Al dirigirse el Perú a una segunda vuelta electoral que enfrentará al antiguo dirigente de la huelga de docentes, Pedro Castillo, contra Keiko Fujimori, dirigente de la derecha peruana e hija de un antiguo autócrata encarcelado, el país se está tambaleando bajo el impacto de la más reciente ola mortal de la pandemia de COVID-19.
Variantes nuevas y más contagiosas del coronavirus han alimentado un aumento récord en contagios y muertes. Además de la variante P.1 de Brasil, una variante recientemente identificada, la C.37, se está extendiendo rápidamente por Perú y Chile.
La cifra media de muertes diarias ha subido a 378, y muere un peruano cada cuatro minutos. Perú solo le va a la zaga a Brasil en términos de tasas de muerte per cápita en América Latina.
La ola ha llevado al sistema de atención sanitaria a un estado de colapso. Se informa de que muchos hospitales están operando al 150 por ciento de su capacidad, donde los pacientes llenan las cafeterías, los pasillos, las salas de espera y tiendas montadas en aparcamientos. La semana pasada se informó de que solo había 64 camas de cuidados intensivos (UCI) abiertas en el país. El ministerio de salud nacional (MINSA) informó de que 2.524 peruanos estaban con respiradores mecánicos, un aumento del 63 por ciento respecto al máximo durante la primera ola de la pandemia el año pasado.
Junto con la muerte y la enfermedad masivas, la pandemia también aceleró abruptamente el descenso de Perú hacia la crisis económica. Antes se lo promocionaba como la economía de crecimiento más rápido en América Latina, pero el año pasado la economía del Perú se desplomó en más del 11 por ciento. El desempleo y la pobreza han aumentado dramáticamente, con la destrucción de 2,2 millones de empleos y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), 1,8 millones de peruanos viven por debajo del nivel de pobreza, un crecimiento de la pobreza que el FMI describió como "sin precedentes". El 27,5 por ciento de la población se clasifica ahora como pobre.
La clase trabajadora ha sido la más afectada por la pandemia, y el gobierno clasifica como "esenciales" la minería y otras empresas que crean ganancias. El efecto devastador del virus en los campos mineros abarrotados ha llevado a una ola de protestas y huelgas, incluyendo una huelga indefinida de los mineros de la mina Shougang Hierro Perú, donde murieron 24 trabajadores de COVID-19.
Esta catástrofe social y económica creada por la política de ganancias por encima de la vida del gobierno peruano ha venido a coincidir con una prolongada crisis del régimen burgués de Perú, que ha tenido cuatro presidentes en poco más de cuatro años. Todos los expresidentes vivos —más Alan García, que se suicidó para no ir a la cárcel— han estado implicados en una vasta red de corrupción, que en su mayor parte implica sobornos y mordidas del gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, y sus contratistas locales.
La ira popular contra el establishment gobernante estalló en noviembre después de que el Congreso —más de la mitad de cuyos miembros se están enfrentando a acusaciones similares— impugnara al entonces presidente Martín Vizcarra por alegaciones infundadas de corrupción en lo que muchos consideraron un golpe derechista. Esa movida provocó las protestas más grandes en Perú en décadas, con decenas de miles de peruanos, la mayoría estudiantes y jóvenes, volcándose a las calles de Lima y otras grandes ciudades. Aunque las protestas de masas obligaron a salir al régimen instalado por el golpe del congreso, un nuevo gobierno se consolidó bajo Francisco Sagasti, un antiguo funcionario del Banco Mundial.
Este era el contexto en el que se celebraron las elecciones nacionales el 11 de abril, con todos los partidos tradicionales de la burguesía nacional disueltos o desacreditados, y las encuestas mostrando un apoyo de apenas el 10 por ciento a cualquiera de los 18 candidatos presidenciales que participan.
El sorpresivo ganador del primer lugar, con el 18,92 por ciento de los votos, fue Pedro Castillo, el candidato del partido Perú Libre, que ahora se enfrenta a Keiko Fujimori del derechista Fuerza Popular (13,4 por ciento) en la segunda vuelta que se celebrará en seis semanas. Los sondeos más recientes muestran a Castillo con una ventaja de casi dos a uno —41,5 a 21,5 por ciento— respecto a Fujimori en el período previo a la segunda vuelta de junio.
En la primera vuelta de las elecciones hubo una abstención relativamente alta —casi el 30 por ciento— en un país donde votar es obligatorio por ley. Además, el voto que puso a Castillo en el primer lugar supera el número de votos anulados o en blanco en oposición a todo el espacio político.
Esto no ha impedido que elementos de la pseudoizquierda internacional aclamaran inmediatamente a Castillo como la última encarnación de la "marea rosa" latinoamericana. La pablista Tendencia Marxista Internacional, por ejemplo, declaró que "es evidente que amplias capas de los trabajadores y campesinos han expresado y expresarán su rechazo al orden establecido y su búsqueda de soluciones que favorecen los intereses de la mayoría mediante la candidatura de Castillo". Añadía que "los marxistas revolucionarios están obligados a acompañar a las masas en esta experiencia".
De manera similar, la revista Jacobin, asociada con los Socialistas Democráticos de América (DSA) en los Estados Unidos, declaró que "Morales llevaba las de perder pero se las apañó para cambiar Bolivia para mejor. En Perú lo mismo es posible", ofreciendo apoyo electoral a Castillo insistiendo en que la "primera tarea" es "derrotar a Keiko Fujimori".
Castillo se ganó el protagonismo nacional primero como dirigente de la huelga docente de 50 días en 2017. Ulteriormente se unió a Perú Libre, un partido dirigido por el exgobernador del departamento central de las tierras altas, Junín, Vladimir Cerrón. Perú Libre combina retórica pseudosocialista con corrupción provincial y políticas sociales de extrema derecha, incluyendo un nacionalismo virulento y una xenofobia antiinmigrantes, así como la denuncia de la "ideología de género", el casamiento entre personas del mismo sexo y el aborto.
Digno de mención es que no aparecen las palabras coronavirus ni COVID-19 en la plataforma de Perú Libre. En la medida en que Castillo ha tratado siquiera de la pandemia en su campaña, ha sido para competir con su oponente derechista Fujimori en las denuncias demagógicas a los confinamientos.
Fujimori ha dejado claro que hará una campaña ultraderechista contra el socialismo, mientras apela directamente a las fuerzas armadas y la policía para que la apoyen.
En cuanto Castillo ganó en la primera vuelta provocó una caída de los mercados financieros peruanos y del valor del sol respecto al dólar, y el candidato supuestamente "izquierdista" empezó a girar abruptamente a la derecha.
Castillo declaró que su gobierno "daría seguridad jurídica a nuestros hombres de negocios", mientras repudiaba partes del programa de su partido que demandaban la nacionalización de la minería y otros "sectores estratégicos" de la economía. "Rechazo completamente a los que dicen que Pedro Castillo va a nacionalizar", dijo en una entrevista para Radio Exitoso el 22 de abril.
Sin duda argumentará lo mismo en su aparición debut en el encuentro virtual de Perumin, la reunión anual de los executivos de la minería peruana esta semana.
En la misma entrevista de radio, Castillo insultó gratuitamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que está siendo demonizado por la derecha peruana y de toda América Latina. "Le quiero decir abiertamente al Sr. Maduro que, por favor, si hay algo que usted tiene que decir respecto al Perú, primero resuelva sus propios problemas internos, que venga a llevarse de vuelta a todos sus compatriotas que han venido aquí a cometer delitos".
Maduro no ha hecho ninguna declaración sobre la victoria de Castillo ni sobre ningún otro particular de la política peruana. La demonización de los inmigrantes venezolanos, de los cuales hay casi un millón en Perú, era coherente con la retórica violentamente antiinmigración de Castillo durante la campaña, que incluía la promesa de que al ser elegido les dará a los extranjeros que "han venido a cometer delitos" 72 horas para salir del país.
La evolución de Castillo es totalmente predecible, y sigue un camino muy trillado. En 2011, el exmando militar Ollanta Humala fue elegido como candidato del Partido Nacionalista Peruano (PNV) después de hacer campaña como opositor del "neoliberalismo" y simpatizante del "socialismo bolivariano" del venezolano Hugo Chávez. Como castillo, compitió contra Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
A un año de asumir, estaba siendo aclamado por Wall Street por presidir el "mercado emergente" más rentable de América Latina. Al mismo tiempo, Humala expuso el verdadero carácter de clase de su gobierno al imponer la ley marcial y matar a muchos manifestantes que protestaban contra el daño medioambiental infligido por las multinacionales mineras gigantes en la región de Cajamarca y la provincia de Espinar en Cuzco.
Humala fue puesto en una posición de llevar a cabo estos crímenes y establecer su gobierno derechista y antiobrero gracias a la complicidad de casi todas las fuerzas significativas de la pseudoizquierda peruana, los principales sindicatos, los estalinistas y los llamados frentes de defensa de las provincias.
Estas mismas fuerzas ahora se están posicionando tras Castillo. La CGTP, la principal federación sindical peruana, ya ha apoyado de una manera que suena radical a Castillo, igual que el partido Nuevo Perú de la portaestandarte pseudoizquierdista, Verónika Mendoza, que afirmó que su elección crearía "la posibilidad de un cambio profundo".
Tales organizaciones pseudoizquierdistas, cuyas políticas reflejan los intereses de capas más privilegiadas de la clase media, son atraídas a elementos como Humala y Castillo precisamente porque no representan un movimiento independiente de la clase trabajadora desde abajo, sino más bien movimientos burgueses, cuyas políticas están dirigidas a suprimir la lucha de clases y a subordinar a la clase trabajadora a los intereses del capital peruano e internacional.
Estas tendencias políticas, que promocionaban ilusiones similares en el Partido de los Trabajadores brasileño, en el chavismo venezolano, y en Morales en Bolivia, son responsables del desarme político de la clase trabajadora latinoamericana ante los ataques de los gobiernos supuestamente "de izquierda" así como las serias amenazas de dictadura planteadas desde la derecha.
Las duras lecciones de toda esta experiencia quedan resumidas en la necesidad imperiosa de forjar la independencia política de la clase trabajadora en oposición a estos partidos y gobiernos burgueses y sus simpatizantes pseudoizquierdistas. Hay que construir partidos revolucionarios en Perú y en toda América Latina como secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional para unir a la clase trabajadora en la lucha por el poder obrero y el socialismo.
(Publicado originalmente en inglés el 27 de abril de 2021)