La Gran Coalición gobernante en Alemania, formada por la Unión Demócrata Cristiana, la Unión Social Cristiana y el Partido Socialdemócrata, ha aprovechado las últimas sesiones parlamentarias de la actual legislatura para ampliar masivamente las competencias de la policía y los servicios de inteligencia del país. En gran medida desapercibido para el público, el Bundestag (Parlamento Federal) ha aprobado un total de nueve leyes y enmiendas relacionadas.

El nuevo gobierno que se forme tras las elecciones federales previstas para este otoño tendrá a su disposición un aparato de vigilancia técnicamente muy equipado, con poderes como no se habían visto en Alemania desde el final del régimen nazi. El aparato de seguridad del Estado (apodado Stasi) de la antigua Alemania del Este, con su red de fisgones de barrio y su sistema de buzones, parece amateur en comparación.

En conjunto, los cambios legislativos aprobados por el Bundestag desde noviembre de 2020, y especialmente en las últimas cuatro semanas, representan el mayor complejo legislativo aprobado desde la reunificación de Alemania en 1990. Sus principales características son las siguientes:

Derogación casi total de la separación de la policía y los servicios secretos introducida tras la Segunda Guerra Mundial en respuesta a la experiencia de la Policía Secreta del Estado (Gestapo) de Hitler.

La Policía Federal (Bundespolizei) tiene ahora poderes equivalentes a los de un servicio secreto, mientras que los servicios secretos pueden realizar tareas policiales. En el futuro, ambos organismos trabajarán de la mano.

* La Policía Federal podrá restringir masivamente la libertad de los ciudadanos y los refugiados mediante prohibiciones de estancia, detenciones en espera de deportación y medidas similares, sin necesidad de autorización judicial.

* Se legalizan los poderes de la policía y los servicios secretos para intervenir sistemas informáticos, dispositivos móviles y otros sistemas electrónicos con el fin de recopilar y/o manipular datos a escala masiva.

* Se autoriza a los servicios secretos y a la Policía Federal a llevar a cabo ciberataques y otras medidas de observación y persecución basándose simplemente en las opiniones de una persona, sin que haya pruebas de actividades delictivas.

* Se autorizan nuevos poderes para desplegar ampliamente la vigilancia y la censura automatizada de Internet con la ayuda de filtros de carga.

* Se está legalizando la recopilación y el almacenamiento centralizados de datos personales y biométricos, accesibles a todas las autoridades estatales.

La represión de la población, más que su seguridad, es el único objetivo de las nuevas leyes. Se está armando todo el aparato estatal para reprimir la creciente resistencia popular a las consecuencias devastadoras de la pandemia de coronavirus, los ataques a los puestos de trabajo y los derechos sociales, el militarismo y la guerra, y la amenaza de los neonazis y los fascistas.

La nueva Ley de Protección de la Constitución

La 'Ley de Protección de la Constitución', aprobada por el Bundestag el 10 de junio de 2021, legaliza el uso extensivo de los llamados 'troyanos de Estado' por parte de la Bundesamt für Verfassungsschutz (Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el servicio secreto nacional de Alemania), los 16 Landesämter für Verfassungsschutz (Oficinas Estatales para la Protección de la Constitución), el Servicio Federal de Inteligencia (agencia de inteligencia extranjera-BND) y el Servicio de Contrainteligencia Militar (MAD). Todos estos 19 servicios secretos pueden ahora espiar sistemáticamente a las personas en el país y en el extranjero. La ley no establece prácticamente ningún límite en cuanto a los datos que pueden recogerse y los motivos de observación.

Un troyano de Estado es un software malicioso colocado por un agente de inteligencia en el teléfono inteligente, el ordenador portátil, el PC o el servidor de una persona u organización para ser observado durante una invasión clandestina en su domicilio, o a distancia a través de Internet. La vigilancia de una comunicación en curso tiene lugar en el dispositivo de la persona objetivo antes de que la conversación, el mensaje de chat o el SMS se cifren.

La operación también se denomina intervención de la fuente de las telecomunicaciones. El uso de un troyano de Estado con el objetivo de transmitir al servicio de inteligencia datos almacenados, como documentos, grabaciones de imágenes y de vídeo, se conoce como búsqueda en línea.

Además, los troyanos de Estado pueden manipular datos y programas en ordenadores, teléfonos móviles y sistemas informáticos ajenos, con consecuencias de gran alcance, posiblemente mortales, para las personas afectadas. Los sistemas electrónicos de control y frenado de un vehículo pueden, por ejemplo, ser manipulados para provocar un accidente.

Hasta ahora, la intervención de fuentes de telecomunicación y las búsquedas en línea sólo estaban permitidas legalmente por la Policía Criminal Federal (BKA), en el marco de investigaciones policiales ordenadas por un juez sobre delitos graves. Ahora, todos los servicios secretos están facultados para llevar a cabo estas operaciones.

Según la redacción de la nueva ley, los servicios secretos no están autorizados a realizar búsquedas en línea. Sin embargo, sí se les permite extraer datos almacenados en un dispositivo objetivo tras la activación de un troyano. En la práctica, nada puede impedir que los agentes recojan datos almacenados durante mucho más tiempo. Técnicamente, una operación de interceptación de fuentes de telecomunicaciones es capaz de llevar a cabo una búsqueda completa en línea al mismo tiempo.

Varios expertos han criticado duramente la nueva Ley de Protección de la Constitución, declarándola inconstitucional. El Dr. Matthias Bäcker, profesor de derecho público y derecho de la información en la Universidad de Maguncia, declaró en un dictamen que todas las operaciones de malware que no se limitan estrictamente a una comunicación en curso son búsquedas en línea. Si ahora se llevan a cabo en nombre de las escuchas de fuentes de telecomunicaciones, saltándose todos los obstáculos legales, esto constituirá una violación del derecho básico a la integridad y confidencialidad de los sistemas de tecnología de la información, dijo. [1]

El profesor de Maguncia también criticó el hecho de que se haya ampliado considerablemente la latitud de los ataques de piratería y espionaje. La ley permite 'la vigilancia de las telecomunicaciones en parte incluso en el caso de la planificación de delitos comparativamente menores'. Como ejemplos, Bäcker menciona 'la difusión de material de propaganda de organizaciones anticonstitucionales, la violación de una prohibición de asociaciones y la pertenencia a una asociación secreta de extranjeros'. [2]

Además, la nueva ley ha ampliado el concepto de 'aspiraciones anticonstitucionales' de las organizaciones a los individuos, por lo que el 'objetivo de su comportamiento' es justificación suficiente para iniciar las observaciones de las agencias de inteligencia. Bäcker advierte que la ley 'prácticamente invita a una práctica de observación basada en las (presuntas) características personales o los vínculos sociales de las personas en cuestión, en lugar de en acciones objetivamente relevantes para la agencia de inteligencia.' [3]

En otras palabras, las personas son observadas y perseguidas no por actos concretos, sino por sus opiniones.

Este principio de Gesinnungsjustiz (juicio basado en opiniones) fue la base del sistema jurídico de los nazis y es también la razón de la observación del Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad, SGP) por la Verfassungsschutz. Cuando la Verfassungsschutz incluyó por primera vez al SGP como 'partido extremista de izquierdas' en su informe anual de 2017, justificó su acción afirmando que el SGP defendía un programa socialista, criticaba el capitalismo y criticaba políticamente a los apologistas del capitalismo, en particular el SPD, el Partido de la Izquierda, los Verdes y los sindicatos.

Cuando el SGP presentó posteriormente una denuncia contra esta sentencia, los abogados de la Verfassungsschutz justificaron la persecución del SGP no por sus actividades ilegales, sino por el análisis de la sociedad del partido, su postura marxista sobre la historia, sus análisis políticos y su objetivo socialista. Los abogados de Verfassungsschutz afirmaron que 'defender una sociedad democrática, igualitaria y socialista' contradecía 'los valores centrales de la Ley Fundamental de Alemania'. [4]

El SGP advirtió en su momento: 'Con su ataque al SGP, esta agencia gubernamental criminal quiere sentar un precedente para un nuevo tipo de persecución legal de los delitos de pensamiento que proporcionaría la base para la persecución de cualquiera que critique la actual situación social y política reaccionaria... Si no se detiene la conspiración de la derecha en el aparato estatal y no se defiende el SGP, se romperá el dique para medidas de mayor alcance'. [5]

Esta apreciación se ha confirmado ahora. La nueva Ley de Protección de la Constitución legaliza medidas hasta ahora inéditas dirigidas a amplios sectores de la población y a todo tipo de organizaciones y partidos considerados indeseables por las agencias de inteligencia y el gobierno alemán.

Para llevar a cabo esta vigilancia de forma técnica, la ley obliga a las empresas activas en los sectores de la aviación, los servicios financieros, las telecomunicaciones y los medios de comunicación a transmitir los datos personales de los ciudadanos vigilados y a prestar asistencia técnica para la inserción de troyanos estatales para las búsquedas en línea y la transmisión de los flujos de datos resultantes. Los proveedores de Internet, como Telekom y Vodafon, pero también Google, Facebook y los bancos, se convertirán en cómplices de los servicios secretos.

Sólo unos pocos grupos de interés, como los sacerdotes y los abogados, están exentos de los ciberataques de los servicios secretos. Los periodistas —a pesar de las protestas de las asociaciones de periodistas— no están explícitamente entre ellos. La libertad de prensa y la protección digital de sus fuentes han sido destripadas.

La ley también prevé la creación de redes y el intercambio de datos entre los distintos servicios secretos, la Policía Federal, la Policía Criminal Federal y otras autoridades estatales, como las autoridades de inmigración del país y la Agencia Federal de Empleo.

La nueva Ley del Servicio Federal de Inteligencia

La Ley del Servicio Federal de Inteligencia del 25 de marzo de 2021 legaliza la intervención de enormes bases de datos y flujos de datos para vigilar las comunicaciones de millones de personas y buscar en sus ordenadores, teléfonos móviles y servidores datos, fotos y vídeos por parte del BND, el servicio de inteligencia exterior.

Esta misma ley debía cumplir los requisitos legales para restringir y controlar las actividades del BND, tal y como estipuló el Tribunal Constitucional alemán en mayo de 2020. El tribunal declaró inconstitucional la anterior ley de 2016, que legalizó la vigilancia masiva descubierta por el denunciante estadounidense Edward Snowden.

Sin embargo, el tribunal no se opuso a la vigilancia masiva en sí, sino que se limitó a insistir en el cumplimiento de algunas formalidades en su ordenamiento, documentación y control. De este modo, proporcionó una endeble lámina democrática para la vigilancia masiva.

Pero incluso con estas formalidades, los cambios de la nueva ley del BND en comparación con la antigua son mínimos o simplemente ridículos. Por ejemplo, la limitación cuantitativa de las interceptaciones exigida por el Tribunal Constitucional Federal se aplica de forma que no cubra más del '¡30 por ciento de las capacidades de transmisión de todas las redes de telecomunicaciones existentes en el mundo!'

Lo que parece una limitación es, en realidad, una licencia para el espionaje ilimitado. El BND, aunque siga ampliando enormemente sus capacidades técnicas, nunca será capaz de cotejar la enorme cantidad de datos asociados a este 'límite', según Klaus Langenfeld, un hombre que debería saberlo. Es el operador del mayor nodo de Internet del mundo, el DE-CIX, cerca de Fráncfort del Meno, que en los momentos de máxima actividad registra un flujo de datos de más de 10 terabits, es decir, 10 billones de bits por segundo. [6]

La nueva ley también amplía significativamente el poder para interceptar datos y espiar a las personas. El BND está autorizado a hackear proveedores de comunicaciones como Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft y Vodafone, así como los sistemas informáticos de empresas y autoridades extranjeras, 'incluso sin su conocimiento' y 'sin causa concreta'. Estas operaciones turbias y delictivas se denominan 'reconocimiento estratégico de telecomunicaciones' en la jerga de los autores ministeriales.

Significativamente, no sólo los ciudadanos extranjeros, sino también los alemanes, las empresas y los sistemas informáticos pueden ser objetivo del BND. Formalmente, la ley prohíbe la vigilancia e interceptación de las 'comunicaciones individuales de las personas físicas', aunque nadie puede controlar el cumplimiento de esta prohibición. Sin embargo, el uso de un teléfono inteligente, un ordenador o incluso un teléfono se considera comunicación con máquinas. En estos casos, el BND puede acceder casi sin restricciones a los datos almacenados y a los datos de tráfico y contenido actuales.

Para estas operaciones, el BND está explícitamente autorizado a cooperar e intercambiar datos con servicios de inteligencia extranjeros como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y, por tanto, a utilizar enormes centros secretos de almacenamiento de datos como el de Utah. Como ha revelado Edward Snowden, el BND lleva años realizando este tipo de operaciones sin ninguna base legal. ¡Ahora las leyes se han adaptado a esta práctica!

Como ya se ha mencionado, el BND también está autorizado a utilizar troyanos de Estado para la extracción masiva de datos de sistemas y dispositivos informáticos extranjeros.

La gama de 'temas peligrosos' que el BND está autorizado a espiar también se ha ampliado considerablemente. A los temas anteriores —terrorismo internacional, transferencia de material de armas nucleares y contrabando ilegal— se han añadido los 'desarrollos de crisis en el extranjero', la 'protección de infraestructuras críticas' y los 'casos de robo de propiedad intelectual' o infracción de derechos de autor.

Esta última es la primera vez que se autoriza por ley a un servicio secreto a intervenir en litigios privados. Las empresas alemanas se verán reforzadas frente a los competidores extranjeros. Las empresas chinas, en particular, han sido acusadas durante mucho tiempo de copiar productos y programas, aunque nunca se han aportado pruebas de tales actividades.

Ahora, con la ayuda del BND, se espera encontrar o fabricar tales pruebas como pretexto para una acción más agresiva contra China. Es probable que las empresas estadounidenses también aparezcan pronto como objetivos en los monitores del BND. Las crecientes tensiones entre Alemania y Estados Unidos son parte del trasfondo del aumento de los poderes del BND.

Especialmente peligrosa es la nueva tarea del BND de vigilar, espiar, sabotear o manipular las tendencias opositoras, las organizaciones y los individuos en el país y en el extranjero bajo el lema 'extremismo internacional'. Estas operaciones se basan en el mismo principio de una policía del pensamiento utilizado por la Verfassungsschutz.

El BND fue fundado en 1956 por Reinhard Gehlen, responsable del espionaje militar contra la Unión Soviética bajo Hitler. Su personal estaba formado principalmente por antiguos agentes del aparato de espionaje militar nazi, la Gestapo y las SS. Gehlen llegó a colaborar con criminales de guerra y asesinos en masa del Holocausto, como Klaus Barbie, que se había escondido en Bolivia. [7]

La Gran Coalición alemana ha convertido esta organización, impregnada de su pasado nazi, en una especie de superagencia de inteligencia para utilizarla contra países extranjeros y contra su propio pueblo. El BND depende directamente de la Cancillería alemana y cuenta con más de 6.500 empleados oficiales, así como con enormes recursos financieros: sólo este año, más de 500 millones de euros. Desde hace dos años, reside en el mayor complejo de edificios nuevos de Europa, en el centro de Berlín.

La segunda parte de este artículo tratará sobre otra nueva legislación sobre el Estado policial y ofrecerá una evaluación política.

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Notas

[1] Dr. Matthias Bäcker, declaración sobre el proyecto de adopción de la Ley de Protección de la Constitución, documentos del Bundestag 19/24785; p. 13

[2] ibídem, pp. 14-15

[3] ibídem, pp. 4-6

[4] Ver: '¡Detengan la conspiración derechista! ¡Defiendan al SGP contra el servicio secreto Verfassungsschutz!' https://www.wsws.org/es/articles/2019/07/27/alem-j27.html

[5] ibid.

[6] Véase: https://netzpolitik.org/2021/bnd-gesetz-bundesnachrichtendienst-erhaelt-so-viele-ueberwachungsbefugnisse-wie-noch-nie/

[7] Ver: 'How former Nazi official Reinhard Gehlen erected a state within a state in post-war Germany' https://www.wsws.org/en/articles/2017/12/27/germ-d27.html

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de julio de 2021)