En un brutal acto de venganza estatal, el presunto colaborador de WikiLeaks, Joshua Schulte, fue condenado el jueves a 40 años de prisión en virtud de la Ley de Espionaje y otros delitos contra la “seguridad nacional”. Schulte, de 35 años, fue declarado culpable en 2022 de filtrar documentos a WikiLeaks, sacando a la luz las operaciones mundiales de hackeo y espionaje de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, sigla en inglés).

El caso de Schulte supone la agudización de una prolongada guerra contra los denunciantes y el periodismo. El informático fue juzgado, condenado y sentenciado como un terrorista. Su pena de prisión es comparable a la impuesta a personas condenadas por los crímenes más atroces.

Aparte de los motivos de represalia, se pretende convertir a Schulte en un ejemplo. Su condena es un mensaje de que cualquiera que denuncie los crímenes de las agencias militares y de inteligencia, en medio del genocidio estadounidense-israelí en Gaza, los preparativos de guerra más amplios y la destrucción de los derechos democráticos, será tratado de la misma manera que en Arabia Saudita o en cualquier otra dictadura respaldada por Estados Unidos.

En primer lugar, la sentencia es una señal de lo que el Gobierno estadounidense pretende hacer con el editor de WikiLeaks, Julian Assange, que se enfrenta a la amenaza inminente de una extradición de Reino Unido a Estados Unidos.

La sentencia es aún más sorprendente, dado el carácter endeble del caso contra Schulte, quien mantiene su inocencia. Existían suficientes dudas sobre su culpabilidad como para que un jurado en un primer juicio en 2020 fuera incapaz de llegar a un acuerdo sobre condenarlo bajo la Ley de Espionaje y los cargos de seguridad nacional, lo que dio lugar a la anulación del juicio.

Schulte ha declarado que fue incriminado porque el Gobierno estaba desesperado por encontrar un chivo expiatorio ante la filtración de datos de la CIA. Como antiguo empleado de la CIA descontento e idiosincrásico, fue identificado como sospechoso casi inmediatamente después de que WikiLeaks comenzó a publicar el material en marzo de 2017.

Poco después fue acusado de posesión de pornografía infantil. Independientemente de su veracidad, esos cargos estaban claramente dirigidos a entrampar a Schulte en el sistema legal, mientras el Gobierno buscaba construir un caso. El Departamento de Justicia tardó más de un año en formular una acusación contra Schulte por la filtración a la CIA.

La cronología sugiere claramente que el FBI y el Gobierno declararon culpable a Schulte de antemano y fabricaron el caso posteriormente. WikiLeaks declaró que el material que publicó sobre las herramientas de hackeo de la CIA había estado circulando entre una gran cantidad de antiguos empleados y contratistas del Gobierno.

La escasa cobertura de la sentencia de Schulte en la prensa corporativa ha citado acríticamente las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, describiendo la filtración como el equivalente digital de Pearl Harbor, un golpe sin precedentes a la “seguridad nacional” y cosas por el estilo. Se ha escrito muy poco sobre el contenido de las filtraciones.

Apodado por WikiLeaks “Bóveda 7”, el material apuntaba a una operación global de la CIA que involucraba hackeo y otros trucos sucios a una escala sin precedentes. Entre las revelaciones, “Bóveda 7” mostraba que:

• La CIA era el mayor proveedor mundial de malware. Desarrolló virus y herramientas para hackear prácticamente todos los sistemas operativos.
• La CIA había desarrollado programas que le permitían hackear televisores inteligentes y otros dispositivos domésticos con fines de espionaje.
• Al hackear directamente los teléfonos inteligentes, la CIA podía burlar la encriptación de mensajes.
• La agencia estaba tratando de desarrollar capacidades para controlar remotamente los sistemas informáticos que hacen funcionar los modelos más recientes de automóviles. El único propósito concebible sería causar daños físicos.
• La CIA había desarrollado capacidades para crear “pruebas” digitales que permitieran atribuir sus propias operaciones maliciosas de hackeo a adversarios, útiles en campañas de “propaganda negra” para culpar a otros países de supuestos ciberataques.

En otras palabras, todas las acusaciones sobre hackeo que el Gobierno estadounidense ha dirigido a otros Estados, como Rusia y China, corresponden a acciones que la CIA ha realizado de forma mucho más exhaustiva y exitosa.

Un anuncio de WikiLeaks sobre la publicación de “Bóveda 7” explicaba: “En una declaración a WikiLeaks, la fuente detalla cuestiones políticas que, según ellos, deben debatirse urgentemente en público, incluyendo si las capacidades de hackeo de la CIA exceden los poderes que le han sido encomendados y el problema de la supervisión pública de la agencia. La fuente desea iniciar un debate público sobre la seguridad, la creación, el uso, la proliferación y el control democrático de las ciberarmas”.

La respuesta fue fulminante. Un mes después de la publicación inicial, en abril de 2017, el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, pronunció un discurso en el que denunció a Assange y al personal de WikiLeaks como “demonios” y “enemigos” y declaró que serían tratados como una “agencia de inteligencia hostil no estatal”, privada de los derechos de la Primera Enmienda y otros derechos democráticos.

Una investigación de Yahoo News en 2021 revelaría más tarde lo que esto significaba en la práctica. Basándose en los comentarios de más de 30 funcionarios estadounidenses, confirmó que en 2017 Pompeo, la CIA y otras figuras de la Administración de Trump, incluido el presidente, habían discutido secuestrar ilegalmente a Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, donde era un refugiado político, o asesinarlo. No fue solo un parloteo. La empresa que proporcionaba seguridad a la Embajada y controlaba el entorno físico de Assange, UC Global, trabajaba en secreto para la CIA.

Fue solo tras el fracaso o el abandono de esos planes extrajudiciales que el Gobierno de EE.UU. acusó a Assange. Se enfrenta a cargos bajo la Ley de Espionaje y a 175 años de prisión si es extraditado. Aunque esos cargos están relacionados con publicaciones separadas de WikiLeaks de 2010 y 2011 que exponen crímenes de guerra de EE.UU. en Irak y Afganistán y conspiraciones globales del Departamento de Estado, Assange y WikiLeaks han declarado que su persecución fue intensificada principalmente por “Bóveda 7” y la feroz respuesta de la CIA.

En la audiencia de sentencia del jueves, los fiscales argumentaron que Schulte debería ser encarcelado de por vida. “Es necesario incapacitarlo”, dijo uno de ellos. Pidieron que se ampliara su condena en virtud de disposiciones sobre “potenciación del terrorismo”.

Schulte ya ha cumplido más de cinco años en condiciones bárbaras. Ha estado sometido a medidas administrativas especiales, que consisten en una forma de detención que implica un aislamiento casi total y privación sensorial.

Según Inner City Press, una de las pocas publicaciones que ha cubierto ampliamente el caso, el presunto denunciante declaró en la audiencia: “El Gobierno federal estadounidense me tortura con ruido blanco y aislamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La ventana está tapada. Cuando me ofrecen acceso a la biblioteca jurídica, tengo que orinar y defecar en el suelo. Me dejan allí durante 9 horas”.

Schulte añadió: “Me han encerrado en una jaula de tortura con excrementos de roedores. Se acumula hielo cerca de la ventana. Lavo la ropa en el retrete. Me obligan a comer con las manos como un animal. Te miran por encima del hombro como si no fueras humano”.

Estas condiciones, similares a las de una mazmorra medieval, son las que le esperan a Assange si es extraditado. El fundador de WikiLeaks está peligrosamente cerca de ser entregado a sus perseguidores. Los días 20 y 21 de febrero comparecerá ante el tribunal, que examinará su recurso contra la orden de extradición. Si no tiene éxito, las vías de Assange dentro del sistema legal británico se habrán agotado.

El caso de Schulte subraya una vez más la persecución criminal y mafiosa contra Assange. El valiente periodista está siendo perseguido como un criminal por exponer las actividades ilegales del Gobierno estadounidense y sus aliados. Esto comenzó bajo el Gobierno de Obama-Biden, fue intensificado bajo Trump y ahora el Gobierno de Biden busca completar la destrucción de Assange.

Esto subraya el compromiso de toda la élite política, cualesquiera que sean sus divisiones tácticas, con un autoritarismo cada vez mayor mientras persiguen un programa de guerra global y se enfrentan a una creciente oposición social y política a nivel nacional.

El carácter bipartidista del ataque contra Assange, no solo en Estados Unidos, sino también en Reino Unido y en su país de origen, Australia, demuestra la inutilidad de cualquier posibilidad de garantizar su libertad apelando a los poderes establecidos. Esa perspectiva ya se ha intentado y ha fracasado.

La alternativa es la lucha por movilizar a la clase trabajadora en defensa de Assange. Eso no solo es necesario, sino posible. En todo el mundo, hay protestas y una oposición masivas al genocidio en Gaza. La oposición a la guerra es inmensa, y para aquellos que están familiarizados con él, a pesar de los apagones mediáticos, Assange es considerado con razón como una figura heroica.

Estos sentimientos deben ser transformados en un movimiento que luche por su libertad, en oposición a los Gobiernos, sus guerras y el sistema capitalista, que es responsable del militarismo y la dictadura. La clase obrera debe exigir la libertad de Joshua Schulte, Julian Assange y de cualquiera que haya desenmascarado los crímenes del imperialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2024)