El miércoles, el presidente estadounidense Joe Biden acusó al presidente ruso Vladímir Putin de ser un criminal de guerra.

Esta acusación de gran peso histórico se arrojó con displicencia. Una reportera le preguntó a Biden si consideraba a Putin un criminal de guerra cuando el mandatario dejaba un evento lleno. “No”, respondió Biden y se deslizó fuera del ángulo de la cámara. Cortaron la toma, pero luego Biden regresó, preguntándole a la reportera que repitiera su pregunta. “Oh”, Biden respondió agitando su mano, “Pienso que es un criminal de guerra”. Su voz reflejaba toda la seriedad de un hombre que cambió de parecer y, de hecho, sí quiere ese acompañamiento de papas con su hamburguesa.

La declaración de Biden es consistente con el idioma incendiario y provocador que Washington ha utilizado repetidamente para intensificar el conflicto con Rusia sobre Ucrania. El hecho de que Biden regresara a la cámara para hacer esta declaración demuestra una decisión calculada de personalizar e intensificar las tensiones en pro de la propaganda. Estas declaraciones tienen un carácter irreversible.

La acusación arrojada por Biden es una de las más graves posibles. Dirigida contra el presidente de un país, este cargo no solo implica culpabilidad por actos de criminalidad durante un conflicto, sino el crimen mucho más grave de emprender una guerra de agresión, un crimen contra la paz. Iniciar una guerra como tal es la causa originaria de todo el derramamiento de sangre y los crímenes de guerra subsecuentes.

Si fueran juzgados bajo parámetros de esa rigurosidad, todos los presidentes de los últimos treinta años han sido criminales de guerra.

Las bases legales de este principio se remontan a los cargos de crímenes de guerra contra los líderes de la Alemania nazi en los juicios de Núremberg y los líderes del Imperio Japonés en los juicios de Tokio a fines de la Segunda Guerra Mundial. Los juicios establecieron el principio internacional legal de que planear y librar una guerra de agresión constituye “un crimen contra la paz”. Esto fue consagrado como el Principio 6(a) en los Principios de Núremberg de la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1950.

El principal fiscal del juicio de Nuremberg en 1946, Robert H. Jackson, escribió: “Si ciertos actos de violación de los tratados son crímenes, lo son tanto si los comete Estados Unidos como si los comete Alemania, y no estamos dispuestos a establecer una norma de conducta criminal contra otros que no estaríamos dispuestos a que se invocara contra nosotros”.

Pero, aunque Estados Unidos contribuyó a la elaboración de estos precedentes jurídicos internacionales universalmente vinculantes, desde entonces Washington ha hecho todo lo posible para que estos principios no se apliquen nunca a sus propias acciones.

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya se creó en 1998 con la firma del Estatuto de Roma para perseguir los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Estados Unidos retrasó y obstruyó durante años la creación de este tribunal, y fue uno de los siete países que se negaron a firmar su estatuto. Mientras acusa a Putin y a sus otros enemigos geopolíticos de “crímenes de guerra” e incluso de “genocidio”, Estados Unidos rechaza la autoridad de la CPI y se niega a reconocer su jurisdicción sobre sus dirigentes políticos y militares, o sobre cualquiera de sus combatientes.

Washington habla de un “orden internacional basado en normas” como un juez pomposo y corrupto, imponiendo arbitrariamente al resto del mundo leyes que viola flagrantemente.

Las guerras lanzadas por Estados Unidos en los últimos 30 años –Irak, Yugoslavia, Afganistán, Irak de nuevo, Siria, Yemen, Libia— han sido todas, según la definición de Nuremberg, guerras de agresión tramadas por criminales de guerra. La violación de los Principios de Núremberg fue incorporada como política estadounidense en la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración de Bush en 2002, que afirmaba el derecho de Estados Unidos a emprender acciones militares unilaterales contra otro país sin presentar pruebas creíbles de defensa propia.

Washington declaró que ya no necesitaba cumplir la norma históricamente establecida, nacida de las sangrientas experiencias de dos guerras mundiales, de que era necesaria la amenaza de un ataque inminente para justificar una acción militar. En cambio, afirmaron que simplemente percibir la posibilidad de una amenaza era motivo suficiente para justificar una invasión. La guerra se volvió en un instrumento desnudo de la política.

David North, presidente del Consejo Editorial Internacional del World Socialist Web Site, hablando en el Trinity College de Dublín en 2004, argumentó que “la promulgación de la doctrina de la guerra preventiva en septiembre de 2002, y su aplicación en marzo de 2003 con el lanzamiento de una guerra agresiva contra Irak, representan nada menos que el repudio inequívoco por parte de Estados Unidos de los principios legales que se aplicaron contra los cabecillas nazis en Núremberg y, por lo tanto, la criminalización, en el pleno y más profundo sentido legal de la palabra, de la política exterior estadounidense”.

Con afirmaciones fabricadas de armas de destrucción masiva inexistentes y el mandato universal de una “guerra contra el terrorismo”, Washington redujo a escombros civilizaciones enteras de Oriente Próximo y Asia central. Millones murieron y millones más fueron expulsados de sus hogares.

Cada una de estas guerras fue un crimen contra la paz. Ninguno de estos países suponía una amenaza para Estados Unidos. No se puede pedir un ejemplo de una guerra de agresión más de manual que las lanzadas por Washington en los últimos 30 años.

El Tribunal Internacional de Nuremberg declaró en 1945 que “la guerra es esencialmente un mal. Sus consecuencias no se limitan a los Estados beligerantes, sino que afectan a todo el mundo. Iniciar una guerra de agresión, por lo tanto, no es solo un crimen internacional; es el crimen internacional supremo que solo se diferencia de otros crímenes de guerra en que contiene en sí el mal acumulado del conjunto”.

Las guerras de agresión de Clinton, Bush, Obama y Trump contenían el mal acumulado de las torturas en Abu Ghraib y Guantánamo, el bombardeo con drones de niños jugando, pueblos arrasados por misiles de precisión y refugiados ahogados en el Mediterráneo. Bagdad se desmoronó bajo la táctica de shock y pavor, de incesantes bombardeos estadounidenses; Faluya ardió con fósforo blanco.

Los medios de comunicación estadounidenses son cómplices de estos crímenes. Nunca cuestionaron las afirmaciones del Gobierno, sino que pregonaron sus pretextos. Han provocado un frenesí bélico en la opinión pública. Los expertos que ahora denuncian a Putin fueron feroces al exigir que Estados Unidos bombardeara a los civiles.

George Will escribió en el Washington Post el 7 de abril de 2004: “Los cambios de régimen, las ocupaciones, la construcción de naciones, son un negocio sangriento. Ahora los estadounidenses deben prepararse para administrar la violencia necesaria para desarmar o derrotar las milicias urbanas de Irak...”.

Thomas Friedman escribió en el New York Times en 1999 sobre el bombardeo de Serbia bajo el mandato de Clinton: “Qué Belgrado se quede sin luz: cada red eléctrica, tubería de agua, puente, carretera y fábrica relacionada con la guerra tiene que ser un objetivo... Enviaremos su país al pasado pulverizándolo. ¿Quieren 1950? Podemos enviarlo a 1950. ¿Quieren 1389? También podemos enviarlo a 1389”.

Biden califica a Putin de criminal de guerra en medio de una nueva histeria mediática. Sin referirse nunca a las acciones de Estados Unidos, sin hacer una pausa para respirar, los medios de comunicación arrojan combustible a una guerra cada vez más extensa.

Si se presentan cargos contra Putin, cualquier criterio debe aplicarse a otros líderes y, sobre todo, a los presidentes estadounidenses.

La arrogancia y la hipocresía caracterizan cada declaración de Washington, con una desfachatez quizá única en la historia del mundo. Con las manos bañadas en sangre hasta los codos, el imperio estadounidense hace gestos apuntando a sus enemigos y los acusa de crímenes de guerra.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de marzo de 2022)