En uno de sus actos finales como secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo calificó esta semana el tratamiento del régimen chino hacia su minoría musulmana uigur como “genocidio”, una declaración falsa e hipócrita que es parte de la propaganda del imperialismo estadounidense mientras se prepara para la guerra contra China.

La nueva administración de Biden casi ha respaldado oficialmente este lenguaje tan provocativo. En el curso de la campaña electoral presidencial de Biden, mientras buscaba demostrar que sería más duro con China que Trump, ya calificó las acciones del Partido Comunista Chino (PCCh) contra los uigures como “genocidio”.

Igualmente, en el curso de su audiencia de nominación al Senado esta semana, la selección de Biden para secretario de Estado, Anthony Blinken expresó su apoyo a la agresiva confrontación de Trump contra China. Cuando se le preguntó, estuvo de acuerdo específicamente con la declaración de Pompeo arremetiendo contra China por el supuesto genocidio de los uigures.

Estas declaraciones son una demostración segura de que la administración de Biden intensificará la campaña de guerra contra China, que comenzó con el “giro hacia Asia” por la administración de Obama y se aceleró bajo la administración de Trump. El establishment político estadounidense en su conjunto, incluso cuando está enredado en la profunda crisis económica, política y social desencadenada por la pandemia de COVID-19, está decidido a evitar, por todos los medios disponibles, que China desafíe la hegemonía global de Estados Unidos.

Sin proporcionar una pizca de evidencia, Pompeo declaró en su declaración que el “partido-Estado chino” estaba involucrado en un genocidio en curso y “el intento sistemático de destruir a los uigures”. Acusó a Beijing de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la detención arbitraria de más de un millón de civiles, esterilizaciones forzadas, tortura y fuertes restricciones a otros derechos democráticos.

Ningunas de estas afirmaciones han sido comprobadas. Las cifras de Estados Unidos sobre el número de detenciones forzadas en Xinjiang han aumentado y aumentado sin la más mínima explicación o evidencia. El informe anual sobre China publicado la semana pasada por la Comisión Ejecutiva del Congreso dirigido por halcones anti-China como el senador Marco Rubio sitúa la cifra en 1,8 millones, —un número sacado de la nada sin ninguna indicación de cómo el total saltó de un millón.

Las declaraciones de Pompeo y otros propagandistas anti-China, recicladas sin cesar y sin crítica en los medios de comunicación estadounidenses e internacionales, se basan en la dudosa investigación de académicos anticomunistas de derechas y afirmaciones infundadas de exiliados uigures prominentes, y a menudo ricos, que dirigen la Asociación Uigur Estadounidense y el Congreso Uigur Mundial, los cuales reciben fondos de un organismo principal de la CIA, el Fondo Nacional para la Democracia.

Uno de esos “expertos”, el académico alemán Adrian Zenz, que es citado repetidamente, es un habitante de una red de think tanks de derechas en Europa y Estados Unidos, incluyendo la Escuela Europea de Cultura y Teología en Alemania y Víctimas del Comunismo Memorial Foundation en Washington, que se especializa en la elaboración de propaganda anticomunista. Los tendenciosos artículos de Zenz forman gran parte de las supuestas pruebas a las que se hace referencia en el último informe del Congreso.

El régimen de Beijing es conocido por sus métodos policiales y es sin duda responsable del abuso de los derechos democráticos en Xinjiang, ya que busca reprimir el sentimiento separatista entre los musulmanes uigures y otras minorías étnicas. Su extensivo aparato estatal está dirigido sobre todo a aplastar cualquier oposición en la clase obrera mientras que la pandemia continúa cobrando su precio, incluso en China, y aumenta las tensiones sociales.

Sin embargo, Blinken y Biden, siguiendo a Trump y Pompeo, no tienen la más mínima preocupación por los derechos democráticos de los uigures en Xinjiang y ciertamente tampoco por los trabajadores chinos, cuya explotación es una fuente de enormes ganancias para las corporaciones estadounidenses. Más bien, esta campaña estadounidense de “derechos humanos”, como muchas otras, tiene como objetivo promover los intereses económicos y estratégicos del imperialismo estadounidense.

Las administraciones estadounidenses han recabado repetidamente acusaciones de abusos contra los derechos humanos para justificar las operaciones de cambio de régimen, así como las guerras neocoloniales, mientras hacen la vista gorda ante las atrocidades de aliados y socios estratégicos como el régimen monárquico autocrático en Arabia Saudita. Además, nadie en Washington ha sido responsabilizado por crímenes monstruosos como la masacre de un millón de ciudadanos iraquíes en su invasión y ocupación ilegal de Irak en 2003.

La acusación de “genocidio” es particularmente grotesco. Cualesquiera que sean los abusos que está llevando a cabo el PCCh en Xinjiang, no está involucrado en asesinatos masivos ni en la destrucción de la población uigur. Calificar las presuntas violaciones de derechos humanos como genocidio es trivializar el término y menospreciar los monstruosos crímenes del siglo XX, como el holocausto nazi, al que se puede aplicar.

La acusación de “genocidio” equivale a una declaración de guerra. De hecho, en 1999, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN utilizaron acusaciones falsas de “genocidio” serbio de los kosovares como pretexto para lanzar un bombardeo de meses de duración que provocó la muerte y destrucción de Serbia y su pueblo. Su propósito era asegurar la hegemonía estadounidense en la región estratégica clave de los Balcanes.

Asimismo, la decisión de Estados Unidos de centrar la atención en la población uigur de Xinjiang, y no como en el pasado en los tibetanos, está ligado a consideraciones estratégicas. La provincia más occidental de China es adyacente a las reservas de petróleo y gas de Asia Central, además de tener sus propios recursos energéticos. Xinjiang es también la ruta para muchos de los enlaces de transporte y comunicación asociado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta del presidente Xi Jinping, cuyo objetivo es contrarrestar los intentos de Estados Unidos de rodear a China.

En términos más generales, Estados Unidos está impulsando sus falsas campañas de derechos humanos no solo con respecto a Xinjiang sino también a Hong Kong, Tíbet y Mongolia, en un intento por socavar y, en última instancia, fracturar a China.

La confrontación que comenzó bajo la administración de Obama se intensificó en todos los ámbitos por la administración de Trump, incluyendo la imposición de amplias medidas de guerra comercial contra China, un número creciente de provocaciones navales estadounidenses en los mares del sur y este de China, lazos más estrechos y un aumento de ventas de armas a Taiwán y movidas hacia una alianza militar cuadrilátera de “democracias”, que abarca a Estados Unidos, Japón, Australia e India. Se ha completado el despliegue del 60 por ciento de los activos navales y aéreos de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, propuesto por primera vez bajo Obama.

Lejos de anular cualquiera de estas medidas, Biden ha dejado en claro que tiene la intención de consolidar aún más las alianzas y asociaciones para enfrentar a China de frente. Las políticas exteriores imprudentes que caracterizaron a las administraciones de Obama y Trump continuarán bajo Biden, intensificando el peligro de una guerra total entre potencias con armas nucleares y una catástrofe global.

(Artículo publicado el 22 de enero de 2021)