El veredicto contra Donald Trump, quien fue hallado culpable de 34 cargos de falsificar registros empresariales en un juicio en Nueva York, es un evento significativo en un año electoral dominado por una crisis política sin precedentes y cada vez más intensa, así como una guerra entre facciones en el seno de la clase gobernante.

El viernes, el presidente Joe Biden habló desde la Casa Blanca sobre el caso. Declaró que la condena reafirmó “el principio estadounidense de que nadie está por encima de la ley” y defendió nuestro “sistema de justicia”, que ha “perdurado durante casi 250 años” como “la piedra angular de Estados Unidos”.

El New York Times escribió en un editorial que “lo mejor que ha salido de este sórdido caso es la prueba de que todos están sujetos al Estado de Derecho, incluso los expresidentes”.

¡Falso! Trump no ha sido condenado por sus delitos graves y fundamentales contra el pueblo estadounidense, sobre todo, su intento de anular la Constitución y los resultados de las elecciones de 2020 en un golpe de Estado fascista. El veredicto, más bien, se refiere a la falsificación de registros empresariales para encubrir un escándalo sexual sensacionalista antes de las elecciones de 2016.

En cuanto al intento de Biden de presentarse como defensor del “Estado de derecho”, el actual inquilino de la Casa Blanca ha repudiado las convenciones jurídicas internacionales sobre derechos humanos y ha atacado los tribunales como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia para defender el genocidio de Israel en Gaza.

Entre algunos sectores de la población puede existir la esperanza de que la condena de Trump traiga alguna medida de rendición de cuentas por los crímenes del expresidente fascista. Pero no hay soluciones sencillas para la crisis terminal y profundamente arraigada de la democracia estadounidense.

No está claro qué impacto tendrá la condena en el futuro personal de Trump, aunque el expresidente respondió pasando a la ofensiva. En un desvarío fascistoide el viernes, Trump denunció el juicio como “amañado” y llamó “diablo” al juez que supervisa el caso.

Prácticamente toda la cúpula del Partido Republicano se unió al apoyo de Trump y denunció el veredicto como una transformación del sistema judicial en un arma. Desde supuestos moderados como los senadores Mitch McConnell y Susan Collins hasta fascistas como el presidente nacionalista cristiano de la Cámara de Representantes Mike Johnson y la partidaria de la teoría conspirativa QAnon, Marjorie Taylor Greene, los republicanos se alinearon para condenar el juicio.

Ya hay indicios de que los republicanos tomarán represalias contra los demócratas, incluido el intento de mantener a Biden fuera de la papeleta en los estados que controlan.

Las elecciones se desarrollan en medio de una crisis mundial y nacional asombrosa, presidida por dos facciones rivales de una oligarquía empresarial y financiera que se precipita hacia una guerra mundial y dictadura.

Los demócratas no han intentado oponerse a Trump por sus crímenes contra la democracia, sino porque sectores significativos de la clase dominante no lo consideran un administrador fiable de la política exterior imperialista estadounidense.

Los próximos cinco meses antes de noviembre se desarrollarán en condiciones de una escalada bélica en Ucrania contra Rusia, acercando al mundo más que nunca a un holocausto nuclear. Esta ha sido la prioridad máxima de la Administración Biden, dedicándose a forjar una alianza con los mismos líderes del Partido Republicano que ahora se alinean detrás de Trump.

El mismo día del veredicto de Trump, la Casa Blanca anunció que dejará de prohibir que Kiev utilice armas estadounidenses para atacar territorio ruso, una escalada masiva que desembocará en una guerra total.

La intensificación de la guerra global requiere ataques cada vez más violentos contra los derechos democráticos en casa. Biden está encabezando una embestida policial a escala nacional contra las protestas pacíficas en las universidades que se oponen a su apoyo al genocidio israelí.

La mañana del veredicto de Trump, la policía derribó un campamento de protesta en la Universidad Estatal de Wayne en Detroit y detuvo a 12 estudiantes. El viernes por la mañana, la policía atacó un campamento en la Universidad de California Santa Cruz y detuvo a más de 30 personas.

La actual situación política de Estados Unidos es la culminación de una prolongada crisis de las formas democráticas de gobierno en ese país.

Han pasado casi exactamente 50 años desde la dimisión de Richard Nixon como consecuencia de la crisis desencadenada por la decisión de su campaña de reelección de invadir la sede del Comité Nacional Demócrata en el hotel Watergate. La criminalidad abierta de la Casa Blanca llevó al Congreso a preparar un juicio político contra Nixon para forzar su destitución. La Corte Suprema respaldó sus esfuerzos ordenando a Nixon que hiciera públicas las grabaciones de sus conversaciones con sus cómplices.

Lejos de resolver el problema, la dimisión de Nixon preparó el terreno para una serie de crisis políticas: desde la destitución de Bill Clinton por una relación sexual consentida, pasando por el robo de las elecciones de 2000 mediante un bloque de derechas en el Tribunal Supremo, hasta el intento de golpe de Estado del 6 de enero.

La causa fundamental es la exacerbación de las contradicciones internacionales y nacionales del capitalismo estadounidense, que no tienen ninguna solución progresista dentro del marco económico, social y político existente, en particular, el giro del imperialismo estadounidense hacia la guerra para compensar el declive global de su posición económica, que ha conducido a 30 años de guerras ininterrumpidas de agresión y conquista, culminando hoy en las fases iniciales de una nueva guerra mundial.

Esto ha ido acompañado de un crecimiento colosal de la desigualdad social, una concentración sin precedentes de la riqueza en la cúspide y un régimen controlado de facto por una oligarquía corporativo-financiera. En su declaración de Año Nuevo, el Partido Socialista por la Igualdad de Estados Unidos documentó niveles de desigualdad social incompatibles con las formas democráticas de gobierno. Escribimos:

Estados Unidos alberga la mayor concentración de milmillonarios del mundo, cuya riqueza colectiva, según Americans for Tax Fairness, ascendió a 5,2 billones de dólares en noviembre de 2023, la cantidad más alta jamás registrada. En el tercer trimestre de 2023, el 10 por ciento más rico de la población estadounidense poseía dos tercios de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre solo poseía el 2,6 por ciento.

Esta oligarquía ejerce efectivamente un régimen dictatorial. En un país de 333 millones de habitantes, todo el sistema político está dominado por dos partidos reaccionarios: uno cada vez más fascista y otro centrado sobre todo en una cuestión: la escalada bélica.

Durante los cinco meses que quedan hasta las elecciones de noviembre ocurrirán muchas cosas. Es posible que ni Trump ni Biden acaben siendo los candidatos de los partidos patronales. Pero una cosa es segura: todo el establishment político continuará su bandazo a la derecha.

Para la clase obrera, la cuestión central es intervenir en esta crisis con su propio programa y políticas. No es posible resolver ninguno de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores sin un ataque frontal a la riqueza y los privilegios de la oligarquía capitalista. Una crisis como la que envuelve a Estados Unidos y al mundo entero no puede resolverse retocando los bordes. Lo que se necesita es una reorganización completa de la vida social, económica y política.

Esto requiere un programa contra la guerra y la oligarquía, y por la igualdad, la paz y la democracia genuina, es decir, un programa socialista para el derrocamiento del capitalismo, la causa fundamental de la crisis.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de mayo de 2024)