La victoria arrasadora de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Honduras ha acabado con una docena de años de gobierno del derechista Partido Nacional, que consolidó su control del país centroamericano mediante un golpe apoyado por EEUU en 2009. Ese golpe derrocó al esposo de Castro, el entonces presidente Manuel Zelaya, a quien metieron en pijama en un avión militar para llevárselo del país.
Aunque el Consejo Nacional Electoral hondureño todavía tiene que declarar ganadora a Castro, el recuento de votos para el martes mostraba que Castro le iba ganando a su rival Nasry Asfura del Partido Nacional por casi un 20 por ciento, con el 53,3 por ciento de los votos, o 987.670 papeletas, en comparación con el 34,2 por ciento, o 633.885 papeletas.
Una vez más, aunque todavía tienen que confirmarse los resultados finales, según un análisis de votos por parte del diario hondureño El Heraldo, el Partido Libertad y Refundación (Libre) de Castro tendrá la mayoría en el nuevo Congreso Nacional, con 51 escaños y, junto con el Partido Salvador del personaje televisivo y populista derechista Salvador Nasralla, el vicepresidente electo de Castro, tendrá la mayoría.
Libre y sus aliados también ganaron el control de ayuntamientos en la capital Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras importantes ciudades.
El domingo hubo una participación récord en las elecciones, con más del 68 por ciento de la gente habilitada a votar yendo a las urnas. Como confirmaron los resultados, esta participación fue motivada por la hostilidad popular al gobierno del Partido Nacional, encabezado durante los últimos ocho años por Juan Orlando Hernández (conocido como JOH).
Caracterizado por una corrupción rampante, represión policial estatal y asesinatos por parte de escuadrones de la muerte, y el descenso a una pobreza abyecta de capas crecientes de la población, el Partido Nacional se mantuvo en el poder solo gracias a la violencia constante y al apoyo inescrupuloso de EEUU.
El apoyo de Washington a este régimen criminal representó solo el más reciente episodio en más de un siglo de opresión imperialista estadounidense. Washington invadió Honduras siete veces entre 1903 y 1925 para defender los intereses de la United Fruit Company y los bancos estadounidenses, y para reprimir huelgas y revueltas populares.
El país hizo de escenario de preparación para el golpe orquestado por la CIA en 1954 que derrocó al presidente democráticamente elegido de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, y la guerra de los “contras” de la CIA contra Nicaragua en los ’80, una campaña de terror que se cobró la vida de unas 30.000 personas.
Durante el mismo período, la CIA ayudó a organizar escuadrones de la muerte, tales como el Batallón 3-16 del Ejército Hondureño, que asesinó a sindicalistas, izquierdistas y estudiantes.
Estos crímenes fueron llevados a cabo bajo gobiernos del Partido Nacional de Hernández y del Partido Liberal, del cual Libre, el partido de Xiomara Castro, es una escisión.
A pesar de ser descrita de manera rutinaria en los medios corporativos como “izquierdista”, la victoria de Castro en las urnas ha sido bien recibida por Washington. Testificando ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el martes, el Asistente del Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, elogió la elección y declaró, “Espero que en Honduras veamos el tipo de cambio que hemos estado pidiendo”.
Una semana antes de la votación, Nicholas fue enviado a Tegucigalpa para leerle la ley de disturbios a Hernández, dejando claro que Washington no aceptaría una repetición de 2017, en la que se hizo con un segundo mandato mediante un enorme fraude electoral, con el apoyo de EEUU.
Interviniendo con un editorial el martes, el Washington Post declaró su esperanza de que “Una transición democrática en Honduras, seguida por un gobierno moderado, tenga efectos estabilizadores que se extiendan hasta Río Grande. Esos tienen que ser los objetivos de Estados Unidos”.
El cambio hacia apoyar a Castro no indica ningún repentino despertar democrático en Washington. Como vicepresidente en la administración Obama, Joe Biden sirvió como hombre clave del intento estadounidense por dar legitimidad al régimen derechista creado por el golpe respaldado por EEUU que derrocó a Zelaya.
Zelaya, un terrateniente acomodado y hombre de negocios elegido como candidato por el Partido Liberal, cayó en la mira de Washington no por ataques generalizados a los intereses de las ganancias, sino más bien por su alineación oportunista con la “marea rosa” y el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, que le daba petróleo barato a la empobrecida Honduras.
Después de ser derrocado, Zelaya trabajó para subordinar la resistencia al golpe al dominio estadounidense continuado sobre Honduras y a grandes intereses de negocios. Entró en conversaciones patrocinadas por EEUU sobre formar un régimen de “unidad” con los que lo derrocaron y, después de que esas negociaciones no llevaran a ninguna parte, aceptó manso la consolidación de un régimen golpista mediante unas elecciones fraudulentas que dieron la presidencia al dirigente del derechista Partido Nacional, Porfirio “Pepe” Lobo.
Castro y el Partido Libre han seguido la misma línea política, entablando conversaciones inmediatamente con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la principal asociación que representa a los propietarios de maquiladoras hondureñas y entre los más entusiastas simpatizantes del golpe de 2009. El consejo felicitó a Castro por su victoria antes de que fuera anunciada oficialmente, dejando claro que no la veían como amenaza a sus ganancias. Se informó de que las conversaciones se centraron en las maneras de bajar impuestos, pagar la deuda externa y crear las mejores condiciones para una economía basada en la explotación del trabajo barato.
Observadores del establishment estadounidense han comentado con aprobación que Castro no ha dado ninguna indicación de que tenga la intención de restringir, mucho menos cerrar, las operaciones del Pentágono en su Base Aérea de Soto Cano al sur de Comayagua. Son las instalaciones militares estadounidenses más grandes en América Latina, donde entre 500 y 1.500 soldados estadounidenses permanecen desplegados continuamente en una proyección del poderío armado estadounidense dirigido contra todo el hemisferio.
El cambio de Washington hacia Castro está vinculado en gran medida a la total desacreditación del gobierno de Hernández, a quien hasta el Departamento de Justicia estadounidense describió como “narco-Estado” en el juicio al hermano del presidente, Tony Hernández, a quien un juez federal de Nueva York condenó a cadena perpetua este año por tráfico de drogas. El propio presidente ha sido nombrado como coconspirador en una vasta operación que implica la colaboración de todos los niveles del gobierno hondureño y sus fuerzas de seguridad con los cárteles de la droga.
Esta colaboración con los cárteles no se limita de ninguna manera al Partido Nacional. El antiguo líder del cártel hondureño de la droga Los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, testificó en un juicio en Nueva York este año que había pagado medio millón de dólares en sobornos a Zelaya, mientras el antiguo principal asesor de Zelaya y candidato en tercer lugar por el Partido Liberal en las elecciones del domingo, Yani Rosenthal, cumplió una condena de cárcel de tres años en EEUU tras declararse culpable de lavar dinero de la droga.
Más allá de la corrupción, que ha contribuido al impresionante crecimiento de la violencia criminal, el pueblo hondureño se ha confrontado con una catástrofe social durante la última docena de años de gobierno del Partido Nacional. En julio de este año, el Instituto Nacional de Estadística de Honduras publicó un informe que mostraba que el 73,6 por ciento de los hogares hondureños están subsistiendo por debajo de los niveles de pobreza, sin recursos para pagar necesidades básicas en términos de comida, vivienda y otros bienes y servicios esenciales. Declaró que el 53,7 por ciento de los hondureños están viviendo bajo condiciones de “extrema pobreza”, pasando hambre y sin vivienda adecuada.
Las condiciones de vida de las masas hondureñas se han visto deterioradas por la pandemia de COVID-19, el impacto de los huracanes Eta y Iota hace un año y años de sequía a lo largo de la costa del Pacífico. El año pasado la tasa oficial de desempleo se duplicó.
La preocupación más inmediata de la administración de Biden respecto a Honduras es contener el flujo de inmigrantes y refugiados hacia la frontera estadounidense. Esto fue expresado cruelmente en el editorial del Washington Post, que empezaba declarando que EEUU tiene “muchas razones … para estar interesado en el resultado [de las elecciones hondureñas] —309.000 razones, para ser más exacto”. Es la cifra de inmigrantes hondureños detenidos en la frontera entre EEUU y México a lo largo del año pasado, a la gran mayoría de los cuales se les niega el derecho a solicitar asilo y son expulsados en caliente.
Hernández ha dejado de ser útil en el contexto de los intentos de Washington por revertir el flujo migratorio, al tiempo que supuestamente aborda las “causas raíz” de la inmigración, incluso la corrupción. A esta pretensión se ha añadido un gran aumento de la financiación de las fuerzas de seguridad de Honduras y los otros gobiernos del “Triángulo Norte” para revertir la marea de refugiados con palos, pistolas y balas.
Al aclamar la victoria electoral de Castro, el imperialismo estadounidense espera brindar una fachada “democrática” a sus políticas contrarrevolucionarias y antiinmigración en Centroamérica.
Sin embargo, el masivo descontento social expresado en el repudio masivo en las urnas de los doce últimos años de gobierno del Partido Nacional no encontrará solución en la formación de un nuevo gobierno capitalista bajo Castro y el Partido Libre.
La única vía hacia adelante está en el desarrollo de un movimiento político independiente de la clase trabajadora, que conduzca tras de sí a las masas empobrecidas de Honduras y de toda América Central, en la lucha por acabar con el capitalismo en la región y en el mundo. Esto requiere la construcción de una nueva dirección revolucionaria, secciones del movimiento trotskista mundial, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.
(Publicado originalmente en inglés el 2 de diciembre de 2021)