El Gobierno del Partido Socialista (PSOE)-Podemos, en colaboración con Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), ha anunciado nuevos ataques contra las pensiones públicas. Este es uno de los varios recortes a los derechos sociales básicos que el gobierno está planeando por exigencia de la Unión Europea (UE), a cambio de los cientos de miles de millones de euros en fondos de rescate para la pandemia de COVID-19.

Los sindicatos y Podemos trasladaron de manera tramposa dos medidas de la reforma de las pensiones como beneficiosas para los trabajadores. La primera es revalorizar anualmente las pensiones en función de la inflación. Esto significa volver a la situación anterior a 2013, cuando el derechista Partido Popular (PP) fijó el ajuste del coste de la vida en solo un 0.25 por ciento anual, muy por debajo de la inflación. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente para dar a los pensionistas un nivel de vida decente. Alrededor del 58 por ciento de ellos gana menos del salario mínimo de 950 euros, y uno de cada cuatro recibe la pensión mínima de alrededor de 600 euros.

La segunda medida deroga un plan de recorte de pensiones que pretendía limitar la cuantía de estas en función del aumento de la esperanza de vida, que también fue aprobado por el PP en 2013 pero nunca llegó a entrar en vigor.

En esta línea, el sindicato estalinista CCOO saludó la reforma de las pensiones como 'Un acuerdo que cambia el rumbo de las pensiones al suprimir los recortes de 2013'. Pepe Álvarez secretario general de UGT se entusiasmaba afirmando que “Me siento muy cómodo firmando acuerdos. Me sentiría muy mal si no tuviéramos para firmar acuerdos”.

En la misma línea el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirmaba que el acuerdo “supone un paso fundamental en la consolidación y cuidado de las prestaciones, al eliminar los aspectos más lesivos de la reforma acometida por el PP en 2013”

A través de esta cínica ceremonia de la confusión, Podemos y los sindicatos tratan de enmascarar el contenido básico de estas medidas —recortar los niveles generales de pensiones— dilatando los recortes en el tiempo y no planteando todavía los ajustes que se consideran demasiado explosivos políticamente para ser aplicados.

Sin embargo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue más claro. Dijo en TVE que la llamada generación del baby boom, nacida entre 1959 y 1977, es 'más numerosa' y 'tendrá que elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más '.

Tal fue el alboroto que al día siguiente Escrivá afirmó que no se habían comprendido sus declaraciones.

Podemos intervino rápidamente para extinguir el fuego. Pablo Fernández declaró que: “Podemos no va a permitir recortes en las pensiones presentes y futuras, tanto en lo referente al factor de equidad intergeneracional aludido por Escrivá como en lo referente al cómputo de años para calcular la prestación”. Lo que Fernández no dijo es que Podemos había ya votado a favor en enero pasado del plan de resiliencia que compromete ante la Comisión Europea al gobierno, del que Podemos es parte, a realizar esos recortes.

Este acuerdo para la reforma de las pensiones por parte del Gobierno PSOE-Podemos no es más que un atajo de mentiras: la realidad es que busca hundir en la pobreza a grandes grupos de jubilados. En su eje central está la penalización que van a recibir los trabajadores en la cuantía de su pensión si se jubilan anticipadamente. Esta podría llegar hasta el 30 por ciento de sanción para quienes se jubilen con cuatro años de anticipación, y hasta el 21 por ciento para quienes se jubilen voluntariamente dos años antes. También pretende hacer real en la práctica el objetivo de la reforma de 2011 de elevar la edad de jubilación hasta los 67 años.

La peor parte de esta reforma de las pensiones recaerá sobre los sectores más oprimidos de la clase trabajadora, que tienen los empleos más exigentes físicamente. Para ellos solo quedan dos opciones. La primera es tratar de permanecer en el trabajo hasta los 67 años a pesar del castigo físico que esto supone, poniendo así en riesgo su salud y reduciendo drásticamente su esperanza de vida. La segunda es solicitar la jubilación anticipada y aceptar vivir con una pensión de miseria para el resto de sus vidas.

La pobreza entre los ancianos se disparará. Los trabajadores de más edad son despedidos de forma habitual a través de expedientes de regulación de empleo (ERE), enriqueciendo de esta forma a una capa de burócratas sindicales involucrados en la negociación de estos expedientes, con el fin de emplear a trabajadores más jóvenes y con salarios más bajos o deslocalizar el trabajo en el extranjero buscando lugares con mano de obra más barata. A muchos trabajadores que son despedidos después de los 60 años les resultará muy difícil encontrar un nuevo trabajo. Con la jubilación anticipada como única opción, recibirán pensiones de pobreza.

El objetivo final que se persigue con estos ataques al sistema de pensiones es forzar a capas de trabajadores que pueden permitírselo a contratar planes de pensiones privados. La reforma propone impulsar los llamados 'planes de pensiones de empresa', para quintuplicar los fondos de pensiones privados gestionados por los bancos hasta los €500.000 millones. Los sindicatos tienen intereses creados en las pensiones privadas. En las grandes empresas que los adoptan, se establece una comisión paritaria, integrada por la dirección de la empresa y representantes sindicales que reciben importantes comisiones por supervisar estos planes privados.

Estas medidas son otra brutal exposición de la irracionalidad del capitalismo y de la agenda reaccionaria del partido pequeño burgués 'populista de izquierda' Podemos. En España, donde el gobierno y los sindicatos pretenden hacer que los trabajadores actualmente con empleo trabajen más, ya hay cuatro millones de desempleados que buscan desesperadamente trabajo. El desempleo juvenil se sitúa en un terrible 37 por ciento.

La UE diseñó el fondo de rescate pandémico incluso cuando los países de la Unión Europea rechazaran proteger a la población en sus casas para combatir la pandemia, alegando que no había dinero para una política científica para detener el coronavirus. En cambio, exigió que los trabajadores no esenciales volvieran a sus trabajos para producir ganancias sobre las enormes sumas de capital financiero que se entregan a las grandes corporaciones. Esto provocó más de 1,1 millones de muertes en toda Europa, debido a que la UE sacrificó la salud y las vidas de los trabajadores en beneficio de la aristocracia financiera.

Podemos había previamente afirmado que no había ningún compromiso de austeridad a cambio de los fondos de rescate por la pandemia. El año pasado, el Gobierno PSOE-Podemos celebró que España recibiría €140.000 millones en los próximos seis años del fondo de la Unión Europea de €750.000 millones. El entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, lo saludó en julio de 2020, declarando: 'No hay duda de que hoy se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la UE'.

Iglesias contrastó los rescates actuales con los rescates a Grecia de la UE tras la caída de Wall Street de 2008: 'Todos recordamos la respuesta dada por las instituciones europeas a la crisis financiera de hace 10 años: austeridad, hombres de negro y exigencias de recortes sociales que provocaron la asfixia de los países del sur y una grave crisis del proyecto europeo'. Ahora, dijo, 'por primera vez en la historia de la UE se plantea un paquete de subvenciones financiado con deuda conjunta'.

Como señaló el WSWS, esto era una mentira. Ahora está claro que, al igual que los rescates posteriores a 2008 en Grecia, los actuales son entregas masivas de fondos a los súper ricos que deben pagarse con ataques a los derechos sociales básicos negociados entre el PSOE, Podemos, los sindicatos y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

No hay nada que negociar con el Gobierno PSOE-Podemos, los sindicatos, ni la CEOE y la Unión Europea. Los miles de millones de euros en fondos públicos que la UE está distribuyendo a los súper ricos deben ser confiscados y utilizados para financiar una política científica anti-Covid-19 de vacunación y distanciamiento social, y derechos sociales básicos como las pensiones públicas. Luchar por ello requiere movilizar a los trabajadores y unificarlos en toda Europa y en el mundo sobre la base de un programa socialista revolucionario.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de julio de 2021)