El Partido Socialista por la Igualdad condena la redada policial fascistizante en el hogar de la analista de datos Rebekah Jones, produciéndose en respuesta a su trabajo de exponer la propagación de la pandemia de COVID-19 en Florida y en las escuelas de todo EE.UU.
La policía estatal de Florida irrumpió en la casa de Jones el lunes, apuntando sus armas a ella y su familia. Le confiscaron su celular, computadora y varios discos duros, previniéndole continuar la publicación de datos sobre los brotes de COVID-19. Después de la redada, Jones tuiteó: “Apuntaron un arma en mi cara. Apuntaron sus armas a mis hijos… Este fue DeSantis. Él envió a la gestapo”.
Jones tuiteó el viernes que uno de los primeros actos del juez de circuito, Joshua Hawkes, quien fue nombrado por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, en septiembre, fue firmar una orden de cateo que resultó en la incautación de sus aparatos tecnológicos. DeSantis es uno de los partidarios más prominentes del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha encabezado la política de “inmunidad colectiva” impuesta por la clase gobernante por medio de la apertura de negocios no esenciales y escuelas.
Jones le dijo a CNN que las memorias USB que la policía se llevó contenían pruebas de que los oficiales de Florida “mintieron en enero sobre cosas como reportes internos y avisos de los CDC [Centros para el Control y Prevención de Enfermedades]”, así como “evidencia de actividades ilegales por parte del estado”.
¡Hay que oponerse a este descarado acto de supresión de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información! ¡La clase obrera en EE.UU. e internacionalmente debe defender a Jones y a todos los denunciantes, y luchar por una transparencia plena y el reporte de todos los datos sobre el COVID-19!
Jones, quien trabajó para el Departamento de Salud de Florida, es una de las analistas de datos más prominentes en EE.UU. Utilizando tecnología avanzada de sistemas de información geográfica (GIS), Jones ayudó a crear la tabla de COVID-19 de Florida para seguir meticulosamente la propagación de la pandemia en el estado. Poco después, la despidieron en mayo por rehusarse a manipular datos y apoyar las campañas de regreso al trabajo y a las aulas avanzadas con cada vez mayor fuerza por DeSantis.
Después de su despido, Jones procedió a crear y presidir Florida COVID Action y el COVID Monitor, las bases de datos más comprensivas para seguir los contagios y muertes por COVID-19 en Florida y en los recintos de kínder a doceavo año en todo EE.UU., respectivamente.
Jones fue puesta en la mira por su papel en estos proyectos y por ser una crítica abierta de Trump y DeSantis. Ha advertido consistentemente en contra de la política imprudente de reabrir escuelas en plena pandemia.
La acusación específica contra Jones que llevó a la redada policial el lunes fue de ser responsable de un correo electrónico enviado a los empleados del Departamento de Salud de Florida implorándoles “alzar la voz antes de que mueran otras 17.000 personas”, que Jones niega haber enviado. Afirma que, en parte, los oficiales se llevaron sus aparatos para determinar cuáles contactos mantiene en el Departamento de Salud y saber a quienes victimizar en el futuro próximo.
La redada en el hogar de Jones busca facilitar las políticas homicidas de mantener las escuelas y los negocios no esenciales abiertos cuando la pandemia se propaga fuera de control. Tiene la intención de intimidar a los científicos críticos y que manifiestan francamente su oposición y las advertencias sobre los peligros que los trabajadores y jóvenes enfrentan.
Jones y sus dos colegas en el COVID Monitor publicaron un artículo en US News el 2 de diciembre intitulado “¿Deberían abrirse las escuelas? No tan rápido”. Señalaron el hecho de que más de un millón de niños se han infectado con COVID-19, concluyendo, “Nuestros datos demuestran que las escuelas no son los lugares seguros o silos que algunos pensaban que serían y que de hecho contribuyen a la propagación del COVID-19 en varias formas… En nuestra opinión, los datos sugieren que las escuelas NO son seguras y SÍ contribuyen a la propagación del virus—tanto dentro de las escuelas como en la comunidad en su entorno”.
El COVID Monitor documenta que, al menos 187.351 estudiantes y 80.689 educadores se han infectado en los recintos de kínder a doceavo año en EE.UU. Florida COVID Action reporta 1.178.703 casos totales y 19.716 muertes en Florida, incluyendo 101.264 casos y nueve muertes entre niños.
La redada policial se produjo el mismo día en que reabrieron las escuelas en la Ciudad de Nueva York, el mayor distrito escolar en EE.UU. Esta imprudente reapertura fue promovida incansablemente por el New York Times y fue encabezada por el alcalde demócrata Bill de Blasio y el presidente del sindicato United Federation of Teachers (UFT), Michael Mulgrew, ejemplificando que la campaña de regreso a las aulas tiene un respaldo bipartidista y sindical .
Así como ocurre con la campaña nacional para reabrir las escuelas encabezada por el Gobierno de Trump, la marcha de reapertura escolar en la ciudad de Nueva York no es basa en la ciencia, sino en los intereses de lucro de la oligarquía financiera.
La apertura de escuelas es crucial para la estrategia de la clase gobernante. A fin de obligar a los padres a regresar a lugares de trabajo inseguros, donde enfrentan una explotación brutal, necesitan abrir las aulas para utilizarlas como corrales para sus hijos. Los demócratas, un partido de Wall Street y el capital financiero, son igual de culpables que los republicanos en la reapertura de escuelas.
El presidente electo Joe Biden no ha publicado ninguna declaración en defensa de Jones ni del derecho al acceso a datos sobre la expansión de la pandemia. En cambio, en un discurso el martes, Biden declaró, “Debe ser una prioridad nacional hacer que nuestros hijos vuelvan y permanezcan en las escuelas”, añadiendo que “procuraré que la mayoría de nuestras escuelas puedan estar abiertas para cuando se acaben mis primeros 100 días”.
Aproximadamente la mitad de los estudiantes de kínder a doceavo en EE.UU. están asisten a clases que se ofrecen únicamente en línea, el 32,5 por ciento asisten a clases totalmente presenciales y casi 17 por ciento a clases híbridas. Si Biden logra su cometido, decenas de millones de estudiantes más regresarán a aulas inseguras para fines de abril, mucho antes de que la población sea completamente vacunada.
En su discurso, Biden promovió la mentira de que se pueden reabrir las escuelas de manera segura en los próximos meses simplemente con un poco de financiamiento adicional para implementar medidas de seguridad cosméticas. La presidenta del sindicato American Federation of Teachers (AFT), Randi Weingarten, quien pertenece al Comité Nacional Demócrata y es candidata a secretaria de Educación, apoyó plenamente este fraude, tuiteando, “¡Aleluya! A diferencia de Trump, el presidente electo Biden entiende lo que necesitamos para reabrir las escuelas de forma segura”.
La apropiación del equipo de Jones y los intentos de censurar su reportaje de contagios y muertes por COVID-19 es el paso más reciente de una guerra de décadas contra los denunciantes por parte de la élite política estadounidense.
El COVID Monitor recopila datos de brotes del prescolar a la secundaria por medio de reportes anónimos, el equivalente a los cables enviados a WikiLeaks que han expuesto incontables crímenes a manos del imperialismo estadounidense y mundial. Cuando se volvió público que Chelsea Manning había sido la fuente de casi 750.000 cables sobre las guerras en Afganistán e Irak, fue encarcelada por siete años, donde fue torturada psicológicamente. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido hostigado sin tregua a lo largo de la última década y se encuentra actualmente encerrado en la prisión de Belmarsh en Londres, esperando un veredicto sobre su extradición a EE.UU., donde se enfrenta a una pena de cárcel de 175 años.
Pero estos valientes denunciantes, junto con Edward Snowden y muchos otros, fueron igualmente perseguidos bajo el Gobierno de Obama-Biden, y la Administración entrante de Biden-Harris tan solo profundizará el ataque contra la libertad de expresión.
La estrategia de la clase gobernante de “inmunidad colectiva” sin una vacuna se ha basado en la supresión de datos y la falsificación de la ciencia. Es una política que solo puede implementarse a través de medidas de Estado policial como el allanamiento en el hogar de Jones.
La única fuerza social capaz de defender los derechos democráticos básicos y cuyos intereses objetivos exigen una transparencia completa en cuanto a los casos de COVID-19, es la clase obrera internacional.
El PSI llama a todos los trabajadores y jóvenes a oponerse al ataque contra Jones y todos los denunciantes, y a luchar por un plan integral para contener la pandemia.
Los negocios no esenciales y las escuelas deben cerrarse inmediatamente. Todos los trabajadores deben recibir una protección plena de ingresos, vivienda, seguro médico y alimentos de calidad hasta que la pandemia sea contenida y la población sea inoculada de manera segura, así como lo determinen los expertos médicos de confianza. Estos programas sociales requieren la expropiación de la vasta riqueza acaparada por las élites gobernantes, las cuales han acumulado más de $1 billón desde el comienzo de la pandemia y varios billones más en las últimas décadas.
La lucha por defender los derechos democráticos y contener la pandemia exige una lucha revolucionaria contra el capitalismo y por el socialismo. La pandemia ha expuesto la necesidad de una reorganización completa de la sociedad para atender las necesidades de la gran mayoría, con base en el principio de la igualdad social. Aquellos que apoyen este programa y reconozcan la necesidad de luchar por él, deben tomar la decisión hoy de unirse y ayudar a construir el PSI.
(Publicado originalmente en inglés el 10 de diciembre de 2020)