El gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Podemos está imponiendo enormes recortes en los salarios reales para millones de funcionarios y trabajadores que viven con el Salario Mínimo Interprofesional, mientras prepara profundos recortes en las pensiones a petición de la Unión Europea (UE). Esto ocurre mientras las corporaciones españolas están obteniendo beneficios récord, y Madrid ha aumentado el gasto militar y los envíos de armas a Ucrania, como parte de la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia que amenaza con escalar a una guerra nuclear.

El gobierno está empleando los servicios de los sindicatos —Comisiones Obreras (CCOO) vinculado a Podemos, el sindicato socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)— para desviar y reprimir la lucha de clases. Los sindicatos ya no sirven como organizaciones obreras, sino que funcionan como burocracias al servicio del Estado capitalista.

La semana pasada, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció un recorte salarial para 3,5 millones de funcionarios. En concreto, Madrid está ofreciendo una subida del 3,5 por ciento este año, 2.5 por ciento en 2023, y el 2 por ciento en 2024, en total un 8 por ciento en tres años.

La tasa de inflación de este año en España se sitúa por encima del 10 por ciento. Los trabajadores del sector público ya han perdido un 6 por ciento de sus salarios reales. Si los planes del PSOE y Podemos se ponen en marcha, lo peor estaría por venir.

De implementarse, este plan significaría que los funcionarios perderían miles de euros para 2025. Esto se sumaría a la pérdida de poder adquisitivo en la última década, ya que los sucesivos gobiernos del derechista Partido Popular (PP) y del PSOE-Podemos han impuesto los dictados de austeridad de la UE. Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT estiman el recorte de los salarios del sector público entre un 12 y un 20 por ciento desde 2010.

Dado que la patronal del sector privado utilizan los salarios de los funcionarios como punto de referencia, este acuerdo tendrá repercusiones directas para millones de trabajadores fuera del sector público.

El jueves, en su segunda reunión con las direcciones sindicales, el gobierno revisó su oferta inicial, ofreciendo un aumento del 9,5 por ciento en tres años. Sin embargo, esto todavía significaría una gran pérdida de poder adquisitivo en los próximos tres años.

El segundo anuncio sigue un patrón familiar para los trabajadores. Primero, el Gobierno hace una oferta, seguida de 'negociaciones' con los sindicatos. En el acto final de este proceso por etapas, se llega a un acuerdo, con los números iniciales ligeramente mejorados. Los sindicatos lo presentan entonces como una victoria para los trabajadores, mientras que el gobierno afirma que han hecho enormes concesiones.

Humberto Muñoz, coordinador del Área Pública de CCOO, ha señalado: “Desde CCOO valoramos positivamente el avance que se ha producido hoy, aunque hubiéramos querido que se llegara un poco más allá.”

El secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio La Cuerda, dijo que es “prácticamente seguro” que lo aceptarán. “Reclamábamos del Gobierno un esfuerzo adicional que amortiguase, al límite de las posibilidades, los efectos de la inflación. Ha habido un avance muy significativo, y nos parece que es razonablemente realista.”

Francisco Lama, secretario del CSIF, reaccionó afirmando, “Seguimos considerándolo insuficiente. [La inflación] está por encima del 10 por ciento, vamos a pedir un último esfuerzo al Gobierno a ver si somos capaces de alcanzar esas cantidades que consideramos necesaria. Confiamos en que la cifra total se pueda mejorar un poco más.”

La burocracia del CSIF, que tiene estrechos vínculos con el derechista PP, el partido neofascista Vox y los sindicatos policiales fascistas de España como Jusapol, está tratando de capitalizar el creciente descontento criticando a CCOO y UGT. Sin embargo, no ha propuesto ningún aumento salarial concreto y se ha abstenido de pedir salarios por encima de los niveles de inflación.

El 24 de septiembre organizaron una protesta de 70.000 trabajadores del sector público en Madrid, exigiendo mejores salarios. Participaron muchos trabajadores del sector sanitario, junto con policías y guardia civiles.

El Gobierno del PSOE-Podemos también prepara un ataque masivo contra los trabajadores que viven con el Salario Mínimo Interprofesional. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz de Podemos, está supervisando las negociaciones con los sindicatos y la asociación de la patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Los sindicatos exigen un aumento del 3,5 por ciento este año, hasta alrededor de 1.100 euros mensuales, lo que supone una gran pérdida de poder adquisitivo para 8,8 millones de trabajadores con salario mínimo en España.

En el sector privado, los sindicatos están saboteando una lucha tras otra de los trabajadores e imponiendo aumentos salariales por debajo de la inflación. En la construcción, los sindicatos han negociado un aumento salarial del 3 por ciento; en la industria metalúrgica, es del 2,2 por ciento para casi 940.000 trabajadores; en la industria química, 2 por ciento para 300.000 trabajadores. En hostelería, la media es del 3 por ciento en toda España. Para 90.000 trabajadores del sector bancario, los sindicatos negociaron con la asociación bancaria AEB un aumento del 2,5 por ciento en los próximos tres años.

Los pensionistas también están en el punto de mira del Gobierno. Para recibir los próximos desembolsos de los fondos de rescate financiados por la UE para las corporaciones y los bancos, el gobierno está preparando un proyecto de ley de pensiones que aumentará el número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión, actualmente en 25 años. Esto significará un recorte sustancial en los niveles futuros de las pensiones. La reforma también quiere eliminar la revalorización de las pensiones con el IPC, lo que significa que el gobierno podría empobrecer a los pensionistas al aumentar los precios.

Todo esto tiene lugar a medida que las empresas obtienen beneficios récord. Según el Banco de España, las empresas han trasladado sus incrementos de costes a precios, logrando unos beneficios un 6,7 por ciento superiores a los obtenidos antes de la pandemia del COVID-19, que ya eran récords históricos en su momento.

Esta experiencia de la lucha de clases subraya la necesidad en todo momento de la construcción de organizaciones independientes, comités de base, que unan a todos los sectores de la clase obrera contra el aparato sindical y el gobierno PSOE-Podemos. Esto contrasta con el camino seguido por los satélites pseudoizquierdistas de Podemos. Insisten en que los trabajadores se subordinen a los sindicatos procapitalistas, tratando de separar la lucha contra la inflación de la lucha contra la guerra que están impulsando Estados Unidos y la OTAN contra Rusia.

Los morenistas de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) de España llaman a que los trabajadores exijan “a las direcciones sindicales un plan de lucha coordinado por estas demandas [aumentos salarias por encima del IPC] con la convocatoria inmediata de asambleas en los centros de trabajo y una huelga general como punto de arranque”.

De igual forma, la sección de la Corriente Marxista Internacional (CMI) en España, Lucha de Clases, apoya la convocatoria de protestas de UGT y CCOO para el 7 de octubre y el 3 de noviembre en Madrid, lanzadas para vigilar y reprimir la creciente ira social y proteger a el gobierno PSOE-Podemos de un estallido descontrolado de la lucha de clases.

En su artículo, hacen un llamamiento: “Los delegados sindicales y los comités de empresa deberían convocar asambleas de trabajadores en cada centro de trabajo para debatir y votar la participación en las movilizaciones generales planteadas, así como sus propias reivindicaciones en materia salarial y condiciones de trabajo. También deberían coordinarse con las demás empresas de la zona y de sector para impulsar acciones y, en su caso, movilizaciones y luchas comunes unitarias”.

Esta es una estrategia para la derrota. El Comité Internacional de la Cuarta Internacional llama a la formación de comités de base en cada fábrica y lugar de trabajo y la coordinación de las luchas a través de las fronteras nacionales a través de la construcción de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB).

La organización independiente de la clase obrera debe estar conectada a la construcción de una dirección socialista en la clase obrera, un Partido Socialista por la Igualdad en España. Ni un solo problema a los que se enfrentan los trabajadores —la amenaza de una guerra nuclear, la explotación y la desigualdad, y la amenaza del fascismo— puede resolverse en el marco del sistema capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de octubre de 2022)