Un tribunal militar argelino anunció una sentencia de muerte contra el denunciante y activista argelino Mohamed Benhalima, solo dos meses después de que el gobierno español conformado por PSOE (Partido Socialista) y Podemos denegara su solicitud de asilo y lo deportara. Benhalima recibió el 8 de mayo la noticia de que la pena de muerte había sido dictada en su contra, aunque sus abogados informan que esa sentencia fue impuesta in absentia (sin estar presente), mientras Benhalima todavía estaba en España.

Benhalima, un ex oficial del ejército, huyó de Argelia a España en 2019, después de enterarse de que su nombre estaba en una lista recopilada por las autoridades argelinas de militares buscados por su participación en el movimiento Hirak. Había tomado parte en las protestas masivas contra el gobierno desencadenadas en febrero de 2019 por el anuncio del expresidente Abdelaziz Bouteflika de su quinta candidatura presidencial. Si bien las manifestaciones obligaron a Bouteflika a dejar el cargo en abril de ese año, el régimen militar que encabezaba sigue en el poder.

En España, Benhalima construyó una reputación en las redes sociales como opositor al régimen militar argelino. Acumuló más de 345.000 seguidores en sus páginas de Twitter, Facebook y YouTube, donde publicó videos exponiendo y denunciando la corrupción en las fuerzas armadas argelinas.

La deportación de Benhalima es una acusación condenatoria contra el gobierno español nominalmente 'progresista' del PSOE y Podemos. Se trata de una violación flagrante del derecho internacional, que prohíbe deportar a personas a un país donde corren el riesgo de sufrir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. PSOE y Podemos están enviando una señal inequívoca de que actuarán brutalmente para evitar cualquier desafío desde abajo al orden social existente.

Según Amnistía Internacional, Benhalima entró en España el 1 de septiembre de 2019 con un visado de la zona Schengen, solicitando asilo político en febrero de 2020. Se le otorgó un permiso de residencia temporal, que luego renovó, por lo que era válido hasta noviembre de 2021. Sin embargo, en agosto de 2021, recibió una citación de una comisaría de policía en Bilbao, España. Temiendo ser deportado a Argelia, Benhalima huyó a Francia, pero más tarde fue arrestado y enviado de regreso a España.

El 14 de marzo de 2022, Benhalima fue detenido por las autoridades españolas. Presentaron una orden de expulsión contra él por presuntamente infringir el artículo 54.1.a de la ley de extranjería española, alegando que participó en 'actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países'.

Esto se basó en las endebles acusaciones de que Benhalima estaba vinculado al grupo de oposición islamista argelino Rachad, que Argel catalogó como una organización terrorista el año pasado. Los expertos en derechos humanos de los Procedimientos Especiales de la ONU declararon en diciembre de 2021 que la definición de 'terrorismo' en el Código Penal argelino era demasiado imprecisa y socavaba los derechos humanos.

Un tribunal argelino ya había condenado a Benhalima in absentia en enero y marzo de 2021 a 20 años de prisión, por cargos de presunta 'participación en un grupo terrorista' y 'publicación de noticias falsas que socavan la unidad nacional', entre otras acusaciones.

Cuatro días después de la detención de Benhalima en España, solicitó asilo por segunda vez, mientras estaba detenido en un centro de internamiento de extranjeros en Valencia. A las 17:35 del 24 de marzo, se le dijo que su segunda solicitud no había tenido éxito; apenas tres minutos después le fue notificada su expulsión. Dos horas después, las autoridades españolas obligaron a Benhalima a subir a bordo de un avión y regresar a Argelia, donde fue detenido a su llegada.

Benhalima apareció en un vídeo en Ennahar TV el 27 de marzo, en el que parece 'confesar' haber conspirado contra el Estado y afirma que no se le ha tratado mal bajo custodia. Apenas dos días antes de su deportación de España, Benhalima había advertido que probablemente se vería obligado a hacer una confesión falsa si era detenido por el régimen argelino, seguramente porque iba a ser 'sometido a graves torturas a manos de los servicios de inteligencia '.

El 21 de marzo de 2022, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había escrito al gobierno español pidiendo que no se acelerara el caso de Benhalima, argumentando que el riesgo de tortura era creíble y que la criminalización de la oposición política por parte del régimen argelino es bien conocida.

En marzo, mientras estaba detenido en Valencia, Benhalima había dicho al medio español Levante EMV: 'Si vuelvo a Argelia van a violar mis derechos humanos. Me espera cárcel y tortura. Primero tendré un juicio por haber revelado la corrupción de mi país. Luego tengo miedo de que me torturen en la prisión militar, de sufrir violencia sexual, o hasta que maten y luego digan que tenía coronavirus'.

Benhalima es el segundo denunciante argelino en ser deportado por España y luego encarcelado en Argelia en menos de un año. En agosto pasado, el ex oficial de la patrulla fronteriza Mohamed Abdellah —quien solicitó asilo en España después de denunciar presunta corrupción, soborno, fraude y contrabando transfronterizo de armas y gasolina por parte de oficiales de alto rango de la Gendarmería argelina— fue devuelto a Argelia por el gobierno PSOE-Podemos.

A su llegada a Argelia, Abdellah fue entregado al servicio de inteligencia y llevado al cuartel de Antar en Argel, muy conocido como lugar de interrogatorio y tortura. En enero de este año, Abdellah estaba recluido en aislamiento en la prisión militar de Blida, a la espera de juicio por socavar la seguridad del Estado y la reputación del ejército. Desde entonces, ha habido poca información sobre su paradero.

La decisión del gobierno del PSOE y Podemos de deportar a Benhalima ha sido ampliamente reconocida en los medios burgueses como un gesto de buena voluntad hacia la dictadura argelina. Las relaciones entre Argelia y España han sido tensas desde que el primer ministro del PSOE, Pedro Sánchez, aceptó las reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a mediados de marzo.

El Sáhara Occidental es una antigua posesión colonial española escasamente habitada en la frontera suroeste de Marruecos, con considerables depósitos de minerales y fosfatos, que Rabat ha tratado durante mucho tiempo de poner bajo su administración como una 'región autónoma'.

Después de que España pusiera fin a su postura de neutralidad mantenida durante largo tiempo en esta disputa, Argelia, que ha respaldado al Frente Polisario independentista prosaharaui, retiró a su embajador de Madrid. Apenas cinco días después, PSOE y Podemos expulsaron a Benhalima de España, en un aparente intento de ganarse el favor de Argelia, que proporcionó más del 40 por ciento de las importaciones de gas natural de España en 2021. Esto se produce cuando la Unión Europea y la OTAN hacen campaña por un embargo de energía contra Rusia, el principal proveedor de petróleo y gas de la UE, en medio de la guerra en Ucrania.

El tratamiento de Benhalima y Abdellah desmiente las pretensiones del gobierno PSOE-Podemos, como parte de la alianza de la OTAN, de estar defendiendo la 'democracia' y los 'derechos humanos' en Ucrania contra la Rusia de Vladimir Putin. El gobierno español no tiene ningún problema en violar los derechos de los solicitantes de asilo y tolerar tácitamente la detención arbitraria, la tortura y el asesinato de presos políticos.

PSOE y Podemos ya tienen manchadas las manos con la sangre de miles de refugiados. Al bloquear las rutas 'legales' para ingresar en España, obligaron a los desesperados migrantes a realizar peligrosos viajes en barco a través del Mediterráneo a la España continental o del Atlántico a las Islas Canarias, lo que ha provocado miles de muertes en el mar. Inspirándose en el partido de extrema derecha Vox, construyeron campos de prisioneros en las Islas Canarias, separaron a los niños de sus padres y deportaron sumariamente a miles de solicitantes de asilo sin ni siquiera examinar sus casos.

Al deportar a Benhalima, PSOE y Podemos pretenden aterrorizar a los trabajadores y jóvenes en Argelia que se oponen al régimen. Su objetivo no solo es bloquear las nuevas erupciones de la lucha de clases que amenazan al régimen existente en Argelia, que es cómplice de sus políticas contra los refugiados. Después de que Podemos y PSOE hayan desplegado decenas de miles de policías fuertemente armados contra las huelgas de los trabajadores del metal y los camioneros durante el último año en la propia España, es evidente que el objetivo de esta escalada de terror del estado policial es toda la clase trabajadora.

(Publicado originalmente en inglés el de junio de 2022)