Arrancó el año escolar en México el lunes con clases presenciales. Todos los 35 millones de estudiantes y 2 millones de maestros de prescolar a la universidad, junto a aun más padres, vuelven a verse obligados a estar en contacto cercano y diario, alimentando las continuas olas de COVID-19 que están matando a miles e incapacitando a muchos más.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, celebró el lunes como “un día muy importante porque regresan niñas, niños a las escuelas”. Insistió en que las escuelas son seguras, a pesar de que más de la mitad carece de agua potable y un sistema eléctrico regular, y en una quinta parte las aulas no permiten el distanciamiento social.

Tras rehusarse por dos años a asignar fondos que compensen a los padres para quedarse en casa y para los materiales e internet necesarios para clases en línea de calidad, dijo “No es con la fuerza, no es obligatorio. Es necesario, justo, son las mamás, los papás, los jóvenes, los que tienen que tomar la decisión”.

Los medios de comunicación y los sindicatos magisteriales, que estuvieron al frente de la campaña del regreso a clases presenciales, también celebraron alegres el día. Sin embargo, para la clase trabajadora, la realidad no puede ser más distinta.

Una trabajadora que produce equipos eléctricos para autos en la maquiladora de Schumex Schumacher de Matamoros y una madre de tres estudiantes le describió al World Socialist Web Site cómo enfrentan brotes repetidos en las escuelas y las fábricas y un alza devastadora en los precios de los útiles escolares y otros bienes necesarios.

Comenzó: “Este ciclo escolar tengo dos en secundaria y el mayor en preparatoria pero las medidas cambiaron porque en los descansos de la secundaria por ejemplo el año pasado salían por grupos para evitar aglomeraciones, igual a la entrada y salida, pero este ciclo ya lo hacen todos al mismo tiempo”.

En las escuelas y las fábricas, la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores, pero vienen del bolsillo de los trabajadores, dijo, “todavía hay infecciones”.

“En la secundaria donde estudian mis hijos”, explicó “hay un [aire acondicionado] minisplit en cada salón por el calor, pero el gasto de mantenimiento y demás corrió por cuenta de los padres de familia”.

El año pasado, toda su familia contrajo COVID-19 y se enfermó gravemente, necesitando oxígeno por dos semanas. “La semana pasada me contagiaron de COVID. Pudo ser en mi trabajo o en casa de un familiar porque aún hay gente que se enferma y no lo reporta ni se hacen examen para saber si es COVID o no. Me fue mejor esta vez por tener las 3 vacunas de Pfizer, los síntomas solo fueron temperatura, dolor de cuerpo, tos y flemas, solo un poco de taquicardia al inicio”. Afortunadamente, sus hijos y su esposo no se enfermaron esta vez.

Esto la sigue preocupando: “He escuchado de personas que se enfermaron de COVID y sus pulmones no funcionan al 100 y les quedan secuelas como pérdida de cabello. Yo lo que he experimentado es mucha ansiedad”.

“En Schumex aquí en Matamoros, se están cometiendo muchas injusticias. Nos tratan como todo menos que personas”, declaró. “La planta está cerrada con aire acondicionado. En el trabajo no hay espacios al aire libre. Si nos ven afuera en la puerta de entrada de la planta nos reportan. Solo está la cafetería. Somos 500 trabajadores y trabajo 9,5 horas al día”.

“Los trabajadores que desarrollan síntomas aún pueden hacerse una prueba gratuita con su seguro médico y deben aislarse por una semana cuando dan positivo. No obstante, añadió: “Hasta hoy en día no aceptan contratar a personas vulnerables, para nosotros el trabajo prácticamente está negado por tener una enfermedad crónica y nadie hace nada para multar a las empresas por discriminación”.

“Las empresas no van a perder y el gobierno es cómplice. En los primeros días de la pandemia se les ordenó un confinamiento y mandar a casa a todos los empleados vulnerables pero las empresas hicieron caso omiso”.

Como muchas otras plantas en Norteamérica y Europa, los trabajadores de Schumex llevaron a cabo una huelga espontánea el 4 de abril, pero la gerencia y el sindicato conspiraron para reanudar la producción casi inmediatamente ofreciendo un bono y obligando al resto a regresar en menos de un mes.

Uno de los mayores problemas del regreso a clases ha sido la inflación desenfrenada. “Los precios están por las nubes”, dijo, “los útiles escolares, ni se diga. En las playeras fueron 1.000 pesos [$50] solamente tres. La tapa con 30 huevos cuesta 85 [$4.20] pesos, la carne está a más de 150 el kg… la canasta básica está por las nubes”.

Cuando creó una Zona Libre para las empresas en la frontera norte para reducir los impuestos corporativos por debajo de los recortes de Trump, el Gobierno de AMLO aumentó el salario mínimo diario con bombos y platillos a solo 260 pesos ($12.90). Para la trabajadora de Schumex, esto se vio reflejado en un aumento salarial este año de 247 a 286 pesos diarios, aproximadamente 30 pesos o $1,5 por hora.

La inflación “se comió” el aumento salarial, subrayó. “Creo que en todos lados los trabajadores están igual”.

En estas condiciones, añadió, ““Las vacaciones y los permisos son condicionados a las necesidades de la empresa, no a las nuestras. El bono anual lo entregan incompleto. Nos retuvieron mucho dinero que según ellos salió en contra en la declaración ante el SAT [Servicio de Administración Tributaria] y al hacer la verificación un contador particular que yo contraté resulta que lo que me descontaron no está reflejado ante el SAT y que yo le sigo debiendo. Además, las utilidades son ridículas”.

Estas condiciones son impuestas por los sindicatos corruptos o charros, a pesar de la reforma laboral de AMLO que prometió elecciones “democráticas” para ratificar contratos. “Los charros aquí se han encargado de comprar los votos en las elecciones para legitimar contratos colectivos con ellos y presionarnos para hacerlo”, explicó la trabajadora.

En este contexto, manifestó su apoyo a la campaña a presidente del sindicato UAW en EE.UU. de Will Lehman, quien aboga por abolir la burocracia sindical y establecer una red internacional de comités de base para que los trabajadores luchen por sus intereses independientes, incluyendo poner fin a la pandemia.

La trabajadora afirmó: “Dios quiera y consigan la victoria porque la mafia de los sindicatos es difícil de vencer. Terminar la pandemia es casi imposible, pero si estas personas que lideran el movimiento son fuertes además de influyentes con las masas sería un gran logro para los obreros. Aparte la pandemia es un negocio redondo para el gobierno. Tenemos dos años esperando que termine”.

Un estudio publicado en la revista The Lancet halló que, durante los primeros dos años de la pandemia, México tuvo un exceso de mortalidad de 798.000 muertes por encima de la tendencia en años recientes, la cuarta mayor cifra en el mundo tras India, EE.UU. y Rusia. Esto incluyó las muertes de miles de maestros y más de 1.000 niños.

La enorme riqueza producida por los trabajadores, que pudo haberse utilizado para financiar la eliminación de la pandemia, la pobreza y todas las principales problemáticas sociales, siguió siendo canalizada a Wall Street y el puñado de ricos. Los multimillonarios se enriquecieron más y la pobreza creció.

Incluso mientras se apura a reabrir las escuelas este año, el Gobierno de AMLO dedicó el presupuesto para la educación más bajo como porcentaje del PIB desde 2010 y está desembolsando más para pagarle a los bancos la deuda pública que en la salud.

Como al resto de la burguesía mexicana, a AMLO no le importa la salud ni la educación de los trabajadores y sus familias y solo le preocupa mantener a México como una fuente de mano de obra barata y abrir las escuelas como aparcaniños para que los padres puedan ir a generarles ganancias a los ricos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de septiembre de 2022.)