El sábado, la Secretaría de Salud de México publicó un reporte reconociendo que las muertes por COVID-19 son al menos 60 por ciento más que la cifra oficial de 201.623 fallecimientos. El país ha confirmado 2,23 millones de casos, que también son realmente muchos más.

La secretaría descubrió que, entre el 20 de diciembre de 2019 y el 13 de febrero de 2021, México registró un exceso de mortalidad de 417,002 personas, es decir, por encima de las muertes “esperadas” con base en promedios semanales de 2015 a 2019. Empleando una “búsqueda de términos” en las actas de defunción –“dada la oportunidad de la información”— que mencionan “palabras como Covid-19, SARS-Cov-2, Coronavirus, entre otros” y un algoritmo, el reporte estima que 294.287 defunciones están “asociadas a COVID-19”.

Desde el 13 de febrero, el Gobierno ha confirmado 28.419 muertes más, elevando el total a 322.706. Esto convierte a México en el segundo país del mundo con más muertes, después de Estados Unidos.

Aunque la cifra es superior a las 312.206 muertes por COVID-19 confirmadas en Brasil, los hospitales y las morgues del país llevan semanas desbordados e incontables muertes por COVID-19, sobre todo en las favelas y zonas remotas, tampoco están siendo registradas.

El ingeniero mexicano Alejandro Cano descubrió que si México hubiera mantenido el mismo exceso de mortalidad per cápita que Brasil –cuya población es un 60 por ciento mayor— unas 232.000 personas seguirían vivas en México.

Cientos de miles de vidas han sido sacrificadas en defensa de las enormes fortunas y ganancias de las oligarquías financieras y corporativas en todo el mundo. Esto ha sido igual de cierto bajo el presidente fascistizante de Brasil Jair Bolsonaro y el presidente nacionalista supuestamente de “izquierda” Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México.

El reconocimiento de un masivo subregistro constituye una confesión por parte de la clase gobernante de premeditación criminal en lo que el British Medical Journal definió acertadamente como asesinato social. Mientras se ha negado a aumentar los niveles de las pruebas, la élite gobernante mexicana ha utilizado cifras oficiales falsas para justificar las reaperturas prematuras.

Malaquías López, miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Universidad Autónoma de México (UNAM), declaró el domingo al diario Reforma: “No sabemos cuál es el verdadero subregistro de muertes porque todos los reportes son imposibles de interpretar. ... incluso podríamos sumar a esos casos los 182 mil 301 registros confirmados por el sistema de vigilancia epidemiológica [pero sin pruebas], que no indica si están incluidos en el registro de exceso; estaríamos hablando de una cifra más cercana a los 500 mil fallecimientos. La cifra es brutal”.

La doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie, profesora de la UNAM, coincidió en que el nuevo informe sigue subestimando el número real de víctimas y advirtió en Twitter: “Por lo pronto, tenemos el tercer repunte a la vuelta de la esquina. Si lo que está sucediendo en Brasil y en otras partes del mundo es un indicador de lo que nos espera —no hay razón para que no lo sea—, viviremos semanas o meses muy difíciles.”

Frente a una oleada potencialmente más mortal, México tiene un nivel insignificante de protección de las vacunas de COVID-19. Ha administrado 6.724.789 dosis, lo que significa que menos del 3 por ciento de la población ha sido completamente vacunada.

En comparación, se han administrado 143 millones de dosis en Estados Unidos, donde el presidente demócrata Joe Biden ha continuado con la máxima de “EE.UU. primero” de su predecesor fascistizante Donald Trump. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado este acaparamiento de vacunas como una “barbaridad moral”, ya que se abandona al personal sanitario y a los ancianos de los países pobres para que enfermen, transmitan el virus y se mueran.

Ghebreyesus explicó que el acaparamiento de vacunas es “económica y epidemiológicamente contraproducente”, dada la necesidad de hacer frente a la pandemia a nivel global y evitar la aparición de variantes resistentes a las vacunas.

Una nueva variante, que también está presente en Estados Unidos, Europa y África, ya se ha extendido como pólvora en México. El país informó de que el 87 por ciento de los casos estudiados en febrero correspondían a una variante B.1.1.222 del virus detectada por primera vez en el país en octubre.

Tras negarse a compartir sus vacunas con México, el Gobierno de Biden accedió a enviar 2,7 millones de dosis de sus reservas de la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido aprobada en Estados Unidos. A cambio, el Gobierno de López Obrador aceptó aumentar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y del Ejército en su frontera con Guatemala para bloquear a los refugiados y migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

El Gobierno de López Obrador se ha negado a realizar un esfuerzo serio para contener la pandemia. Un breve decreto de cierre de actividades no esenciales en abril y mayo solo fue aplicado por los propios trabajadores a través de una ola de paros que provocó miles de despidos en las fábricas, en su mayoría de propiedad extranjera, en la frontera con Estados Unidos.

Después de que la Administración de Trump reabriera las fábricas estadounidenses, AMLO acordó declarar toda la manufactura como “esencial”, mientras permitía a las corporaciones y a los sindicatos encubrir los brotes en las plantas.

Como resultado, las exportaciones mexicanas –que consisten en su mayoría en productos manufactureros enviados a Estados Unidos— fueron mayores entre septiembre y diciembre de 2020 que el año anterior, y se espera que se disparen un 9 por ciento para todo 2021.

El cierre que no hizo valer fue sustituido por un de semáforo de niveles de alerta, pero se expuso a la Administración de López Obrador por reportar datos falsos para evitar o posponer las restricciones económicas.

Incluso en los casos en los que se decretaron restricciones, éstas no iban acompañadas de ningún programa de ayuda económica. Esto obligó a los propietarios de los pequeños negocios y a los trabajadores informales a exponerse a contagios para evitar pasar hambre.

Las escuelas públicas han permanecido cerradas, pero el 56 por ciento de los estudiantes no han tenido acceso a las clases en línea. El Gobierno se ha negado a invertir en el suministro de computadoras y acceso a Internet para los estudiantes.

La falta de asistencia está motivada, por un lado, por el interés de la clase dirigente en recortar el gasto social para pagar la deuda a los buitres financieros. Por otro lado, la amenaza de no tener ningún ingreso o asistencia se ha utilizado para obligar a los trabajadores a arriesgar sus vidas en lugares de trabajo inseguros.

Como resultado, un sinnúmero de las familias más pobres perdió a sus seres queridos, así como a sus fuentes de ingresos. La Secretaría de Salud ha informado que la edad promedio de las víctimas del COVID-19 es de 55 años, unos 20 años menos que en Estados Unidos.

Según un estudio reciente del London School of Economics sobre la Ciudad de México –que ha sido el epicentro de la pandemia en el país— las colonias con más casos per cápita han sido Álvaro Obregón y Milpa Alta, dos de las más pobres. Las colonias más pobres tenían una prevalencia de coronavirus cinco veces mayor que las más opulentas.

Al mismo tiempo, la agencia gubernamental Coneval informa que, en 2020, México vio a 9,8 millones de personas caer por debajo de la línea de pobreza, lo que eleva el número de mexicanos definidos oficialmente como pobres a 70,9 millones de personas, es decir, el 56,7 por ciento de la población.

Ya en abril pasado, el WSWS señalaba que “las alternativas son el sistema capitalista y la muerte, o el socialismo y la vida”. Cientos de miles más morirán en México y a nivel internacional a menos que los trabajadores se liberen de todos los partidos y sindicatos procapitalistas y nacionalistas y luchen por una respuesta científicamente guiada para contener y erradicar la pandemia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de marzo de 2021)