El gobierno de coalición de España del socialdemócrata Partido Socialista (PSOE) y el 'populista de izquierda' Podemos ha aprobado las líneas generales de los presupuestos para 2022. El proyecto recibió luz verde del Gabinete el jueves pasado, y se llevará al Congreso para su posterior debate.

Descrito en los medios españoles como 'el mayor esfuerzo de gasto público de la historia de España', propone 40.000 millones de euros de inversión. Se espera que alrededor de €27.000 millones de la financiación planificada vendrá de los planes de rescate para el coronavirus de la de la Unión Europea, Next Generation EU y React-EU.

Más de 100,000 personas han muerto de COVID-19 en España, cientos de miles han sufrido enfermedades de larga duración y casi 5 millones se han infectado, más del 10 por ciento de la población. Millones de trabajadores han visto destruidos sus medios de vida: en 2020 se produjeron pérdidas récord de empleos y la mayor caída del Producto Interior Bruto (PIB) de España desde la Guerra Civil Española de 1936-1939.

La pobreza se ha disparado en España, las tasas de privación material severa aumentaron del 4,7 por ciento en 2019 al 7 por ciento el año pasado, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) de julio. Esto significa que 3,3 millones de personas enfrentan una grave falta de necesidades básicas como calefacción, alimentos nutritivos y un teléfono, informó el INE.

'Este presupuesto se hizo para que la recuperación llegue a todos y sobre todo ensanchamos la base de nuestra sociedad que es la clase media', reclamó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión de Gabinete del pasado jueves. 'Necesitamos progresar y estar en un lugar mejor de lo que estábamos antes', dijo. 'Seis de cada diez euros se van a destinar a políticas sociales'.

A pesar de la retórica del PSOE, Podemos y los medios de comunicación aliados, el presupuesto no resolverá la crisis social causada por la pandemia que empeora rápidamente. El borrador del plan es una lista de medias medidas y promesas vacías, que beneficiarán principalmente a la aristocracia financiera y las capas acomodadas de la clase media-alta, mientras dejan a millones de trabajadores en una situación desesperada.

Entre las medidas se encuentra una propuesta para aumentar los salarios de los funcionarios públicos en un 2 por ciento. Sin embargo, los datos del INE muestran que la tasa de inflación de España a 12 meses alcanzó un máximo de 13 años al llegar al 4 por ciento, lo que significa que el 'aumento' propuesto es, de hecho, un recorte salarial. Los trabajadores del sector privado ni siquiera lo conseguirán.

El presupuesto también incluye un acuerdo para una tasa mínima de impuesto de sociedades del 15 por ciento. La variación fiscal afectará a unas 1.070 empresas en España (menos del 1 por ciento del total). Si bien en teoría, la tasa del impuesto corporativo de España es del 25 por ciento, muchas empresas pagan mucho menos gracias a las deducciones y exenciones fiscales. En declaraciones recientes al Financial Times, la ministra de Finanzas Montero admitió que muchas grandes empresas actualmente pagan tan solo el 6 por ciento en impuestos, mientras que muchas empresas más pequeñas pagan el 19 por ciento, y agregó: 'No se puede tener esta ingeniería fiscal regresiva'.

La propuesta fiscal del presupuesto no introduce nada nuevo. En realidad, alinea a España con un acuerdo de los jefes financieros de los países del G20 en julio para imponer un impuesto corporativo mínimo global del 15 por ciento, para evitar que las empresas multinacionales trasladen sus ganancias a paraísos de bajos impuestos. Muchas empresas seguirán pagando mucho menos que el tipo nominal del impuesto de sociedades en España.

El presupuesto se retrasó dos semanas, supuestamente debido a desacuerdos entre el PSOE y Podemos que se resolvieron después de que los socios de la coalición acordaran incluir el suelo impositivo del 15 por ciento, así como una nueva ley de vivienda.

La medida insignia del presupuesto es un proyecto de ley de vivienda, que se ha promocionado de diversas maneras como un plan 'controvertido' o incluso 'radical'. Esto es un fraude. La nueva ley —que introduciría controles de alquiler menores y proporcionaría una inversión mínima en vivienda social, al mismo tiempo que dará ayudas fiscales a los propietarios— no podría hacer casi nada para garantizar el acceso a viviendas asequibles y de buena calidad en España.

Los propietarios enfrentarían un límite en la cantidad que pueden aumentar el alquiler cada año, pero solo si poseen más de 10 propiedades, dejando a muchos inquilinos sin protección contra el aumento de los costos de alquiler. Mientras tanto, a los propietarios con nueve o menos casas en alquiler se les ofrecerían exenciones fiscales de hasta el 90 por ciento si decidieran voluntariamente reducir los alquileres.

Los impuestos también se incrementarían en una cantidad no especificada sobre las propiedades vacantes, y los promotores inmobiliarios estarían obligados a reservar el 30 por ciento de las existencias de viviendas públicas para alquiler, en lugar de ponerlas a disposición para su compra a un costo reducido. Con un estimado de 1,5 millones de viviendas de alquiler asequibles para hogares de bajos ingresos necesarias en España, esto es muy insuficiente para satisfacer las necesidades de vivienda del país.

Una medida clave en el proyecto de ley de vivienda es una propuesta para otorgar subvenciones mensuales de €250 a jóvenes de 18 a 34 años que ganan menos de €23.725 por año, para ayudarlos a mudarse de los hogares paternos y cubrir los costos de alquiler. El pago mensual estaría disponible durante un máximo de dos años, con una ayuda financiera total limitada a 6.000 euros. Hay casi 600.000 inquilinos de bajos ingresos en ese grupo de edad en España. Debido a los altos costos de vida y los bajos salarios, la edad promedio a la que los españoles abandonan su hogar familiar es de 30 años, casi cuatro años por encima de la media europea.

Con un salario promedio para un joven en España de solo €970 al mes, y los costos mensuales de alquiler en las principales ciudades como Barcelona promediando casi €1.000, esta escasa ayuda aún dejará a muchos jóvenes incapaces de pagar el alquiler. Los jóvenes en España son uno de los sectores más precarios y explotados de la clase trabajadora: la tasa de desempleo juvenil es de alrededor del 33 por ciento, la más alta de la zona euro. Mientras tanto, la mitad de los jóvenes españoles ocupados tienen contratos temporales; el 26 por ciento tiene contratos a tiempo parcial.

Los puntos principales del proyecto de ley de vivienda no pueden ser implementados legalmente por el gobierno nacional, y serían implementados por las autoridades autonómicas. El opositor Partido Popular (PP) ya se ha negado a aplicar la ley, desestimándola como 'intervencionismo suicida'.

El líder del PP, Pablo Casado, dijo que su partido impugnaría la legislación en el Tribunal Constitucional, en caso de que obtenga la aprobación parlamentaria. El PP gobierna cinco de las 17 autonomías de España (Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia), así como cuatro ciudades principales (incluida Madrid), lo que significa que la legislación, si se aprueba, estaría castrada desde su nacimiento.

Está lejos de estar garantizado que el presupuesto sea aprobado. El gobierno en conjunto solo tiene 155 escaños en el parlamento de 350 miembros, 20 menos de la mayoría requerida. Cuenta con el apoyo de partidos nacionalistas como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con 13 escaños, el Partido Nacionalista Vasco (PNV, seis escaños), el separatista vasco EH-Bildu (cinco escaños) y el independentista Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat, cuatro escaños).

Si bien estos partidos ayudaron al Gobierno del PSOE-Podemos a aprobar su presupuesto de 2021 el pasado mes de diciembre, el mayor de ellos, ERC ha indicado que puede que no vote a favor de los presupuestos de este año. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó este lunes que ERC está 'muy lejos' de poder apoyar el presupuesto, y agregó: 'la maniobra del año pasado, facilitando la aprobación de las cuentas, no presupone de entrada que lo volvamos a hacer este año'.

No hay nada progresista en este presupuesto de austeridad del PSOE-Podemos. El 'populista de izquierda' Podemos es un partido procapitalista cuyo historial en el gobierno demuestra que no hará nada que pueda impedir el flujo de ganancias a las arcas de los bancos y las grandes empresas. Los trabajadores deben romper con la camisa de fuerza de Podemos y sus satélites pseudoizquierdistas como parte de una lucha independiente de los trabajadores y la juventud por el socialismo en España e internacionalmente.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de octubre de 2021)