Esta semana, el Dr. Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dio una entrevista a la BBC donde declara que muchos adultos mayores, enfermos y discapacitados “se quedarán en el camino” en la ola en marcha de COVID-19. Fauci no buscaba advertir sobre lo que ocurriría si no se toman acciones urgentes. En cambio, intentaba justificar y encubrir la política de inacción del Gobierno de Biden ante el nuevo aumento de casos.
Los comentarios de Fauci hacen eco de la declaración en enero de 2022 de la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Rochelle Walensky, de que es “una noticia alentadora” que el COVID-19 mata predominantemente a personas que “para comenzar ya estaban enfermas”. Las declaraciones de ambos sugieren que las vidas de las personas con enfermedades crónicas y discapacidades son menos valiosas que las de las personas sanas.
Hace tres años, Fauci difícilmente habría imaginado que podía hacer tales declaraciones. Al aceptar una política que consiste simplemente en dejar morir a los vulnerables, ha sufrido un colapso moral total. Está capitulando ante los ideólogos fascistas que desde hace tiempo abogan por permitir que el coronavirus se propague sin restricciones.
Sin embargo, resulta más significativo que su propia evolución personal lo que sus declaraciones dicen sobre la Administración de Biden, que ha adoptado una política no declarada pero deliberada de asesinato social, dirigida contra las personas mayores, los enfermos crónicos y los discapacitados. Se trata de una forma de eugenesia homicida, que recuerda a la política del régimen nazi de asesinar a los discapacitados.
Fauci daba sus declaraciones cuando los datos sobre aguas residuales indican que los casos de COVID-19 se han más que triplicado en el transcurso de los dos últimos meses, mientras que los ingresos hospitalarios por COVID-19 se han duplicado con creces. Se trata del primer aumento desde de que la Administración de Biden abandonara la declaración de emergencia de salud pública por COVID-19 y dejara de contar los casos el 11 de mayo, con el objetivo de reducir el conocimiento público de la propagación de la enfermedad, dejando a Estados Unidos esencialmente a ciegas ante la pandemia en curso.
Al preguntársele: “¿Cuán grave podría volver a ser?”, Fauci trató de restar importancia a los peligros, afirmando que cree, aunque no lo sabe con certeza, que la actual ola de COVID-19 causará menos hospitalizaciones y muertes que en el pasado.
Fauci afirmó que “el 96 por ciento o más de la población tiene algún grado de inmunidad, ya sea por una infección previa o por las vacunas, o por ambas cosas”. Y continuó:
Dudo mucho que vayamos a ver el aumento de hospitalizaciones y muertes que hemos visto en el pasado, aunque tengamos un aumento de infecciones. Porque hay suficiente protección comunitaria fundamental para que, aunque las personas vulnerables se quedarán en el camino, se infectarán, serán hospitalizadas y algunas morirán, no se produzca el tsunami de casos que hemos visto hasta ahora”.
¿Quiénes son estas personas “vulnerables”, a las que se dejará morir al lado de la carretera?
En Estados Unidos, aproximadamente el 45,4 por ciento de la población tiene un riesgo elevado de sufrir complicaciones por COVID-19 debido a que padece al menos una de seis comorbilidades, entre las que se incluyen enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes, asma, hipertensión y/o cáncer. Cuando se añaden factores que agravan el riesgo de COVID-19 como las enfermedades autoinmunes, la obesidad, un trasplante de órganos o tener más de 65 años, la lista de grupos que se quedarán “en el camino” crece hasta superar significativamente la mitad de la población y acercarse a los dos tercios.
Fauci, que durante años había sido blanco de ataques fascistas por haber defendido durante la Administración de Trump medidas para mitigar la propagación del COVID-19, ha abrazado la doctrina de la “inmunidad colectiva” (de rebaño). Se trata de la concepción defendida por Trump en 2020 según la cual si un número suficiente de personas contrae el COVID-19, el virus desaparecerá, y que la muerte de ancianos, enfermos y discapacitados es un coste aceptable para preservar los intereses lucrativos de la patronal.
La mayor prueba que refuta a los defensores de la “inmunidad colectiva” es la propia experiencia de la pandemia de COVID-19, que confirma las advertencias realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2020 en el sentido de que la “inmunidad colectiva” no es una respuesta científicamente viable a la pandemia de COVID-19.
“La inmunidad colectiva se consigue protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él”, dijo entonces el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia. Es científica y éticamente problemático”.
Para respaldar su afirmación, el director de la OMS planteó la posibilidad –en aquel momento hipotética— de que la gente pudiera enfermarse dos veces de COVID-19, así como los crecientes informes de lo que “ahora se describe como el COVID persistente”.
Tres años después de estas declaraciones, sabemos que las reinfecciones con COVID-19 no son una posibilidad teórica, sino la norma. Los trabajadores de primera línea, incluidos los maestros y trabajadores sanitarios, han declarado haberse infectado tres, cuatro o cinco veces.
Cada caso de COVID-19 puede dañar progresivamente los principales sistemas orgánicos, incluidos el sistema inmunitario, el cerebro y el sistema circulatorio. En otras palabras, permitir que el COVID-19 circule libremente aumenta constantemente la población que Fauci describe como vulnerable.
Por último, cuando el Dr. Ghebreyesus hizo estas advertencias, la capacidad del COVID-19 para mutar para superar la inmunidad existente era en gran medida hipotética. En los tres años siguientes un mar de nuevas variantes de COVID-19 ha demostrado que ninguna “inmunidad poblacional” evitará nuevas olas significativas de COVID-19.
Los defensores de las infecciones masivas han elevado repetidamente la proporción de la población que debe estar infectada para permitir supuestamente que la enfermedad vuelva a niveles “manejables”. Primero fue el 50 por ciento, luego el 70, luego el 80, luego el 90 por ciento. Ahora, incluso cuando Fauci declara que prácticamente toda la población –el 96 por ciento— tiene “inmunidad” al COVID-19, se cierran escuelas en EE.UU. no como medida preventiva, sino porque hay demasiado personal enfermo para mantenerlas abiertas.
Vergonzosamente, la propia OMS ha repudiado su propia condena de la política de contagios masivos de los Gobiernos, poniendo fin a su declaración de emergencia de salud pública por COVID-19 en mayo, y esta semana puso fin a sus sesiones informativas semanales sobre COVID-19.
La estrategia de la clase dominante de “COVID para siempre” ha producido un desastre. Solo en los Estados Unidos, más de 1,1 millones de personas han muerto oficialmente, y más de 20 millones más han visto su salud significativamente dañada por COVID persistente. Ahora, los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están aumentando, mientras que la nueva variante BA.2.86 “Pirola”, que es altamente mutada, ha empezado a circular por todo el mundo.
Durante más de un año, la Administración de Biden, los Gobiernos mundiales y los medios de comunicación han dicho a la población que la pandemia ha terminado, que pueden quitarse las mascarillas y dejar de preocuparse de contraer el virus. Resultará chocante que ahora, en medio de un nuevo aumento de las infecciones, se les diga que simplemente deben aceptar que ellos o sus seres queridos podrían enfermarse gravemente o morir.
Pero esta es la lógica de la respuesta de la clase dominante a la pandemia, que se basa en la subordinación de la salud pública al lucro.
¡Hay que poner fin a esta política de muertes e infecciones masivas y perpetuas! En todos los países hay que exigir medidas de emergencia para detener la propagación del COVID-19 y rechazar la postura de que es un virus endémico.
Los profesionales de la salud y los científicos tienen la responsabilidad de pronunciarse contra esta política catastrófica. La población, que ha sido desarmada por la implacable propaganda de la clase dominante, debe ser informada sobre la amenaza actual y movilizada para luchar por una política de eliminación y erradicación mundial.
(Publicado originalmente en inglés el 31 de agosto de 2023)