En medio de una abstención masiva, tras las elecciones regionales catalanas del 14 de febrero el partido ultraderechista Vox entró en el parlamento catalán, la primera vez que un partido abiertamente ultraderechista lo logra desde 1982. Vox sacó 11 escaños y casi el 8 por ciento de los sufragios, lo que lo hace el cuarto partido más grande en la legislatura.

Ningún partido se acercó siquiera a obtener los 68 escaños necesarios para la mayoría. El Partido Socialista de Cataluña (PSC), la filial catalana del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue el partido que recibió más votos. Obtuvo 33 de los 135 escaños del parlamento catalán, un aumento significativo de los 17 escaños que obtuvo en las elecciones de 2017.

El segundo y el tercer partido fueron los independentistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat). ERC obtuvo 33 escaños, ganando uno más, y JxCat obtuvo 32 escaños, perdiendo dos. La confluencia catalana de Podemos, En Común Podem (ECP), conserva sus ocho escaños.

Salvador Illa, que encabezó la lista del PSC, y Pere Aragonès de ERC han anunciado planes para formar un gobierno en Cataluña. Aragonès buscará una alianza con JxCat y el pseudoizquierdista e independentista Candidatura de Unidad Popular (CUP), habiendo descartado cualquier coalición con el PSC. Se lo considera el más probable futuro presidente regional, lo que dejaría así a un gobierno nacionalista catalán en el poder en Barcelona.

Son las primeras elecciones celebradas en Cataluña desde 2017, cuando el gobierno español del derechista Partido Popular (PP) convocó elecciones extraordinarias tras el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. Sin embargo, en estas elecciones, al igual que en las de 2017, las esperanzas de Madrid de resolver a su favor el estancamiento con los nacionalistas catalanes se vieron frustradas. Las elecciones de 2021 dejaron una estrecha mayoría para los partidos independentistas, como antes, pero el voto para el PP se derrumbó.

En las elecciones de este año, la participación en las elecciones cayó al 51,3 por ciento, la más baja desde la transición a la democracia en 1978 al terminar el régimen de Franco. Esto se compara con una participación del 79,1 por ciento en las elecciones de 2017, la más alta registrada.

Aunque el COVID-19 ciertamente tuvo su impacto en las elecciones, la baja participación récord no se puede explicar solamente mediante la pandemia. Hay una desilusión popular generalizada con la falsa "elección" entre los partidos nacionalistas reaccionarios, cuyas políticas de austeridad y retórica independentista están desacreditadas ante los trabajadores y los jóvenes, y los partidos pro-Madrid que se han desplazado mucho a la derecha. Es más, los partidos nacionalistas catalanes han respaldado al gobierno del PSOE y Podemos, incluso mientras este imponía austeridad y reprimía brutalmente manifestaciones en Cataluña.

Un sondeo reciente realizado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), vinculado al gobierno catalán, encontró que solo el 44,5 por ciento de la población de Cataluña apoya la independencia catalana. A pesar de la estabilidad de la delegación parlamentaria de los nacionalistas catalanes, la baja participación récord significó que se desplomó el número total de los votos que ellos recibieron. ERC y JxCat pasaron de casi un millón de votos cada uno en 2017 a cerca de 600.000 y 570.000 respectivamente.

Solo con los escaños de la pseudoizquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP), que aumentó su representación parlamentaria de cuatro a nueve miembros, pueden los partidos independentistas lograr la mayoría en el parlamento catalán. Los partidos independentistas ahora tienen 74 escaños en el parlamento de 135 escaños, una subida de cuatro respecto a 2017.

Los partidos nacionalistas catalanes tampoco lograron la mayoría del voto popular: en conjunto obtuvieron el 48 por ciento de los votos, solo un 0,5 por ciento más que en 2017. El PSC ganó de esta caída del apoyo a los nacionalistas catalanes, aumentando sus votos en más de 48.000.

Los nacionalistas catalanes están tan desacreditados que Salvador Illa del PSC, quien como ministro de sanidad presidió la desastrosa respuesta del gobierno del PSOE y Podemos a la pandemia —que se cobró la vida de cerca de 68.000 personas en España según los recuentos oficiales a la baja— fue quien obtuvo más votos. Fue una votación por defecto, que se benefició en gran medida de la oposición al nacionalismo catalán. Pero la candidatura de Illa no impidió que los partidos nacionalistas catalanes consiguieran la mayoría parlamentaria.

El principal beneficiario de la caída en el apoyo a los nacionalistas catalanes fue Vox, que obtuvo 218.000 votos, y más escaños que el partido derechista Ciudadanos y el PP juntos. Los resultados de Ciudadanos fueron desastrosos, ya que perdió casi un millón de votos desde las últimas elecciones y cayó desde ser el único partido más grande en la legislatura a ser el segundo más pequeño, con apenas seis escaños. En la carrera hacia abajo solo les ganó el PP, que sacó apenas tres escaños.

A Vox le fue mejor en zonas turísticas de la costa de Tarragona, que comprende pequeñas ciudades como Roda de Berà, Mont-roig del Camp, Cunit, Cambrils y Calafell, donde obtuvo más del 12 por ciento de los votos. La pandemia ha devastado estos destinos turísticos: los ingresos de pequeños negocios que dependen de vacacionistas prácticamente se secaron. Vox también consiguió la mayoría de los votos en dos pequeños municipios, La Pobla de Mafumet (el 21,3 por ciento) y Vilamalla (el 22,5 por ciento), ambos bastiones tradicionales del sentimiento antiseparatista, que vio una abstención masiva.

La responsabilidad del aumento de votos para Vox es exclusivamente del gobierno del PSOE y Podemos y sus afiliados regionales, el PSC y ECP, que se han ido tan a la derecha que han permitido que Vox presente sus políticas como parte de la corriente principal. Con el apoyo tácito de Podemos, el gobierno en funciones del PSOE de 2019 reprimió violentamente manifestaciones masivas en Cataluña contra el encarcelamiento de los políticos nacionalistas catalanes por organizar protestas pacíficas y el referéndum pacífico de 2017 sobre la independencia de Cataluña.

El gobierno del PSOE y Podemos ha mantenido la condena a los presos políticos nacionalistas catalanes a lo largo de todo este tiempo en el cargo. Un día después de las elecciones catalanas, la fiscalía del gobierno ordenó el reingreso en prisión de activistas independentistas catalanes encarcelados, solo dos semanas después de que el gobierno regional catalán los liberara dejándolos en condiciones de semilibertad.

Todos los partidos establecidos realizaron desagradables campañas electorales derechistas. Su principal característica fue una ausencia casi total de debate sobre las políticas de la "inmunidad colectiva" aplicadas por el gobierno del PSOE y Podemos. Apenas si se mencionaron las decenas de miles de vidas perdidas por la pandemia, los cientos de miles más que han perdido el empleo o el sustento, los millones contagiados con el virus, o los miles de millones de euros entregados a los bancos y los grandes negocios en rescates de la UE.

Vox dominó la escena con diatribas xenófobas y antiinmigración y una campaña de "¡Parar la islamización!".

De manera significativa, durante la campaña, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith declaró que Vox estaba dispuesto a apoyar a un gobierno del PSOE en minoría en Cataluña, diciendo: "Si usted me pone en la tesitura de elegir entre un gobierno presidido por el PSOE o un gobierno de golpistas [refiriéndose al referéndum de 2017 sobre la independencia organizado por el gobierno catalán] o separatistas, si tenemos que elegir entre lo malo y lo peor, elegiríamos lo malo".

"Siempre sería más fácil recuperar el gobierno de Cataluña con los socialistas que con los separatistas de ERC.... Haremos todo lo que esté en nuestra mano apoyando la investidura de un gobierno que no sea de separatistas y golpistas".

De momento, Illa y el PSC han descartado una coalición con Vox.

Cualquiera alianza parlamentaria que salga al final de estas elecciones, ni las políticas fracasadas de austeridad e independentistas de los nacionalistas catalanes ni la política reaccionaria del PSOE/PSC y Podemos/ECP combatirán a la ultraderecha. El gobierno del PSOE y Podemos ha concedido casi todas las exigencias que Vox le hizo —desde su negativa a implementar medidas de confinamiento para combatir la pandemia a su brutal represión a refugiados.

La salida para la clase trabajadora es rechazar el independentismo catalán y a los partidos pseudoizquierdistas y socialdemócratas por igual. Los trabajadores de Cataluña tienen que dirigirse a sus hermanos y hermanas de clase de toda España, y de Europa en su conjunto, en una lucha común por la transformación socialista de la sociedad y la lucha por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de febrero de 2021)