La campaña en marcha contra la vacunación masiva es completamente de derecha y debe ser opuesta por los trabajadores de todo el mundo. En medio de una pandemia global con un virus letal, que se ha cobrado más de cuatro millones de vidas, según las cifras oficiales (en realidad, mucho más que 10 millones), la vacunación masiva es un requisito fundamental de la salud pública y para la autodefensa de la clase obrera.

Incluso la presentación de la cuestión como una de “exigencia de vacunación” es absolutamente falsa, dado que trata la vacunación como un tipo de violación de la “libertad personal”. De hecho, ningún individuo tiene el “derecho” de infectar a otros y ponerlos en peligro.

La protección de la salud pública en una sociedad masiva depende de un conjunto de regulaciones: el uso de cinturones de seguridad y los límites de velocidad, la prohibición de manejar bajo los efectos del alcohol, ocupaciones máximas de edificios, normas de estacionamiento para discapacitados, entre muchas otras medidas. Luego, están las conquistas de amargas luchas de la clase obrera (que están siendo atacadas por doquier) como la jornada de ocho horas y la prohibición del trabajo infantil.

Siempre son las fuerzas más derechistas las que se oponen a la protección de los derechos sociales alzando la bandera de los “derechos individuales”, siendo el más notorio de ellos el “derecho de lucro”.

En cuanto a las vacunaciones, son un requisito rutinario para los viajes al extranjero, usualmente para proteger a los viajantes de enfermedades presentes en los países que visitan pero para las cuales carecen de inmunidad natural. Además, protegen contra enfermedades generalizadas como la tuberculosis y la malaria. Son protecciones contra la muerte y trastornos graves, no una vulneración de la “libertad personal”.

Asimismo, es común que los niños estén obligados a que “les den sus inyecciones” antes de asistir a la escuela, incluyendo la vacuna triple vírica o SPR, aquella contra el polio y otras enfermedades, a pesar de las campañas criminalmente irresponsables de grupos antivacunas. Cuando se desarrolle una vacuna anti-COVID-19 que sea efectiva y segura para los niños, que ojalá suceda en pocos meses, debería ser un requisito obligatorio para asistir a clases también.

No hay nada progresista sobre la campaña contra la “exigencia de vacunación”. Se basa en recursos a la ignorancia, al miedo y a los prejuicios anticientíficos. Aquellos que hacen campaña contra las vacunas afirmando que es una violación intolerable a la libertad personal están vendiendo anarquismo y libertarismo, que no tienen nada en común con los intereses de la clase obrera.

No debería sorprenderle a nadie que los sindicatos, que no han hecho nada para proteger a los trabajadores durante la pandemia, se hayan unido a esta campaña. El sindicato Service Employees International Union (SEIU), que se rehusó a combatir la ola de contagios y muertes en los hogares de ancianos el año pasado, convocó a una manifestación la semana pasada en la ciudad de Nueva York contra las vacunaciones obligatorias para los trabajadores de la salud. Durante el evento, Randi Weingarten del sindicato docente American Federation of Teachers (AFT), que ha exigido la reapertura de todas las escuelas para clases presenciales a pesar de la pandemia, lanzó consignas contra cualquier requisito de vacunación para “que todos se sientan seguros y bienvenidos en sus lugares de trabajo”.

Dado que las consecuencias de cuando alguien contagiado trabaja en un lugar congestionado, escuela u hospital pueden ser catastróficas, el requisito de que él o ella estén vacunados es completamente legítimo y necesario.

Es ineludible que aquella persona que tiene acceso a la vacuna pero la rechaza no tenga permitido trabajar junto a otros. En tales casos, el individuo debe ser suspendido hasta que se vacune. Esto se debe combinar con una campaña sistemática de educación, encabezada por los expertos médicos y trabajadores de la salud, que explique los riesgos insignificantes y los beneficios de estar protegido contra el COVID-19.

Sin embargo, presentar el problema como una cuestión de negligencia individual es fundamentalmente incorrecto. No son los trabajadores los responsables de la propagación catastrófica del COVID-19, sino la clase gobernante. Cualquier cambio auténtico en las actitudes de millones solo es posible en condiciones de un movimiento industrial y político de la clase obrera contra toda la política de la oligarquía financiera en respuesta a la pandemia.

La campaña contra las “exigencias de vacunaciones” es tan solo la última etapa de oposición de la clase gobernante a todas las medidas necesarias para detener la propagación de la pandemia. Es verdaderamente trágico que muchos de aquellos engatusados por esta campaña para no vacunarse estén poniendo en grave riesgo sus vidas y las de sus familiares y compañeros de trabajo.

No solo no ha habido una campaña masiva de educación para promover la vacunación, sino que ha habido una campaña sistemática de desinformación por parte de la clase gobernante a lo largo de toda la pandemia, en combinación con el fomento de más largo plazo de concepciones reaccionarias y anticientíficas.

La respuesta entera de la clase gobernante a la pandemia ha estado colmada de engaño y criminalidad: incluyendo sus esfuerzos iniciales para minimizar el peligro, su impulso para obligar a los trabajadores a regresar a sus puestos pese a la expansión de la pandemia, sus mentiras de que China es responsable de las muertes masivas y no la oligarquía capitalista que se rehusó a tomar las medidas necesarias para prevenirlas.

Las políticas del Gobierno de Biden, partiendo de las del Gobierno de Trump, parecen estar casi deliberadamente calculadas para alimentar el escepticismo público. Trump y sus seguidores fascistizantes denunciaron todas las medidas de salud pública desde el inicio, atacando los confinamientos y prometiendo “liberar Michigan” y los otros estados que implementaron restricciones limitadas. Los Estados gobernados por republicanos ahora tienen una combinación nociva de bajas tasas de vacunación y tasas de contagio cada vez mayores, según la variante Delta se propaga fuera de control. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey está culpando a las personas sin vacunar por el aumento de contagios de coronavirus, pero fue su partido el que encabezó la campaña contra tomar seriamente la pandemia.

La primera prioridad establecida por el Gobierno de Biden fue reanudar las clases presenciales, sin importar el impacto en los maestros y estudiantes. El objetivo era que los padres pudieran ser enviados de vuelta al trabajo en las fábricas y oficinas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) puso fin a sus regulaciones exigiendo el uso de mascarillas, después de que el Gobierno de Biden declarara que la pandemia prácticamente se había acabado. En parte, se vieron obligados a echar marcha atrás y abogar por el uso de mascarillas entre las personas vacunadas en circunstancias limitadas, solo porque el avance explosivo de la variante Delta hizo inevitable algunos cambios.

La vacunación masiva solo es un componente del que debe ser un esfuerzo global para erradicar el virus, incluyendo el uso de mascarillas, el distanciamiento social, las pruebas masivas y el cierre de la producción no esencial hasta que toda la población del planeta esté segura. Tal esfuerzo, financiado con los billones de dólares acumulados por los superricos, exige la intervención política de la clase obrera contra las políticas de la élite gobernante capitalista, la cual prioriza en todo momento las ganancias a la vida humana, y los intereses de los Estados nación rivales a las necesidades colectivas de la humanidad.

A escala global, la gran mayoría de personas aún no tiene acceso a las vacunas del todo, en la medida en que los países productores de vacunas en el mundo industrializado han acaparado prácticamente todo el suministro. Apenas el uno por ciento de la población de África se ha vacunado completamente. Las tasas en el sur y sureste de Asia no son mucho mejores. Y la gran polarización social en todos los países capitalistas significa que los ricos y la clase media-alta pueden acceder fácilmente a la vacuna, mientras que los pobres prácticamente no tienen ningún acceso.

Esto es cierto en los países ricos también. Un importante obstáculo de la vacunación en EE.UU. es la pobreza, para los que viven tanto en los barrios marginales urbanos como en aislamiento rural. Un estudio reciente demostró que, según los datos del censo, más de la mitad de los estadounidenses sin vacunar viven en hogares con ingresos menores a $50.000 anuales. Los autores del estudio explicaron la falta de inmunizaciones, pese al amplio suministro de vacunas, indicando que “el manejo de los horarios de trabajo y cuidado infantil pueden ser mayores factores que la política”.

La política de la clase obrera debe combinar intransigencia política y explicaciones pacientes. El desarrollo de un movimiento obrero consciente de clase, a través de la organización de comités de base en todos los lugares de trabajo, les permitiría a los trabajadores, especialmente los de la salud, convertirse en promotores de una campaña política de exigencia de vacunación que proteja a su clase del peligro letal de la pandemia.

El combate contra la pandemia no es simplemente una cuestión médica. Necesita de una lucha política de la clase obrera contra el sistema capitalista. La respuesta a la pandemia en aras de la salud pública requiere de un plan y coordinación globales, que solo son posibles a través de la construcción de una dirección revolucionaria internacional y la toma del poder político en manos de la clase obrera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de julio de 2021)