El Tribunal Administrativo de Berlín desestimó la querella entablada por el Partido Socialista por la Igualdad (SGP) contra el ministerio federal del interior y ordenó que el partido asuma la totalidad de los costes del juicio el jueves. El SGP se querelló contra el ministerio el 24 de enero de 2019 porque desde 2017 estaba incluyendo al partido en la lista de “extremistas de izquierda” en su Reporte Verfassungsschutz anual, lo que le permite al servicio secreto (la Oficina Federal para la Protección de la Constitución) vigilarlo.

El dictamen, que el SGP recurrirá, tiene consecuencias de largo alcance. Se ubica en la tradición de la jurisprudencia ideológica nacional socialista (Gesinnungsjustiz) y las leyes antisocialistas de Bismarck, y le abre las puertas a la vigilancia y la supresión de toda oposición al capitalismo y al poder estatal arbitrario.

El tribunal apoyó sin reservas al servicio secreto, una institución ilegítima democráticamente con estrechos vínculos con el mundillo ultraderechista. El juez que presidía, Wilfried Peters, quien es también vicepresidente del tribunal, y los representantes del ministerio del interior, el abogado profesor Dr. Wolfgang Roth y el secretario de Estado Reinfeld trabajaron juntos como una máquina bien aceitada durante los procedimientos.

El ministerio del interior declaró en su respuesta, redactada por Roth, ante la queja del SGP que “luchar por una sociedad igualitaria, democrática y socialista”, que critique el militarismo y el nacionalismo, y que rechace a la Unión Europea, era inconstitucional. El tribunal fue incluso más lejos y declaró que cualquier crítica al Estado era inadmisible. En el programa del SGP hay “considerables puntos que dan razones para asumir que el acusado quiere un Estado diferente y un sistema legal diferente”, dijo el juez Peters en su juicio oral preliminar.

El juez consideró que partes de la Declaración de Principios del SGP que declaran que el Estado “no es un árbitro neutral por encima de los conflictos sociales” y defiende “el régimen político de la clase capitalista”, y la declaración de que su propia existencia demuestra “que la sociedad está dividida en clases irreconciliables”, son un ataque a la constitución. “Las clases son irreconciliables, eso suena muy no pacífico, suena a guerra”, comentó. “De esto se puede deducir que ellos quieren un sistema diferente, un Estado diferente, una constitución diferente”.

El tribunal declaró que el Artículo 14 de la Ley Básica de Alemania, que protege la propiedad privada, es parte inviolable del orden básico democrático. Ni una palabra de este artículo se encuentra en la Sección 4 de la Ley Federal de Protección Constitucional, con la cual el tribunal justificó el juicio.

“La Ley Básica puede que no brinde un orden económico muy claro, pero sí un orden de propiedad basado en el mercado”, dijo Peters, “El Artículo 14 de la Constitución es por lo tanto una ley de libertad. Pero ustedes no reconocen eso. Ustedes cuestionan la propiedad privada de los medios de producción”.

El juez insinuó repetidamente que el SGP estaba persiguiendo un derrocamiento violento por parte de una minoría. Citó de la “Declaración de Principios del SGP”, que dice, “Durante las luchas masivas revolucionarias, hay que construir nuevos órganos que permitan a la clase trabajadora —es decir, la mayoría de la población— tener una participación genuinamente democrática”.

“Eso no es pacífico. Este es un asunto que habría que aclarar en un Informe Verfassungsschutz”, comentó.

Los representantes del SGP —el dirigente del partido Ulrich Rippert, su adjunto Christoph Vandreier, y el abogado Dr. Peer Stolle— defendieron los objetivos y el programa del SGP durante las más de dos horas del juicio. Rippert hizo hincapié en que el movimiento obrero marxista había luchado por los derechos democráticos básicos en Alemania y que el SGP se estaba esforzando por expandir la democracia, especialmente a asuntos económicos.

Vandreier hizo una declaración al principio de la audiencia, que publicamos en su totalidad por separado. Trataba del contexto político histórico y actual del juicio.

Dirigiéndose al tribunal, Vandreier advirtió de que una decisión a favor del servicio secreto y sus argumentos antidemocráticos tendrían consecuencias de largo alcance: “Setenta y seis años después del final del régimen nazi, las ideas socialistas serían de nuevo declaradas inconstitucionales. Esto crearía la base para la vigilancia y ostracismo por parte del servicio secreto de librerías que ofrezcan literatura marxista, académicos críticos, y trabajadores en huelga. Sería un paso hacia un Estado policial”.

Después de intentos iniciales por parar a Vandreier, el juez Peters lo dejó terminar de hablar. Pero en su juicio, dejó de lado todas sus advertencias de manera arrogante. “Hoy hemos oído mucho sobre historia, sobre las leyes de Bismarck, argumentos sobre Carlos Marx, etc.”, dijo. Pero todo esto “no es relevante” aquí. La única cuestión es si el programa del SGP viola el orden básico democrático y libre.

El tribunal rechazó dos solicitudes del SGP —obtener un informe científico y citar al presidente del Verfassungsschutz, Hans-Georg Maassen, como testigo. El valor del litigio, base sobre la cual se calculan los costes legales, se estableció en €20.000, cuatro veces más de lo normal. Como el SGP fue mencionado en un total de cuatro informes diferentes del Verfassungsschutz debido al largo período entre que se entablara la querella y la audiencia, el tribunal aplicó el valor de litigio usual de €5.000 a cada informe individual.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de noviembre de 2021)