El jefe del estado mayor de la defensa de España, el general Miguel Ángel Villarroya, dimitió este fin de semana mientras aumenta la ira entre los trabajadores hacia los generales, miembros de la realeza y políticos españoles que consiguieron vacunas para el COVID-19 sin justificación médica. Los trabajadores sanitarios de primera línea de repente se están quedando ahora inexplicablemente sin vacunas.

El viernes, El Confidencial Digital filtró que Villarroya y varios otros altos mandos recibieron recientemente la primera dosis de la vacuna sin tener turno para ello, saltándose los protocolos. Villarroya dimitió el sábado.

Es la primera vez que un jefe del estado mayor de la defensa dimite desde que se creara el cargo en 1984. En una declaración el sábado, la ministra de defensa del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos defendió a Villarroya, diciendo que él "nunca quiso aprovecharse de privilegios injustificables que dañaran la imagen de las Fuerzas Armadas y arrojaran dudas sobre el honor de los generales". Añadía cínicamente que Villarroya "tomó decisiones que creía correctas" pero que "dañaron la imagen pública de las Fuerzas Armadas".

Este escándalo expone el carácter criminal de la política de la "inmunidad colectiva" de la Unión Europea (UE). En la Unión Europea, más de 650.000 personas han muerto de COVID-19 durante el año pasado y más de 18 millones se han contagiado. En España, las tasas de contagio a nivel nacional se han disparado desde finales de diciembre, con más de 40.000 nuevos casos cada día, lo que lleva el total de infecciones a más de 2,5 millones. La cifra de fallecidos ya pasa de los 80.000.

La clase gobernante se ha negado a implementar órdenes de confinamiento, necesarias desde un punto de vista médico, para seguir extrayendo ganancias de la clase trabajadora. A los trabajadores los bombardean sin parar con llamamientos al "sacrificio" para "salvar la economía", también y de manera destacada por parte del propio Villarroya.

Cuando empezaba la pandemia, el gobierno del PSOE y Podemos propuso a Villarroya, quien daba ruedas de prensa regularmente junto a los funcionarios de la sanidad para hablar de desplegar al ejército para desinfectar edificios, construir hospitales improvisados y transportar cadáveres. El ejército recibió niveles sin precedentes de cobertura mediática positiva.

El despliegue expuso la situación desastrosa del sistema de atención médica civil. Después de décadas de privatizaciones y austeridad, no estaba preparado para la pandemia de COVID-19. El gobierno del PSOE y Podemos respondió intentando rehabilitar políticamente al ejército español, que está asociado históricamente con las guerras neocoloniales y la violencia fascista contra la clase trabajadora.

Con su consigna de que "todos los días son lunes" y sus llamamientos al sentimiento militarista, Villarroya le dijo al público que la "disciplina", el "espíritu de servicio" y el "sacrificio" eran necesarios para "derrotar" la pandemia. Presentó la pandemia como una guerra, diciendo: "En esta guerra irregular y extraña por la que nos toca pasar, en la que todos tenemos que luchar, todos somos soldados".

Lo que Villarroya no dijo es que en esta "guerra" la burguesía trataba a los trabajadores como carne de cañón. Como a los soldados de la Primera Guerra Mundial se los hacía saltar por encima de trincheras en innumerables ofensivas infructuosas hacia el fuego denso de las ametralladoras, hoy agolpan a millones de trabajadores y jóvenes en trenes y tranvías para ir a trabajos no esenciales y a estudiar. El objetivo es asegurarse de que las ganancias sigan volcándose hacia las arcas de los bancos, a costa de contagiar a millones de personas con COVID-19.

Como los ricos "soldados de cuota" españoles de principios del siglo XX cuyas familias pagaban grandes sumas para escaquearse del servicio militar obligatorio, los parásitos multimillonarios de hoy, generales ultraderechistas y un sinfín de funcionarios corruptos, se saltaron las listas de espera para salvarse a costa de otros. Ello ha causado indignación.

Decenas de miles de personas tuitearon bajo el hashtag #QueremosLaLista, exigiendo que se confeccione una lista pública de todos aquellos que ocupan cargos públicos de poder que se han vacunado fuera de turno.

Un usuario de Twitter dijo, "Me uno a QueremosLaLista. Utilizar su cargo de poder para saltearse la prioridad de las vacunaciones por el COVID-19 es miserable e injustificable". Otro usuario dijo: "Nos mienten, nos roban, privatizan, nos dejan morir, QueremosLaLista".

Otro le pedía a la ministra de defensa Margarita Robles: "QueremosLaLista de los jefes del estado mayor de la defensa que se han vacunado y que usted les pida la dimisión. Con esta ministra derechista [es decir, Robles], esta gente no caerá".

Otro usuario de Twitter dijo: "Dicen que tienen que ponerse la segunda dosis para no desperdiciar la vacuna. La única manera de no desperdiciar vacunas es poniendo una guillotina en la plaza de cada pueblo. Serías ingenuo si creyeras que esto se puede esconder con tiritas. QueremosLaLista".

La ira está creciendo en medio de las revelaciones de que la campaña de vacunación se está parando debido a escasez de vacunas. La Estrategia de Vacunación para el COVID-19 del gobierno del PSOE y Podemos especificaba que de enero a marzo vacunaría a 2,5 millones de personas, incluyendo a internos y personal de las residencias de ancianos, trabajadores de la salud, y personas con graves discapacidades. Ahora rápidamente se están quedando atrás respecto a su calendario.

A lo largo del fin de semana, la Comunidad Autónoma más poblada de España, Andalucía, paró la administración de la vacuna. "Tenemos que parar de vacunar el sábado y el domingo para usar el 10 por ciento" mantenido como reserva estratégica el lunes y martes, explicó el sábado el consejero de sanidad de la autonomía. Esto se produjo después del anuncio de la Comunidad de Madrid de que iba a dejar de vacunar a los trabajadores de la salud de primera línea que luchan contra el COVID-19 porque se quedó sin vacunas.

La destitución de Villarroya por parte del gobierno del PSOE y Podemos equivale a nada más que un control de daños político. La ministra de defensa Margarita Robles reaccionó al escándalo el viernes solicitando un informe del jefe de la defensa, el procedimiento habitual para ganar tiempo. Solo cuando la indignación pública aumentó Podemos pidió la cabeza de Villarroya, en un intento desesperado por suprimir el escándalo.

El gobierno del PSOE y Podemos se ha negado a dar a conocer cuántas vacunas acaparó el ejército y a nombrar a todos los militares vacunados. Otros generales nombrados en el informe de El Confidencial Digital del viernes han seguido en sus cargos: los generales Fernando García González-Valerio, Francisco Braco Carbó, Carlos Prada Larrea, y Francisco Javier Vidal Fernández.

De hecho, y como saben muy bien en el PSOE y Podemos, si todos los implicados en acaparar vacunas y saltarse las colas de vacunación tuvieran que dimitir, habría que destituir a todo el nivel más alto del Estado. Los propios PSOE y Podemos están implicados en el escándalo.

Esto lo reconoció implícitamente el único cargo público que salió a defender a Villarroya. El alcalde de Madrid, del Partido Popular (PP), José Luis Almeida, dijo: "Estamos en una situación de crisis, asumámoslo. Los que conducen el país, los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones para el futuro, parece muy lógico y muy razonable que estén vacunados". Almeida distinguió entre los "muchos casos de políticos" que "no deberían" haber recibido la dosis y aquellos que "tienen que conducir la nación en un momento crucial". España, concluyó cínicamente, "no puede quedarse sin dirigentes".

Los trabajadores no pueden tener confianza en Podemos, el PSOE ni ninguna otra facción del establishment político para gestionar la pandemia de COVID-19. Hay que advertir a los trabajadores y los jóvenes de que la operación de control de daños no debilitará el impulso derechista y autoritario de la clase dirigente. Aterrada por la ira de masas creciente, se desplazará más hacia la derecha, y las conspiraciones golpistas del estado mayor del ejército y el partido fascista Vox se intensificarán incluso mientras el PSOE y Podemos intensifican su política de "inmunidad colectiva".

El giro es hacia la clase trabajadora europea y mundial. Estallarán huelgas y manifestaciones todos los días en toda Europa al movilizarse contra las políticas de "inmunidad de grupo" los trabajadores de la sanidad, de correos y de otros sectores, y la juventud. Desarrollar este movimiento requiere organizar a los trabajadores y los jóvenes en comités de base por la seguridad independientes de las burocracias sindicales y los partidos parlamentarios, y construir un movimiento político por el socialismo contra Podemos, el PSOE, la UE y el sistema capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de enero de 2021)