Un mes antes de que expiren los contratos de 150.000 trabajadores en General Motors, Ford y Stellantis—las “Tres Grandes”—el Gobierno de Biden está interviniendo para socavar la enorme oposición de las bases a una traición.

Tanto Biden como la burocracia sindical del United Auto Workers (UAW) están plenamente conscientes de que ha crecido la determinación militante de los trabajadores automotores para revertir las décadas de concesiones impuestas por el UAW y para obtener importantes avances en materia de salarios, prestaciones y condiciones laborales.

Debido a temores de que la dirección del sindicato UAW bajo su presidente Shawn Fain no tiene la situación bajo control, Biden publicó una declaración el lunes demandando que las empresas y el aparato del UAW deben colaborar para alcanzar un acuerdo, sabiendo que incluirá ataques masivos contra los trabajadores.

La declaración representa una advertencia más para los trabajadores automotores: mientras el proceso del convenio permanezca en manos de la burocracia del UAW y el Gobierno de Biden, el único resultado posible será un conjunto histórico de ataques a los empleos y los niveles de vida de los trabajadores. Para prevenir esto, es necesario que los trabajadores expandan la red de comités de base bajo su control y que preparen una lucha sin cuartel.

En su declaración, Biden escribió, “Ahora que las Tres Grandes automotrices y el United Auto Workers se reúnen —un mes antes de la expiración de su contrato— para negociar un nuevo acuerdo, quiero declarar mi posición. Les pido a todos los bandos que colaboren para forjar un acuerdo justo”.

Cuando se refiere a “todos los bandos”, Biden, de hecho, se refiere solo a uno de los bandos, conformado por las entidades que representan los intereses patronales: las gerencias y la cúpula del UAW. Los trabajadores, por su parte, han de quedar completamente excluidos del proceso.

En las últimas semanas, el UAW ha intentado adelantarse a una revuelta de las bases, alegando que está pidiendo una serie de medidas populares, incluyendo la eliminación de los niveles salariales, la restauración de los ajustes al coste de vida y de las pensiones, y aumentos salariales sustanciales, junto a otras disposiciones contractuales que había abandonado. La dirección bajo Fain tomó estas propuestas supuestamente suyas de una declaración de la Red de Comités de Base de los Trabajadores Automotores, que fue circulada ampliamente y que, a diferencia del UAW, presentó una estrategia e iniciativas para que los trabajadores de base luchen y ganen sus demandas.

Las empresas han respondido dejando en claro que se resistirán amargamente a restaurar cualquier concesión de los trabajadores. Más bien, Stellantis presuntamente exigió amplias concesiones nuevas. Sus ejecutivos han hecho una serie de declaraciones provocadoras amenazando los puestos de trabajo.

En el fondo, los conflictos entre los ejecutivos de las empresas y la burocracia del UAW tienen un carácter en gran medida teatral y relativo. Los ejecutivos de las Tres Grandes saben que Fain y sus lugartenientes han colaborado con la dirección para imponer concesiones en el pasado y volverán a hacerlo.

Sin embargo, Biden está sin duda nervioso porque la “guerra de palabras” pública amenaza con avivar la ira de los trabajadores y endurecer aún más la oposición de las bases. Al presidente le preocupa especialmente que una revuelta de los trabajadores automotores desencadene un movimiento más amplio de la clase obrera, poniendo en peligro los planes del imperialismo estadounidense de intensificar su guerra con Rusia y preparar una guerra contra China.

Por lo tanto, Biden está urgiendo a la patronal y a la burocracia del UAW a redoblar sus esfuerzos para llegar a un acuerdo e imponer recortes masivos de empleos y otros ataques a los trabajadores. Por supuesto, Biden no puede afirmar esto abiertamente, por lo que debe recurrir a dobleces, alusiones vagas y mentiras.

En primer lugar, Biden afirma que las “empresas automotrices deberían respetar el derecho a organizarse”, con lo que quiere decir que las corporaciones deben colaborar con la burocracia del UAW, que ha funcionado como una herramienta fiable de la patronal por décadas, y que deben aceptar su presencia en las nuevas plantas de vehículos eléctricos. Más adelante, Biden dice que “el UAW merece un contrato que sustente a la clase media”. Si esto significa algo, es que las empresas deben seguir manteniendo a las capas de clase media-alta que componen la burocracia del UAW, que cuenta con cientos de funcionarios que perciben salarios de seis cifras.

En segundo lugar, ¿qué entiende Biden por un acuerdo “justo”, palabra utilizada tres veces en la declaración?

Para entender su definición del término, los trabajadores solo tienen que recordar la salvaje reestructuración de la industria automotriz bajo la Administración de Obama-Biden. Los contratos de 2009 exigidos por este Gobierno supusieron la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo, la evisceración de las protecciones por desempleo y la eliminación de los ajustes al coste de la vida. Los salarios de todos los nuevos empleados se redujeron a la mitad y se puso fin a las pensiones mediante la ampliación del sistema de escalafones.

Estos ataques históricos contra los trabajadores se llevaron a cabo con la ayuda crucial de la burocracia del UAW, incluido Fain, quien votó a favor de las concesiones como miembro del comité negociador nacional de UAW-Chrysler. A cambio, el aparato del UAW recibió una participación mayoritaria en Chrysler y miles de millones de dólares en acciones de GM y Ford.

En su declaración, Biden presentó la transición a la producción de vehículos eléctricos como una “oportunidad beneficiosa para todos”, tanto para las empresas como para los trabajadores:

Debería permitir a los trabajadores ganar buenos salarios y beneficios para mantener a sus familias, al tiempo que nos lleva a un futuro en el que Estados Unidos liderará tanto en la reducción de las emisiones de los vehículos y como en la producción de automóviles competitivos a nivel nacional y mundial.

Pero no hay ningún resultado que beneficie a ambos, a la oligarquía corporativa y a los trabajadores automotores. Y Biden lo sabe. Los colosales niveles de ganancias de las Tres Grandes —un cuarto de billón en la última década— se han basado en una salvaje intensificación de la explotación de los trabajadores.

Las referencias de Biden a “buenos salarios y beneficios” no sirven de nada. La prioridad absoluta del presidente es una reestructuración de la industria que permita a las empresas estadounidenses “competir con éxito a nivel nacional y mundial”. En la frenética competencia capitalista por dominar los mercados y las tecnologías de los vehículos eléctricos, ese resultado solo puede lograrse mediante la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo o más, brutales recortes de los costes laborales y otros ataques.

El último párrafo de la declaración deja claro el compromiso de Biden con el cierre de plantas y la reducción de puestos de trabajo. Mientras afirma cínicamente que las empresas deben “tomar todas las medidas posibles para evitar cierres dolorosos de plantas”, Biden afirma, “que cuando las transiciones [es decir, los cierres de plantas] son necesarias”, deben ser “justas” y “buscar reequipar, reiniciar y recontratar en las mismas fábricas y comunidades con salarios comparables, al tiempo que se da a los trabajadores existentes la primera oportunidad de ocupar esos puestos de trabajo”.

Esta es una receta para una nueva ola de cierres de fábricas, que devastará aún más a regiones de clase trabajadora como Rockford, Illinois, donde Stellantis ha dejado inactiva su planta de ensamble de Belvidere. Si alguna planta vuelve a abrir, será con una mano de obra muy reducida y con salarios y prestaciones por debajo del promedio.

Biden, el autodenominado “presidente más prosindical de la historia de EE.UU.”, se ha apoyado en las burocracias sindicales para contener y sofocar el creciente movimiento de la clase trabajadora durante su mandato. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha intentado una y otra vez apuntalar la legitimidad del aparato del UAW y de la gestión de Shawn Fain en particular. El Departamento de Trabajo de Biden ha tratado de encubrir las elecciones fraudulentas y antidemocráticas del UAW celebradas en 2022-2023, rechazando de plano las pruebas de una privación de derechos generalizada que recopiló el candidato de base Will Lehman .

El Gobierno de Biden también se ha coordinado estrechamente con el Teamsters, el International Longshore and Warehouse Union (ILWU) y otros sindicatos para bloquear las huelgas de los trabajadores, incluyendo en los ferrocarriles, UPS y los muelles de la costa oeste, e imponer las demandas corporativas de alzas salariales por debajo de la inflación.

Donde la lucha de clases ha amenazado con salirse del control de las burocracias sindicales –como entre los trabajadores ferroviarios el año pasado—, Biden ha demostrado que está dispuesto a usar todos los poderes del Estado capitalista contra los trabajadores, como hizo cuando trabajó con demócratas y republicanos del Congreso para prohibir una huelga ferroviaria e imponer un contrato contra la voluntad de los trabajadores.

Para derrotar la conspiración que preparan contra ellos las empresas, la burocracia del UAW y el Gobierno de Biden, es imperativo que los trabajadores se organicen y profundicen su rebelión mediante la expansión de la red de comités de base. Estos comités lucharán por abolir la burocracia patronal del UAW, transferir el poder a las bases y lanzar una contraofensiva en favor de las auténticas reivindicaciones de los trabajadores.

Un elemento indispensable para librar esta lucha es comprender que los trabajadores deben establecer su independencia respecto al Gobierno de Biden, el Partido Demócrata y todos los representantes políticos de sus enemigos de clase.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de agosto de 2023)