En respuesta a la resistencia cada vez mayor de la clase obrera internacionalmente a la caída en los niveles de vida, las condiciones de trabajo brutales y el desastre continuo desatado por la pandemia de COVID-19, la clase dominante está recurriendo a sus viejos métodos de represión y guerra de clases, incluyendo cierres patronales, despidos masivos y fallos judiciales prohibiendo huelgas.

El domingo por la mañana, la empresa ferroviaria Canadian Pacific (CP) frenó sus operaciones cuando caducó un aviso de cierre patronal de 72 horas anunciado por la empresa. Los 3.000 trabajadores de la empresa, la sexta más grande de Norteamérica, habían votado de forma casi unánime a favor de una huelga el mes pasado, demostrando su determinación para abolir los horarios que no les permiten descansar adecuadamente y para garantizar mejoras importantes en salarios y pensiones.

El sindicato Teamsters, que mantuvo a los trabajadores desinformados durante sus negociaciones con CP, emitió de manera tardía un aviso de huelga el jueves. Conscientes del enojo de los trabajadores ante las decisiones arrogantes y dictatoriales de la empresa, el sindicato, para no verse desacreditado ante los trabajadores, anunció la noche del sábado que iniciaría una huelga por encima del cierre patronal.

Los intereses patronales canadienses y estadounidenses involucrados están exigiéndole al Gobierno del primer ministro Justin Trudeau, del Partido Liberal, que intervenga para detener el paro laboral.

El presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, Perrin Beatty, llamó al ministro liberal de Trabajo, Seamus O’Reagan, a decretar alguna legislación que imponga un regreso al trabajo, afirmando, “Este paro laboral tendrá un impacto profundo y negativo para las empresas canadienses, tanto las grandes como las pequeñas, cuyas cadenas de suministro dependen del ferrocarril. Este daño grave a las cadenas de suministro canadienses en un momento de alta incertidumbre global se extenderá más allá de nuestras fronteras y dañará nuestra reputación como un socio fiable en el comercio exterior”.

La semana pasada, varios senadores republicanos estadounidenses y el gobernador de Dakota del Norte también enviaron cartas separadas exigiendo que Trudeau intervenga para bloquear el paro laboral, usando como pretexto la fuerte alza en los precios de los combustibles y la escasez de bienes agrícolas por la guerra en Ucrania. Canadian Pacific transporta bienes al sur, hasta Kansas City en EE.UU., y es un importante transportador de petróleo crudo y potasa, un fertilizante crítico.

Más allá de las declaraciones cínicas de preocupación por el impacto del aumento en los precios de la gasolina y la comida en os consumidores, la clase gobernante está exigiendo cada vez más medidas de austeridad y la represión de las luchas obreras, en pro del “interés nacional” y los preparativos de guerra contra Rusia.

Las despiadadas maniobras de la gerencia de Canadian Pacific, por un lado, y la determinación de los trabajadores ferroviarios para mejorar sus condiciones de vida y laborales, por el otro, son parte de una intensificación más amplia de la lucha de clases internacionalmente:

• En Reino Unido, P&O Ferries despidió el jueves a toda su plantilla de 800 personas. La empresa, que se dedica al transporte de pasajeros y mercancías en varios puertos europeos, recurrió a guardias de seguridad privados para obligar a los trabajadores a recoger inmediatamente sus pertenencias y desalojar los barcos, sustituyéndolos por trabajadores de agencia (contratistas) a los que se les pagaba una fracción del salario. En respuesta, los trabajadores de los transbordadores de Hull inicialmente levantaron las rampas de acceso o pasarelas de abordaje para prevenir que la policía y los sustitutos entraran en sus barcos. Los trabajadores de Dover bloquearon las carreteras y los accesos al puerto, antes de que el personal de seguridad les obligara a abandonar el puerto. El viernes, cientos de trabajadores y sus familiares se manifestaron en las ciudades afectadas, coreando en Dover: “¡Tomen control de los barcos ya!”.
• En India, más de 70.000 trabajadores de la agencia de autobuses Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) llevan 20 semanas en huelga, desafiando repetidamente las órdenes del Gobierno de volver al trabajo y las amenazas de detenciones masivas. El paro ha tenido lugar en oposición a unas dos docenas de sindicatos, que se doblegaron ante una orden judicial y se negaron a autorizar la huelga. Los trabajadores exigen que la agencia se fusione con el gobierno estatal para conseguir mejores salarios y beneficios, así como una compensación a las familias de los 700 trabajadores que han muerto a causa del COVID-19. MSRTC ha despedido a más de 2.216 de los huelguistas y ha suspendido a otros 12.207.
• En España, unos 75.000 camioneros iniciaron el pasado lunes una huelga indefinida por la subida de los precios del combustible y las malas condiciones de trabajo. El Estado español, dirigido por un Gobierno de coalición entre el Partido Socialista (PSOE) y el partido pseudoizquierdista Podemos, ha respondido ferozmente. La semana pasada, un huelguista de 33 años fue disparado por un policía encubierto y resultó gravemente herido, y el Gobierno del PSOE-Podemos ha anunciado que está movilizando a más de 23.000 policías para aplastar la huelga.
• En Estados Unidos, un juez federal confirmó el mes pasado una orden judicial contra la huelga de 17.000 trabajadores ferroviarios de BNSF. El fallo judicial, que se basaba en la reaccionaria Ley de Trabajo Ferroviario, estipulaba que los trabajadores tenían prohibido “autorizar, fomentar, permitir, convocar o participar de cualquier otra forma en huelgas, paros laborales, piquetes, ralentizaciones, huelgas usando licencias por enfermedad u otros actos por beneficio propio contra BNSF o sus filiales ferroviarias operativas”. A principios de este año, los trabajadores votaron abrumadoramente a favor de la huelga contra la política de asistencia “Hi-Viz”, ampliamente odiada y punitiva, que la empresa impuso unilateralmente el 1 de febrero.
• El domingo, el consejo de administración de las escuelas públicas de Minneapolis, dominado por el Partido Demócrata, publicó su “última, mejor y definitiva oferta” para los profesionales del sector educativo, en un intento de poner fin a la huelga de unos 4.500 educadores. Provocadoramente, el consejo escolar anunció que cualquier aumento salarial, aunque sea modesto, para el personal de apoyo –que cobra tan poco que algunos se ven obligados a dormir en sus coches— iría acompañado de recortes de 10 millones de dólares en el presupuesto del próximo año.

Ante la rápida escalada bélica de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, los sindicatos redoblan sus esfuerzos para imponer los dictados de las corporaciones y el Estado, bloqueando las huelgas o, si no pueden, tratando de mantenerlas aisladas. A su vez, los Gobiernos capitalistas, en particular la Administración de Biden, se apoyan cada vez más en los sindicatos, en gran medida desacreditados, para tratar de reprimir la resistencia.

En Canadá, el Gobierno de Trudeau se ha abstenido hasta ahora de intervenir directamente para poner fin al paro ferroviario, presionando en cambio a los Teamsters para que lleguen a un acuerdo con la empresa o acepten un arbitraje vinculante. En EE.UU., la Casa Blanca se reunió con funcionarios del sindicato United Steelworkers (USW) para bloquear una huelga de 30.000 trabajadores de refinerías de petróleo y de la industria petroquímica e imponer los dictados de los gigantes energéticos, que se están beneficiando de la explosiva subida de los precios del petróleo. Desde entonces, el USW ha pregonado el acuerdo como uno “responsable” y que “no aumenta las presiones inflacionarias”.

Los medios de comunicación occidentales han lanzado un torrente de propaganda presentando la guerra en Ucrania como una lucha por la “democracia” y la “libertad”. Pero, desmintiendo estas afirmaciones hipócritas, los derechos democráticos de los trabajadores en Estados Unidos y entre sus aliados cada vez cuentan menos. En la medida en que los trabajadores lleven a cabo huelgas y otras luchas para elevar su nivel de vida, serán tildados cada vez más de “títeres de Putin” y acusados de ser una amenaza para el interés nacional, como han experimentado recientemente los trabajadores del metro de Londres en huelga.

Las élites gobernantes se enfrentan a una crisis social, económica y política inextricable. Las cadenas de suministro están cada vez más destrozadas, como consecuencia de la desastrosa respuesta de los principales países capitalistas a la pandemia y, más recientemente, la imprudente incitación al conflicto militar en Ucrania y las sanciones económicas sin precedentes contra Rusia, que amenazan con hacer estallar una guerra mundial abierta. Al mismo tiempo, los valores bursátiles siguen inflados cerca de máximos históricos y son extremadamente frágiles, con una inversión especulativa frenética alimentada por la entrega de dinero prácticamente gratuito por parte de los bancos centrales desde el inicio de la pandemia.

En estas condiciones, la imposición de salarios bajos y la disciplina laboral es una necesidad vital para la clase gobernante, que utilizará todos los recursos y métodos de represión estatal a su disposición para lograrlo. Al anunciar que los tipos de interés subirían la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló la necesidad de reducir la inflación para contrarrestar las crecientes demandas de aumentos salariales, diciendo que los sueldos de los trabajadores “están subiendo de una manera que no es consistente con una inflación del 2 por ciento en tiempos normales”, y añadió: “Tenemos que utilizar nuestras herramientas para guiar la inflación hacia el 2 por ciento”.

Los trabajadores de todo el mundo se encuentran cada vez más en una lucha política contra una clase gobernante que no tiene nada que ofrecer a la población más que una pandemia interminable, bajos salarios, horarios insoportablemente largos, austeridad y guerra. Pero las mismas contradicciones subyacentes que están llevando a las élites gobernantes al desastroso camino de la guerra están intensificando enormemente las tensiones de clase y radicalizando a amplias capas de la población. En los últimos años, los trabajadores se han rebelado cada vez más contra los esfuerzos de los sindicatos por imponer concesiones, votando abrumadoramente en contra de los acuerdos respaldados por los sindicatos en Warrior Met Coal, Volvo, Deere, Dana Corp., Frito-Lay, Kellogg's y otros lugares solo en 2021.

Para romper el aislamiento impuesto por los sindicatos proempresariales a sus luchas, los trabajadores necesitan nuevas organizaciones, comités de base en las fábricas y otros lugares de trabajo, que se basen en los métodos de la lucha de clases y en una lucha implacable por las necesidades de todos los trabajadores. Al mismo tiempo, la creciente crueldad de la clase gobernante y su Estado demuestra la necesidad de que los trabajadores adopten una perspectiva política y un programa propios, dedicados a la movilización de la clase obrera a nivel internacional en la lucha por el socialismo y la igualdad social, y contra la guerra.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de marzo de 2022)