Cientos de tropas fueron desplegadas en ambos lados de la frontera de Chile y Perú para hostigar a familias migrantes que se encuentran atrapadas en uno de los lugares más secos e inhóspitos del planeta. La crisis provocó enfrentamientos entre migrantes y los policías peruanos el fin de semana.

La mayoría de los migrantes son venezolanos que quieren entrar a Perú y regresar a Venezuela, escapando el aumento del coste de vida y una ola de propaganda y políticas antiinmigrantes promovidas por el Gobierno pseudoizquierdista del presidente Gabriel Boric. Muchos migrantes, incluyendo venezolanos y peruanos, también están atascados en Tacna, en el lado peruano, intentando regresar a sus trabajos y familias en Chile.

Desde 2013, en una de las mayores migraciones de la historia moderna, más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país en medio de una crisis económica agravada por las sanciones estadounidenses. Entre los migrantes atrapados en Arica, en el lado chileno, también hay trabajadores de Haití, Colombia, Ecuador y otros países.

A finales de febrero, Boric cedió a las presiones de la derecha fascistizante chilena y de la prensa que exigían el despliegue de tropas contra los migrantes en el norte y declaró un estado de excepción durante 90 días a lo largo de las fronteras del país con Perú y Bolivia. También aprobó la prisión preventiva para todos los migrantes indocumentados que fueran detenidos, mientras el envalentonado Congreso chileno debate un proyecto de ley que convertiría la migración irregular en un delito con penas de cárcel de hasta 541 días.

Los migrantes también se enfrentan a una cruzada xenófoba encabezada por el régimen de Dina Boluarte en Perú, que llegó al poder en diciembre pasado tras un golpe de Estado respaldado por EE.UU. El 26 de abril, Boluarte decretó un estado de emergencia en todas las regiones fronterizas de Perú y desplegó al ejército para impedir la entrada de migrantes, declarándolo una cuestión de “defensa nacional”.

“Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros”, despotricó durante el anuncio. Su régimen también está ampliando los despliegues policiales en la capital, Lima, y planea cambiar la Constitución para hacer permanentes las patrullas militares en las fronteras. También se presentó un proyecto de ley en el Congreso que incluye penas de 10 años de prisión para los inmigrantes indocumentados.

La crisis migratoria está reavivando las tensiones nacionalistas a lo largo de la disputada frontera. La Cancillería chilena se vio obligada a declarar que existe un “diálogo abierto” con Perú para evitar un conflicto. Acentuando el peligro, el senador chileno José Miguel Insulza, que pertenece a la coalición gobernante, declaró que “esto no es un conflicto militar”.

Horas después de estas declaraciones, la semana pasada, la Cancillería chilena convocó al embajador peruano para emitir una “protesta diplomática” después de que el alcalde de la ciudad fronteriza peruana de Tacna, Pascual Güisa, un expolicía derechista, atacara a Boric en CNN como “un innombrable e irresponsable”.

El primer ministro peruano, Alberto Otárola, no hizo más que agravar las tensiones ese mismo día al afirmar: “Lo que le pedimos al presidente Boric y a los demás presidentes es que solucionen sus problemas y que no los tiren a nuestro país”.

La portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, hizo un llamamiento a los Gobiernos para que resuelvan la crisis mediante el diálogo. Dijo que algunos migrantes “llevan tres meses varados, en muchos casos sin comida, agua, refugio ni atención médica”. Agravando un viaje ya de por sí peligroso, estas familias migrantes están viviendo en su mayoría bajo carpas a lo largo de la frontera, expuestas al duro calor durante el día y al frío extremo durante la noche

La demostración de fuerza militar, supuestamente contra grupos de familias desarmadas y sin dinero suficiente para sobornar a la policía –según los informes, la policía peruana exige 100 dólares por persona— claramente no tiene nada que ver con los migrantes en sí, sino que deriva de las crisis irresolubles a las que se enfrentan ambos regímenes.

La principal exportación de ambos países es el cobre, y su principal socio comercial es China, mientras que ambos apuestan por encontrar y explotar el litio. El control de estos y otros minerales clave para la tecnología moderna y repartidos por toda esta región se ha convertido en un imperativo geopolítico. Mientras tanto, el imperialismo estadounidense aumenta su presión sobre América Latina, a la que considera su patio trasero, en un intento de contrarrestar la creciente influencia económica de China.

El aumento de las tensiones entre EE.UU. y China, la guerra en Ucrania, la pandemia continua, la reorganización de las cadenas de suministro por razones geopolíticas y tecnológicas y los efectos del cambio climático junto con El Niño este año son amenazas existenciales que ponen de manifiesto el papel reaccionario de las fronteras nacionales.

Como han hecho durante 50 años, los oligarcas de ambos países están dándole al mismo clavo de privatizaciones, recortes sociales y desregulación para competir por inversiones y préstamos extranjeros mientras señalan con el dedo a sus antiguos rivales nacionales y provocan tensiones.

La frontera chileno-peruana fue escenario de la “Guerra del Pacífico”, librada en gran medida por el control de enormes yacimientos de guano, o excremento de aves, entonces muy cotizado como fertilizante y por su uso en la fabricación de pólvora. Chile ganó y arrebató a Perú Arica y Tarapacá, así como la salida al mar de Bolivia, junto con el desierto de Atacama.

Aunque se debate la implicación directa de Reino Unido, la principal potencia colonial de la época, las empresas británicas financiaban fuertemente ambos bandos con créditos y tenían importantes participaciones en los minerales. Mientras tanto, la potencia emergente de Estados Unidos había tratado de avivar las tensiones y la animosidad contra los británicos. El secretario de Estado, James G. Blaine, difundió el relato unilateral durante la guerra de que Chile estaba actuando simplemente como un “instrumento” para el “capital inglés”.

Hoy en día, los conflictos entre EE.UU., las potencias europeas, China y potencias regionales como Brasil contribuyen sin duda a avivar los nacionalismos en lo que ya es un nuevo reparto capitalista del globo.

No existe ninguna justificación progresista para la existencia de estos Estados-nación separados. Tras las guerras de independencia en Sudamérica contra España (1810-1826), las élites criollas terratenientes locales echaron por tierra todos los intentos de formar federaciones regionales, incluso mediante guerras contra confederaciones fallidas, con el fin de establecer sus propios vínculos con el comercio y los créditos europeos.

Bolivia, antes Alto Perú, y Chile se crearon para socavar el poder de la aristocracia poscolonial dirigente en Perú. La rabiosa competencia entre estas élites quedó ilustrada por el hecho de que Bolivia se redujo a cerca del 40 por ciento de su tamaño original a causa de las guerras y las presiones. Mientras tanto, Diego Portales, uno de los “padres fundadores” de Chile que dirigió la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, insistía en mantener una “presencia dominante” a lo largo del Pacífico principalmente para subordinar a Perú.

Estos cálculos mezquinos y reaccionarios, que hoy se basan en la venta de minerales o en la gestión de mano de obra barata para las transnacionales, siguen siendo la fuente de todos los nacionalismos de la región y están en total contradicción con los intereses de la clase trabajadora latinoamericana.

Los ataques contra los migrantes y las tensiones fronterizas cubren esencialmente cuatro necesidades políticas de las burguesías hoy, cuando Boric y Boluarte siguen agendas derechistas similares:

En primer lugar, el patrioterismo pretende enfrentar a los trabajadores con sus aliados más poderosos, sus hermanos y hermanas de clase que proceden de o viven en otros países. Al haber formado conexiones con diversos países y culturas, los trabajadores migrantes y sus familias son un contingente crítico para la coordinación indispensable de todas las luchas futuras más allá de las fronteras.

El aislamiento nacional de las recientes luchas de masas en Chile y Perú contra la desigualdad social y la represión militarizada –un aislamiento impuesto por los verdaderos enemigos de los trabajadores entre los nacionalistas burócratas sindicales, los políticos y sus apologistas pseudoizquierdistas— fue la principal causa de que no consiguieran ninguna mejora para los trabajadores.

En segundo lugar, se utiliza a los inmigrantes y a los países vecinos como chivos expiatorios para distraer que la culpa por la agravada crisis social recae en las élites gobernantes corruptas y dependientes del país de origen.

En tercer lugar, estos ataques sirven para movilizar a sectores fascistizantes y políticamente desorientados de la clase media y dentro del propio aparato estatal. Tanto Boric, cuyo índice de aprobación cayó por debajo del 30 por ciento, como Boluarte, con un 15 por ciento de aprobación, son profundamente odiados y consideran necesario apoyarse en esas capas sociales reaccionarias para sus continuos ataques contra la clase trabajadora.

Y por último, la xenofobia sirve para justificar un régimen autocrático en forma de estados de excepción que han suspendido los derechos democráticos y han visto el despliegue de tropas desde al menos 2019, cuando se utilizaron contra una ola masiva de huelgas y manifestaciones en Chile, así como contra los bloqueos de carreteras por parte de comunidades indígenas contra las transnacionales mineras en Perú.

Mientras dejaban correr el virus, utilizaron la pandemia del COVID-19 como tapadera para gobernar por decreto y mantener amenazantes despliegues de policías y soldados. Luego, prescindiendo rápidamente de cualquier pretensión democrática, los presidentes pseudoizquierdistas Pedro Castillo en Perú y Gabriel Boric en Chile respondieron a nuevas protestas y huelgas contra el aumento del coste de la vida el año pasado desplegando soldados y policías antidisturbios, y Castillo declaró un estado de emergencia en la capital, Lima. Boric también continuó con el estado de excepción y el despliegue de tropas para aterrorizar a las comunidades indígenas que han tomado tierras en el sur de Chile.

Después de que Castillo fuera derrocado en un golpe parlamentario respaldado por Estados Unidos en diciembre, el régimen de Boluarte empleó estados de emergencia para aplastar las protestas nacionales contra el golpe. El estado de emergencia en la región de Puno, junto a la frontera con Bolivia, ni siquiera había terminado cuando Boluarte lo renovó la semana pasada.

Solo unas semanas antes de enfrentarse a los inmigrantes en la frontera, las mismas fuerzas armadas habían utilizado municiones reales para masacrar a jóvenes trabajadores y campesinos que protestaban contra el golpe.

Cabe recordar que, al tiempo que intentan enfrentar a los trabajadores entre sí, las élites gobernantes tienen un largo historial de colaborar para reprimir el movimiento obrero. En 1978, Perú se unió al dictador chileno Augusto Pinochet y a otros regímenes sudamericanos en la Operación Cóndor, que en aquel momento se dirigía desde la base militar estadounidense en Panamá. Las fuerzas de seguridad de todos los países colaboraron estrechamente para secuestrar y asesinar a trabajadores, jóvenes e intelectuales de izquierdas.

En el episodio más infame relacionado con Perú, el Gobierno colaboró con el escuadrón de la muerte argentino Batallón 601 en junio de 1980 para capturar y torturar a un grupo de Montoneros en una base militar peruana. Un miembro del “601” explicó a la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires: “Una vez en Argentina serán interrogados y luego desaparecidos permanentemente”. La noticia se filtró a los medios de comunicación, lo que provocó un cambio de planes. El cadáver de una de las secuestradas, Noemí Gianotti de Molfi –fundadora de las “Madres de la Plaza de Mayo”— fue encontrado en un apartamento de Madrid, mientras que los demás cuerpos nunca aparecieron.

(Publicado originalmente en inglés el 4 de mayo de 2023)