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El grupo activista Food and Water Watch presentó una demanda la semana pasada contra Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del país, acusándolo de atizar falsamente el temor de los consumidores sobre escasez de carne durante la pandemia para mantener sus operaciones a máxima capacidad. El grupo alega que estas afirmaciones crearon condiciones inseguras para los trabajadores de los frigoríficos, resultando en el contagio de miles de trabajadores de Smithfield y la muerte de docenas de ellos.

Al principio de la pandemia, los frigoríficos y las plantas de procesamiento de comidas se convirtieron en focos de conagio del COVID-19. Un análisis publicado en diciembre de 2020 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) estima que entre el 6 y el 8 por ciento de todos los casos de COVID-19 y entre el 3 y 4 por ciento de las muertes por COVID-19 en EE.UU. hasta el 21 de julio de 2020 estuvieron vinculados a las plantas de productos cárnicos y avícolas.

Como un pasmoso ejemplo, la planta de Smithfield en Sioux Falls, Dakota del Sur, fue responsable de más de la mitad de los casos activos de COVID-19 en el estado en abril del año pasado. Esta planta produce el 5 por ciento de la carne de cerdo del país. En tan solo 13 días, los casos de COVID-19 en la planta aumentaron de uno a ochenta. Una semana después, los contagios superaban 900 y poco después, los 1.000. Los expertos de salud consideran que la planta estuvo vinculada a cientos de casos “por contacto cercano” en el condado. Este único frigorífico se convirtió en uno de los focos de contagio más graves del país. La empresa y la ciudad ocultaron los casos del público durante las primeras dos semanas.

Durante este periodo, los oficiales de la salud presionaron a la industria a que detuviera parte de la producción para proteger a los trabajadores.

La catástrofe en Sioux Falls y otros frigoríficos, que desencadenaron huelgas y protestas desafiando al sindicato United Food and Commercial Workers, obligaron a Smithfield y otras empresas a cerrar temporalmente en abril de 2020. Sin embargo, poco después de cerrar la planta de Sioux Falls, la empresa inició una agresiva campaña para reabrir toda la industria.

En ese momento, el director general Kenneth M. Sullivan emitió un comunicado en el que advertía de la escasez de carne. Decía en parte: “El cierre de esta instalación, combinado con una lista creciente de otras plantas de proteínas que han cerrado en toda nuestra industria, está empujando a nuestro país peligrosamente al borde en términos de nuestro suministro de carne”.

Sin embargo, la demanda de Food and Water Watch dice que Estados Unidos nunca estuvo en peligro de quedarse sin carne. Afirma que había abundantes suministros en las cámaras frigoríficas. Además, el grupo de defensa señala que las exportaciones de carne de cerdo a China desde EE.UU. estaban aumentando, alcanzando incluso máximos históricos. El informe señala que los datos del Gobierno muestran que el inventario de carne de cerdo en los almacenes de “almacenamiento en frío” era de cientos de millones de libras. Los analistas han estimado que la carne de cerdo almacenada podría haber mantenido las tiendas de comestibles abastecidas de carne de cerdo durante meses, incluso sin ninguna producción adicional.

Food and Water Watch explica en su demanda: “Este alarmismo crea un círculo vicioso lucrativo... Atiza y aprovecha el pánico de los consumidores, aumentando la demanda y las ventas, y, a su vez, proporciona a la empresa una falsa justificación para mantener sus mataderos funcionando a máxima capacidad, sometiendo a sus trabajadores a condiciones inseguras en el trabajo que han provocado que miles de trabajadores de Smithfield contraigan el virus”.

La demanda continúa: “Las corporaciones como Smithfield anteponen rutinariamente las ganancias a las personas. La empresa no protegió en absoluto a sus trabajadores mientras el coronavirus se extendía como pólvora por sus instalaciones de procesamiento de carne, y su alarmismo sobre la escasez de carne estaba diseñado para sacar partido del pánico de los consumidores y aumentar las ventas. Smithfield puso en riesgo la vida de los trabajadores en nombre de la codicia empresarial y convirtió estos lugares de trabajo que ya son conocidos por ser peligrosos en lugares mortales”.

Las condiciones de trabajo en las plantas de Smithfield eran y siguen siendo peligrosas para los trabajadores. Los trabajadores han denunciado una cultura de “trabajar mientras se está enfermo” en muchas instalaciones. De hecho, Smithfield, con la bendición del sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW), ofreció a los trabajadores de algunas plantas, incluida la de Sioux Falls, un “bono por responsabilidad” de 500 dólares por no faltar un día al trabajo en el peor momento de la propagación del virus en la planta.

La propaganda de Smithfield fue publicitada por el presidente Trump, quien utilizó las afirmaciones de una inminente escasez de carne para invocar la Ley de Producción de Defensa de la época de la Guerra de Corea el 29 de abril, y declarar que las plantas de procesamiento de carne eran parte de la “infraestructura crítica” del país. Esto tenía como objetivo garantizar que las plantas inseguras permanecieran abiertas sin importar el número de infecciones y muertes que se produjeran y para proporcionar un marco pseudolegal para la represión estatal contra las huelgas y protestas de los trabajadores del sector cárnico. En ese momento, Trump declaró que los cierres “amenazan el funcionamiento continuo de la cadena nacional de suministro de carne roja y de aves de corral, socavando la infraestructura crítica durante la emergencia nacional”.

Además de la acción ejecutiva, el Departamento de Trabajo y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, siglas en inglés) emitieron una “guía” que proporcionaría protecciones legales adicionales para las empresas que operaran pese a brotes. En otras palabras, la reapertura de la industria cárnica fue una operación sancionada por el Estado. Se hizo para garantizarles a las empresas sus ganancias y no tuvo nada que ver con el mantenimiento del suministro de carne en los supermercados para los consumidores.

Junto con otras plantas de todo el país, la planta de Sioux Falls reabrió sus puertas el 7 de mayo. Para el 16 de junio, entre 800 y 1.200 de los 3.700 empleados de la planta frigorífica estaban en cuarentena o habían dado positivo al virus.

Al menos cuatro trabajadores de Smithfield murieron a causa del COVID-19 en la planta, como parte de los 293 trabajadores de los mataderos y de la industria cárnica que han muerto en todo Estados Unidos. Además, más de 58.000 trabajadores de la industria se han infectado desde la aparición del mortal virus.

A lo largo de la pandemia, toda la élite política, junto con las empresas de procesamiento de alimentos como Smithfield, han alabado a sus empleados como “héroes” y “trabajadores esenciales”, mientras los ponían en grave peligro en aras de sus ganancias. Tanto los políticos como los directores generales prometieron que los trabajadores serían compensados por su sacrificio.

De hecho, en la campaña electoral en mayo de 2020, Biden dijo durante una entrevista sobre los trabajadores del sector cárnico y la inseguridad alimentaria: “Absolutamente, positivamente, la vida de ningún trabajador vale que yo consiga una hamburguesa más barata. La vida de ningún trabajador vale eso”.

Desde que llegó al cargo, el Gobierno de Biden no ha divergido de manera fundamental de la Administración de Trump en cuanto a la política sobre la pandemia. El 10 de junio de este año, OSHA, una división del Departamento de Trabajo de EE.UU., publicó nuevas reglas aparentemente hechas para proteger a los trabajadores vulnerables del virus. Sin embargo, las normas, que incluyen la obligación de garantizar dos metros de distancia entre los trabajadores, así como tiempo libre remunerado “para vacunarse y recuperarse de cualquier efecto secundario”, solo se aplicaban al sector sanitario y dejaban fuera a todos los otros trabajadores esenciales.

En cuanto a las empresas empacadoras de carne, no se ha hecho nada para recompensar a los trabajadores que arriesgaron sus vidas para asegurar que las ganancias siguieran fluyendo. Justo la semana pasada, en la planta de Smithfield en Sioux Falls, el UFCW respaldó agresivamente el último contrato de Smithfield, que solo se aprobó en el segundo intento. El contrato no es nada menos que un absoluto obsequio a la empresa. Si se toma en cuenta la alta inflación y el aumento del coste de la vida, el escaso aumento de 1,75 dólares al salario base en cuatro años –de 17 a 18,75 dólares— equivale a una media del 2,5 por ciento anual, muy por debajo de la tasa de inflación, que ahora es del 5 por ciento anual. En otras palabras, el nuevo acuerdo supondrá un recorte de los salarios reales.

El acto más atroz es que el nuevo contrato aumenta los gastos de atención sanitaria de los trabajadores. Ahora será aún más difícil para los trabajadores costear la atención médica para ellos y sus familias, incluso cuando se enfrentan al peligro continuo del COVID-19 y sufren regularmente de lesiones por movimientos repetitivos causados por la incesante velocidad de las líneas de producción.

La oposición entre los trabajadores de la industria cárnica es masiva. En las últimas semanas se han registrado enormes índices de ausentismo en plantas como la de Sioux Falls. Lo que la experiencia del último año y medio expone es que los trabajadores de la industria cárnica, como todos los trabajadores, se enfrentan ferozmente no solo contra los jefes corporativos y la élite política, sino también contra el UFCW y otros sindicatos, que sirven a las grandes empresas, no a los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores del sector cárnico también tienen poderosos aliados. La situación que se está dando en las plantas empacadoras de carne se está desarrollando en plantas, fábricas y almacenes en todo Estados Unidos y, de hecho, en todo el mundo.

Casi 3.000 trabajadores de la planta de Volvo en New River Valley (NRV), en Dublín, Virginia, están en huelga desde el 7 de junio, después de haber rechazado contundentemente dos contratos favorables a la empresa impulsados por el sindicato United Auto Workers (UAW).

Asimismo, los mineros del carbón de Warrior Met, en Brookwood (Alabama), votaron masivamente en contra de un contrato respaldado por el sindicato United Mine Workers of America (UMWA). Los trabajadores del acero de ATI llevan casi tres meses en huelga, mientras que 650 trabajadores de una refinería han sido sometidos por ExxonMobil a un cierre patronal desde el 1 de mayo.

Los enfermeros del hospital St. Vincent de Worcester (Massachusetts) llevan más de tres meses en huelga. Estas luchas demuestran el creciente conflicto entre los trabajadores de base y los sindicatos corporativistas, que han tratado de aislar cada una de estas luchas.

Si se ha de luchar para defender la vida y el sustento de la clase obrera, los trabajadores necesitan nuevas organizaciones, independientes de los sindicatos y de ambos partidos políticos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de junio de 2021)