificar retroactivamente las cifras de infecciones hasta una quincena más tarde, sin notificar al público.

El 2 de octubre, por ejemplo, Madrid publicó cifras que indicaban que 1.005 nuevos casos de coronavirus se habían detectado en la región el día anterior; una semana más tarde, volviendo a las estadísticas oficiales, esta cifra había cambiado a 2.442 —más del doble de lo que se informó inicialmente. Un desfase todavía mayor se puede ver en las estadísticas de infecciones de las que se informó el 24 de septiembre, cuando se informó originalmente de 828 casos positivos. Pero para el 13 de octubre, las cifras de ese día eran casi cinco veces más grandes, de 4.324.

Aunque el COVID-19 causa estragos en España y el mundo, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos está negándose a tomar cualquier medida seria para contenerlo. Siguen abiertas escuelas, universidades y lugares de trabajo no esenciales, lo que es un excelente caldo de cultivo para el coronavirus.

El viernes entraron en vigor medidas limitadas en Cataluña, como respuesta a una abrupta subida de las infecciones, donde los casos alcanzaron el 40 por ciento en apenas una semana. Las restricciones, que se prevé que duren una quincena, cerraron todos los bares y restaurantes, que sin embargo pueden ofrecer comida para llevar. Las tiendas están limitadas al 30 por ciento de su aforo normal, y cines y teatros al 50 por ciento.

Recreativos, parques de atracciones, salas de bingo y casinos también tendrán que cerrar, mientras que parques y áreas de juegos para niños tienen que cerrar a las 8 de la tarde. Aunque las clases universitarias teóricas pasarán a ser on line, talleres, prácticas y actividades de investigación seguirán siendo presenciales.

No hay cambios en la educación presencial para niños menores de 18 años: escuelas, universidades y guarderías siguen abirtas —lo que garantiza la extensión continuada de la enfermedad. Los centros educativos son puntos calientes para el virus: 1.664 escuelas en toda Cataluña han puesto clases en cuarentena total o parcialmente al detectarse brotes de coronavirus. Estas medidas afectan a casi 40.000 alumnos de la región, más de 1.800 docentes y otros cerca de 300 trabajadores de la educación.

La pandemia sigue afectando desproporcionadamente a la clase trabajadora y a los pobres, desmintiendo la gastada consigna burguesa de que "todos estamos juntos en esto". Aunque se disparan los casos del virus, en la clase gobernante no se habla de dejar que los trabajadores de las industrias no esenciales se refugien en casa para protegerse de la enfermedad potencialmente mortal. Todavía se pretende que los trabajadores vayan a las fábricas, oficinas y otros lugares de trabajo en Cataluña, con "actividades vinculadas al trabajo" siendo una de las muchas excepciones al límite del tamaño del grupo de la "regla de seis" de la región.

En Madrid, las cifras de hospitalizaciones demuestran el horrible impacto de la pandemia en los pobres y los más vulnerables, particularmente trabajadores inmigrantes, que a menudo viven en apartamentos abarrotados y trabajan en lugares inseguros. En el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el 90 por ciento de los pacientes hospitalizados con coronavirus en septiembre son pobres. La mayoría de las admisiones hospitalarias relacionadas con el virus en la ciudad eran trabajadores inmigrantes de entre 30 y 60 años de edad.

Una enfermera del Hospital Universitario La Paz de la capital describía la situación con la que se confrontan los inmigrantes: "Estos inmigrantes son en su mayoría pobres y tienen una peor respuesta inmune ... Vivir en apartamentos mal ventilados probablemente implica que se estén infectando con una mayor carga vírica, así como el tener una peor dieta y respuesta inmune. Son los que sufren más durante esta pandemia, junto a los mayores".

Dando testimonio de la irracionalidad del capitalismo, a pesar del enorme recrudecimiento de la pandemia en España, cerca de 2.000 empleos en la sanidad y la asistencia social se perdieron en septiembre, según el sindicato del sector público Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Aunque el gobierno del PSOE y Podemos prometió que contrataría a 50.000 nuevos profesionales de la salud para combatir la pandemia, el sindicato de enfermeros (SATSE) calcula que en los centros de atención primaria españoles todavía hacen falta 15.500 enfermeros.

Los hospitales españoles ya están luchando para hacer frente al repunte de admisiones por coronavirus, que solo seguirán subiendo al acercarse la temporada de gripe invernal. Ya se han hecho advertencias de que los hospitales estarán colapsados este invierno, cuando una segunda oleada de COVID-19 coincida con un repunte de pacientes de gripe.

Actualmente, uno de cada cinco (el 18,8 por ciento) de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en España están ocupadas por pacientes de coronavirus, según cifras del ministerio de sanidad. Esto asciende a más de un tercio de las camas en las zonas peor afectadas de Madrid (el 37,43 por ciento), de Aragón (el 34,20 por ciento) y de La Rioja (el 33,33 por ciento). Los datos de las administraciones autonómicas a menudo dan una imagen más cruda: en Aragón, por ejemplo, más de la mitad (el 51,16 por ciento) de las camas de UCI estaban ocupadas por pacientes de coronavirus.

El impacto del COVID-19 en la clase trabajadora no es solo médico, sino también económico y social. Un informe reciente de Oxfam indica que la pandemia llevará a otro 1,1 millón de españoles a la pobreza sin mayor acción para proteger la educación, la sanidad y la seguridad social. Esto llevaría el número de trabajadores en España en la pobreza a 10,9 millones, de un quinto (el 20,7 por ciento) de la población antes de la pandemia a casi un cuarto (el 23,07 por ciento).

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que la economía española está a punto de colapsar, tras haber alcanzado la mayor caída en el PBI de todas las economías desarrolladas este año. El déficit español subirá al 14,1 por ciento del PIB este año y la deuda nacional al 123 por ciento, y quedará en alrededor del 120 por ciento del PIB hasta 2025. La economía española no recuperará los niveles anteriores a la pandemia por lo menos hasta 2023, predice el FMI, después de contraerse un 12,8 por ciento en 2020, la mayor disminución de la historia de España y la mayor de la eurozona.

El FMI también predijo que las cifras españolas de desempleo no volverán a niveles anteriores a la pandemia hasta 2026. El desempleo en España permanecerá en el 16,8 por ciento este año y el siguiente, predice el FMI, haciendo de España el segundo peor país en Europa tras Grecia (19,9 por ciento). Cerca de 965.000 empleos fueron destruidos en España este año a causa del COVID-19, el FMI prevé que solo uno de cada cinco, o 187.000 en total, se recuperen el año que viene.

Entre el 1 de noviembre y finales de 2020, cientos de miles de trabajadores españoles quedarán probablemente desempleados, dado que expirará la cláusula de los ERTE españoles que requiere que los empleadores mantengan a los trabajadores en nómina. El Consejo General de Agentes Administrativos de España espera que se pierdan entre 200.000 y 300.000 empleos —además de la pérdida del empleo de unos 150.000 autónomos— de los que los más afectados serán los trabajadores de tiendas, hoteles y restaurantes.

Miles de recortes de empleos se han anunciado ya en toda España, particularmente en la aviación y la manufactura. La compañía aeroespacial Airbus planea despedir a 889 trabajadores en España, mientras que ITP Aero despedirá a 600 y Aeronova echará a 950 trabajadores, 650 de los cuales en España. Indra, una empresa especialista en aviación, tecnología de la información y sistemas de defensa, ha iniciado los trámites para despedir a 6.000 trabajadores.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de octubre de 2020)