La semana pasada, casi sin comentarios en la prensa, mucho menos un debate público, el gobierno español del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos presentó una ley que especifica cómo se canalizarán los miles de millones de euros en fondos de rescate de la UE hacia bancos y empresas. Ello ocurre mientras el gobierno afirma que la desescalada de medidas contra el COVID-19 es necesaria porque "no hay dinero" para una lucha científica contra el virus.

En julio, después de cinco días de agrias negociaciones en Bruselas entre los Estados miembros de la UE, la UE anunció un programa de estímulo financiero para transferir €750 mil millones a la aristocracia financiera. La cantidad asignada a España, €140 mil millones, que incluye €72 mil millones en préstamos, la hacen el segundo mayor receptor después de Italia. Al volver a Madrid, el presidente del gobierno Pedro Sánchez dijo que ese día "se escribió una de las páginas más brillantes de la historia de la UE". El dirigente de Podemos y vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias lo aclamó como "una bocanada de aire fresco para el proyecto europeo".

El contenido reaccionario de clase de este proyecto queda claro sin ambages. Mientras decenas de millones de trabajadores y propietarios de pequeños negocios solo han recibido (o están a la espera de recibir) planes miserables de ERTEs por el COVID-19, se prevé que se entreguen miles de millones de euros, con una celeridad sin precedentes, a los bancos y las grandes empresas.

Un borrador de real decreto especifica que la mayor parte de las ayudas será para Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Estos proyectos fomentarán sociedades público-privadas para "fortalecer los proyectos" que contribuyan "al crecimiento económico, el empleo y la competitividad de nuestro país".

El borrador de la ley está hecho a medida para las grandes empresas y los bancos, los cuales, dada la "magnitud de los riesgos asociados con estos proyectos", trabajarán de cerca con el Estado. Debido a la complejidad de estos proyectos, el nivel de recursos requeridos y el volumen de la inversión, sus principales objetivos son claramente las compañías del índice Ibex 35 de la bolsa española, y no los pequeños negocios, mucho menos la clase trabajadora.

Como comentó El Periódico, "La idea es que el PERTE canalice parte de los fondos para generar proyectos de tracción, dirigidos por grandes empresas, pero en los que las pequeñas y medianas empresas también entren en ejecución y en los que el Estado participe activamente en su diseño. Un ejemplo sería crear la infraestructura necesaria para desarrollar la cadena de valor del coche eléctrico en España, desde la fábrica de baterías hasta los cargadores en centros urbanos donde los usuarios enchufan los vehículos".

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la mayor asociación empresarial española, está diseñando 20 "macroproyectos" y se los presentará al Estado en las próximas semanas.

Debido a los recortes a los empleados públicos durante las últimas décadas, Madrid tradicionalmente se ha enfrentado a problemas con el desembolso de fondos de la UE. Un procedimiento nuevo y rápido ha sido diseñado por lo tanto con menos controles y supervisión.

Para evitar que una "burocracia excesiva" impida el enriquecimiento de la aristocracia financiera, el decreto dice que "el cumplimiento de estos proyectos tendrá prioridad por sobre cualquier otro, y el organismo de control debe dictaminar en un plazo de cinco días laborales". Sin embargo, "cuando debido a circunstancias excepcionales hay una acumulación de expedientes que impide cumplir con el período de cinco días laborables, el Contable General de la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de este plazo".

De manera significativa, puede que grandes compañías reciban financiación avanzada incluso antes de que empiece el proyecto. Esto va entre el 50 y el 90 por ciento.

Podemos reaccionó con rabia ante el borrador de la ley filtrado —no porque se entreguen miles de millones a la aristocracia financiera, sino porque tales desembolsos no llevarían la firma de Pablo Iglesias. Iglesias exigió ser admitido en la Comisión para ejecutar el Plan de Transformación y Resiliencia para la Economía Española —la comisión creada para gestionar los fondos.

Iglesias dijo que hay "mucha rabia por este tema" y que hacía falta una "rectificación por parte de Moncloa", la residencia del presidente del gobierno. Añadió, "lo lógico es que yo esté ahí". Poco después, el gobierno incluyó a Iglesias en la comisión.

Desde que asumiera el gobierno de coalición en enero, Iglesias ha sido el principal portavoz y defensor de las medidas del gobierno en el parlamento, encargado de presentarlas como "izquierdistas". También ocupa un lugar en la Comisión de Asuntos de Inteligencia, el organismo que dirige el Centro Nacional de Inteligencia, y recientemente realizó una gira por América Latina con el rey de España Felipe VI. Su colega, la ministra de trabajo Yolanda Díaz, ha supervisado la política de regreso al trabajo impuesta por los sindicatos.

La integración de Podemos en los rescates da fe del carácter reaccionario de las políticas pequeñoburguesas "populistas de izquierdas". Esto se produce cuando han demostrado su disposición a defender la riqueza de la aristocracia financiera incluso a costa de la vida de los trabajadores.

A lo largo del último año, se ha respondido a las protestas contra las políticas de austeridad, la "inmunidad colectiva" y el regreso al trabajo inseguro del PSOE y Podemos, con violencia policial y amenazas de enviar al ejército. Al mismo tiempo, desde que el gobierno del PSOE y Podemos aprobara la Ley Mordaza Digital, como se la conoce, sitios web y redes sociales de la oposición están siendo monitorizados cada vez más por parte de la policía y las agencias de inteligencia.

En medio de este contexto, y aterrados por la exposición del papel derechista de Podemos, fuerzas que orbitan alrededor de Podemos como la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) están intentando suprimir esta oposición promocionando ilusiones en los sindicatos.

En su artículo sobre el mecanismo del rescate, dicen ellos que "los trabajadores no van a conseguir ningún beneficio directo de estos fondos porque están concebidos básicamente para garantizar las ganancias de las empresas y especialmente las de las grandes compañías. Hay que ocupar las calles, arrancárselas a la reacción e imponerles a las burocracias sindicales un plan de lucha por un programa de emergencia para que los capitalistas paguen la crisis".

De hecho, la misma burocracia sindical a la que apelan lleva meses haciendo campaña en defensa de los fondos de la UE. Está ocupada creando un foro con la CEOE para asesorar al gobierno sobre los fondos. Según fuentes sindicales de El País, "UGT y CCOO designarán inmediatamente equipos para participar en las negociaciones [de los proyectos que se financiarán] para presentar ante la UE".

Los sindicatos también están afirmando cínicamente que no están sometidos a las condiciones de austeridad de Bruselas. El miércoles, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, dijo "No hay condicionalidad negativa, no hay posición por parte de la Comisión [Europea]... los fondos son para que miremos al futuro".

Como Sordo sabe muy bien, el gobierno del PSOE y Podemos está preparando reformas laborales, recortes a las pensiones y recortando miles de millones en gasto público en los presupuestos del año que viene para reducir el déficit como le prometió a Bruselas. Mientras tanto, los sindicatos están negociando una "moderación" salarial con la CEOE.

La cuestión decisiva ante la clase trabajadora internacional es asegurar su independencia política respecto a estas fuerzas reaccionarias de la clase media. La única manera de abordar la pandemia y la desigualdad social creciente es hacerse con la fortuna de la aristocracia financiera y confiscar las enormes sumas de dinero público que Podemos le entregó ilegítimamente a la clase gobernante.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de noviembre de 2020)