Pedro Castillo, exlíder sindical de maestros rurales electo como presidente de Perú, viajó a la sureña ciudad de Ayacucho el 10 de noviembre para pronunciar un discurso que marca sus primeros 100 días en el cargo.

La estrecha victoria electoral de Castillo sobre la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori y su toma de posesión en julio pasado fue recibida por sectores de la pseudoizquierda internacional como una victoria para la clase trabajadora y los oprimidos peruanos. Algunos fueron tan lejos como para aclamar una segunda llegada de la llamada 'Marea Rosa', es decir, la ola de gobiernos nacionalistas burgueses que llegaron al poder en América Latina a principios de siglo como consecuencia del auge de las materias primas. El más destacado entre ellos fue el de Hugo Chávez de Venezuela, quien promovió la noción de una 'revolución bolivariana' y 'socialismo del siglo XXI'.

Una de más destacados entusiastas de Castillo ha sido la revista Jacobin, el órgano semioficial de los Socialistas Democráticos de Estadounidense (DSA), que proclamó en un titular que 'Pedro Castillo de Perú puede romper con el neoliberalismo para siempre'.

Si los primeros 100 días de la presidencia de Castillo han servido para algo, es para hacer añicos sin piedad esas ilusiones infundadas vendidas por la pseudoizquierda.

El discurso de Castillo en Ayacucho sonó muy parecido a los que pronunció en la campaña electoral, con mucha, y en el análisis final, vacía retórica populista de derecha, y poco en cualquier política concreta para abordar la pobreza extrema y la vasta desigualdad social, inmensamente profundizada por la pandemia de COVID-19, que azota a las masas de trabajadores peruanos y oprimidos rurales.

Se dirigió a “todos los hombres y mujeres del Perú, los poderes e instituciones del Estado, las fuerzas políticas, los empresarios, los trabajadores, para decirles que ahora es el momento de la reconstrucción nacional”. Según el diario del gobierno El Peruano, Castillo hizo un llamado especial a los empresarios para que “inviertan en el país y generen empleos dignos para los peruanos, quienes siempre han demostrado su empuje y que mantuvieron la productividad y el avance del país durante la pandemia”.

No mencionó el costo de este esfuerzo, aplicado en interés de las mineras transnacionales y las grandes empresas e impulsado por la desesperación popular nacida de la pobreza y el hambre. Con más de 200,000 muertes por COVID-19, Perú se ubica como el país con la tasa más alta de muertes per cápita en el mundo: casi 6,000 por millón, en comparación con aproximadamente 2,400 para los Estados Unidos. Según los expertos en salud, el gobierno de Castillo no ha modificado las políticas homicidas de sus predecesores en relación con la pandemia.

En sus primeros cien días en el cargo, Castillo ha logrado moverse más rápido hacia la derecha que cualquiera de sus predecesores. Ha destituido a prácticamente todos los miembros de su gabinete para adaptarse a la implacable presión de la derecha peruana, que continúa buscando su derrocamiento mediante un golpe parlamentario.

Esto comenzó con su canciller, Héctor Béjar, quien fue acusado de atentar contra el honor de la Armada del Perú y fue destituido antes de que el nuevo gobierno cumpliera más de un mes. Castillo reemplazó a su primer ministro con base en acusaciones infundadas de una asociación de décadas con el movimiento guerrillero Sendero Luminoso y, más recientemente, destituyó a su ministro de Defensa, quien fue acusado de interferir con la “institucionalidad” de las fuerzas armadas.

Apoyo obsequioso a militares peruanos

Castillo no ha perdido la oportunidad de entregar declaraciones serviles de su propia lealtad al ejército peruano. En una declaración reciente, declaró su 'respeto incondicional por la institucionalidad de las fuerzas armadas', es decir, su autonomía del gobierno civil, mientras alaba a los militares como 'los garantes de la integridad territorial, el estado de derecho y el orden constitucional'.

El mes pasado, fue tan lejos a llamar a que el Ejército a tome las calles con el pretexto de combatir el crimen. Su acción fue seguida por tan sólo unas semanas a la del presidente Guillermo Lasso, banquero de derecha y ex ejecutivo de Coca-Cola, quien llamó al Ejército ecuatoriano con el mismo pretexto.

También fue destituido en la pasada semana el secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, también acusado de interferir con la “institucionalidad” de los militares en el área de ascensos de oficiales. Posteriormente, una búsqueda realizada por fiscales e investigadores policiales encontró 20,000 dólares en efectivo en su baño personal en el palacio presidencial.

Carlos Jaico, del partido populista de derecha Alianza para el Progreso, ha sido nombrado para reemplazar a Pacheco como asesor presidencial en jefe. En LinkedIn, se describe a sí mismo como un abogado corporativo que 'trabaja con empresas globales, ejecutando estrategias y negociaciones para ellas que mejoran significativamente su cadena de valor y ventaja competitiva ...'.

El único alto funcionario del gobierno con una seguridad laboral confiable ha sido Julio Velarde, el economista de derecha que preside el Banco Central de Reserva del Perú. Ha ocupado su puesto al frente de la economía peruana desde 2006. Este campeón de los intereses capitalistas transnacionales y peruanos se ha mantenido en su lugar para señalar el compromiso del gobierno de Castillo de no realizar cambios fundamentales en las políticas 'neoliberales' aplicadas durante el tres décadas después del ascenso de la dictadura del ahora preso Alberto Fujimori. Al tomar posesión de un nuevo mandato el mes pasado, Velarde advirtió que las protestas mineras de Perú estaban 'afectando la percepción del país en términos de inversiones futuras' y se hizo eco de los llamamientos de las empresas mineras para que el gobierno 'restablezca el orden'.

Con el mismo fin, Castillo nombró a Pedro Franke, un ex funcionario del Banco Mundial, como su ministro de economía y finanzas, y viajó con él durante sus primeras semanas en el cargo a Washington y la ciudad de Nueva York para tranquilizar al Departamento de Estado, el FMI y Wall Street del compromiso de su gobierno con los intereses de lucro del capital internacional y peruano.

En un breve desvío del guión, Castillo y uno de sus ministros hablaron de nacionalizar el consorcio privado del gas de Camisea, propiedad de conglomerados estadounidenses y argentinos. En respuesta a un alboroto de la derecha, Franke fue llamado a explicar que el gobierno estaba usando la palabra 'nacionalización' simplemente para expresar su creencia de que la empresa debe operar 'al servicio de los peruanos' y, 'de ninguna manera lo hace significando tomar el control estatal sobre una actividad privada'.

Tan discordante fue la sacudida hacia la derecha de Castillo que el partido que lo presentó como su candidato presidencial, Perú Libre, pidió el mes pasado un voto de “censura” en su gobierno, con su delegación en el Congreso dividida aproximadamente por la mitad. Castillo ha hecho todo lo posible para aplacar las demandas de la élite gobernante peruana de distanciarse del líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, un funcionario regionalista corrupto y populista que ha sido catalogado por la derecha peruana y los medios de comunicación como un fantasma 'comunista'.

Entre los que votaron en contra del gobierno se encontraba el ex primer ministro de Castillo, Guido Bellido, quien afirmó que el presidente no era un socialista ni siquiera de izquierda, sino simplemente un 'sindicalista de base'.

Castillo está siguiendo el camino trillado por anteriores presidentes latinoamericanos de izquierdas, incluido el peruano Ollanta Humala, quien pasó de flirtear con el 'socialismo bolivariano' antes de su elección en 2011, a desatar una violencia salvaje contra la clase trabajadora en defensa de intereses corporativos una vez en el cargo. En condiciones de desigualdad social sin precedentes y pobreza cada vez más profunda, es solo cuestión de tiempo que el gobierno de Castillo lleve a cabo ataques similares. Ya el mes pasado envió a la Policía Nacional del Perú a Ayacucho para disolver una protesta minera con gases lacrimógenos, garrotes y balas de goma.

El giro de Castillo a la derecha y su incapacidad para llevar a cabo políticas significativas en interés de los trabajadores peruanos le han costado un apoyo significativo. Una encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el 31 de octubre mostró que su índice de aprobación en el empobrecido sur del país, su principal base de apoyo, había caído del 58 por ciento al 42 por ciento en el transcurso del mes anterior.

Las coartadas de Jacobin para la carrera de Castillo hacia la derecha

Sin embargo, las entusiastas pseudoizquierdistas de Castillo no han mostrado tales escrúpulos. La revista Jacobin, que prodigó cobertura sobre el nuevo supuesto presidente de 'izquierda' y defensor del 'neoliberalismo', en el período posterior a la victoria de Castillo en las urnas, ha ofrecido repetidamente coartadas políticas para que el presidente entrante se desplace bruscamente hacia la derecha. En un artículo del 4 de septiembre, opinó que los desafíos que enfrenta Castillo para lograr un “cambio social” se “reducirán a las minucias políticas cotidianas más que a la grandilocuencia ideológica. El éxito, y la supervivencia, de cualquier gobierno democrático en Perú a menudo tiene más que ver con navegar en un campo minado de pequeños escándalos de corrupción, tratar con aliados clave con alegría y proyectar una imagen de fuerza bajo un asedio constante”.

Es decir, la supuesta victoria de la “izquierda” en el Perú sólo puede consolidarse en la forma de otro gobierno burgués corrupto, que ya se perfila en Lima.

Nicolas Allen, editor colaborador de Jacobin y su editor gerente de Jacobin América Latina en español, se convirtió en el hombre clave de esta operación política. En una entrevista publicada en julio por Jacobin, Allen declaró que, con la victoria electoral de Castillo, 'puede haber algo así como una nueva Marea Rosa en marcha'.

En cuanto a los resultados de la primera “Marea Rosa”, la jerga pseudoizquierdista de Allen —“un 'empate hegemónico' entre gobiernos de izquierda insurgentes y una restauración capitalista”— sólo sirve para encubrir gobiernos burgueses corruptos, como los de Lula, Maduro y Correa, cuya retórica populista dio paso a programas de ajuste estructural y ataques frontales a la clase trabajadora ante el retroceso del boom de las materias primas.

Sobre a las perspectivas del nuevo gobierno de “izquierda” en Perú, Allen afirma que su destino “depende en última instancia de hasta qué punto el pueblo peruano esté dispuesto a acompañar un proceso de transformación radical”, y agrega: “Esa respuesta podría no satisfacer a algún sillón izquierdistas ... '

Continúa afirmando que Perú es “un país donde el neoliberalismo se ha filtrado en la mentalidad popular y ha moldeado mucho de lo que pasa por sentido común, incluso si ese sentido común ha sido sacudido. No es el tipo de cosas que se pueden deshacer mediante un conjunto de políticas progresistas bien diseñadas impuestas por decreto presidencial'.

En otras palabras, la carrera de Castillo hacia la derecha es culpa de las masas peruanas y de su 'mentalidad popular' neoliberalista. Cuando se refiere a los 'izquierdistas de sillón', lo que realmente tiene en mente es a cualquiera que parta no de esta supuesta 'mentalidad popular' como justificación para apoyar a un gobierno burgués, sino de la profunda crisis objetiva del capitalismo peruano y mundial y la necesidad de construir una dirección socialista revolucionaria en la clase trabajadora.

La política exterior del DSA, tal como se expresa en Jacobin y sus ediciones latinoamericanas, es una extensión de la política interna de la organización. Como facción del Partido Demócrata, el DSA se dedica a prestar este instrumento de reacción imperialista de 200 años de antigüedad —responsable de decenas de golpes de Estado fascista-militares, invasiones y operaciones de desestabilización de la CIA en América Latina durante el siglo pasado— una cara izquierda”, así como para apoyar a los sindicatos corporativistas AFL-CIO mientras enfrentan una rebelión cada vez mayor de trabajadores militantes de base.

En América Latina, el DSA funciona como lo que equivale a 'socialistas del Departamento de Estado'. Promueven a personas como Castillo en Perú y Lula en Brasil como un medio para reprimir un levantamiento desde abajo, subordinando a la clase trabajadora a regímenes burgueses supuestamente de “izquierda” con los que Washington puede hacer negocios. En su cobertura de la elección de Castillo, Jacobin no mencionó que Washington fue uno de los primeros en felicitarlo, habiendo quedado adecuadamente impresionado por su denuncia gratuita del venezolano Nicolás Maduro durante el curso de su campaña.

Una nueva dirección revolucionaria en la clase trabajadora sólo puede construirse con una hostilidad implacable a tendencias políticas como Jacobin y el DSA, cuyas políticas reflejan los intereses sociales de una capa privilegiada de la clase media alta y sirven a las necesidades más profundas del imperialismo. Esta es la lucha que libra el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, el movimiento trotskista mundial, que es el único que promueve un genuino programa socialista internacionalista para unir a los trabajadores de Perú y América Latina con los trabajadores de Estados Unidos e internacionalmente en una lucha común por poner fin al capitalismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de noviembre de 2021)