Durante los últimos tres años, las comparecencias del fundador de Wikileaks, Julian Assange, ante los tribunales se han limitado a argumentos sobre su salud y el riesgo de suicidio en caso de extradición a Estados Unidos para enfrentarse a cargos en virtud de la Ley de Espionaje.

Esto se debió a la cuidadosamente elaborada sentencia de enero de 2021 de la juez de distrito Vanessa Baraitser en contra de la extradición sobre el único punto del riesgo de suicidio.

El World Socialist Web Site advirtió en su momento: 'Fallando en contra de la extradición puramente por motivos de salud mental, Baraitser respaldó en su totalidad la negación de la fiscalía de la libertad de expresión y la libertad de prensa, y sus justificaciones de abuso flagrante del debido proceso legal y los derechos humanos de Assange'.

Las conclusiones de Baraitser sobre el riesgo de suicidio fueron anuladas por el Tribunal Superior en diciembre de 2021 citando 'garantías' del gobierno estadounidense. Estas cuestiones fueron entonces objeto de meses de apelaciones legales y prolongados rechazos por parte de los tribunales británicos.

El martes, en el Tribunal Superior del Reino Unido, el equipo jurídico de Assange tuvo por fin la oportunidad de salir de esta camisa de fuerza procesal y plantear las cuestiones de la criminalidad estatal desenfrenada y la negación de los derechos democráticos que son realmente el núcleo de este caso, y que Baraitser pasó por alto sistemáticamente.

A lo largo de cinco horas de alegaciones ante el juez Johnson y Dame Victoria Sharp, Edward Fitzgerald KC y Mark Summers KC defendieron el derecho de Assange a recurrir las conclusiones de Baraitser ante el Tribunal Superior. También impugnaron la decisión del ministro del Interior británico de ordenar la extradición de acuerdo con la recomendación del tribunal.

Assange recibió permiso para asistir en persona a la vista, pero tampoco pudo hacerlo, ni siquiera por videoconferencia, debido al empeoramiento de su salud tras casi cinco años encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

El caso de Assange contra sus fiscales es devastador. Establece que el gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de persecución política en represalia por la denuncia de Assange de los crímenes del gobierno estadounidense. Al hacerlo, está violando sus derechos democráticos más esenciales: a la vida, a no ser sometido a torturas ni a penas inhumanas y degradantes, a la libertad de expresión y a no ser sometido a abusos procesales ni a la arbitrariedad del poder.

Summers presentó las pruebas más significativas, argumentando que EE.UU. está utilizando ilegalmente su procesamiento de Assange como un medio de castigar su actividad con WikiLeaks, que expuso 'crímenes de Estado de EE.UU., crímenes que se sitúan en la cúspide de la jerarquía legal', incluyendo 'asesinatos extrajudiciales, entregas, torturas, prisiones oscuras, asesinatos canallas'.

Lo que el trabajo de Assange reveló, continuó Summers, fue un tipo de 'criminalidad que impregna, se aprueba, se tolera, dentro del tejido mismo del gobierno estadounidense'. Su caso, por tanto, entra dentro de una clase de casos en los que 'la represalia estatal hace uso del sistema de justicia penal'.

Summers citó como 'vívida ilustración' y 'ejemplo paradigmático de la historia' la carta abierta de Emile Zola condenando la persecución del Estado francés contra Alfred Dreyfus, '¡J'Accuse...!'.

Abordando los acontecimientos que condujeron a la persecución de Assange, relató: 'A finales de 2016, la CPI [Corte Penal Internacional] había anunciado que se disponía a investigar el objeto de estas acusaciones', para lo cual los materiales de WikiLeaks eran 'esenciales'.

Rápidamente después, una serie de funcionarios estadounidenses emitieron denuncias contra Assange y WikiLeaks, el más significativo el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, quien se refirió a WikiLeaks como una 'agencia de inteligencia hostil no estatal.'

'Estas palabras, en retrospectiva', dijo Summers, 'autorizaron una acción directa... contra el señor Assange' del tipo revelado por una investigación de Yahoo! News publicada en septiembre de 2021. 'EE.UU. desarrolló un plan para intentar matar o entregar al Sr. Assange a EE.UU... La acusación se inició con el fin de proporcionar un marco para la propuesta de secuestro y entrega del Sr. Assange'.

Con el mismo fin, el gobierno estadounidense está pisoteando los derechos legales de Assange a través de los tribunales británicos. El Tratado de Extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos de 2003, en virtud del cual se solicita su traslado al Reino Unido, excluye explícitamente la extradición por delitos políticos, de los cuales los cargos en virtud de la Ley de Espionaje, explicó Fitzgerald, son un ejemplo 'puro'.

Esto se elude sobre la base de la Ley de Extradición de 2003, aprobada por el gobierno laborista de Tony Blair, que deja fuera la excepción de los delitos políticos. Como explicó Fitzgerald, esto deja al gobierno de EE.UU. en la posición de exigir: ''De conformidad con este tratado, entreguen al Sr. Assange', y sin embargo ese mismo tratado proporciona una protección que es incompatible con su entrega'.

Resumió la cuestión: 'No se puede confiar en un tratado y a la vez repudiarlo'. Hacerlo sería un abuso de proceso, contrario al artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Assange también está siendo perseguido por una actividad que no tenía motivos legales para esperar que fuera a ser perseguida, en contra del artículo 7 del CEDH, 'Ninguna pena sin ley'. En el momento en que WikiLeaks publicó los documentos filtrados del gobierno estadounidense, 'nunca antes se había procesado a periodistas ajenos al gobierno en virtud de la Ley de Espionaje', explicó Summers. El caso 'cruza una nueva frontera legal'.

La sentencia inicial de Baraitser dejó de lado todos estos argumentos. En cuanto a las motivaciones políticas malignas detrás de la acusación de EE.UU., según Summers, 'ella examinó tal vez el 10 por ciento' del caso presentado por el equipo de Assange.

Lo más atroz fue el tratamiento de sus argumentos en virtud del artículo 10 del CEDH, 'Libertad de expresión'. Para decidir si la divulgación de documentos privados o clasificados es expresión protegida, un tribunal tendría que determinar si el perjuicio de la divulgación se ve compensado por el interés público al que sirve.

Summer argumentó: 'El mero peso y monumentalidad del interés público en este caso eclipsa todo lo demás... Es difícil concebir una divulgación de mayor interés público'. Los materiales divulgados por WikiLeaks han sido utilizados por el Tribunal Europeo y la CPI.

Y sin embargo, en la sentencia inicial de Baraitser, 'en ninguna parte la juez reconoce el interés público..... Lo que hace es reconocerlo todo en el otro lado de la balanza', centrándose en el daño que el gobierno estadounidense alega, pero nunca ha probado, que se hizo a sus agentes e informantes. 'Es un error jurídico flagrante'.

En su formulación más aguda del punto, Summers argumentó: 'Exponer los crímenes de guerra en curso, los asesinatos en curso, las entregas, la tortura, todo eso, al menos discutiblemente... podría pesar más que la revelación de los nombres de algunas de las personas que están haciendo todo eso'.

Esto, concluyó Summers, debería aplicarse a la denunciante, Chelsea Manning, y mucho menos al editor de dicha información filtrada.

Además de los tribunales, el papel del gobierno británico se puso más claramente de relieve. Por ley, el ministro del Interior es el responsable de emitir la orden final de extradición. Antes de hacerlo, la Ley de Extradición de 2003 le exige que establezca que no hay riesgo de que la persona extraditada se enfrente a la pena de muerte.

Apenas se hizo el amago de hacerlo. El gobierno estadounidense tiene la opción de reformular sus cargos contra Assange como delito punible con la pena capital. Summers declaró ante el tribunal que el equipo jurídico de Assange había 'presentado esta queja al Ministro del Interior; su respuesta fue un galimatías'. Afirmó que el ministro del Interior sólo debería tener en cuenta los cargos formulados actualmente. 'Eso es directamente contrario a la posición de este país sobre la pena de muerte'.

Y concluía: 'Lo que se necesita en este caso son garantías sobre la pena de muerte; es evidente. Y, sin embargo, no se dan'.

Los abogados de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido responderán a los argumentos de Assange el miércoles, en la segunda y última jornada de la vista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de febrero de 2024)