Tres artículos separados que fueron publicados simultáneamente el martes alegan que la campaña de 2006 del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, recibió varios millones de dólares del Cártel de Sinaloa.

López Obrador, quien perdió las elecciones de 2006 y 2012 posiblemente debido a un fraude antes de ser elegido en 2019, negó las acusaciones el miércoles. Identificando los reportes como una “calumnia” coordinada e injerencia en las elecciones generales del 2 de junio, afirmó: “Denuncio, no a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales”.

Los artículos de los periodistas de investigación Tim Golden para ProPublica, Anabel Hernández para el medio alemán Deutsche Welle y Steven Dudle para InsightCrime solo difieren en los detalles.

Como fuentes, Golden y Dudley citan a funcionarios anónimos de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés) y el Gobierno mexicano, mientras que Hernández dice que habló con “un miembro del equipo de AMLO y uno del Cártel de Sinaloa”. Hernández, en particular, tiene un largo historial de exposiciones en este tema basadas en fuentes oficiales que han sido confirmadas posteriormente, especialmente sobre el caso del exjefe de seguridad Genaro García Luna, quien fue hallado culpable en Nueva York en febrero de 2023 de aceptar millones de dólares del Cártel de Sinaloa.

Los cargos y las pruebas que se mencionan, si bien no fueron mostradas, son creíbles dadas las muchas veces que López Obrador y miembros de su partido han indicado abiertamente sus vínculos con el Cartel de Sinaloa. Por ejemplo, en noviembre pasado, AMLO visitó inexplicablemente el pequeño poblado de Badiraguato, lugar de nacimiento de los narcotraficantes “Chapo” Guzmán y Caro Quintero, así como del Cártel de Sinaloa, por sexta vez. Saludó en público y dijo estar en comunicación con la recientemente fallecida madre de Guzmán.

Pero tomando en cuenta la fecha y las fuentes, los informes son indudablemente parte de un intento del Estado norteamericano de empujar la política mexicana hacia la derecha. Perjudican a la candidata presidencial seleccionada por AMLO, Claudia Sheinbaum, y presionan al Gobierno mexicano en su conjunto para que siga la línea del imperialismo estadounidense aún más obedientemente.

Golden, cuyo artículo parece dictado por la DEA, denuncia las restricciones impuestas por AMLO a las operaciones de las fuerzas policiales estadounidenses dentro de México y también critica la supuesta indulgencia de Biden hacia AMLO.

Los artículos también se publicaron un día después de que López Obrador denunciara como “demagógica” e inaceptable la amenaza de Joe Biden de “cerrar” la frontera entre Estados Unidos y México a cambio de obtener fondos de los republicanos en el Congreso para la guerra contra Rusia en Ucrania y el genocidio israelí en Gaza. Donald Trump, por su parte, ha pedido “planes de batalla” para invadir México y combatir los cárteles si es reelegido como presidente.

Los tres informes se basan en una investigación realizada en 2010 y 2011 por el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la DEA.

Roberto López Nájera, el abogado del traficante nacido en Estados Unidos, Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, se convirtió en un activo de la DEA en 2008, supuestamente como venganza por la desaparición de su hermano. Dos años después, Nájera dijo a los agentes que había participado en una reunión en enero de 2006 con dos empresarios en Durango, norte de México, que solicitaron dinero de campaña para la candidatura presidencial de AMLO, en ese momento bajo el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los empresarios dijeron que AMLO sabía y había aprobado la reunión.

A continuación, Nájera conoció a Mauricio Soto Caballero, otro empresario que trabajaba con Nicolás Mollinedo, chofer y jefe de logística de la campaña de AMLO. En tres entregas, “La Barbie”, que en ese momento operaba bajo el Cártel de Sinaloa, le dio a la campaña $2 millones, además de grandes donaciones para eventos en Durango, presumiblemente a través de Soto Caballero y Mollinedo.

Si bien Golden indica que no está claro si AMLO sabía sobre las donaciones, Hernández afirma que el día del último evento de campaña en 2006, “según supo el gobierno de los Estados Unidos”, AMLO habló con “La Barbie” por teléfono y le agradeció el dinero.

Más tarde, la DEA engañaría a Soto para que se convirtiera en informante y Soto presuntamente grabaría a Mollinedo confesando las donaciones. La DEA planeaba utilizar a Soto en una operación encubierta más grande para demostrar la complicidad de la campaña de AMLO, pero el Departamento de Justicia cerró la investigación alegando que no había pruebas suficientes para justificarla. En ese momento, el Gobierno de Obama se enfrentaba a las repercusiones de la desastrosa operación encubierta “Rápido y Furioso” de la DEA, que entregó un enorme arsenal de armas a los cárteles.

En mayo de 2012, después de su extradición a los Estados Unidos, el lugarteniente de “La Barbie” confirmó a la DEA las donaciones a la campaña de AMLO.

Mollinedo niega las donaciones y dejó el equipo de AMLO después de la campaña presidencial de 2012. Soto Caballero fue puesto en libertad condicional por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Luego trabajó para la campaña de AMLO en 2012 y actualmente es miembro del Congreso en representación del partido Morena de AMLO.

Anabel Hernández señala que el caso podría haberse reabierto en 2020, cuando el exsecretario de Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos, fue arrestado en los Estados Unidos y acusado de cargos de narcotráfico y lavado de dinero con amplias pruebas de que ayudó a una facción del cártel de los Beltrán Leyva. Sin embargo, López Obrador convenció al entonces presidente Donald Trump de devolver a Cienfuegos y cerrar el caso, bloqueando la posibilidad de reabrir la investigación sobre la campaña de 2006.

Los lazos entre los cárteles y el Gobierno de AMLO demuestran que la expansión militar en curso no está dirigida contra el narcotráfico, sino que busca fortalecer el aparato estatal represivo contra la clase trabajadora.

Después de que la promesa de acuartelar a los militares le ayudara a ser elegido en 2018, su Gobierno consagró en la Constitución el despliegue de soldados a nivel nacional, alegando que era necesario para “luchar contra la violencia”. Sin embargo, durante sus primeros cuatro años y medio en el poder, hubo más de 160.000 homicidios, más que cualquier Gobierno de seis años desde que comenzaron los registros en 1994, en su mayoría vinculados a conflictos entre bandas criminales.

En términos generales, todos los Gobiernos federales en México desde la década de 1990 han estado expuestos por estar en la cama con los cárteles, que operan como conglomerados empresariales multinacionales liderados por multimillonarios. Estas relaciones se han convertido en un instrumento más del régimen burgués. Los grandes cárteles y pandillas se han adaptado a los medios tradicionales de comprar políticos y controlar la política, financiando campañas, sobornando y ofreciendo oportunidades de negocio. Toda la clase dominante, además, gobierna en última instancia a través de la violencia y saca provecho de los niveles desesperados de pobreza, informalidad laboral y desempleo que son fundamentales para mantener la mano de obra barata y las altas tasas de ganancias.

Incluso se puede cuestionar que los cárteles recurran al asesinato como medio de coacción con más frecuencia que otros segmentos de la clase dominante. Durante más de un siglo, el imperialismo estadounidense ha empleado, a través de sucedáneos entrenados y financiados por los Estados Unidos o directamente por el Pentágono, los métodos más brutales de control semicolonial, incluidas invasiones, golpes sangrientos, asesinatos en masa y tortura en todo el continente americano.

Hoy, a través de su apoyo unánime al genocidio sionista-estadounidense en Gaza, toda la clase dominante estadounidense ha abrazado un nivel de barbarie que eclipsa el de cualquier cártel.

A pesar de los niveles masivos de asesinatos por las bandas criminales en México, han sido las políticas de AMLO que integran la economía y la sociedad mexicanas con los planes de Estados Unidos y la OTAN para una guerra mundial con las potencias nucleares de Rusia y China las que representan la mayor amenaza para la seguridad de los trabajadores en México.

Además, como resultado de la política criminal de anteponer las ganancias a las vidas y reabrir las plantas proveedoras cruciales para las corporaciones estadounidenses, AMLO fue responsable de más de un exceso de mortalidad de 600.000 muertes durante solo los primeros dos años de la pandemia de COVID-19.

La seguridad de los trabajadores y sus familias no depende del fortalecimiento del ejército ni de los lazos con el imperialismo estadounidense. Más bien, solo se puede lograr a través de una lucha política internacional contra todos los partidos burgueses y el imperialismo dirigida a desmantelar todo el aparato político de explotación y represión de la clase capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2024)