Sin un discurso público ni una declaración escrita, el Gobierno estadounidense de Joe Biden dejó que expirara la emergencia de salud pública (PHE, por sus siglas en inglés) nacional por COVID-19 el jueves. Efectivamente, la Casa Blanca ha codificado en la ley que el virus permanecerá incrustado en la sociedad permanentemente, infectando, discapacitando y matando a la población por el futuro previsible.
La expiración del PHE fue la tercera y última medida para disolver formalmente cualquier respuesta oficial a la pandemia en Estados Unidos. Se produjo después del levantamiento el 1 de abril de las restricciones a las desafiliaciones del seguro Medicaid y el levantamiento de la declaración de emergencia nacional por COVID-19 el 10 de abril. Colectivamente, estos tres pasos tienen ramificaciones enormes e inmediatas para millones de estadounidenses y causarán niveles indescriptibles de sufrimiento y muertes.
La más consecuente fue el abandono de las restricciones a las desafiliaciones de Medicaid, ya que Kaiser Family Foundation estima que hasta 24 millones de estadounidenses (incluyendo a 7 millones de niños) podrían perder acceso a Medicaid en el próximo año. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el 6,1 por ciento de los adultos estadounidenses padece COVID persistente en la actualidad, lo que significa que más de 1 millón de estadounidenses que sufre este mal debilitante podrían perder su cobertura médica.
La expiración de la PHE privatizará la distribución de pruebas, tratamientos y vacunas para el COVID-19 cuando se agoten las existencias en los próximos meses. Sus fabricantes como Pfizer planean vender sus vacunas a precios de hasta $130 por dosis y el antiviral Paxlovid potencialmente a $500, mientras las pruebas rápidas costarán $10 cada una. Para unos 30 millones de estadounidenses que no tienen seguro, que conforman las secciones más pobres y vulnerables de la población, estos precios son totalmente inasequibles.
En todo Estados Unidos, los sistemas hospitalarios se enfrentarán a crecientes presiones financieras. El Center for Healthcare Quality and Payment Reform prevé que más de 200 hospitales rurales podrían verse obligados a cerrar en los próximos dos o tres años. El programa de moratoria hipotecaria por COVID-19 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano expirará pronto, amenazando a un número indeterminado de estadounidenses con desahucios.
El viernes pasado, los CDC anunciaron que aprovecharán esta operación de demolición de la salud pública para desmantelar su sistema de notificación de datos de infecciones por COVID-19. Como ha sucedido a lo largo de la pandemia, esta agencia, ahora completamente desacreditada, está una vez más siguiendo la línea de la Casa Blanca para encubrir la propagación del COVID-19.
El fin de la PHE en EE.UU. tiene lugar menos de una semana después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantara abruptamente su declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) para el COVID-19. Sin duda, el imperialismo estadounidense presionó entre bastidores a la OMS para que pusiera fin a la PHEIC con el fin de justificar su propio levantamiento de la PHE.
El fin global de estas declaraciones de emergencia no tiene nada que ver con la ciencia, sino que refleja los imperativos económicos y políticos de las élites capitalistas dominantes, que están decididas a imponer forzosamente un “regreso a la normalidad” para maximizar la producción de ganancias. Marca la culminación del último año y medio de implacable propaganda en respuesta a la aparición en noviembre de 2021 de la variante ómicron, que es altamente infecciosa e inmunoevasiva, pero fue falsamente proclamada como “leve” y esencialmente no más dañina que la gripe.
En realidad, el COVID-19 siempre ha sido y sigue siendo un patógeno altamente peligroso, y ahora está mutando a un ritmo acelerado. Si bien las cifras oficiales de infecciones y muertes carecen de sentido debido al desmantelamiento de los sistemas de pruebas y la notificación de datos, el seguimiento de las aguas residuales y las estimaciones del exceso de mortalidad indican que la transmisión viral y la letalidad siguen siendo elevadas en todo el mundo.
Para esta semana, The Economist calcula que se produjo un exceso de 14.000 muertes al día atribuibles a la pandemia, mientras que el total acumulado asciende ya a 22 millones. El COVID-19 siga siendo la tercera causa de muerte en todo el mundo. Solo en Estados Unidos se estima un exceso de mortalidad de 1,4 millones, muy por encima de la cifra oficial de 1,1 millones muertes. Además, se registra un exceso de 860 muertes diarias en la actualidad.
En muchos artículos y entrevistas de las últimas semanas, los científicos han advertido de los peligros de la evolución vírica. Un artículo publicado el 1 de mayo en Nature señalaba: “Actualmente, la proteína espiga del SARS-CoV-2, en la que se producen la mayoría de las mutaciones que evaden la inmunidad, evoluciona al doble de velocidad que una proteína similar de la gripe estacional y unas diez veces más rápido que las de los coronavirus 'estacionales' causantes de los resfriados”.
En cualquier momento, podría evolucionar una variante mucho más peligrosa, más mortal, transmisible e inmunoevasiva, que esencialmente reiniciaría la pandemia desde el principio, anulando la efectividad de las vacunas y tratamientos existentes para salvar vidas.
Luego está el “evento discapacitante masivo” sin precedentes históricos del COVID persistente, que los científicos han comparado con la parte sumergida de un iceberg. Un artículo publicado el martes en Foreign Policy señala: “Se han diagnosticado decenas de millones de casos de COVID-19 persistente en todo el mundo --sin duda un recuento incompleto-- y al menos un tercio de los afectados sufren daños neurológicos o cardiovasculares que están causando discapacidades”.
La evidencia científica sigue indicando que las reinfecciones por COVID-19, cada vez más frecuentes, aumentan el riesgo de desarrollar COVID persistente.
Los medios de comunicación corporativos han guardado silencio en gran medida sobre las implicaciones para la salud pública de poner fin al PHE. Ha habido muchos comentarios más sobre el levantamiento relacionado de las restricciones a la inmigración del Título 42, y la represión militarizada de los inmigrantes en la frontera entre EE.UU. y México. Con ello, los medios de comunicación continúan su siniestro papel desempeñado a lo largo de la pandemia de desinformar deliberadamente al público.
El abandono de la salud pública por parte de las élites gobernantes a nivel mundial debe ser tomado como una advertencia por la clase obrera internacional. No hay límite al nivel de muertes y sufrimiento masivos que están dispuestas a tolerar para mantener su poder y su flujo de ganancias. En el último año, esto fue puesto de relieve por sus esfuerzos para normalizar el uso de las armas nucleares ante la escalada de la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia en Ucrania.
Las élites gobernantes han considerado la pandemia como algo positivo para reducir la esperanza de vida y las obligaciones en materia de pensiones, y cada vez hay más indicios de que se repetirá la misma inacción total en las futuras pandemias, que los científicos advierten que son cada vez más probables debido al cambio climático.
En uno de los pocos artículos sobre el fin del PHE, el New York Times publicó el jueves una declaración de Ezekiel Emanuel, Michael Osterholm y otros miembros del equipo de transición de Biden en materia de COVID tras las elecciones. Emanuel es un conocido defensor de la reducción de la esperanza de vida, cuyas creencias eugenistas que ha defendido por mucho tiempo se han vuelto más evidentes durante la pandemia.
Poniendo en tela de juicio la política de cerrar las escuelas para salvar vidas que se implementó desordenadamente en 2020 y se levantó a principios de 2021, afirman que, en el futuro, “La educación en persona puede continuar durante una pandemia respiratoria como la de COVID, incluso antes de que se desarrolle una vacuna”. Y añaden: “Incluso durante las pandemias, los espacios públicos deben permanecer abiertos a menos que provoquen olas”.
Ahora está más que claro que el único límite al nivel de muertes por COVID-19 y futuras pandemias será la resistencia de la población. Esto requiere la educación sistemática de la clase obrera y las capas progresistas de la clase media en los principios de la salud pública y una comprensión política marxista de la naturaleza del sistema capitalista.
El fin de la PHE representa el cruce del Rubicón. Es sinónimo de la crisis terminal del capitalismo, en la que la salud pública ha sido abandonada. No hay precedentes en la historia moderna. Es un momento decisivo que ha confirmado la conclusión política de que la pandemia de COVID es un “acontecimiento desencadenante” en la historia mundial.
A lo largo de la pandemia, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) y sus Partidos Socialistas por la Igualdad afiliados son el único movimiento político que se ha opuesto continuamente a las políticas homicidas de todos los Gobiernos capitalistas durante la pandemia y ha tratado de armar a los trabajadores con una comprensión científica de lo que debe hacerse para detener la pandemia a nivel mundial.
En noviembre de 2021, el World Socialist Web Site, la publicación del CICI, lanzó la Investigación Global de los Trabajadores sobre la Pandemia de COVID-19, que sigue siendo la única investigación independiente sobre los crímenes cometidos por los Gobiernos y las empresas capitalistas. Frente a la profundización del encubrimiento del COVID-19, la investigación continuará su trabajo a nivel mundial, e instamos a todos los trabajadores y científicos a participar.
La investigación es un componente crítico de la lucha por reconstruir una cultura socialista dentro de la clase obrera. El carácter de vida o muerte de esta lucha se ve subrayado por la experiencia de la pandemia y la intensificación del peligro de una Tercera Guerra Mundial. Solo mediante el derrocamiento socialista del anticuado sistema capitalista se podrá acabar con la amenaza de las pandemias, la aniquilación nuclear, el cambio climático, el fascismo y la creciente desigualdad social, y se podrán garantizar los derechos sociales de la clase obrera internacional, incluido el derecho a la salud pública y a una esperanza de vida larga.
(Publicado originalmente en inglés el 11 de mayo de 2023)